Zuriel Vicente Solórzano Pichardo y Otros.
Expediente 533/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 533/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/07/2023
Partes del expediente
- Zuriel Vicente Solórzano Pichardo
- Zuriel Vicente Solórzano Pichardo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como con la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes, no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente juicio como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 17 fracción III, incisos a) y b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; una vez que transcurran tres años de archivado el presente expediente, es susceptible de ser conservable, toda vez que, por una parte se sobreseyó el presente juicio de amparo, y por otra, se negó el amparo solicitado; asimismo, el incidente único de suspensión, es conservable, pues se concedió la suspensión definitiva; sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Finalmente, devuélvanse a la Jueza Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, los anexos que remitió a su informe con justificación, sin que acuse de recibo, toda vez que dichas constancias se tratan de copias certificadas del expediente 110/2023 de su índice.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO Agréguense los informes justificados rendidos por la Jueza y Notificador ambos del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. PRUEBA Por otro lado, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba la documental pública relativa a la copia certificada del expediente ********************, del índice del juzgado responsable, misma que dada su naturaleza se admite y desahoga; sin perjuicio de dar cuenta con ella en la audiencia constitucional. DIFERIMIENTO En consecuencia, a fin de permitir que transcurra el término indicado en el primer párrafo, procede diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS.
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de mayo de dos mil veintitrés. ESCRITO Agréguese el escrito signado por la tercera interesada Sandra Verónica Nava García , por medio del cual se apersona al presente asunto, señala domicilio procesal, designa autorizados, solicita el uso de medios electrónicos y ofrece pruebas y realiza alegatos. APERSONAMIENTO Atento a lo anterior, conforme a lo estipulado en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene a la ocursante por apersonada al presente sumario. DOMICILIO Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones vía electrónica el usuario "CHRISTIANIVAN"; mismo que también se autoriza para la consulta del expediente electrónico, por encontrase registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que la citada parte procesal pueda acceder al expediente electrónico. AUTORIZADOS Con relación a los autorizados que menciona; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por cuanto hace a la solicitud para usar medios electrónicos para la consulta del presente juicio; de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. PRUEBA Y ALEGATOS Con fundamento en los artículo 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental privada relativa a la copia simple de la diligencia de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, la cual dada su propia y especial naturaleza, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada; asimismo, se tienen por hechos sus alegatos; con lo anterior, dese cuenta en la audiencia constitucional.
- Incidental
RESOLUCIÓN Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 533/2023-III-C; y, R E S U L T A N D O; PRIMERO. Trámite del cuaderno incidental. Por auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió la demanda, ordenó formar el incidente de suspensión; requirió el informe previo a las autoridades responsables y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia incidental. Acontecido lo anterior tuvo verificativo la audiencia de ley al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O; PRIMERO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se concluye que la parte quejosa reclama del Juez y Notificador, adscritos al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, lo siguiente: El auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 110/2023, del índice del Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por el que se ordenó la entrega del menor de iniciales ********************, a su progenitora y se autorizó el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras; así como su ejecución. SEGUNDO. Al rendir sus respectivos informes previos, las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto que se les atribuye, por lo que se tienen por ciertos dichos actos de molestia, lo que se corrobora del cuadro que para fines prácticos se inserta a continuación: Autoridad Informe Previo Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México Cierto Notificador adscrito al Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México Cierto TERCERO. DETERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO A LA EMISIÓN DEL AUTO DE NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS Y SU EJECUCIÓN. Si bien es cierto, el auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 110/2023, del índice del Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por el que se ordenó la entrega del menor de iniciales ********************, a su progenitora y se autorizó el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, constituye un acto que con su sólo dictado se consumó; sin embargo, esta característica por sí sola no tiene como consecuencia que se niegue la suspensión definitiva; toda vez que en determinadas circunstancias, si no existe criterio jurídico que lo impida, también se pueden dar efectos restitutorios a la suspensión. De ahí que para determinar la procedencia de la suspensión definitiva no es de relevancia si el acto reclamado es de carácter declarativo, ya que en su caso debe examinarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden generar el acto reclamado, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado en que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VII.2o.C.84 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2023184, que establece: "SUSPENSIÓN DE ACTOS DECLARATIVOS EN EL JUICIO DE AMPARO. ESA CARACTERÍSTICA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, POR SÍ SOLA, NO PRODUCE SU NEGATIVA. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto, señalando como acto reclamado las órdenes de búsqueda y/o localización y/o presentación y/o detención y/o aprehensión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que la naturaleza declarativa del acto reclamado, por sí sola, no produce la negativa de la suspensión en el juicio de amparo. Justificación: Lo anterior, porque aun cuando fue criterio de los tribunales del Poder Judicial de la Federación que los efectos de la suspensión sólo consistían en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla y no en invalidar lo actuado hasta ese momento, pues eso sería darle efectos restitutorios, lo que sería materia exclusiva de la sentencia en el juicio de amparo cuando se concede la protección constitucional y, como consecuencia de lo anterior, surgieron diversas tesis en el sentido de que en la suspensión no puede estudiarse provisionalmente el fondo, como las de rubros: "SUSPENSIÓN, MATERIA DE LA. DIFIERE DE LA DEL JUICIO." (VI.2o. J/347), "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA.", "ACTOS NEGATIVOS." y "ACTOS CONSUMADOS.", esa línea argumentativa partía del hecho de que los requisitos para la suspensión solamente derivaban del artículo 124, fracciones I y II, de la Ley de Amparo abrogada, en el que se establecía que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; sin embargo, a partir de la reforma constitucional y de amparo de 2011, se agregaron diversos elementos para resolver sobre la suspensión, como son: la apariencia del buen derecho y su ponderación con el orden público e interés social, así como el relativo a que en determinadas circunstancias, si no existe criterio jurídico que lo impida, también se pueden dar efectos restitutorios a la suspensión. Por tanto, en la regulación originada con la reforma constitucional señalada carece de relevancia considerar si el acto reclamado es declarativo, a efecto de resolver si se concede o no la medida cautelar, porque admitiéndose la posibilidad de restablecimiento en el goce del derecho como una resolución anticipada de la tutela que se espera del juicio, lo relevante para conceder la medida debe ser la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015, sostuvo que para determinar el otorgamiento de la suspensión no debe atenderse, por sí misma, a la naturaleza del acto reclamado, sino analizarse la apariencia del buen derecho y las posibles afectaciones al interés social, en virtud de que la suspensión puede adelantar los efectos de una eventual sentencia protectora de amparo. En ese sentido, la naturaleza declarativa de los actos, por sí sola, no produce la negativa de la suspensión, pues debe examinarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden generar los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado en que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En ese tenor, por lo que respecta al acto declarativo consistente en el auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 110/2023, del índice del Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por el que se ordenó la entrega del menor de iniciales ********************, a su progenitora y su ejecución; se niega la suspensión definitiva solicitada, toda vez que por sí mismo ese auto no le irroga un perjuicio susceptible de suspensión a la parte quejosa, pues en su caso será la diligencia de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés (en la que se llevó a cabo la desincorporación del menor con su progenitor), lo que deberá ser objeto de análisis para dictar la suspensión que solicita el peticionario de amparo, lo cual se estudiara en los párrafos siguientes. CUARTO. DETERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFNITIVA RESPECTO A LA DILIGENCIA DE DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Ahora, con fundamento en el artículo 147 de la Ley de la materia, se concede la suspensión definitiva solicitada respecto a la diligencia de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en la que se realizó la entrega del menor de iniciales ******************** a su progenitora, con efectos restitutorios hasta en tanto las autoridades responsables sean notificadas de la determinación por la que cause ejecutoria la sentencia o se dicte en el juicio principal del que se derivó esta incidencia. FUNDAMENTO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL En principio, es menester reiterar que en el presente asunto se encuentran involucrados derechos de un menor de edad, por lo cual resulta indispensable resolver sobre la suspensión definitiva en aras de salvaguardar y proteger su interés superior. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el interés superior del niño es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los menores previstos en el artículo 4° de la Constitución Federal. Esta interpretación encuentra respaldo en un argumento teleológico: en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4°, donde se reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos de los menores de edad. Asimismo, se ha establecido que, en el ámbito jurisdiccional, el interés superior del menor de edad es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores de edad, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia 18/2014 (10ª), de la Primera Sala, cuyo rubro es "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL". Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar, minuciosamente, las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4° constitucional. De los anteriores argumentos emanó la jurisprudencia 44/2014 (10ª) de la Primera Sala, cuyo rubro es "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS.". En definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptarse, sino exclusivamente el bien de los hijos. Este criterio vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social. Dichas consideraciones forman parte de la jurisprudencia 31/2014 (10ª) de la Primera Sala, cuyo rubro es "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA". De las anteriores consideraciones se advierte que los regímenes de guarda y custodia, contemplados dentro del ejercicio de la patria potestad de los padres, se constituyen en aspectos de diversa índole, características y contenidos al diverso de convivencia, empero a efecto de resolver sobre dichos tópicos, en todo momento se debe advertir el interés superior del menor. Por su parte, la fracción II del artículo 128 de la ley de la materia, cuyo contenido dice: "(.) fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: (.) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público (.)" El orden público y el interés social, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto; además, dichos aspectos se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad; es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretenden evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Apoya lo anterior, en lo conducente, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.81/2002, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª Época XVI, julio de 2002, página 357).". En ese sentido, de acuerdo con la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, procederá la suspensión siempre que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Así, por interés social se entienden aquellos intereses que deben ser protegidos legalmente por ser de orden público y que es necesario que prevalezcan o subsistan aun cuando se afecten intereses particulares. Aunado a lo anterior, habida cuenta de que las disposiciones que reglamentan cuestiones de orden familiar, como es, la guarda y custodia, así como el régimen de convivencias, son de orden público, que si bien son conceptos jurídicos indeterminados, en tratándose de menores el legislador los dotó de significado en el artículo 129, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: - - - - . - - - - VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;." Además, el artículo 147 de la ley de la materia, permite a este órgano de control constitucional restablecer de manera provisional al quejoso en el goce de los derechos que le fueron vulnerados; asimismo, se le faculta para que tome las medidas que considere necesarias para evitar que se defrauden derechos de menores o incapaces, como se observa de la siguiente transcripción: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." ANTECEDENTES DEL CASO Ahora, en el caso resulta indispensable citar los antecedentes más relevantes que el quejoso en su demanda, bajo protesta de decir verdad expuso, los cuales son: En el año dos mil dieciocho, el aquí quejoso contrajo matrimonio con Sandra Verónica Nava García, de dicho vinculo, procrearon al menor de iniciales ********************, quien actualmente cuenta con cuatro años de edad. Que desde enero de dos mil veintitrés, el quejoso detentaba la guarda y custodia del menor involucrado en la controversia, derivado de la separación de sus progenitores. El veinte de enero de dos mil veintitrés, el quejoso demandó de la progenitora de su menor hijo, la disolución del vínculo matrimonial a través del divorcio incausado; demanda que correspondió conocer al Juzgado Cuarto Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, procedimiento que de acuerdo con lo narrado por el quejoso, no se prosiguió derivado de las pláticas conciliatorias que había tenido con la tercera interesada. Por otra parte, el treinta de enero de dos mil veintitrés, Sandra Verónica Nava García, en la vía de controversia sobre el estado civil de las personas y el derecho familiar, demandó del quejoso, entre otras prestaciones, la guarda y custodia del menor de identidad reservada de iniciales ********************; de ahí que, el Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al que por turno correspondió conocer del asunto decretó la medida provisional de guarda y custodia del menor involucrado en la controversia a favor de su progenitora, por lo que, conminó al demandado a la entrega del infante en la diligencia de emplazamiento, con el apercibimiento que de no hacerlo, dicha entrega se efectuaría a través del uso de la fuerza pública. Posteriormente, una vez que el quejoso compareció ante la autoridad responsable a emplazarse a juicio, además de reconvenir, diversas prestaciones, realizó ante el juzgado diversas manifestaciones en torno a que el infante de iniciales ********************, se encontraba bajo sus cuidados; sin