Aaron Álvarez Hernández

Expediente 498/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
498/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
03/06/2016

Partes del expediente

  • Aaron Álvarez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de junio de dos mil dieciséis. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 498/2016-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto del once de mayo de dos mil dieciséis, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal a la parte quejosa el auto y/o resolución del cuatro de mayo del dos mil dieciséis, que en lo conducente dice: [...] Cuernavaca, Morelos, once de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que signa el PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, por medio del cual remite copia certificada de constancias que obran en el expediente 01/728/13. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, del que se advierte que el acto del que se duele la parte quejosa, es la omisión por parte del PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, de acordar la promoción presentada el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, con folio 00516, así como la omisión de dictar las medidas necesarias para que se lleve a cabo la ejecución del laudo pronunciado el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en el juicio laboral 01/728/13. Ahora bien, tomando en consideración el estado que guardan los autos, así como las constancias que remitió la autoridad responsable en el oficio de cuenta, se aprecia que el directo quejoso presentó un escrito el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, por medio del cual solicitó la ejecución del laudo emitido en el expediente de origen. Por su parte, el siete de abril de dos mil dieciséis, la autoridad responsable dictó el acuerdo por el que proveyó respecto de petición formulada por la parte quejosa. Asimismo, de la comparecencia de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, se desprende que la parte demandada AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS por conducto de su apoderado legal, hizo entrega al aquí quejoso, de un cheque por la cantidad de $156,347.93 (ciento cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y siete pesos 93/100 moneda nacional), atento a lo anterior, la autoridad responsable en auto de esa fecha, tuvo a la apoderada legal de la parte demandada dando cumplimiento al laudo emitido el diecinueve de febrero de dos mil catorce y ordenó el archivo del expediente, como asunto totalmente concluido. Dichas constancias merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copia certificada, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. De lo anterior se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa, ha cesado, ya que al haberse emitido el acuerdo de siete de abril del año en curso, por el cual la responsable dio contestación a la solicitud de la parte quejosa del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis. Asimismo, por auto de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, la autoridad tuvo por cumplido el laudo emitido el diecinueve de febrero de dos mil catorce, en virtud de que el AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS por conducto de su apoderado legal, entregó al aquí quejoso un cheque por la cantidad de $156,347.93 (ciento cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y siete pesos 93/100 moneda nacional), teniendo con ello concluido el juicio laboral de origen. Con lo anterior se desprende que la autoridad hizo cesar las violaciones reclamadas respecto a la denegación de justicia que fue objeto la parte impetrante de garantías, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para audiencia constitucional. La anterior consideración, encuentra apoyo en la Jurisprudencia 2ª./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época cuyos rubro y texto son de la literalidad siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2ª./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyos rubro y texto se trascriben a continuación: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En lo conducente se invoca como apoyo a lo anterior y por analogía, la jurisprudencia 2ª./J.36/99 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 469 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, correspondiente a la Novena Época, cuyos rubro y texto se transcriben a continuación: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8º. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Sin que pase inadvertido para el suscrito Juzgador, que en el juicio laboral de origen está conformado por una serie de etapas procesales concatenadas entre sí, hasta su total conclusión; sin embargo, el análisis del acto reclamado se limita únicamente a la etapa específica en donde se cometió la violación procesal; luego entonces, las nuevas violaciones que se llegaran a producir dentro del juicio laboral de origen, deberán recurrirse a través de un medio de impugnación diverso, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo Vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Como sustento a lo anterior se invoca la tesis 2ª. CV/2013 (10ª.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 732 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, trece de diciembre de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y cuyo texto se trascribe a continuación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." De igual forma, no pasa desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 12, noviembre de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." (Lo resaltado es propio). NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos de los artículos 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, el auto de VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veintidós de abril de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por María Concepción Cárdenas Fuan en su carácter de Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por medio del cual, informa el cumplimiento a la ejecutoria, anexando copia certificada del cheque con el número de folio 0000599 de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis expedido a favor de Ana Cecilia Rodríguez Artigas, por la cantidad de $61,540.28 (sesenta y un mil quinientos cuarenta pesos 28/100 moneda nacional), asimismo, hace del conocimiento que la parte quejosa que podrá acudir dentro del horario de diez a catorce horas de lunes a viernes, en las instalaciones de la Tesorería Municipal, para realizar el trámite de la devolución de la cantidad ordenada; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Con el oficio de cuenta y constancia anexa, dése vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Asimismo, se requiere la parte quejosa para que dentro del término señalado en el párrafo que antecede, informe si compareció ante la referida autoridad responsable, a efecto de cobrar el cheque de mérito; con el apercibimiento que, en caso de ser omisa al respecto, este órgano jurisdiccional procederá en los términos antes mencionados. Lo anterior, tomando en consideración que, en virtud de que el cumplimiento de la ejecutoria versa sobre devolución de las cantidades enteradas por las contribuciones reclamadas, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para coaccionar al peticionario del amparo a fin de que ejerza el derecho de cobro contenido en la sentencia concesoria de amparo

