Zury Evelyn Castro Sansores

Expediente 2294/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2294/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
03/03/2022

Partes del expediente

  • Zury Evelyn Castro Sansores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de amparo, el catorce de febrero del presente año; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que por una parte se sobreseyó y por otra se negó la protección constitucional en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y la definitiva; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, se determina que el original y el duplicado del incidente de suspensión, son destruibles, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el presente expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Finalmente, devuélvase a la Juez de Distrito responsable, el disco compacto en formato DVD que adjuntó a su informe justificado, sin que sea necesario que acuse el recibo correspondiente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con diecinueve minutos del catorce de febrero de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo dentro del juicio de amparo indirecto 2294/2021, promovido por Zury Evelyn Castro Sansores, por su propio derecho, contra un acto de la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otra autoridad; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por las autoridades responsables. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario procede a dar cuenta con la documental y con el disco óptico exhibidos por la Jueza responsable. Atento a lo antes señalado, la Jueza acuerda: Téngase por ofrecida la prueba con la que dio cuenta la Secretaría, la cual conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y desahoga para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado hace constar que las partes no los formularon; con lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 2294/2021; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Demanda de amparo. Zury Evelyn Castro Sansores, por su propio derecho, promovió juicio de amparo directo, contra un acto de la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, así como del Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Célula 1-1, ambos con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, que hizo consistir en la resolución de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, emitida en el cuaderno de impugnaciones contra determinaciones del Ministerio Público 30/2020, en la que se confirmó la determinación de abstención de investigar dictada en la carpeta de investigación FED/YUC/MER/0000387/2020. La parte quejosa señaló como vulnerados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de especialización, tocó conocer de dicha demanda de amparo directo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mismo que por proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda, declinando competencia a favor del Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Yucatán. En consecuencia, el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnó la demanda relativa a este órgano de control constitucional, misma que se admitió a trámite por auto de veinticuatro siguiente; sin necesidad de solicitar el informe justificado a las autoridades responsables, toda vez que los mismos fueron remitidos por la Superioridad ; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, lo que se realizó oportunamente; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue diferida, teniendo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia penal, turnada a la suscrita, promovida contra el acto de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Pues bien, se puntualiza que del examen integral de las constancias de autos, se obtiene el siguiente acto reclamado: ° La resolución de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, emitida en el cuaderno de impugnaciones contra determinaciones del Ministerio Público 30/2020, en la que se confirmó la determinación de abstención de investigar dictada en la carpeta de investigación FED/YUC/MER/0000387/2020. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado y sobreseimiento. El Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Célula 1-1, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, al rendir su informe justificado, indicó que era cierto el acto reclamado que se le atribuyó. Empero, de las constancias del sumario de amparo, se advierte que la determinación impugnada, no fue emitida por dicha autoridad ministerial, sino por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, en el cuaderno de impugnaciones contra determinaciones del Ministerio Público 30/2020. Por tanto, se reitera, toda vez que la resolución reclamada no fue dictada por la autoridad ministerial señalada como responsable, sino por una autoridad judicial diversa, debe tenerse por inexistente el acto que a aquélla responsable se atribuye y, en consecuencia, lo procedente en el caso es sobreseer en este juicio por lo que a dicha responsable se refiere, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, por identidad de razón, la tesis visible en el Tomo XXXI, Febrero de 2010, página 2924, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE CUANDO SE IMPUGNA EN AMPARO DIRECTO