Zuleyma Patricia Pérez Méndez y Otros.
Expediente 1598/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1598/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/11/2022
Partes del expediente
- Zuleyma Patricia Pérez Méndez y Otros.
- Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral Región I, en esta Ciudad
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, de cuyo contenido se advierte que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto contra el auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, emitido en la presente incidencia, y se registró bajo el recurso de queja 497/2022. Se toma nota de lo informado, quedando a la espera este órgano jurisdiccional de la ejecutoria que dicte dicho Tribunal de Alzada. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda promovido por Zuleyma Patricia Pérez Méndez, contra actos del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral Región Uno, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1598/2022-II. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Antes de proveer sobre su admisión y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que la justiciable señala como acto reclamado destacado, el siguiente: Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que eventualmente el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, como lo dispuso en la Jurisprudencia, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Sin embargo, respecto al acto reclamado en esta vía, este Órgano de Control Constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 con relación al diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu. Los artículos citados en el párrafo que antecede, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la reciente interpretación realizada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe entenderse aquellos actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Por el contrario, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores. El prototipo de estos actos se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar alguna huella en su esfera jurídica. Es decir, los actos de imposible reparación se actualizan cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Al respecto, debe destacarse que en la actual Décima Época las excepciones establecidas para la procedencia del juicio de amparo bi-instancial relativas a cuando las violaciones procesales causan una afectación de grado predominante o superior, que ya no puedan repararse en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, ya no se ubican en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto. A partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo transcrito ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; de ahí que, puede afirmarse que con esa precisión el legislador proporcionó mayor claridad al texto y seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación. Por consiguiente, el legislador estableció que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además, que esa afectación debía recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La referida interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consiste en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En tanto que la fracción V del segundo dispositivo transcrito, estatuye la procedencia del juicio de garantías contra actos de los tribunales dentro de juicio que produzcan situaciones de carácter irreparable para el quejoso, en su persona o en sus bienes. Por tanto, para determinar si un acto encuadra en la fracción transcrita, debe verificarse lo siguiente: Que no encuadre en alguno de los supuestos que prevén los artículos 172 (violaciones al procedimiento que afectan las defensas del quejoso en materia civil, administrativa o del trabajo) y 173 (en materia penal), ambos de la Ley de Amparo; pues las infracciones que contemplan estos preceptos solamente podrán reclamarse, en su caso, en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo. Que la presunta violación no pueda repararse mediante la promoción de un recurso, o bien, que sea susceptible de estudiarse en la resolución final que se dicte en el juicio natural; y, Que la violación procedimental afecte materialmente derechos sustantivos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México sea parte. De ahí que, tal y como lo ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si la omisión reclamada en el presente juicio de amparo, se da dentro de un procedimiento, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto, consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso, puesto que no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en el que el quejoso es parte, sino que se da en el contexto del juicio, por lo que tiene un carácter adjetivo; en tanto que, lo único que reclama es que la autoridad responsable no ha dado contestación a la solicitud de la parte quejosa en el juicio burocrático de origen. Por lo que, se concluye que el acto reclamado no se puede considerar como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que, se da juntamente dentro del mismo, esto es, la falta de prosecución del trámite; puesto que, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Resulta aplicable, la Jurisprudencia, de rubro y textos siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2008, determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, la demanda será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que debieron legamente pronunciarse. Ejecutoria de la que derivó la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019, que dice: Es aplicable, la jurisprudencia, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS.." En el caso, la parte quejosa manifiesta que el treinta de septiembre de dos mil veintidós promovió demanda laboral ante el Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral Región Uno, con sede en esta ciudad, misma que fue radicada bajo el número de expediente 901/2022, sin que a la presente fecha haya realizado el emplazamiento a las demandadas; lo anterior, pone de manifiesto que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (nueve de noviembre de dos mil veintidós), únicamente han transcurrido treinta y cinco días naturales, tomando en consideración que el 12 y 31 de octubre; 1 y 2 de noviembre del año en curso, fueron inhábiles. De ahí que en la especie no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales que estableció la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como parámetro para que proceda el juicio de amparo en contra de dilaciones de las autoridad en materia laboral para el dictado de proveídos; dado que la propia quejosa refiere que la petición que realizó ante la autoridad responsable fue el treinta de septiembre de dos mil veintidós por lo que, es notorio e indudable que a la fecha de la presentación de la demanda no se ha configurado dilación excesiva, y por ende, queda de manifiesto que no se han transgredido derechos sustantivos en términos del artículo 107, fracción V de la Ley de la Materia. En consecuencia, es evidente que en el caso concreto, ha surgido la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 con relación al diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu; en ese sentido, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, por identidad jurídica la Jurisprudencia, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACIÓN AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en esta ciudad y, como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que cita por así haberlo solicitado. Ahora, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se encontró registrado el usuario "FILIBEPA"; se autoriza la consulta del expediente electrónico con el citado usuario. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la autorización de consulta de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. Se le hace saber a las partes que intervienen en este asunto que deberá privilegiarse el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias. Se informa a las partes que en el Portal de Servicios en Línea https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ se encuentran disponibles las listas de acuerdos, además de información acerca de los expedientes a cargo de este Juzgado de Distrito...
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa mediante el cual solicita se envíe en vía de alcance al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, respecto al incidente de inejecución de sentencia 9/2022, los informes rendidos por el Gobernador del Estado de Chiapas y la Secretaría de Hacienda del Estado, respecto a la información proporcionada en cuanto al techo financiero otorgado a favor del Ayuntamiento Muncipal de Motozintla respecto de los años 2021 y 2022, esto con la finalidad de valorar que dicho ayuntamiento y sus autoridades vinculadas son contumaces y evasivos en el cumplimiento del fallo protector; asimismo, copias certificadas de los oficios rendidos por el Gobernador del Estado de Chiapas, Secretaría de Hacienda del Estado y Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas. Ahora, respecto a que se remitan las referidas copias al Tribunal de Alzada, se reserva a proveer lo conducente hasta en tanto la misma informe respecto a la admisión del referido incidente de inejecución. Por otra parte, con fundamento en el artículo 3° de la legislación de la materia, expídasele las copias que solicita, previa razón de entrega que se deje en autos y autorizando para recibirlas a las personas que indica en su escrito de cuenta. NOTIFÍQUESE.
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