Zulma Liseth Ponce Rodríguez
Expediente 171/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 171/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Zulma Liseth Ponce Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, catorce de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida en favor de Zulma Liseth Ponce Rodríguez y sus menores hijas Gabriela Alejandra Ponce Rodríguez y Daniela Liseth Pérez Ponce, sin que lo hiciera. En tal virtud, con fundamento en los artículos 2º, 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero, y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno respectivo, archívense las actuaciones como asunto concluido, lo que tiene apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta; agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio DIF/PPNNA/0570/2022 de la Procuradora de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema DIF Reynosa, con sede en esta ciudad; toda vez que el dieciocho de febrero del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se recibe se advierte que la quejosa Zulma Liseth Ponce Rodríguez, manifestó que no es su deseo ratificar la demanda de amparo promovida a su favor y sus menores hijas Gabriela Alejandra Ponce Rodríguez y Daniela Liseth Pérez Ponce, por Marlon Iván Tejada Portillo. En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de amparo. Tómese nota en la estadística; hágase las anotaciones correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Marlon Iván Tejada Portillo, en representación de Zulma Liseth Ponce Rodríguez y sus menores hijas Gabriela Alejandra Ponce Rodríguez y Daniela Liseth Pérez Ponce; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 171/2022-4, que por razón de turno le corresponde. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Marlon Iván Tejada Portillo, en representación de Zulma Liseth Ponce Rodríguez y sus menores hijas Gabriela Alejandra Ponce Rodríguez y Daniela Liseth Pérez Ponce, contra actos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia de la demanda. Ahora bien, este órgano jurisdiccional atiende a lo que prevé el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2013, que refiere: "A) Reglas de Actuación para Atender a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional en Detención 1. Excepcionalidad de la detención La despenalización de la irregularidad en el ingreso migratorio es una decisión legislativa que conlleva un cambio sustancial en su tratamiento. Esta irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. En el caso de personas solicitantes de asilo y refugiadas, la no sanción por ingreso irregular está prevista en el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y constituye una excepción a las disposiciones migratorias del país. Para quienes se ubican en este supuesto, la detención administrativa es una medida altamente indeseable. La privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger". El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes ha recomendado abolir progresivamente la detención de personas migrantes y sujetas de protección internacional por razones administrativas. Sin embargo, hasta en tanto este objetivo se logre, la detención administrativa sólo estará justificada por motivos excepcionales, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por otra parte, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como término máximo de la privación de la libertad personal, como sanción administrativa, el de treinta y seis horas. Diversos precedentes lo adoptan también como término máximo para las medidas de apremio. En consecuencia, la tutela judicial debe considerar la especial relevancia de la libertad personal a efecto de garantizar la eficaz protección a los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Sería un contrasentido que la despenalización fuera sustituida por una intervención judicial que tuviera resultados más lesivos para la libertad de esta población, o bien, que colocara a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en condiciones de mayor vulnerabilidad en la defensa de sus derechos frente a cualquier persona procesada en un juicio penal. Además, siempre se debe garantizar el derecho al debido proceso, incluida la revisión judicial de la legalidad y oportunidad de la medida. 2. Proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la privación de la libertad La privación de la libertad no debe tener una finalidad punitiva. Por ello, debe realizarse únicamente cuando fuere necesaria, en apego al principio de proporcionalidad y de persecución de un fin legítimo e idóneo, así como asegurar que sea realizada durante el menor tiempo posible. Existe jurisprudencia sobre las restricciones a los derechos humanos que se encuentra acorde con la normativa de origen internacional, estableciendo que deben cumplirse los siguientes requisitos: i) ser admisibles bajo el ámbito constitucional; ii) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos humanos; iii) ser proporcionales, esto es, que la persecución de un objetivo constitucional no se haga a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. En el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte IDH en el caso Vélez Loor contra Panamá, en donde se especifica que, de incumplir con estas características, se está frente a una detención arbitraria. Lo anterior se complementa con la normativa de origen internacional aplicable en México, en la que se encuentra la prohibición de la detención arbitraria, así como el principio de excepcionalidad en la detención, por lo que resulta necesario recurrir a medidas alternativas. 