UN LAUDO DISTINTO DEL QUE SE EMITIÓ EN EL JUICIO DE ORIGEN. El artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Procede el sobreseimiento: ... IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley.". Dicho precepto es aplicable cuando la parte que considera le afecta el laudo emitido en un juicio laboral promueve amparo directo dentro del término que establece el artículo 21 de la ley invocada, contado a partir de su notificación; sin embargo, durante la tramitación del juicio de garantías se allega constancia de que la autoridad responsable declaró la nulidad de su notificación y la parte notificada, quien es el quejoso dentro del juicio de amparo, lo impugnó en virtud de que se le corrió traslado con una copia de un laudo distinto al que se emitió dentro del juicio laboral, y esto, quedó demostrado dentro del procedimiento de origen. Lo anterior obedece a que, si bien es cierto que en la promoción de la demanda de garantías, el término ha de computarse entre otros casos, a partir de que el impetrante se haya ostentado sabedor del acto reclamado, situación que, podría inferirse que ocurrió a pesar de la declaratoria de nulidad de la notificación, también lo es que, ello solamente puede entenderse que se actualiza cuando dicho conocimiento es pleno y no deja lugar a dudas, lo que no ocurre en el caso en que la notificación que se hizo fue de una constancia diferente al laudo verdaderamente dictado en el juicio laboral y, bajo tal certeza es incuestionable que esa impugnación va dirigida a una resolución distinta a la que debió haberse notificado y, por ende, inexistente. De ahí que, como las violaciones planteadas por el agraviado en su demanda de garantías, tienden a demostrar la ilegalidad de ese acto inexistente, resulta incuestionable, que se actualiza la hipótesis prevista en la mencionada fracción IV del artículo 74 y, en consecuencia, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, porque al rendir su informe justificado, aceptó su certeza. Certeza que se corrobora con la transcripción de la audiencia correspondiente, así como con el disco compacto que contiene el audio y video de tal audiencia, remitida por la Jueza responsable. Instrumentos a los cuales se concede valor probatorio pleno, por haberse expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en especial, respecto de los registros de audio y video de la audiencia donde consta la vinculación a proceso impugnada. Debe precisarse que adquieren el valor probatorio de referencia, al contener la certificación correspondiente del funcionario que para su expedición actuó en cumplimiento a su funciones y con motivo de las mismas, pues de la reproducción del disco compacto con copia de los registros de los archivos ópticos y acústicos de las audiencias relativas al acto reclamado, se colige que el método empleado para su grabación fue el idóneo y son accesibles para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa; por ende, se tiene plenamente acreditada la existencia del acto reclamado. Aunado a lo anterior, tales elementos de prueba no fueron objetados por las partes dentro de la secuela procedimental, en términos de los artículos 202 a 206 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 2° artículo de la Ley de Amparo y menos aún se rindió prueba para desvirtuar el contenido de los aludidos elementos de juicio. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, mismos que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse esta Resolutora obligada a la transcripción de los mismos. En la demanda de amparo, la parte quejosa aduce que en la determinación impugnada, se violaron sus derechos fundamentales, ya que la Jueza de Distrito responsable no tomó en consideración el engaño de que fue objeto en el contrato de adhesión que celebró con la persona moral "Financiera Bepensa", Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, ya que no quiso admitir dicho contrato como prueba para acreditar el delito, dejándola en estado de indefensión. Que la vigencia de dicho contrato es hasta el ocho de marzo de dos mil veintitrés, por lo que la citada persona moral, con engaños, sustrajo el pagaré base de la acción del contrato de marras, antes de su vencimiento, con lo que procedió al embargo de bienes muebles e inmuebles de terceros en su nombre, constituyendo, por ende, los delitos de asociación delictiva, robo, fraude y usura, que atentan contra su seguridad y patrimonio. Que se transgredió en su perjuicio la Disposición Única de la CONDUSEF, ya que en ella se establece qué términos y condiciones de los contratos de adhesión no podrán ser negociables; por lo que si el contrato relativo vence hasta el ocho de marzo de dos mil veintitrés, deviene en que el pagaré derivado del mismo tenga ese propio vencimiento. Estos conceptos de violación resultan infundados. A fin de evidenciar lo anterior, en principio, y en relación al argumento hecho valer por la quejosa, en el sentido de que no fue admitido como prueba el contrato de adhesión que celebró con la persona moral "Financiera Bepensa", Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada; es importante señalar que en el sistema penal acusatorio, y bajo los parámetros constitucionales y legales acotados en parágrafos previos, tal y como acertadamente