Zulema Salazar Felix

Expediente 654/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 1 actuación registrada, la última del 14 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
654/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
14/10/2020

Partes del expediente

  • Zulema Salazar Felix

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS PUBLICADA EN LOS ESTRADOS Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la demanda de amparo que promueve Zulema Salazar Félix, contra actos de la autoridad responsable que precisa en la misma, fórmese el expediente respectivo, regístrese bajo el número 654/2020-6A y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. DESECHAMIENTO Ahora, derivado del análisis integral del escrito petitorio de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Zulema Salazar Félix, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, y otra. De acuerdo con el citado numeral, este Juzgado de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Luego, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, de manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Por tanto, procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, acorde al contenido de la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril de 2000, tomo XI, en la página 32, con número de registro 192097, del epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese contexto, el artículo 61, fracción XXIII1 , de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando la causa provenga de alguna otra disposición legal. Por su parte, el numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De dicho precepto legal, se advierte que el juicio de amparo será procedente cuando los actos que se reclamen dentro de un juicio, tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación Además, prevé que los actos de imposible reparación, son aquellos que afectan derechos sustantivos contenidos en la Constitución o en Tratados Internacionales. Así, de la interpretación sistemática de los citados numerales, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos en juicio, cuyos efectos no tengan, sobre las personas o cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Conjuntamente, que por actos de imposible reparación, debe entenderse aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Respecto de este punto, debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , al interpretar el contenido del numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: 1) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo. 2) La diversa, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, determinó que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones directas a los artículos 8º y 17 constitucionales, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, como sería la incorrecta prosecución del trámite; de ahí que el juicio de amparo promovido contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Dichas consideraciones dieron origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, mayo de 2016, tomo II, página 1086, con registro 2011580, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En ese orden de ideas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a lo que debe considerarse una abierta dilación en materia laboral, en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el uno de marzo de dos mil diecinueve, número de registro 2019400, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En este contexto, en materia laboral, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, resoluciones y laudos, o en la realización de cualquier otra diligencia, es necesario que hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo que la responsable tiene para pronunciarse o realizar los actos respectivos. Ahora bien, de los artículos 837 y 838 de la Ley Federal del Trabajo, refieren: "Artículo 837. Las resoluciones de los tribunales laborales son: I. Acuerdos: si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio; II. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias: cuando resuelvan dentro o fuera de juicio un incidente; y III. Laudos: cuando decidan sobre el fondo del conflicto." "Artículo 838. La junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en las que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta ley." Así, de los citados dispositivos normativos, son un referente útil, por identidad de razón, para establecer cuándo se actualiza una dilación procesal excesiva que paralice el procedimiento laboral ya que las Juntas dictarán sus determinaciones en el mismo acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que se reciba por escrito. En este caso, no se advierte la dilación excesiva para que la responsable en relación con los actos destacados por la impetrante de amparo, consistentes en: "PRIMERO: Se reclama que la Autoridad Responsable transgredió y vulneró los artículos 735, 940, 944 y ESPECIALMENTE EL ARTÍCULO 838 de La Ley Federal del Trabajo, en el aspecto de que la responsable ha violentado DERECHOS HUMANOS del quejoso, al omitir acordar en tiempo y dentro de los parámetros legales que establece la ley que rige la materia, tardando la responsable en acordar dentro de un término exageradamente TARDIO, ya que desde el DÍA 03 Y 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 se promovió para que se lleva a cabo la respectiva AUDIENCIA DE LEY violentando con esto, lo establecido en los artículos 735, 940, 944 y ESPECIALMENTE EL ARTÍCULO 838 de Ley Federal del Trabajo que excede LAS 48 HORAS que establece ULTIMO precepto invocado." Lo anterior, tomando en consideración que respecto de lo señalado, la autoridad responsable reanudó sus labores a partir del diez de agosto pasado, por lo que es a partir de esa data que habría de valorarse el inicio de la abstención que se aqueja la parte peticionaria, esto es, acorde a lo previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Luego, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad el nueve de octubre de la presente anualidad, es evidente que a la fecha de la emisión de la presente determinación judicial, no ha transcurrido el mínimo de cuarenta y cinco días que se requieren para la configuración de la dilación excesiva para la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, en virtud de que mediante circular 12/2020/JLCA/MXLI y diversas, atendiendo al brote de SARSCOV2 (Covid 19) en nuestro país, se estableció como parte de las medidas implementadas, la suspensión de términos procesales de los procedimientos ordinarios y especiales de carácter individual y colectivo tramitados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a partir del dieciocho de marzo del año que transcurre, los cuales fueron reactivados a partir del diez de agosto del año en curso, como se indica en la referida circular; por ende, es evidente que no existe una abierta dilación. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Zulema Salazar Félix. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda, por autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que refiere, y para oír y recibir notificaciones a las personas que precisa en el mismo. EXHORTACIÓN Ahora bien, frente al fenómeno de salud pública con carácter de pandemia generado por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha establecido lineamientos para el funcionamiento de los órganos y áreas administrativas, así como diversas medidas de índole sanitarias en concordancia a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para contención y evitar la propagación del contagio del mencionado patógeno. Se hace énfasis a las partes que en cuanto a la tramitación del presente juicio de amparo, en todo momento habrán de ponderar prudentemente la necesidad de su presencia acorde a los criterios de sanidad conocidos y subsecuentes que se divulguen oficialmente, para lo cual se les exhorta para que continúen la sustanciación del presente sumario constitucional, mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que las partes puedan promover, consultar y notificarse electrónicamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos, así como de egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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