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que por auto de catorce de abril del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que envió la autoridad responsable Tesorera del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificados, la parte quejosa si desahogó la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia de treinta de septiembre de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a VÍCTOR HUGO CORTES MORENO, respecto del sistema normativo que regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, previstos en los artículos 94 Bis a 94 Bis-12, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, y que se le reclamaron al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", así como respecto al cobro de la cantidad de $8,012.50 (ocho mil doce pesos 50/100 moneda nacional); en aplicación de las normas legales citadas, que se reclamó del Tesorero Municipal de Emiliano Zapata Morelos, para el siguiente efecto: "...En conclusión se concede el amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso VICTOR HUGO CORTES MORENO por cuanto al sistema normativo que regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, previsto en los artículos 94 Bis a 94 Bis-12, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos. En el entendido de que, con motivo de la concesión del amparo, a fin de restituirla en el goce de la garantía individual violada, como lo prevé en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, deberán reintegrársele la cantidad generada y pagada por tal concepto, es decir, un monto total de: $8,012.50 (ocho mil doce pesos 50/100 moneda nacional). Dicho monto incluye la cantidad cobrada por concepto de impuestos adicionales, equivalentes al veinticinco por ciento (25%) cuya base gravable fue el monto del impuesto principal, ello en virtud de que al ordenarse la devolución de lo pagado por el impuesto impugnado, no existe base para el cobro del impuesto adicional, dada su estrecha vinculación, y que está prevista en los artículos 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, cuyo tributo adicional también reclama el quejoso; de igual forma, es procedente devolver la cifra que se le aplicó por recargos de ese tributo, ello en virtud de que debe comprender el monto de las cantidades que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido..." Por auto de veintiuno de octubre de dos mil catorce, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a las referidas autoridades, el cumplimiento de la sentencia constitucional. Por otra parte, en virtud de que la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, no había dado cumplimiento a la sentencia de amparo no obstante los diversos requerimiento realizados por este jugado, se dio trámite al incidente de inejecución de sentencia, el cual fue radicado en el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, bajo el número 53/2015, en el cual por sesión de veinticinco de septiembre de dos mil quince, ordenó la devolución del juicio de amparo 2090/2014-II, a efecto de agotar el procedimiento de ejecución de sentencia Mediante acuerdo de veinticuatro de febrero del dos mil dieciséis, se requirió a la actual Tesorera Municipal, así como a su superior jerárquico Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, mediante oficio recibido el veintinueve de marzo del dos mil dieciséis, remitió copia certificada del cheque número 0000805, de fecha diecisiete de febrero del año actual, a favor del quejoso VÍCTOR HUGO CORTES MORENO, por la cantidad de $8,012.50 (OCHO MIL DOCE PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), por concepto del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y sus adicionales. Por acuerdo de treinta de marzo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, solicitándole a dicha parte que informara dentro del mismo término si había cobrado el cheque. El autorizado de la parte quejosa mediante escrito recibido el cinco de abril del año en curso, realizó diversas manifestaciones, solicitando prórroga a efecto de que la autoridad responsable entregara el cheque a la quejosa, toda vez que le había señalado fecha de entrega, además, que no se tuviera por cumplida hasta en tanto no se presentara el acuse de recepción del cheque. La Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por oficios recibidos el trece de abril del año que transcurre, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, anexando las constancias donde acredita que entregó al quejoso VÍCTOR HUGO CORTES MORENO, el cheque 0000384 expedido el siete de abril del año actual, por la cantidad de $8,012.50 (OCHO MIL DOCE PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), por concepto del impuesto sobra adquisición de bienes inmuebles y sus adicionales, quien firmó de recibido el doce de abril del dos mil dieciséis. Por acuerdo de catorce de abril de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo. El autorizado por escrito de catorce de abril del año actual, informó que la quejosa recibió el cheque $8,012.50 (OCHO MIL DOCE PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL) el doce de abril del año que transcurre, por lo que la autoridad responsable del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, había dado cumplimiento total a la ejecutoria de amparo. Documentales que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Por consiguiente, al poner a disposición de la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el 201 de la Ley de Amparo. Finalmente se informa a la autoridad municipal que como se mencionó en párrafos que anteceden, por oficio recibido el veintinueve de marzo del dos mil dieciséis, expidió el cheque número 0000805, de fecha diecisiete de febrero del año actual, a favor VÍCTOR HUGO CORTES MORENO, por la cantidad de $8,012.50 (OCHO MIL DOCE PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL) por el banco BBVA Bancomer, el cual no fue cobrado por el directo quejoso porque de constancias se evidencia que expidió un nuevo cheque con número de folio 0000384, de fecha siete de abril del año actual, a favor de VÍCTOR HUGO CORTES MORENO, por la cantidad de $8,012.50 (OCHO MIL DOCE PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL) por el banco BBVA Bancomer, por el total del cumplimiento, el cual ya fue entregado firmando de recibido el quejoso el doce de abril del dos mil dieciséis, lo que se hace del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

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