lo puntualizó la Jueza de Distrito responsable en la determinación reclamada, única y exclusivamente deben tomarse en consideración los argumentos vertidos por las partes en la audiencia relativa y que deberán encontrar sustento en los registros que obran en la carpeta de investigación correspondiente, la cual excepcionalmente podría ser revisada por la Juez natural, evitando con ello la desnaturalización del régimen penal adversarial, que encuentra en los principios de oralidad y contradicción los pilares que le dan cohesión y eficacia. Sirve de sustento a la anterior consideración, por identidad de razón, la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 993, del Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda." En ese tenor, la Jueza de Distrito responsable se encontraba legalmente impedida para admitir alguna prueba que no hubiere sido aportada a la carpeta de investigación relativa, así como tener a la vista determinado documento, como lo es el contrato a que hace alusión la quejosa, precisamente porque con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Juez de Control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, lo que no aconteció en la especie, ya que no existió solicitud alguna de las partes en ese sentido. En ese sentido, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito; ello, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al Juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones, ya que este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas, aunado a que conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia visible en la página 1112, del Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Asimismo, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Y porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. Lo que se robustece con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse." Atento a lo antes ponderado, se insiste, la Juez de Distrito responsable no estaba en aptitud de admitir, en la audiencia relativa, alguna prueba, ni tampoco consultar la carpeta de investigación relativa, al no existir solicitud expresa de las partes en ese sentido. Por otra parte, en relación a los restantes motivos de inconformidad, éstos serán abordados de manera conjunta, dado que se encuentran estrechamente relacionados entre sí. En ese aspecto, se estima pertinente destacar que en la denuncia primigenia, se parte de la existencia de una presunta conducta delictiva, medularmente, con base en que la persona moral "Financiera Bepensa", Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, a través de sus apoderados, sustrajo, de manera indebida, un pagaré signado por la denunciante, aquí quejosa, en su calidad de obligada solidaria y aval, el cual fue suscrito con motivo de un contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía prendaria abierto a nombre de Edwin Emmanuel Velázquez Sosa como acreditado, mismo contrato que tenía como fecha de vencimiento el ocho de marzo de dos mil veintitrés, por lo que debía tomarse esa propia fecha como la de vencimiento del citado pagaré; empero, con la sustracción de ese título de crédito, se promovió el juicio ejecutivo mercantil 1878/2019 ante el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que, en ejecución de ese documento, se embargaron diversos bienes muebles e inmuebles, ocasionando un perjuicio patrimonial a la citada denunciante. Ahora bien, como con acierto precisó en la determinación reclamada la Jueza de Distrito responsable, el pagaré es un documento que trae aparejada ejecución y constituye una prueba preconstituida del adeudo, en tanto que el mismo cuenta con los principios de literalidad y autonomía en relación al contrato que lo motivó, por lo que la parte actora del juicio mercantil correspondiente no estaba obligada a invocar el negocio causal. Se afirma lo anterior, pues los títulos de crédito, entre los que se encuentra el pagaré, tienen como una de sus características la autonomía, esto es, que son independientes de la causa que les dio origen y para su cobro judicial en la vía ejecutiva mercantil no es necesario que se exhiba el contrato del cual surgieron, sino que dicha vía es procedente con sólo exhibir el pagaré de que se trate, como se advierte de lo dispuesto por el artículo 1391, fracción IV, del Código de Comercio. Esto encuentra apoyo en la jurisprudencia visible en la página 701, del Tomo XV, Febrero de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto rezan: "PAGARÉ. PARA SU COBRO EN LA VÍA JUDICIAL NO ES NECESARIO QUE SE EXHIBA EL CONTRATO DEL CUAL SURGIÓ. Los títulos de crédito, entre los que se encuentra el pagaré, tienen como una de sus características la autonomía, esto es, que son independientes de la causa que les dio origen y para su cobro judicial en la vía ejecutiva mercantil no es necesario que se exhiba el contrato del cual surgieron, sino que dicha vía es procedente con sólo exhibir el pagaré de que se trate, como se advierte de lo dispuesto por el artículo 1391, fracción IV, del Código de Comercio." Por tanto, debe destacarse que, como lo argumentó la Juez responsable, el artículo 1055 Bis del Código de Comercio, dispone que cuando el crédito tenga garantía real, el actor, a su elección, podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, especial, sumario