Zulma Dolores Ayala Armienta

Expediente 291/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 28 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
291/2016
Año
2016
Actuaciones
28
Última actuación
12/09/2016

Partes del expediente

  • Zulma Dolores Ayala Armienta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, doce de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, donde aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia de cuatro de agosto del año en curso. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a las nueve horas con cincuenta y un minutos del cuatro de agosto de dos mil dieciséis, estando en audiencia pública José Israel Hernández Tirado, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante la licenciada Sonia Jumilla Zamudio Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, procede a declarar abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. Acto continuo, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la secretaria hace relación de constancias y da cuenta con el estado procesal de autos. El Juez acuerda: De conformidad con lo dispuesto en los numerales 117 de la Ley de Amparo, se reitera la rendición de los informes justificados que emitieron las autoridades responsables. Se abre el periodo de pruebas. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el que se hace constar y certifica que ninguna de las partes ofreció pruebas. Al no existir medio de convicción pendiente por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar y certifica que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló el pedimento 174/2016, (fojas 41 a 48). A lo que el Juez acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el numeral inicialmente invocado, se tienen por reproducidos los alegatos formulados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y en vista de que las demás partes no expresaron alegatos, se cierra dicho período. Al no haber diligencia pendiente por desahogar se concluye la presente audiencia de ley, y se procede a dictar la siguiente resolución: Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 291/2016 promovido por Zulma Dolores Ayala Armienta, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa, y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: I. Presentación de demanda y contenido. Por escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el cual fue turnado el mismo día, a este Juzgado de Distrito de Distrito en el Estado (fojas 2 a 10); Zulma Dolores Ayala Armienta, promovió demanda de amparo solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos humanos que otorgan los artículos 14 y 16 Constitucionales, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. y Jefe de Averiguaciones Previas dependiente de la Subprocuraduría General de Justicia, del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa. 2. Subprocurador de Justicia en el Estado Zona Sur, con residencia en esta ciudad. 3. Jefe de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de la Zona Sur, residente en esta ciudad. 4. Jefe de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de la Zona Sur, con residencia en Culiacán, Sinaloa. 5. Agente Tercero del Ministerio Público del Fuero Común, con residencia en esta ciudad. 6. Agente Cuarto del Ministerio Público del Fuero Común, residente en esta ciudad. 7. Agente Primero del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en Culiacán, Sinaloa, 8. Agente Segundo del Ministerio Público del Fuero Común, residente en Culiacán, Sinaloa. 9. Agente Tercero del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en Culiacán, Sinaloa. 10. Agente Especializado en Desaparecidos del Ministerio Público del Fuero común Zona Centro, residente en Culiacán, Sinaloa. 11. Agente del Ministerio Público Especializada en Secuestro del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa. 12. Comandante de la Policía Ministerial de Estado, con sede en esta ciudad. 13. Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa. 14. Director de la Policía Municipal, con residencia en Culiacán, Sinaloa. 15. Director de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa. 16. Coordinador de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), con sede en esta ciudad. 17. Coordinador de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), con residencia en Culiacán, Sinaloa. 18. Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad. 19. Secretario de Seguridad Pública Municipal, con residencia en Culiacán, Sinaloa. 20. Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Especializado en Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, con sede en Culiacán, Sinaloa. ACTO RECLAMADO "La orden de aprehensión o presentación librada en contra de la quejosa." II. Admisión y trámite. Mediante auto de dos de mayo del presente año, este Juzgado de Distrito, admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó solicitar a las autoridades responsables su informe justificado, dar la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. En proveídos de seis de mayo, seis y dieciséis de junio y dieciocho de julio del año en curso, se tuvo por inexistentes y se suspendió toda comunicación con las autoridades responsables denominadas Coordinador de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), con sede en esta ciudad, Agencia Especializada en Desaparecidos del Ministerio Público del Fuero Común Zona Centro, Agencia del Ministerio Público Especializada en Secuestro del Estado de Sinaloa, Agentes Primero y Segundo del Ministerio Público del Fuero Común, Comandante de la Policía Ministerial del Estado, Agente Tercero del Ministerio Público del Fuero Común, Director de la Policía Municipal y Secretario de Seguridad Pública, con residencia en Culiacán, Sinaloa (fojas 22, 97 y 112). III. Audiencia constitucional, La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 48, 49 en relación con el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el acuerdo general 3/2013, que aprobó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del mencionado año, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que los actos reclamados tienen ejecución material dentro del ámbito de competencia territorial que corresponde a este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción I y 77, de la Ley de Amparo, es obligación del juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada y determinar con exactitud la intención del quejoso, se deben armonizar todos los datos de la demanda de amparo, interpretándola en un sentido de liberalidad y no restrictivo. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia identificada con la clave P./J. 40/2000, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, página 32, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, robustece a lo anterior, la Jurisprudencia identificada con la clave 2a./J. 55/98, correspondiente a la Novena Época aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Agosto de 1998 página 227, cuyo contenido es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." También, es de invocarse la Tesis aislada identificada con la clave P. VI/2004, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Abril de 2004, página 255, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Por ello, después del minucioso examen a la demanda de amparo, este juzgador fija como acto reclamado, el siguiente:  La orden de aprehensión y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de amparo apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, que en su caso, no permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Por lo anterior, este juzgador determina que no son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables 1) Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa; 2) Subprocurador Regional de Justicia en la Zona Sur del Estado; 3) Jefe de Averiguaciones Previas dependiente de la Subprocuraduría General de Justicia en la Zona Sur, del Estado de Sinaloa; con sede en esta ciudad; 4) Jefe de Averiguaciones Previas dependiente de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa; 20) Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, residente en Culiacán, Sinaloa; 6) Agente Tercero del Ministerio Público del Fuero Común; 7) Agente Cuarto del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en esta ciudad; 13) Director de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa; con sede en Culiacán, Sinaloa; 14) Comandante de la Policía Ministerial del Estado, Base 38, con sede esta ciudad; 17) Coordinador de la Unidad Especializada en Aprehensiones, con sede en Culiacán, Sinaloa; y 18) Secretario de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad consistente en la orden de aprehensión librada en contra de la quejosa Zulma Dolores Ayala Armienta. Lo anterior es así, pues dichas autoridades al rendir su informe justificado negaron la existencia de ese acto que se le atribuye y, al constituir dicho informe documental pública, se les concede valor probatorio pleno, al ser emitido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Aunado al valor referido, la quejosa no aportó prueba que desvirtuara el contenido de dicha documental; en consecuencia, es patente la negativa de los actos reclamados. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia VI 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y os quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, se sobresee el presente juicio de garantías, respecto a los actos reclamados por la quejosa Zulma Dolores Ayala Armienta, consistente en la orden de aprehensión y su ejecución librada en su contra. CUARTO. Transparencia y Acceso a la Información. En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por la parte quejosa en cuanto a la publicación de la presente resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta en versión pública, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos de dicha legislación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de garantías promovido por Zulma Dolores Ayala Armienta, respecto de los actos de autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en el considerando cuarto de la misma. Notifíquese.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dieciocho de julio de dos mil dieciséis. Se tienen por recibidas las piezas devueltas por el Administrador Postal, con sede en esta ciudad, que contienen los oficios 26408/2016, 26416/2016, y 26420/2016, de dos de mayo del año en curso, dirigidos a las autoridades Agente Tercero del Ministerio Público del Fuero Común, Director de la Policía Municipal y Secretario de Seguridad Pública, todos con sede en Culiacán, Sinaloa, de las que se advierte: "no existe autoridad". En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de dos de mayo de dos mil dieciséis, y se tiene por inexistentes a las autoridades responsables mencionadas en líneas que anteceden, además se suspende toda comunicación con las mismas. Notifíquese. Así lo acordó y firma José Israel Hernández Tirado, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Sonia Jumilla Zamudio, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, siete de julio de dos mil dieciséis. Vistos los autos, se advierte que aún no existe constancia que se hubieran notificado los oficios 26408/2016, 26416/2016 y 26420/2016, dirigidas a las autoridades responsables Agente Tercero del Ministerio Público del Fuero Común, Director de la Policía Municipal, y Secretario de Seguridad pública Municipal, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en los que se les solicitó rindieran informe justificado. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para hoy, SE DIFIERE para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. NOTIFÍQUESE.

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