Aaron Alder Valderrama Estrada
Expediente 1797/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1797/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/12/2023
Partes del expediente
- Aaron Alder Valderrama Estrada
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, cinco de diciembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitidos por el subdirector divisional de Administración Tributaria en Parque Lira de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, por el que hace del conocimiento que elaboró el dictamen 06/IP/1055/23, el que remitió a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios de la propia secretaría, para la revisión, programación y captura de la cuenta por liquidar certificada, asimismo, solicita vincular a dicha autoridad para culminar con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a lo manifestado, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios de la citada secretaría, en su carácter de autoridad vinculada, para que en el plazo de tres días contado a partir de la notificación de este acuerdo, efectúe la revisión, programación y captura de la cuenta por liquidar certificada en favor del quejoso ********* Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar su imposibilidad para hacerlo: 1) Se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo. 2) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a criterio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. 3) Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito y en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación inmediata de su puesto y su consignación ante el juez de Distrito competente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de la autoridad vinculada que aun cuando deje de ostentar el cargo que desempeña, seguirá siendo responsable del desacato a la sentencia constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. En el entendido de que: 1. La autoridad vinculada al cumplimiento debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando la autoridad lleve a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, b) los procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo, lo anterior, tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Tramitación del incidente Vista la cuenta que antecede, con fundamento en lo previsto en los artículos 125, 128, 129, 130, 138, 139, 147, 148, 157 y 158 de la Ley de Amparo, así como 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 763/2023 promovido********************, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades. Requerimiento de informes previos Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo con copia de la demanda de amparo y anexos, escrito aclaratorio y escrito de solicitud de suspensión con anexos se requiere a las autoridades responsables informe previo, que deberán rendir dentro del plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este acuerdo. En ese informe de conformidad con lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Amparo deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los actos que se les atribuyen y podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Asimismo, con fundamento en lo previsto en el artículo 143 de la Ley de Amparo se requiere a las autoridades responsables para que acompañen al informe previo cualquier documento que estimen necesario para que esta juzgadora se pronuncie sobre la suspensión definitiva. En caso que las autoridades responsables sean omisas en rendir informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, de conformidad con lo señalado en el artículo 142 de la Ley de Amparo y, con excepción de las autoridades legislativas, se les impondrá una multa de cien a mil días fijada conforme al valor diario de la unidad de medida y actualización, en términos de lo previsto en los numerales 237, fracción I y 260, fracción I, del ordenamiento citado. De igual forma, se hace de su conocimiento que en términos de lo que se prevé en el artículo 262, fracción I, de la ley de la materia, en caso de expresar hechos falsos o negar la verdad al rendir informe, podrá imponérseles una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Pruebas De conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de los quejosos, las documentales que anexaron a su demanda y escrito de solicitud de suspensión, sin que haya lugar a tener por admitidas la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones en razón de que en el incidente de suspensión no son admisibles tales medios de prueba. Señalamiento de audiencia incidental Con fundamento en lo previsto en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo se fijan las nueve horas con veinticinco minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, así como ofrecer pruebas documentales y de inspección judicial y excepcionalmente la testimonial, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 143 de la propia ley, de reclamarse actos previstos en el artículo 15 del ordenamiento citado. Determinación sobre suspensión provisional Es importante destacar que de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que los quejosos reclamaron los siguientes actos: El Oficio 100.-278 de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se informa a los directores generales de las instituciones de banca de desarrollo, que los trabajadores que laboran en dichas instituciones no tienen derecho a la participación de las utilidades y que cualquier disposición que pretenda normar o regular dicha participación será contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los efectos y consecuencias de la aplicación del oficio 100.-278 de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. La negativa de pago de las utilidades correspondientes a los ejercicios fiscales dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós. Ahora, resulta conveniente precisar que los quejosos solicitaron la medida cautelar en los términos siguientes: "(.) Para efectos de que SE NOS CONCEDA LA SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS y se nos realice el pago de nuestras utilidades correspondientes a los años fiscales dos mil diecinueve, (2019), dos mil veinte (2020), dos mil veintiuno (2021) y dos mil veintidós (2022), en virtud de las utilidades las veníamos percibiendo de manera continua y reiterada y de manera anualizada y las cuales se encuentran además dentro de nuestras prestaciones, siendo así que las mismas se nos dejaron de pagar; lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 128, 130, 131, 132, 136, 139, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo;. (.) Así, el pronunciamiento de la medida cautelar atenderá exclusivamente a dicha solicitud, lo que se traduce en: Se realice el pago de las utilidades de los ejercicios fiscales dos mil diecinueve al dos mil veintidós. Es conveniente mencionar que en la normativa encargada de regular las remuneraciones de los servidores públicos, se establece que todo servidor público federal debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, cargo o comisión, proporcional a sus responsabilidades, estableciendo los principios rectores a los que se debe sujetar, así como los conceptos que la integran y las bases para su determinación, asimismo establece que ningún servidor público puede recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto de egresos de la Federación, y tampoco