hipotecario o el que corresponda, de acuerdo a ese Código, a la legislación mercantil o a la legislación civil aplicable, conservando la garantía real y su preferencia en el pago, aun cuando los bienes gravados se señalen para la práctica de la ejecución. En esa virtud, aun cuando en la especie se invoque por parte de la aquí quejosa la existencia de un contrato de crédito con garantía real, como lo es el de garantía prendaria que nos atañe, la parte actora se encuentra facultada para ejercer, a su elección, la acción que estime pertinente. En esa virtud, si en el caso que nos atañe, como quedó visto, se ejerció la acción cambiaria directa tomando como documento base de la misma, un pagaré suscrito por la quejosa en su calidad de aval y obligada solidaria, respecto del cual podía ser exigido su pago sin necesidad de invocar el contrato del cual surgió, aunado a que de conformidad con el numeral 1055 Bis antes ponderado, la parte actora podía elegir la vía que estimare pertinente para lograr el cobro de un crédito con garantía real; deviene que, contrario a lo esgrimido por la quejosa, se estime que en el caso a estudio no existió una sustracción del pagaré de marras, sino que éste podía ser exhibido para su pago por la vía ejecutiva relativa sin necesidad de ser vinculado al contrato del que presuntamente surgió. Máxime, que conforme al numeral 1391 del Código de Comercio, el procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución, como lo es, de conformidad con su fracción IV, los títulos de crédito, entre los que desde luego se encuentra el pagaré. En ese tenor, si como quedó visto, el pagaré es autónomo al contrato del que presuntamente surgió y es un título de crédito que trae aparejada ejecución, la parte actora del juicio mercantil relativo, en acatamiento a la potestad que le confiere el numeral 1055 Bis del Código de Comercio, estaba en aptitud de ejercer la acción cambiaria directa en relación a dicho documento, sin necesidad de relacionarlo con el contrato relativo ni tampoco exhibirlo, dada precisamente la autonomía del mismo. Sin que en el caso, como erróneamente expone la quejosa, se le deje en estado de indefensión, ya que al ser parte en el juicio mercantil natural, está en posibilidad de plantear las excepciones y defensas que estime pertinentes, entre las que desde luego, en su caso, podrá hacer valer las relativas a la falta de vencimiento de la obligación derivada de ese pagaré, por encontrarse al corriente en el pago del adeudo relativo. A mayor abundamiento, este órgano de control constitucional estima pertinente indicar que cuando se ejerce la acción cambiaria directa en un juicio ejecutivo mercantil con base en un pagaré que se suscribió con motivo de un contrato de crédito, como se alega en la especie por parte de la quejosa, tal circunstancia no trae como consecuencia que el documento base de la acción pierda su naturaleza de título ejecutivo, el que se caracteriza por los principios de incorporación, legitimación, literalidad, autonomía y abstracción. Ello es así, pues aunque el título de crédito esté vinculado con un contrato de crédito, de ninguna forma le resta autonomía y literalidad, por tratarse de una prueba preconstituida de la acción, en términos de lo previsto en los artículos 1o., 5o., 170 y 171 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Por tanto, tal circunstancia únicamente tiene como consecuencia que si el título no ha circulado, se atenúe la abstracción del documento ejecutivo, dado el vínculo existente entre el título mismo y el negocio fundamental que le ha dado origen, y ello únicamente da lugar a que la acreedora esté sujeta a las excepciones personales correspondientes, traduciéndose éstas en las que el deudor tenga contra su acreedor y, que éstas se demuestren. En esa virtud, si como en el caso que nos atañe, la parte actora ejerció la acción cambiaria directa con base en un título de crédito de los denominados pagarés, que se tramita en la vía ejecutiva mercantil, la cual en términos del artículo 1391 del Código de Comercio, tiene lugar cuando la demanda se funda en un documento que tiene como único fin la ejecución del título de crédito mediante un procedimiento breve, en la medida en que éste constituye una prueba preconstituida del adeudo; será precisamente este documento el que conforme a su contenido fijará la competencia para decidir respecto de cualquier controversia que se genere con motivo del derecho de crédito que se incorporó en él y no en función a un documento distinto, como lo es el contrato de crédito que le dio origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 3632, del Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "SUMISIÓN EXPRESA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. DEBE FIJARSE EN FUNCIÓN AL CONTENIDO DEL TÍTULO DE CRÉDITO Y NO AL CONTRATO RELATIVO QUE LE DIO ORIGEN. Cuando se ejerce la acción cambiaria directa en un juicio ejecutivo mercantil con base en un pagaré que se suscribió con motivo de un contrato de crédito, tal circunstancia no trae como consecuencia que el documento base de la acción pierda su naturaleza de título ejecutivo, el que se caracteriza por los principios de incorporación, legitimación, literalidad, autonomía y abstracción. Es