Zulma del Carmen Quintanilla Martínez
Expediente 141/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 141/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Zulma del Carmen Quintanilla Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, seis de junio de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos los oficios de cuenta, signados por el Apoderado y Representante Legal del Órgano de Operaciones Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe de suspensión de plano en representación de las autoridades "Titular o Encargado de la Delegación Veracruz Norte, Titular Encargado de la Subdelegación 02 Xalapa, Director de Prestaciones Médicas y Titular o Encargado del Área de Farmacias de la Clínica UMF 66, todas del Instituto Mexicano del Seguro Social" e interpone recurso de queja contra el auto de treinta y uno de mayo del año en curso, en el que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados a la quejosa Zulma del Carmen Quintanilla Martínez. Al respecto, toda vez que en auto de treinta y uno de mayo del año en curso, se ordenó la separación de los juicios respecto de los actos reclamados por la quejosa Zulma del Carmen Quintanilla Martínez, consistentes en la negativa de las autoridades de otorgarle atención médica respecto al padecimiento de cáncer de mama así como la negativa de brindarle todos y cada de los medicamentos para tratar dicho padecimiento, archivándose el presente juicio, mismo que le correspondió conocer a este juzgado bajo el número de juicio de amparo 591/2022-I-B. Lo cual constituye un hecho notorio para el suscrito, de conformidad con lo que establece el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, previa copia simple que se obtenga de los oficios, se ordena su la remisión vía oficio de los mismos a los autos del juicio de amparo 591/2022-I-B del índice de este juzgado, a fin de allegarse de su contenido y acordar lo que en derecho corresponda. Finalmente, como lo solicita la autoridad responsable, ténganse como domicilio y delegados a los mencionados en su informe, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo; de igual modo, se toma conocimiento de los correos electrónicos para entablar comunicaciones con este juzgado; asimismo, se le tiene manifestando que no es su deseo recibir notificaciones electrónicas por dicho medio. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 497/2022-A, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta testimonio de la resolución dictada el doce de mayo del año en curso, dentro del recurso de queja 138/2022, de su índice, mismo que resolvió en los siguientes términos: "Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara parcialmente fundado el presente recurso de queja número 138/2022, interpuesto por Zulma del Carmen Quintanilla Martínez en contra del acuerdo dictado el cuatro de febrero de dos mil veintidós, por la Juez Décimo Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto número 141/2022, promovido por la propia recurrente, en el que se desechó la demanda de amparo." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; hágase del conocimiento de las partes la resolución de mérito, así como las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PROCEDENCIA DE LA SEPARACIÓN DE JUICIOS. Ahora bien, en estricto acatamiento a lo resuelto por la Superioridad, dentro de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 138/2022 de su índice, en el señaló que los actos reclamados en el presente juicio consisten en: a) La solicitud de baja de la aquí quejosa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del régimen obligatorio del seguro social, al haber sido separada de su empleo. b) La aceptación de la solicitud de baja efectuada por las autoridades dependientes de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz (patrón), y como consecuencia de ello: c) La negativa de otorgar a la aquí quejosa la atención médica respecto a su padecimiento de cáncer de mama. d) La negativa de brindarle todos y cada uno de los medicamentos para tratar ese padecimiento oncológico. Los actos reclamados consistentes en los incisos a) y b) se encuentran desvinculados de los diversos actos reclamados precisados con los incisos c) y d). En consecuencia, atendiendo a que los actos reclamados consistentes en: La negativa de otorgar a la aquí quejosa la atención médica respecto a su padecimiento de cáncer de mama. La negativa de brindarle todos y cada uno de los medicamentos para tratar ese padecimiento oncológico. Se encuentran desvinculados de los actos reclamados consistentes en la solicitud de baja de la aquí quejosa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del régimen obligatorio del seguro social, al haber sido separada de su empleo y de la aceptación de la solicitud de baja efectuada por las autoridades dependientes de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz (patrón), mismos que la Superioridad confirmó su desechamiento; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo, de oficio es procedente la separación material de juicios, a fin de que los actos reclamados c) la negativa de otorgar a la aquí quejosa la atención médica respecto a su padecimiento de cáncer de mama y d) la negativa de brindarle todos y cada uno de los medicamentos para tratar ese padecimiento oncológico, se estudien por separado con el objeto de garantizar los principios de exhaustividad y legalidad en el dictado de la sentencia que en su momento pudiera emitirse en el juicio de amparo que corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 76/97, sustentada por el Más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." En consecuencia, gírese atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para que le dé el trámite correspondiente a la referida separación, remitiéndola nuevamente a este juzgado, para estar en posibilidad de continuar con el trámite que haya lugar, dado que según se advierte de la ejecutoria dictada por la superioridad, fue a este Juzgado de Distrito, a quien se vinculó para proveer sobre la procedencia de la demanda, respecto de los actos citados en los incisos c) y d) de la relación anteriormente efectuada. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencial P./J. 78/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." Por otra parte, toda vez que la parte quejosa solicita la suspensión de plano de los actos reclamados, se provee lo siguiente: SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. Es conveniente precisar que el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre los que figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud; por tanto, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, mismo que permita a los individuos el acceso a otros derechos humanos como el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación; en este sentido, el objetivo consistente en proteger el derecho a la salud de los pacientes es un fin público, pues excede el mero interés de los particulares al ser una meta inherente del Estado mexicano, por lo que se pondera que con el otorgamiento de la suspensión no se afecta el interés social ni se trasgrede el orden público. Así, el acceso a la salud, establecido tanto en tratados internacionales como en el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que debe ser garantizado a favor de cualquier ser humano que se encuentre dentro del territorio nacional y en este caso a favor de las personas derechohabientes que se encuentran sujetos a una institución de salud pública, implicando a que están bajo el resguardo y responsabilidad del Estado, quien tiene la obligación de velar por la salud de éstos y respetar su dignidad, además que de permitir la continuación de la omisión de la que se duele la promovente, conlleva la posibilidad de que la afectación a su salud pueda ser irreparable aun cuando posteriormente se le practicaran los estudios necesarios, y se le otorgara la atención que requiere, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo, sería físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano cuya protección reclama. Cabe citar al caso, la tesis número 1a. XXIII/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 626, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, cuyo contenido literal es el siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁMBITO DE LA SALUD. El derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. En consecuencia, del análisis del contenido y estructura del derecho fundamental a la salud, se desprende que éste es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Por ello, en los asuntos de su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia de los valores que subyacen en el derecho a la salud, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto. Así las cosas, en virtud de la fuerza normativa de la Constitución, no resulta compatible concebir que los hospitales privados y su personal médico son regidos únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la salud de las personas. En efecto, en virtud de la complejidad de los sistemas jurídicos en la actualidad, y de la estrecha relación entre sus componentes normativos, es claro que existen numerosos ámbitos en los cuales no se puede hacer una división clara y tajante entre derecho público y privado. Lo anterior se actualiza en el ámbito de los hospitales privados y su personal médico, ya que su actuar tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes. En conclusión, no puede negarse que el objetivo consistente en proteger el derecho a la salud de los pacientes es un fin público, pues excede el mero interés de los particulares al ser una meta inherente del Estado mexicano". (Lo subrayado es propio) Ahora bien, la quejosa manifiesta en su demanda de amparo, que se le estaba proporcionado el tratamiento médico y los medicamentos con relación al cáncer de mama que padece, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, refiere que el dos de diciembre de dos mil veintiuno, acudió a la clínica médico familiar número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad, a surtir su receta mensual del medicamento que debe consumir de forma diaria como parte del tratamiento que corresponde al cáncer de mama que padece, el cual no le fue entregado, toda vez que le comentaron que había sido dada de baja como trabajadora de la Contraloría General del Estado. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 125 y 127, fracción I de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor de Zulma del Carmen Quintanilla Martínez, para los efectos que enseguida se precisan. LOS EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN consisten en que las autoridades responsables realicen lo siguiente: De manera inmediata le proporcionen la atención médica que necesita Zulma del Carmen Quintanilla Martínez, así como los medicamentos necesarios para su tratamiento médico respecto al cáncer de mama que padece; lo anterior, a fin de no ocasionarle una afectación mayor a la salud, debiendo las autoridades responsables, a través del médico adscrito, tomar las medidas adecuadas para su atención, todo ello bajo su más estricta responsabilidad, lo que se determina así, atendiendo a que el bien jurídico involucrado en este asunto es precisamente, la salud de la quejosa, por lo tanto deberá actuarse con la celeridad y eficacia que el médico respectivo reporte a la autoridad responsable. Lo anterior, con la celeridad que el caso amerita a fin de respetar el derecho del quejoso a la vida y a salvaguardar su integridad física. Se cita, por sus consideraciones jurídicas, la tesis aislada I.7o.A.316 A, Novena Época, emitida por el Sétimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1880, con número de registro 180445, del Semanario Judicial de la Federación con rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CONTRA LA ORDEN DE NO PROPORCIONAR EL TRATAMIENTO MÉDICO QUE PREVIAMENTE SE SUMINISTRABA AL QUEJOSO. El derecho a la salud, consagrado por el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la tesis P. XIX/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Por tanto, si el peticionario de garantías señala como acto reclamado la orden de dejar de proporcionar medicamentos y servicio médico, necesarios para el tratamiento de una enfermedad, que recibía con anterioridad a la presentación de la demanda, debe concederse la suspensión solicitada, al reunirse los requisitos contemplados por el artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que la consumación del acto reclamado sería de difícil reparación, pues podría implicar un deterioro irreversible en las condiciones de salud del agraviado; además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público." REQUERIMIENTO URGENTE A LAS RESPONSABLES. Con motivo de la suspensión de oficio y de plano decretada, se requiere a las autoridades responsables, para que: En el término de veinticuatro horas comuniquen a este Juzgado, a través de oficio, la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a los efectos de la suspensión de plano concedida al quejoso; debiendo agregar copia certificada escaneada o digitalizada de las constancias correspondientes que acrediten su dicho. Es oportuno aclarar que el término citado transcurre de momento a momento, sin tomar en consideración días y horas inhábiles. APERCIBIMIENTOS A LA RESPONSABLE, con motivo del anterior requerimiento, se les realizan los siguientes apercibimientos consistentes en que: 1. La violación a esta suspensión entraña el delito establecido en la fracción III, del numeral 262 de la Ley de Amparo, relativo a que se desobedezca un auto de suspensión debidamente notificado. 2. El no informar sobre las medidas tendientes al cumplimiento de la suspensión, puede dar lugar a que se actualice la comisión de un delito en términos de lo dispuesto por el artículo 215 del Código Penal Federal, por cuanto hace a la desobediencia, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. ARCHIVO DEL JUICIO DE AMPARO Asimismo, toda vez que el conocimiento del presente juicio únicamente es por los actos reclamados señalados con los incisos a y b, en el que la Superioridad determinó declarar infundados los agravios expuestos contra el desechamiento de dichos actos, con fundamento en el artículo 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda HA CAUSADO ESTADO. En mérito de lo anterior, acúsese el recibo de estilo correspondiente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo, asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, se deberá destruirse con posterioridad al TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos, por oficio a las autoridades responsables, a la superioridad y a la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el diverso oficio signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mismo que se encuentra dirigido al presente juicio de amparo. Al respecto, se acuerda: Téngase por recibido el oficio signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz y de manera electrónica por personal de dicho órgano, mediante el cual informa que se admite el recurso de queja interpuesto por la promovente de amparo Zulma del Carmen Quintanilla Martínez, contra del auto de cuatro de febrero del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo, radicándolo bajo el número 138/2022 de su índice; lo anterior, para los efectos conducentes Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la promovente de amparo ********************, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de cuatro de febrero del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos. Así las cosas, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99, de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto dicho medio de impugnación. En ese orden de ideas, en términos del precepto 101, de la Ley en comento, se rinde informe con justificación en relación con la materia de la queja, aceptándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Por tanto, remítase copia certificada de los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, al que deberá anexarse el escrito de agravios para la substanciación de la queja en comento. Aunado a lo anterior, a fin de que la superioridad tenga un acceso total a este expediente, con apoyo en los artículos 28, 39, 40 y demás aplicables del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena poner a disposición del Tribunal Colegiado, la versión electrónica del expediente en que se actúa, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, por lo que se instruye a la Oficial Judicial A para que habilite esa función. Notifíquese por lista de acuerdos.
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