embargo, mediante proveído de nueve de marzo de esta anualidad, el juzgado del conocimiento tuvo por hechas las manifestaciones del quejoso; sin embargo, en ese mismo proveído lo requirió para que entregara a la tercera interesada al menor involucrado en la controversia, autorizando desde ese momento el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras. Finalmente, el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la diligencia de restitución del menor, lo que se corrobora del informe previo que rindió la autoridad responsable señalada como ejecutora, por lo que, en esa misma fecha se restituyó al infante con su progenitora. Hasta aquí los antecedentes que se advierten de la demanda de amparo. Ahora bien, como se observa de la síntesis de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró el quejoso en su demanda de amparo, se obtiene en esencia, que el menor quejoso desde el mes de enero del año dos mil veintitrés, se encontraba únicamente al cuidado de su progenitor y que posteriormente, a través de la diligencia de diecisiete de marzo de la misma anualidad, en la que si bien no se hizo uso de la fuerza pública, sí se tuvo su auxilio y dicho infante fue incorporado con su progenitora con motivo de la orden contenida en el auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Así, este órgano de control constitucional, en aras de proteger y salvaguardar el interés superior del menor involucrado en la controversia, así como para evitar que se lesionen de manera irreparable los derechos de los quejosos, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, estima que debe concederse la suspensión definitiva con efectos restitutorios, para efecto de que el infante de iniciales ********************, de manera inmediata sea reincorporado con su progenitor. Lo anterior es así, pues ello le resulta de mayor beneficio al menor quejoso, toda vez que hasta antes de que se llevara a cabo la diligencia reclamada de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, éste se encontraba bajo el cuidado de su progenitor, lo cual fue por un periodo aproximado de tres meses; de ahí que, la reincorporación con su progenitora de manera inmediata le puede causar perjuicios, toda vez que su forma de vida, así como su entorno se vio modificado de un día para otro, sin que se diera de manera paulatina, aunado a que la diligencia de mérito se llevó a cabo -de acuerdo con el dicho del quejoso- de manera forzosa, lo que implica que puedan desarrollarse sentimientos de temor, inseguridad y desconfianza en la persona del propio infante. Sin que con la concesión de la suspensión se esté resolviendo de manera anticipada el fondo del asunto, ya que atendiendo a la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y los derechos del menor involucrado en la controversia, puede restituirse a la parte quejosa en el goce del derecho violado para mantener viva la materia del amparo; e impedir mayores perjuicios durante la tramitación del presente sumario constitucional Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de jurisprudencia 21/2016 (10a.), aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciséis., consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011829, que establece: "LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL. De la interpretación sistemática y funcional del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 126 a 129, 138 a 140, 143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo se colige que puede concederse la suspensión contra una orden de lanzamiento ya ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida suspensional. Lo anterior, sobre la base de que en la regulación referida se admite abiertamente el carácter de medida cautelar de la suspensión, que participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. Análisis que puede llevar a resultados distintos al resolver sobre la suspensión provisional o la definitiva, debido a la diferencia en los elementos probatorios que tiene a la vista el juez; o de si el quejoso es parte vencida en juicio contra la cual se decretó el lanzamiento o si es persona extraña a juicio, entre otros aspectos; todo lo cual, en su caso, debe valorarse al analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, a fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede o niega la suspensión del acto reclamado." Cabe señalar que la autoridad responsable podrá dejar de dar cumplimiento a la medida cautelar decretada en líneas que anteceden, sí con la restitución del menor con su progenitor le resulta más perjudicial al primero de los mencionados, por existir elementos o indicios que hagan presumible que exista violencia física o psicológica que pongan en peligro la integridad física y personal del menor. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 125, 128, 140, y 144 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a por ******************** y en representación de su menor hijo de iniciales ********************, la suspensión definitiva solicitada contra el acto reclamado descrito en el considerando primero de esta resolución, por las autoridades responsables mencionadas en el diverso segundo, en términos del considerando tercero. SEGUNDO. Se concede a por ******************** y en representación de su menor hijo de iniciales ********************, la suspensión definitiva solicitada contra el acto reclamado descrito en el considerando primero de esta resolución, por las autoridades responsables mencionadas en el diverso segundo, en términos del último considerando de la presente resolución.
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