así, pues aunque el título de crédito esté vinculado con un contrato de crédito, de ninguna forma le resta autonomía y literalidad, por tratarse de una prueba preconstituida de la acción, en términos de lo previsto en los artículos 1o., 5o., 170 y 171 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Esa circunstancia únicamente tiene como consecuencia que si el título no ha circulado, se atenúe la abstracción del documento ejecutivo, dado el vínculo existente entre el título mismo y el negocio fundamental que le ha dado origen, y ello únicamente da lugar a que la acreedora esté sujeta a las excepciones personales correspondientes, traduciéndose éstas en las que el deudor tenga contra su acreedor y, que éstas se demuestren. Luego, si el actor ejerció la acción cambiaria directa con base en un título de crédito de los denominados pagarés, que se tramita en la vía ejecutiva mercantil, la cual en términos del artículo 1391 del Código de Comercio, tiene lugar cuando la demanda se funda en un documento que tiene como único fin la ejecución del título de crédito mediante un procedimiento breve, en la medida en que éste constituye una prueba preconstituida del adeudo; será precisamente este documento el que conforme a su contenido fijará la competencia para decidir respecto de cualquier controversia que se genere con motivo del derecho de crédito que se incorporó en él y no en función a un documento distinto, como lo es el contrato de crédito que le dio origen." Corolario de lo anteriormente ponderado, deviene en que los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, cuenta habida que, como bien sostuvo la Jueza de Distrito responsable, en el caso a estudio no se advierte la existencia de conducta delictiva alguna que perseguir, precisamente porque la parte actora del juicio mercantil natural, en ejercicio de la potestad que le confiere el artículo 1055 Bis del Código de Comercio, promovió la acción cambiaria directa, en la vía ejecutiva mercantil, tomando como base de la misma un pagaré signado por la ahora impetrante en su calidad de aval o deudora solidaria, respecto del cual dicha actora no se encontraba obligada a exhibir el contrato del que surgió, precisamente dada la autonomía del citado título de crédito, por lo que no puede considerarse que éste haya sido sustraído y exhibido para su cobro de manera ilícita. En consecuencia, se insiste, resultan infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa y al no advertir queja deficiente que deba ser suplida, procede negar a Zury Evelyn Castro Sansores, el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, consistente en la resolución de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, emitida en el cuaderno de impugnaciones contra determinaciones del Ministerio Público 30/2020, en la que se confirmó la determinación de abstención de investigar dictada en la carpeta de investigación FED/YUC/MER/0000387/2020. Por lo expuesto y fundado, esta Juzgadora, RESUELVE PRIMERO. Sobresee. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Zury Evelyn Castro Sansores, contra el acto que reclamó del Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Célula 1-1, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán; precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por los motivos expuestos en el tercero subsecuente. SEGUNDO. No ampara. Es constitucional la resolución de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, emitida en el cuaderno de impugnaciones contra determinaciones del Ministerio Público 30/2020, en la que se confirmó la determinación de abstención de investigar dictada en la carpeta de investigación FED/YUC/MER/0000387/2020, emitido por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán; por lo que la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Zury Evelyn Castro Sansores, respecto de tal acto, atento a las consideraciones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio firmado por la Oficial Judicial "A" adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con un anexo que acompaña, consistente en un disco en formato DVD, mismo que, según refiere, contiene el audio y video de la audiencia del veinticinco de enero de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con el disco compacto de referencia y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Pamela Medina Sánchez, Secretaria encargada del Despacho, en términos de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, celebrada el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada en oficio CR/CJD/013/4976/2021, suscrito por el Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, no ha remitido el disco versátil digital que contenga la audiencia impugnada en este asunto, solicitado en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. En tal virtud, solicítesele atentamente que en el término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita el disco versátil digital de mérito, para estar en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda en relación con el presente juicio de amparo. Finalmente, para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha y hora para su celebración, las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS.

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