Zurikeing Díaz Colin

Expediente 280/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
280/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Zurikeing Díaz Colin

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Informa. Se tiene por recibido el oficio que firma el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, en representación del Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Jalisco, mediante el cual informa que no se ha resuelto la consulta que presentó el Secretario de Seguridad mediante oficio SSE/0293/2023, y a fin de determinar si es no dicha autoridad la que debe dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se requiere cumplimiento a autoridad responsable. Ahora, analizadas que son las presentes actuaciones, se advierte que desde el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se requirió a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco para que diera cumplimiento al fallo protector y acredite el pago de las indemnización constitucional y demás prestaciones a las que tiene derecho el quejoso Francisco Rosas González, conforme a las cantidades cuantificadas en la planilla de liquidación de nueve de mayo del año en curso, y que ascienden al monto de $1´065,290.04 (un millón sesenta y cinco mil doscientos noventa pesos 04/100 moneda nacional). Luego, en auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, el Director General Jurídico de la Seguridad del Estado de Jalisco, informó que mediante oficio CJ/331-07/2021 suscrito por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, se emitió opinión jurídica respecto a la obligación institucional tanto de dicha secretaría, como de la Secretaría de Transporte, para hacer pago de las resoluciones, sentencias y laudos condenatorios de procedimientos o juicios que se hubieren entablado por personal vial a partir de las modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en la que concluyó que la dependencia que deberá cumplir con el pago en favor de la parte quejosa, es la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco; por lo que se le requirió por el cumplimiento del fallo protector a esta última autoridad. Posteriormente, en acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintitrés, el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, en representación del Gobernador del Estado de Jalisco, informó que mediante oficio CJ/DGJ/DC/300-01/2023, el Consejo Jurídico del citado Poder Ejecutivo emitió opinión técnica en la que determinó que la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco es la dependencia de la actual administración pública que cuenta con las facultades y competencia legal para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el caso concreto; razón por la cual se le requirió por el cumplimiento del fallo protector a dicha secretaría. Entonces, el Director General Jurídico de la Seguridad del Estado de Jalisco, mediante comunicado recibido en auto de veintisiete de febrero del año en curso, informó que por oficio SSE/0293/2023 formuló nueva consulta al Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco, a fin de que determine cuál secretaría estará obligada a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sin embargo, se toma en consideración el oficio de cuenta del que se advierte que no se ha resulto dicha consulta y que, por ende, permanece vigente la determinación adoptada en la opinión técnica de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, emitida por el Consejo Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en la que decretó que la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco es la dependencia de la actual administración pública que cuenta con las facultades y competencia legal para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el caso concreto. Aunado a que, el cumplimiento de la sentencia de amparo no puede continuar sujeta a si emite o no acuerdo que resuelva las cuestiones competenciales de las precitadas dependencias públicas, dado que es la propia Constitución General de la República la que determina la exigibilidad inmediata de su cumplimiento; máxime que, como se dijo, permanece vigente la última opinión técnica. Por tanto, requiérase nuevamente al Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, que en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente acuerdo, acredite el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o en su defecto, las gestiones que de manera efectiva se encuentran realizando para ello. En el entendido de que no bastará que informe que requirió a diversa autoridad, sino que deberá acreditar con constancias que se realizó la adecuación de las partidas que integran su presupuesto previamente autorizado para el año que transcurre a fin de que efectúe el pago correspondiente en favor del quejoso, aun cuando no esté previsto específicamente en tal presupuesto; y, en su caso, que se solicitó la aprobación de esa reestructura al Gobernador y a la Secretaría de la Hacienda Pública, ambos del Estado de Jalisco. En su defecto, acredite la falta de recursos económicos y solicite la ampliación del presupuesto respectivo al Gobernador y Secretaría de la Hacienda Pública, ambos del Estado de Jalisco, específicamente destinada a cubrir la indemnización y demás prestaciones que corresponden al quejoso con motivo de la baja injustificada en el cargo que desempeñaba como elemento de la Policía Vial. Lo anterior encuentra sustento en la tesis P. XX/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, página 12, registro 187083, que indica: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente en la Quinta y Sexta Épocas del Semanario Judicial de la Federación, emitió diversas tesis en las cuales sostuvo el criterio predominante de que tratándose de obligaciones de pago derivadas de sentencias de amparo a cargo de las autoridades responsables, no se sancionaría su incumplimiento cuando el pago no se encontrara previsto en el presupuesto