igual o mayor que su superior jerárquico (esto último comprende diversas excepciones). También, se describe la figura de servidor público que desempeñará sus funciones en los entes públicos en el ámbito federal, señalando la forma en que recibirá sus remuneraciones por el desempeño de sus funciones, y se fijan los principios rectores a los que dichas remuneraciones estarán sujetas. Por su parte, el presupuesto de egresos de la Federación tiene como objetivo fundamental el ordenamiento del gasto público, mediante la distribución y asignación de un determinado monto de recursos, estimado con base en los ingresos que se obtendrán por la recaudación de impuestos y la obtención de derechos, dirigido en forma general y abstracta a regular de modo directo la conducta de los sujetos obligados por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de todas las entidades en cuanto a la administración y gasto de los recursos públicos que integran el presupuesto. Por su parte en el artículo 53, de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, se establece que previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la sociedad deberá constituir las reservas y fondos necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto que esa ley le encomienda y que fijado el monto del remanente y separada la cantidad que corresponda pagar por el impuesto respectivo y por la participación de los trabajadores en las utilidades de la institución, el saldo se aplicará en los términos previstos en el reglamento orgánico. Finalmente, el Manual de remuneraciones, jubilaciones, derechos y obligaciones, aplicables al personal de confianza del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, institución nacional de banca de desarrollo, tiene por objeto establecer las disposiciones generales que regularán las remuneraciones, jubilaciones, derechos y obligaciones, aplicables al personal de mando y operativo de confianza de dicha institución bancaria. En ese sentido, en el artículo 32 de dicho manual, establece el derecho de los trabajadores de dicha institución de participar en el reparto de utilidades de la misma. Una vez expuesto lo anterior y a efecto de determinar si procede o no conceder la medida cautelar para suspender los efectos y consecuencia de los actos reclamados, debe realizarse en términos del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un análisis ponderándose la apariencia del buen derecho con el interés social, en relación con los presupuestos y requisitos legales contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo que a continuación se indican: La certeza de los actos reclamados. Si su naturaleza permite su paralización. 3) Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. 4) Si resulta necesario exigir alguna garantía para que surta efectos la suspensión, porque existe tercero interesado o se trate del cobro de contribuciones. En virtud que, el otorgamiento de la suspensión requiere la integración de cada uno de los supuestos y requisitos anotados, conviene realizar el estudio de éstos en el orden apuntado, en atención a que la falta de una de las condiciones mencionadas implica que deba negarse la suspensión y, por ende, que sea innecesario el estudio de los demás requisitos legales. En la especie, respecto del efecto para el que se solicita la suspensión, se cumple con el requisito en estudio 1), debido a que la emisión del oficio 100.-278 de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, se acredita de manera indiciaria su existencia, ello es así ya que obra agregado al incidente copia simple del mismo. Asimismo, respecto a la negativa de pago de las utilidades correspondientes a los ejercicios fiscales, dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, los quejosos manifestaron en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad que el director general del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, de manera personal directa y de viva voz, el veintiuno de julio del dos mil veintitrés, aproximadamente a las dieciséis horas les informó la negativa de pago de sus utilidades. Ahora, dado que la suspensión provisional se resuelve sin audiencia de las partes, es válido partir de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad expresadas en la demanda de amparo, para resolver sobre la certeza de los actos reclamados, así en la especie dichas manifestaciones acreditan de manera indiciaria la existencia de los actos reclamados que en principio se tienen por ciertos, acorde a los razonamientos expuestos con antelación. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Al quedar satisfecha la premisa analizada, corresponde el estudio del siguiente requisito, esto es, determinar si la naturaleza de los actos reclamados permite su paralización. En este contexto, los quejosos solicitan la medida cautelar para que se les realice el pago de la participación de las utilidades de los años dos mil diecinueve al dos mil veintidós. Al respecto, a consideración de esta juzgadora no se cumple con el segundo requisito (naturaleza del acto reclamado), ya que a dicho acto le reviste el carácter de consumado, por lo que de concederse la medida cautelar en los términos solicitados se estaría dando efectos restitutorios, lo cual es materia de la sentencia que se dicte al resolver el juicio de amparo, ya que en caso de obtener el amparo y protección de la justicia Federal, las autoridades deberán restituir a los quejosos en el pleno goce de sus derechos, de conformidad con lo que se establece en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Son aplicables en lo conducente los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros y textos siguientes: "SUSPENSION, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardan al decretarla y no en invalidar lo actuado hasta ese momento, pues esto sería darle a la suspensión señalada efectos restitutorios, lo que es materia exclusiva de la sentencia de fondo en el juicio de amparo, cuando se concede la protección constitucional." "SUSPENSION, PARA CONCEDERLA NO SE PUEDEN TOMAR EN CUENTA RAZONES DE FONDO. Las razones que son propias de tomarse en cuenta al resolver el fondo de la cuestión constitucional planteada en el juicio de garantías, no pueden tomarse en cuenta, ni servir de fundamento para la concesión de la suspensión de los actos reclamados". Máxime que en el caso los quejosos reconocen expresamente que desde el año dos mil diecinueve no se les realiza el pago de la participación de utilidades. Cabe destacar que si bien es cierto que es obligación del juez de Distrito de conformidad con lo dispuesto en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y de esa manera tomar las medidas pertinentes para conservar la materia de amparo, lo cierto es que la adopción de dichas medidas parte del supuesto de que sea procedente la suspensión de los actos reclamados, lo que como ya se apuntó, no ocurre en este caso, dado que la medida cautelar no tiene el efecto de constituir o autorizar acto alguno, pues dicha situación en todo caso, será efecto y consecuencia de una sentencia favorable que los quejosos llegaran a obtener en el fondo del juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, por tanto, se niega la suspensión provisional porque el acto motivo de estudio tiene efecto exclusivo de la sentencia de amparo. Notifíquese.
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