3. Verificación de las condiciones de la detención Por otro lado, las personas detenidas ("alojadas") en las estaciones migratorias deben ser tratadas con respeto a la dignidad inherente del ser humano. Se debe supervisar que se cumpla con lo previsto en las Normas para el Funcionamiento de Estaciones Migratorias así como con el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas. Esto quiere decir que se debe proporcionar condiciones dignas de detención como evitar el hacinamiento, asegurar que la población se encuentre dividida en hombres y mujeres, garantizar los derechos a la alimentación y a la salud, y propiciar actividades de recreación. 4. Utilización de medidas cautelares en los procedimientos migratorios fuera de la estación migratoria Las medidas cautelares surgen para evitar que la intervención judicial tenga resultados más lesivos o coloque a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente cuando están privadas de su libertad. Ahora bien, por la naturaleza de los actos que motivan a las personas migrantes y sujetas de protección internacional a acudir a tribunales, la medida jurídica más utilizada es la suspensión del acto con el amparo. Cuando el acto reclamado es la deportación -acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar del territorio nacional a la persona extranjera que no reúna los requisitos migratorios para su permanencia en el país- el Pleno de la SCJN ha emitido jurisprudencia confirmando la procedencia de la suspensión de oficio. La suspensión también puede solicitarse para el acto consistente en la privación ilegal de la libertad de personas migrantes y sujetas de protección internacional en estaciones migratorias. Al ser ésta una detención hecha por autoridades administrativas, el otorgamiento de la suspensión debe darse para efectos de que la persona quede en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento correspondientes. En este sentido se han pronunciado Tribunales Colegiados de Circuito, que reconocen que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional y quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez o Jueza de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Por otro lado, quienes juzgan pueden también adoptar medidas cautelares en los términos de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos y con apego a la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir violaciones de derechos humanos. Se pueden dictar este tipo de medidas para evitar mayores daños a las personas migrantes o sujetas de protección internacional. Para su emisión y supervisión, se debe tomar en consideración la opinión de las personas, los posibles daños a terceras personas, así como los elementos que puedan determinar su éxito." Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además, que la propia ley establece que la situación migratoria irregular, en ningún caso, configura por sí misma, la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Por lo anterior, y como lo estipulan los artículos 15, 125, 126 y 154, se concede la suspensión de plano, a Zulma Liseth Ponce Rodríguez y sus menores hijas Gabriela Alejandra Ponce Rodríguez y Daniela Liseth Pérez Ponce, para el efecto de que la autoridad responsable Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, no ejecute en agravio de la directa quejosa, deportación, rechazo, expulsión o devolución a su país de origen, asimismo, para el efecto de que, de no existir causa legal diversa que lo impida, instruya su inmediata libertad de las antes mencionadas, esto sin perjuicio del trámite migratorio al que se encuentra sujeta. Además, indíqueseles que una vez que se instruya su inmediata libertad, dentro del término de tres días posteriores, computado legalmente, deberán acudir ante la autoridad migratoria, a efecto de que les fijen las obligaciones o condiciones adquiridas (que no deberán ser de carácter económico, dada su calidad de migrantes), asimismo, que estarán obligadas a comparecer cuantas veces sean requeridas para la continuación del procedimiento administrativo de migración. En el entendido que de no atender lo anterior, o bien, las quejosas dejen de cumplir con las obligaciones que les sean fijadas, el Encargado de la Estación Migratoria y Estancias Provisionales en Reynosa, del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a quien se le notifica este auto por medio de oficio, deberá informarlo de inmediato para que este órgano jurisdiccional provea lo conducente. Requiérase a Zulma Liseth Ponce Rodríguez para que al momento en que acuda a las instalaciones del Centro de Atención a Menores Fronterizos (CAMEF), para que le sea entregada las menores hijas Gabriela Alejandra Ponce Rodríguez y Daniela Liseth Pérez Ponce, colme los supuestos ante la autoridad migratoria que son: a) Proporcionar ante la autoridad migratoria el domicilio o lugar en el que permanecerán y no se ausentarán sin autorización, así como también señalar medios alternos donde pueda ser localizada, como correo electrónico y número telefónico; información que deberá allegar a este Juzgado Federal. b) Acudir a este órgano jurisdiccional dentro del término de tres días, para fijar las obligaciones adquiridas, en representación de la menor. c) Deberá presentarse junto con la menor ante este Juzgado de Distrito, a firmar cada quince días, para el efecto de su registro en el libro correspondiente y estampar sus primeras firmas o, en su caso, su huella digital; obligación a la que deberá ajustarse a partir de que le sea entregada la menor, previo QR que tramite para dar cumplimiento e ingresar a las