Zulema Rodríguez Herrera

Expediente 524/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
524/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
20/07/2021

Partes del expediente

  • Zulema Rodríguez Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Encargado de la Subdirección de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Acayucan, Veracruz, recibido vía correo electrónico institucional, y désele valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el numeral 2° de la ley en la materia. En atención a su contenido, y en relación al oficio 17041, se le tiene informando respecto al cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en autos. En esas condiciones, y visto el estado procesal de autos, se obtiene que en proveído de dieciséis de julio pasado, se tuvo al Secretario del Juzgado Decimonoveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, aceptando la competencia planteada por el suscrito, para conocer de la demanda de amparo promovida por la quejosa ZULEMA RODRÍGUEZ HERRERA. En esas condiciones, se ordena la remisión del oficio con registro 10398, al Juzgado Decimonoveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, a fin de que sea acordado conforme a derecho proceda. Consecuentemente, déjese copia certificada del oficio con registro 10398, por la autoridad responsable Encargado de la Subdirección de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Acayucan, Veracruz, para que obre como corresponda en autos. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Decimonoveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, recibido en línea; y en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se tiene informando que aceptó la competencia planteada por el suscrito, para conocer de la demanda de amparo promovida por la quejosa ZULEMA RODRÍGUEZ HERRERA. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) El presente cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo 524/2021, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que es un expediente auxiliar. b) Por lo que transcurridos más de seis meses del dictado del presente proveído, SE DESTRUIRÁ. c) Este asunto no se considera de relevancia documental, en los términos del artículo 15 del aludido Acuerdo General. d) Por último, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, respecto de la fecha del acuerdo por el que se ordena su archivo, así como indicando la valoración que corresponda (relevancia documental, conservable, depurable o destruible) como al efecto establece el artículo 35 de la normativa de mérito. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, y en relación a los oficios 17042, 17043 y 17044, se le tiene informando respecto al cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en autos. En esas condiciones, y visto el estado procesal de autos, se obtiene que en proveído de ocho de julio pasado, este juzgado, con fundamento en la facultad derivada del artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estimó carecer de competencia para conocer del asunto, y ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, para que por su conducto se sirviera remitirla al Juez de Distrito en turno, a quien se estime competente para conocer del acto reclamado, para que si así lo considera procedente, se avocara al conocimiento del asunto; solicitándole que haga del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie. En esas condiciones, se ordena la remisión del oficio con registro 10090, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, para su turno al órgano judicial que corresponda, a fin de que sea acordado conforme a derecho proceda. Consecuentemente, déjese copia certificada del oficio con registro 10090, por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz, para que obre como corresponda en autos. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ZULEMA RODRÍGUEZ HERRERA, contra actos del 1. Titular de la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 524/2021, en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA. Con fundamento en la facultad derivada del artículo 48 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda, este órgano jurisdiccional estima CARECER DE COMPETENCIA para conocer del asunto. Como punto de partida para evidenciar tal aserto, se precisa que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el suscrito, previo a pronunciarse respecto de cualquier otra cuestión relacionada con la materia del presente juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Ello es así, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que se haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en términos del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 37 y 48 de la ley de la materia. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 36, tomo 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, registro 218721, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Así, de la intelección de los artículos 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37 de la Ley de Amparo, se advierte -en lo que interesa-, el establecimiento de tres reglas para fijar la competencia por territorio de los jueces de Distrito: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito judicial y siga su ejecución en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. En el caso, la promovente destaca como actos reclamados los siguientes: a). Los actos prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo en relación al 22 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en el que teme de ser deportada o expulsada del país. b). La orden de detención, deportación, repatriación y su ejecución, emitida en contra de la parte quejosa. c). La negativa de respetar mi derecho de libertad personal y de libre Tránsito y locomoción, para viajar libremente y trasladarme o transitar de un lugar a otro dentro del estado y dentro de la República Mexicana. d). La falta de atención de autoridades del Instituto Nacional de Migración, para darle seguimiento a mi petición de refugio. e). La detención y privación de mi libertad a que hacen en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz, por parte del personal del Instituto Nacional de Migración. Asimismo, manifiesta que la quejosa