Zulma Magaly Orbe Nájera

Expediente 299/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
299/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/06/2022

Partes del expediente

  • Zulma Magaly Orbe Nájera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, siendo las diez horas con cincuenta minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 299/2022-I, promovido por Zulma Magaly Orbe Nájera, por propio derecho, estando en audiencia pública el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de la licenciada Rosa Isela Cernas García, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. Asimismo, se hace patente que el desahogo de la presente audiencia se lleva a cabo en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del personal judicial; en términos del Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. A CONTINUACIÓN, LA SECRETARIA HACE RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE: Escrito inicial de demanda; acuerdo en que se ordenó admitir a trámite; constancia de notificación a la autoridad responsable y tercero interesado; e informe justificado y auto en que se tuvo recibido. ACTO SEGUIDO, EL JUEZ ACUERDA: Téngase hecha la anterior relación de constancias de autos, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: La Secretaria da cuenta con las documentales que adjuntó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, las que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, así como las de la tercera interesada. EL JUEZ ACUERDA: Se admiten los medios de convicción antes referidos, los que se desahogan por su propia y especial naturaleza jurídica, en términos del arábigo 119 de la Ley de Amparo, mismos que serán tomados en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente; por tanto, se cierra el periodo. ETAPA DE ALEGATOS: Abierto el mismo, la Secretaria da cuenta con los formulados por Carlos Hirám Matildez Gama, apoderado del tercero interesado, en escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, y hace constar que las demás partes no los formularon. EL JUEZ ACUERDA: Con sustento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte tercera interesada formulando sus alegatos, sin perjuicio de que sean tomados en consideración al momento de resolver en definitiva; asimismo, se declara precluido el derecho de las partes restantes para formular alegatos, se cierra la presente etapa. Al no haber diligencia pendiente de desahogo, el Juez da por concluida la audiencia constitucional, y se procede a dictar la sentencia correspondiente. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 299/2022-I, promovido por Zulma Magaly Orbe Nájera, por propio derecho, contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado al día siguiente a este Juzgado Séptimo, Zulma Magaly Orbe Nájera, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra de la autoridad y acto que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "La omisión de no dictar el auto de ejecución de laudo solicitado en la promoción de le fue presentada el once de marzo de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral número 1256/2022 (sic), del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero." SEGUNDO. En el escrito de demanda se señalaron como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expusieron los antecedentes y el concepto de violación que se consideraron pertinentes. TERCERO. Por auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite el presente asunto y se registró con el número 299/2022-I; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, se emplazó a juicio a la parte tercera interesada, misma que se apersonó a juicio y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado le es atribuido a una autoridad que actúa dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: La omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, de dictar acuerdo respecto al escrito que le fue presentado el once de marzo de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 1256/2009. No pasa desapercibido para el suscrito juzgador, el hecho de que la quejosa en el apartado "ACTO RECLAMADO" haya señalado como tal, la omisión de no dictar el auto de ejecución del laudo, pues lo cierto es que de los antecedentes que narra se advierte que lo que motivó la promoción del juicio de amparo, es la omisión de acordar el escrito de fecha once de marzo de dos mil veintidós y presentado ante la responsable ese mismo día, a través del cual le solicitó que se pronunciara respecto a la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 1256/2009 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Así, el acto a estudio para la emisión de la presente sentencia, es la omisión de acordar la promoción presentada ante la responsable el once de marzo de dos mil veintidós. TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". En ese orden, se tiene que es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, acto que ha quedado identificado en el considerando segundo de este fallo, pues no obstante que al rendir su informe justificado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su presidenta, negó que se estuvieran violando los derechos fundamentales que adujo la parte quejosa en su demanda de amparo; sin embargo, hizo manifestaciones posteriores que dejaron ver la existencia del acto que se le reclama al tribunal obrero; por ello, se tiene cierto el acto que reclama la parte quejosa. Apoya lo anterior la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, página 391, Octava Época, con registro 211004, de rubro y textos siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Certeza que se corrobora con la copia certificada del acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio laboral 1256/2009, que remitió con su informe justificado la autoridad responsable (foja 28 del expediente físico), documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia número 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Quien aquí resuelve no entrará al análisis de la controversia planteada en el juicio que nos ocupa, en virtud de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. El supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto sea negativo o implique una omisión. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad jurídica sustancial, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consonancia con lo anterior, en el presente caso, el acto reclamado esencialmente se hace consistir en la omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, de pronunciarse respecto al escrito que le fue presentado el once de marzo de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 1256/2009, lo cual dilata el procedimiento. No obstante, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable al rendir informe con justificación, se advierte que el once de mayo de dos mil veintidós, emitió el acuerdo respectivo y proveyó lo conducente respecto al escrito presentado el once de marzo de dos mil veintidós, en el que determinó que de un análisis de las actuaciones del juicio laboral, advirtió que la parte demandada promovió amparo indirecto en contra de la resolución de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se acordó respecto de los incrementos salariales de la parte actora, luego, como dicha resolución no ha quedado firme, ese órgano laboral está imposibilitado para dictar el auto de ejecución solicitado, por lo que una vez resuelto dicho amparo, se procederá a dictar el auto de ejecución correspondiente (foja 28). Documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Por tanto, es manifiesto que el acto que reclama la impetrante del amparo cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de causar perjuicio, restituyendo a la parte quejosa en el goce de su derecho fundamental violado, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por la norma constitucional que consideró vulnerada, puesto que en fecha once de mayo de dos mil veintidós, la responsable emitió el acuerdo respectivo, y proveyó lo conducente respecto al escrito que la quejosa presentó el once de marzo de dos mil veintidós. En esas condiciones, es patente que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, procede SOBRESEER en el juicio, ello de conformidad con la fracción V del diverso 63 de esa legislación. En tal virtud, no resulta jurídicamente posible ocuparse de los argumentos expresados por la parte quejosa en sus conceptos de violación, para demostrar la inconstitucionalidad del acto recurrido, pues ello constituye el fondo de la Litis constitucional, cuyo análisis no es permitido por el sentido (sobreseimiento) del presente estudio. Así, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado, en atención a la existencia de una causa que hace improcedente el juicio de amparo, acorde con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 88, Tomo 187-192, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro en el IUS 232302 que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Cabe apuntar además, que este Juzgado se encuentra imposibilitado de analizar la legalidad del acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós, así como de los actos que se originen con motivo de las subsecuentes condiciones de retardo u omisión respecto al procedimiento laboral de origen, pues de lo contrario, se contravendría los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 63, 65 y 74 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior las tesis siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2005150 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Página: 732 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." "Época: Décima Época Registro: 2008134 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: IX.1o.17 L (10a.) Página: 835 OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados." QUINTO. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista de Estrados publicada el uno de abril de dos mil veintidós, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXI, con el diverso 77, fracción II, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Zulma Magaly Orbe Nájera, por propio derecho, en términos de lo expresado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese a todas las partes, por lista en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo, por tratarse de una sentencia dictada en audiencia constitucional, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE y anótese en el libro de registro.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por Carlos Hiram Matildez Gama, quien se ostenta como apoderado legal del tercero interesado Secretaría de Educación Guerrero, en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo, se le tiene reconocida la personalidad con la que se ostenta en términos de la copia certificada que al efecto exhibe y se le tiene apersonado al presente juicio en su carácter de tercero interesado. Por otra parte, no ha lugar a tenerle como sus autorizados en término del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, toda vez que es parte demandada en el juicio laboral de origen, no obstante a lo anterior, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene a las citadas autoridades responsables designado como delegados de su parte a la personas que menciona, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito que se provee. Finalmente, con fundamento en términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de amparo, se le tiene como prueba de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; asimismo, por realizadas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo al no encontrarse debidamente integrado el expediente en que se actúa, lo anterior, toda vez que para la parte quejosa está transcurriendo el término concedido en auto de trece de mayo de esta propia anualidad, para que manifieste lo que a su derecho corresponda en relación al informe rendido por la autoridad responsable. En consecuencia, para dar margen a la integración del juicio de amparo en que se actúa, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. Por otra parte, se ordena la notificación del presente proveído a la autoridad responsable y tercero interesado por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que constituye un acuerdo de mero trámite.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo al no encontrarse debidamente integrado el expediente en que se actúa, lo anterior, toda vez que se encuentra transcurriendo el término concedido a la autoridad responsable en auto de treinta y uno de marzo de esta propia anualidad, para que rinda su informe justificado. En consecuencia, para dar margen a la integración del juicio de amparo en que se actúa, se difiere la celebración de la audiencia constitucional, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Por otra parte, se ordena la notificación del presente proveído a la autoridad responsable por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que constituye un acuerdo de mero trámite.

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