autorizado, de manera que la responsabilidad de aquéllas quedaba limitada a la mera gestión ante los órganos competentes para que se autorizara el gasto correspondiente. En este sentido se orientan los siguientes criterios históricos, de rubros: "CASO EN QUE NO ES APLICABLE, DE MOMENTO, LA FRACCIÓN XI EL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL. DEFECTO DE EJECUCIÓN."; "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS."; "SENTENCIAS DE AMPARO, INELUDIBLE EJECUCIÓN DE LAS." e "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA IMPROCEDENTE.", publicados, respectivamente, en el Informe de 1941, página 131 y en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXI, página 2277 y Tomo XLVII, página 4882, y Sexta Época, Volumen LXXVIII, Primera Parte, página 14. Sin embargo, estos criterios no deben prevalecer en la actualidad pues, por una parte, obedecen a la interpretación aislada del artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que originalmente era el 125) y, por otra, desconocen la fuerza vinculatoria de las ejecutorias de amparo cuya eficacia deriva del mandato constitucional. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de proyectos al menos durante ese tiempo, también lo es que el citado artículo 126 de la Norma Fundamental acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. Asimismo, tal proceder tampoco contravendría el artículo 134 del Ordenamiento Fundamental, relativo al manejo de los recursos económicos con apego al principio de honradez, la cual se entiende como un actuar probo, recto, sin desvío alguno, pues no hay improbidad alguna en cumplir con un mandato de amparo, por el contrario, es un principio rector de los actos de la autoridad cumplir y hacer cumplir la Constitución y, por ende, los mandatos de amparo que derivan de ésta, cuya finalidad es el restablecimiento del orden constitucional." Asimismo, robustece la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 10, registro digital 162469, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable requerida que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). Además, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, siete de marzo de dos mil veintitrés. Se decreta prescripción de billete de depósito. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de los autos, se advierte que ha operado la prescripción del billete de depósito N ****expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI), valioso por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), a favor del fisco federal, en términos del artículo 50 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, ya que transcurrieron dos años, contados a partir de la fecha en que legalmente pudo exigirse la devolución de la garantía, sin que la parte quejosa haya comparecido a recogerlo. Remítase. En consecuencia, una vez que cause estado el presente acuerdo, remítase a la Dirección General de Procedimientos Legales de la Dirección General de Fondos y Valores de la Tesorería de la Federación, el billete de depósito de mérito, debidamente endosado. Háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese por lista física y electrónica; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de treinta de enero del año en curso, se tuvo al Subjefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remitiendo el oficio 14.5.1/0510/2023, sin embargo, de un análisis al mismo, se advierte que dicha autoridad fue omisa en remitir la documentación que demuestre si el pago de la pensión de la quejosa, a partir del mes de febrero de dos mil dieciséis, se realizó conforme al artículo 57 de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente en el año dos mil siete, esto, es, que se incrementó en proporción al Índice Nacional de Precios al Consumidor o al incremento a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, lo que resulte mayor, o si por el contrario como lo aduce la parte quejosa, se actualizó aplicando la Unidad de Medida y Actualización; como tampoco si antes de esa fecha (anualidad de dos mil quince), tales aumentos se venían realizando conforme al salario mínimo vigente, como lo alegó la promovente del amparo, tal como lo señaló el Séptimo Tribunal en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el recurso de revisión 313/2022. Requiéranse constancias. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, remita copia certificada, completa y legible de las constancias indicadas, esto es, la documentación que demuestre si el pago de la pensión de la quejosa, a partir del mes de febrero de dos mil dieciséis, se realizó conforme al artículo 57 de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente en el año dos mil siete, esto, es, que se incrementó en proporción al Índice Nacional de Precios al Consumidor o al incremento a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, lo que resulte mayor, o si por el contrario como lo aduce la parte quejosa, se actualizó aplicando la Unidad de Medida y Actualización; como tampoco si antes de esa fecha (anualidad de dos mil quince), tales aumentos se venían realizando conforme al salario mínimo vigente. Apercíbase. Apercíbasele que, de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $ 103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Diferimiento. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y se fijan las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del diez de marzo de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese por lista física y electrónica.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el quince de diciembre de dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó en el juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la citada resolución. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años, debido a que se sobreseyó en el juicio. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista física y electrónica.

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