instalaciones de este Juzgado, en razón de que actualmente se encuentra restringido el acceso a este Juzgado, con motivo del fenómeno de salud pública a causa del virus denominado Covid-19, y en términos del Acuerdo General 2/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 22/2020, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la contingencia por el citado virus, en relación con el periodo de vigencia. d) Asimismo, estará obligada a comparecer junto con la menor, ante la autoridad migratoria, cuantas veces sea requerida para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Apoya lo anterior, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, que este tribunal comparte y reproduce: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Ello no implica que Zulma Liseth Ponce Rodríguez y sus menores hijas Gabriela Alejandra Ponce Rodríguez y Daniela Liseth Pérez Ponce, puedan circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; luego, la medida cautelar únicamente permite a las agraviadas circular en esta localidad. En la inteligencia que para el sentido de este auto se toma en consideración el contenido de la resolución emitida en sesión de diez de enero de dos mil diecinueve, dentro del recurso de queja 9/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, residente en esta ciudad, en el que se abordó similar supuesto jurídico, mismo que se invoca como hecho notorio y por tratarse de decisión emitida por un órgano revisor de los fallos de este juzgado. Por otra parte, se comisiona al Actuario de la adscripción, para que se constituya en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, con el objeto de que constate si en esa dependencia se encuentran detenida Zulma Liseth Ponce Rodríguez y de ser así, le notifique personalmente este proveído, la requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada; asimismo, las requiera para que en ese acto manifiesten cuál es su situación real respecto a su detención. Asimismo, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario adscrito para que se constituya en el Centro de Atención a Menores Fronterizos (CAMEF), con sede en esta ciudad, con el objeto de que constate si en esa dependencia se encuentra detenidas Gabriela Alejandra Ponce Rodríguez y Daniela Liseth Pérez Ponce, y de ser así, le notifique personalmente este proveído, y dé fe del estado físico en el que se encuentran las menores. Prevéngase a las autoridades para que otorguen las facilidades necesarias al Actuario de la adscripción, y así dé cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá como medida de apremio multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, con independencia de dar vista al Fiscal Federal correspondiente para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir por obstaculizar la función del fedatario de la adscripción. Ahora bien, la autoridad responsable deberá informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, el cumplimiento que haya dado o esté dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrá hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 8999265163, de lo contrario, se le requerirá por conducto de su superior jerárquico. En esa medida, indíquese a la responsable, que basta con que de cumplimiento al presente requerimiento por cualquier vía, por ejemplo si informa lo peticionado por correo oficial, resultará innecesario que lo haga también vía fax. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expeditez de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a la autoridad responsable, para que al momento de que rindan su informe proporcione a este órgano federal algún correo electrónico oficial o número de fax, para garantizar a las partes la expeditez a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ende, mediante oficio que se gire a las autoridades, por conducto de uno de los Actuarios adscritos, notifíquesele la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. En el entendido que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo además, hacer del conocimiento de la quejosa, el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quien estime conveniente, se les permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Sobre el tema, se estima aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 170578 y publicada en la página 15, del tomo XXVI, diciembre de 2007, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Como lo solicita la parte quejosa, se como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los citados en la demanda de garantías. Se giran instrucciones a la Analista Jurídico SISE para que realice las gestiones administrativas relativas al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para que la parte quejosa tenga acceso total al expediente electrónico derivado de este asunto, bajo el usuario Lic.EliabLeal. Por otra parte, con apoyo en el numeral 3º de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Dígasele a la promovente que de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en Ciudad de México, no hay inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese, sin demora a las autoridades para su inmediato cumplimiento y personalmente a las quejosas. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 11,832 expedientes
- Zualy Yaneth Cruz Rodríguez1160/2023
- Zulema del Carmen González Beas733/2019
- Zulema del Carmen González Beas734/2019
- Zuleyma Jamin Velazco3455/2022
- Zuleyma Santiago Xochihua894/2021
- Zulma Irene Que Angulo612/2015
- Zulma Yadira Sánchez Solís2002/2023
- Zulmi Nayeli Flores Enriquez1266/2022
- Zurisadai López Zúñiga637/2019