A&Cem, Sociedad Civil
Expediente 3022/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3022/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 17/05/2018
Partes del expediente
- A&Cem, Sociedad Civil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
Ciudad de México, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en autos y señala que respecto de los contribuyentes por los que fue requerido no les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, por tanto se deja sin efectos el apercibimiento dictado en autos. Ahora bien, en este asunto se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el nueve de diciembre de dos mil trece, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre de dos mil quince, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Por tanto, si la autoridad responsable no realizó procedimiento de fiscalización electrónico en contra de las contribuyentes en este asunto, no existen actos que dejar insubsistentes, se determina que no existe materia para el cumplimiento del juicio, en cuanto al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. En tal sentido, se concluye que no es posible emitir la determinación en términos de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectivas, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, negó y concedió la protección de la Justicia Federal, así como la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en el amparo en revisión, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo, del acuerdo aludido en el párrafo que precede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo, fracción XV y Vigésimo Primero, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada. Ahora, no obstante que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en el presente asunto no obran documentos originales exhibidos por las partes; sin embargo, toda vez que se exhibieron diversos documentos consistentes en impresiones y/o copias certificadas y/o simples, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá acudir al local que ocupa este Juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes de que se trata. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio que remite el Tribunal Colegiado de Circuito, por medio del cual informa que el diverso Tribunal de Alzada Auxiliar decretó el aplazamiento del dictado de la resolución correspondiente, hasta en tanto se resuelva lo conducente, por haberse actualizado uno de los supuestos previstos en el Acuerdo General 1/2018, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. De lo anterior, se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
EN VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE LOS CORRIENTES, A LA PARTE QUEJOSA DE LOS JUICIOS 3022/2016 Y 3030/2016, ACUMULADOS AL DIVERSO 3022/2016 EN QUE SE ACTÚA, EL CUAL REFIERE: "Ciudad de México, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el veinticuatro de abril pasado, se reservó proveer lo relativo al archivo del asunto en que se actúa, hasta en tanto se contara con el incidente de suspensión. Ahora bien, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio que en auto de esta fecha, se recibió el cuaderno original del incidente de suspensión, el cual se encontraba radicado ante el Tribunal Colegiado de Circuito, con motivo del recurso de revisión interpuesto; por tanto, se levanta la reserva decretada en aquel auto y al efecto se provee: Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectivas, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, negó y concedió la protección de la Justicia Federal, así como la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en el amparo en revisión, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo, del acuerdo aludido en el párrafo que precede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo, fracción XV y Vigésimo Primero, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada. Ahora, no obstante que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en el presente asunto no obran documentos originales exhibidos por las partes; sin embargo, toda vez que se exhibieron diversos documentos consistentes en impresiones y/o copias certificadas y/o simples, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá acudir al local que ocupa este Juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes de que se trata. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Vistas las copias certificadas del requerimiento, oficio remitido por la autoridad responsable, así como de los autos de veinte de marzo y diecisiete de abril, ambos de dos mil dieciocho y demás constancias relativas al Cuaderno Genérico 5/2016 de Carácter Principal, de las que se advierte que en relación con todos los quejosos y juicios de amparo respecto de los que fue requerida la responsable, a fin de proveer sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, señala que a ninguno de los contribuyentes les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, en este asunto se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el nueve de diciembre de dos mil trece, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre de dos mil quince, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Por tanto, si la autoridad responsable no realizó procedimiento de fiscalización electrónico en contra de las contribuyentes en este asunto, no existen actos que dejar insubsistentes, se determina que no existe materia para el cumplimiento del juicio, en cuanto al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. Además, la concesión de amparo se hizo extensiva al acto consiste en el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de los años dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, según corresponda, para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica aplicable a la quejosa la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org, hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria formulara y publicará en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML en idioma español. Esta concesión de amparo estuvo condicionada "hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria formule y publique en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML en idioma español", circunstancia que fue superada cuando la autoridad responsable expide tres publicaciones relevantes que sustituyeron dicho anexo, por lo que al expedir la nueva reglamentación la autoridad administrativa acató la principal instrucción fijada por el Alto Tribunal para cumplir con la condición futura fijada en dicha jurisprudencia. Así el Anexo 24 para 2017 en el Diario Oficial de la Federación y el Anexo Técnico en su sitio de internet, destruyeron los efectos de los anteriores anexos 24 para 2015 y 2016, pues el vigente prorrogada por la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en términos del artículo tercero transitorio, posibilita a la quejosa el cumplimiento de la obligación formal del artículo 28, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, respecto del ejercicio en que estuvo imposibilitada para hacerlo. A lo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar los Recursos de Inconformidad 871/2017, 872/2017, 873/2017, 874/2017 y 875/2017, en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, se pronunció y resolvió que las publicaciones relevantes de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 ya subsanaron las consecuencias de las disposiciones derogadas y, por ende, los vicios de inconstitucionalidad (condicionante de producción futura), así como sus efectos al producir reglas inteligibles en idioma español y sus requerimientos técnicos. Esto en la inteligencia de que la responsable no está en condiciones de sancionar a los quejosos por el incumplimiento de la obligación formal de ingresar la información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, respecto de aquel ejercicio en el que estuvo imposibilitada de hacerlo, ante la ausencia de los lineamientos técnicos de forma y sintaxis necesarios para la construcción de archivos XML; pues se insiste, es hasta la emisión del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 (y su documento técnico), con la que se actualiza la condición a la que estaban sujetos los efectos de la concesión de amparo y con la cual los quejosos ya están en aptitud de dar cumplimiento a la obligación formal, por lo que resultaría ocioso e ineficaz requerir el cumplimiento respecto del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2014, 2015 y 2016, puesto que no existen actos que dejar insubsistentes, de ahí que no existe materia por la que tuviese que darse cumplimiento. Resultan aplicables al caso las tesis 2a. XXIV/2018 (10ª), 2a. XXV/2018 (10ª) y 2a. XXVI/2018 (10ª), sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizables en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, trece de abril de 2018, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 2017, ACTUALIZA LOS SUPUESTOS A LOS QUE ESTABA SUJETA LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA DICHO ANEXO PARA 2015. En las jurisprudencias 2a./J. 148/2016 (10a.) y 2a./J. 160/2016 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 violaba los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, por lo que debía desincorporarse de la esfera jurídica del quejoso la obligación de atender los lineamientos técnicos para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3 en la página de Internet http://www.w3.org., hasta que el Servicio de Administración Tributaria formulara y publicara en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML en idioma español. Por su parte, con el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 y su documento técnico, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no sólo actualizó la condición a la que estaban supeditados los efectos de la concesión del amparo, sino que además proporcionó los medios necesarios para cumplir la obligación de ingresar mensualmente la información contable a través de la página de internet del SAT, en la medida en que: i) estableció la descripción de la información que deben contener los archivos de contabilidad electrónica; ii) proporcionó una guía básica de carácter opcional de las características, para la generación de archivos XML, sin la remisión a lineamientos fijados por una comunidad internacional (consorcio W3); iii) redactó los documentos en idioma español; y iv) en el documento técnico se dieron a conocer los lineamientos técnicos de forma y sintaxis necesarios para la construcción de archivos XML y la explicación del porqué se hace referencia a ciertos aspectos relacionados con un lenguaje de programación. En consecuencia, el contribuyente está en condiciones de cumplir la obligación formal contenida en el artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación respecto de aquel ejercicio en el que estaba imposibilitado para hacerlo." "CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA APLICACIÓN DEL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CON SU DOCUMENTO TÉCNICO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 2017, QUE ACTUALIZA LOS SUPUESTOS A LOS QUE ESTABA SUJETA LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA DICHO ANEXO PARA 2015, NO GENERA PERJUICIO AL GOBERNADO. De acuerdo con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 160/2016 (10a.), los efectos de la protección concedida contra el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, estaban condicionados a la producción de un acto futuro; sujeción respecto de la cual, el quejoso gozaría de la protección constitucional otorgada "hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria formule y publique en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML en idioma español"; esto es, la materia de la concesión del amparo se limitó a un aspecto técnico-operativo relacionado con el medio para dar cumplimiento a la obligación de llevar e ingresar de forma mensual la información contable a través de la página de internet del SAT. Por lo cual, al haberse actualizado con el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 y su anexo técnico, la condición a la que estaba sujeta la concesión del amparo, la parte afectada está en condiciones de dar cumplimiento a la obligación formal contenida en el artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, y si bien ello supondría aplicar de manera retroactiva su contenido para dar cumplimiento a obligaciones formales pasadas, lo cierto es que no le genera perjuicio alguno, debido a que su aplicación retroactiva no es de las prohibidas por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, de las que con la aplicación (retroactiva) del acto generan un perjuicio al gobernado; antes bien, con el establecimiento de los lineamientos técnicos de forma y sintaxis necesarios para la construcción de archivos XML contenidos en el anexo técnico, se facilita el cumplimiento de sus obligaciones formales." "CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 2017, NO VIOLA LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Al analizar el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró su inconstitucionalidad por violar los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, al prever la obligación de atender lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., los cuales se desarrollan por una comunidad internacional (privada), que no goza de facultades para hacerlo, y que se encuentran en un idioma diverso al castellano o español. Sin embargo, tratándose del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 esta situación ha variado, ya que a efecto de que el contribuyente cumpla con la obligación de llevar y remitir la contabilidad electrónica, la autoridad fiscalizadora estableció diversas especificaciones, entre ellas, las relacionadas con la construcción de archivos XML compatibles con el sistema electrónico del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y las relativas al contenido y clasificación correspondiente de esos archivos, pues refiere la descripción de la información que deben contener los archivos de contabilidad electrónica y, especialmente, indica que la referencia técnica en materia informática para la construcción de archivos digitales XML, que contiene la información señalada en los anexos, se encuentra contenida en el documento técnico que deben utilizar los entes especialistas en informática y telecomunicaciones que llevan a cabo la construcción de archivos XML, el cual se localiza en la página de internet del SAT www.sat.gob.mx. Conforme a lo anterior, el Anexo mencionado no viola los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, ya que no subsiste la indicación de atender los lineamientos técnicos en idioma inglés para la generación de archivos XML emitidos por el consorcio w3, en la página de internet http://www.w3.org y, además, el Administrador General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información del SAT, cuenta con atribuciones para emitir, en apoyo del Jefe del SAT, las soluciones tecnológicas requeridas en términos del artículo 42, fracciones XIII y XVI del Reglamento Interior de dicho organismo." En tal sentido, se concluye que no es posible emitir la determinación en términos de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que constituye un hecho notorio para este juzgador que el cuaderno original del incidente de suspensión se encuentra en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, radicado bajo el número de incidente en revisión 266/2017, con motivo del recurso de revisión interpuesto en dicho expediente, por tanto, infórmese al citado tribunal que en el presente asunto ya se dictó sentencia, la cual fue recurrida por la parte quejosa mediante recurso de revisión y por proveído de veintidós de febrero del año en curso, se tomó conocimiento de lo resuelto en el citado medio de impugnación, al efecto remítasele copia certificada del referido proveído para los efectos legales a que haya lugar. En virtud de lo anterior, se reserva proveer respecto del archivo de este asunto hasta en tanto se cuente con el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva de éste. Notifíquese.
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