ZULEMA RODRÍGUEZ HERRERA, fue detenida e ingresada privada de su libertad a la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz, del Instituto Nacional de Migración, ubicada en Acayucan, Veracruz. En ese sentido, se advierte con meridiana claridad que el caso concreto se ubica dentro de la primera de las hipótesis de competencia que dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado se esté ejecutando (como en el caso acontece) debe conocer del juicio aquél juez donde ocurre tal hecho; ya que los efectos de tal actuación están limitados a una ejecución material dentro de la circunscripción territorial de dicho juzgador. Así, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, advierte carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo, por razón de territorio, acorde a lo previsto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, debido a que la ejecución de los actos reclamados tiene verificativo en un lugar donde este juzgado federal no ejerce jurisdicción; pues como se advierte de la propia demanda de amparo, la quejosa ZULEMA RODRÍGUEZ HERRERA, se encuentra detenida e ingresada privada de su libertad a la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz, del Instituto Nacional de Migración, ubicada en Acayucan, Veracruz, lugar que, como se desprende del Acuerdo General invocado, esta sito dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz con sede en Coatzacoalcos, Veracruz. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, por las razones que la informan, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2004166, de la Décima Época, visible en el Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Pagina 383, Materia Común, del tenor literal: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables". Así como por analogía y por su idea jurídica, la tesis con registro 230863, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, visible en el Tomo I, Segundo Parte-1, Enero-Junio de 1988, Materia Penal, Pagina 54, del Semanario Judicial de la Federación, en la Octava Época, con rubro y texto: "ACTOS PRIVATIVOS DE LIBERTAD, COMPETENCIA ENTRE JUECES. VALOR PREPONDERANTE DEL DICHO DEL QUEJOSO PARA DETERMINAR EL LUGAR DE EJECUCION. En principio, el juicio de garantías contra actos que afecten la libertad personal debe promoverse ante el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentre el quejoso, pues sólo ahí podrán ejecutarse éstos, conforme a lo establecido por la Ley de Amparo en su artículo 36. En el caso a estudio el quejoso ha señalado su domicilio particular en la ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz, y señaló en su escrito de demanda como ejecutoras al C. Inspector General de la Policía, los CC. Comandante y Jefe de Grupo de Agentes de la Policía Judicial del Estado, todas ellas con domicilio en San Andrés Tuxtla, Veracruz; al C. Delegado de la Policía Preventiva del Estado zona sur con residencia en Acayucan, Veracruz, y al C. Comandante o Jefe del Grupo Móvil de la Brigada de la Policía del Estado destacamentado en Santiago Tuxtla, Veracruz, por lo que en la presente hipótesis este Tribunal estima que la competencia se surte en favor del Juez Tercero de Distrito, en cuya jurisdicción se encuentran las autoridades ejecutoras señaladas por el quejoso, en virtud de que la sola circunstancia de que el amparista haya manifestado que su domicilio particular se encuentra en Xalapa no significa que la orden de aprehensión tenga que ejecutarse necesariamente ahí sino que tendrá que efectuarse donde el amparista se encuentra, es decir, donde desarrolle sus actividades aunque no pueda considerarse ese su domicilio, razón por la cual el dicho del quejoso tiene valor preponderante para determinar el lugar donde tome o estime que pueda privársele de la libertad al ejecutarse la orden de aprehensión, pues sólo él sabe dónde estará físicamente". Luego, atento a las precisiones antes efectuadas, no hay lugar a dudas de que el Juzgado de Distrito competente para conocer del presente asunto es el ubicado en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz; en consecuencia, remítase la demanda promovida, con sus respectivos traslados, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, para que por su conducto se sirva remitirla al Juez de Distrito en turno, a quien se estima competente para conocer del acto reclamado, para que si así lo considera procedente, se avoque al conocimiento del asunto; solicitándole que haga del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie. Asimismo, con una copia certificada del escrito de demanda relativo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, tomando en consideración que la promovente señala como actos reclamados la privación de su libertad personal por efecto de los actos prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo en relación al 22 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en el que teme de ser deportada o expulsada del país; la orden de detención, deportación, repatriación y su ejecución, emitida en contra de la parte quejosa; la negativa de respetar mi derecho de libertad personal y de libre Tránsito y locomoción, para viajar libremente y trasladarme o transitar de un lugar a otro dentro del estado y dentro de la República Mexicana; la falta de atención de autoridades del Instituto Nacional de Migración, para darle seguimiento a mi petición de refugio, y la detención y privación de mi libertad a que hacen en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz, por parte del personal del Instituto Nacional de Migración, el suscrito procede a acordar en los términos siguientes: En atención a los actos reclamados consistentes en el aseguramiento, alojamiento y/o detención (privación de la libertad) de la que dice es objeto la directo quejosa, fuera de procedimiento, se considera que respecto de dichos actos es procedente conceder la suspensión de plano en términos de lo dispuesto por el artículo 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Así es, y para una mejor comprensión de lo anterior, es necesario citar el artículo 126 de la vigente Ley de Amparo, que dice: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Del precepto legal antes trascrito se puede advertir, para lo que aquí interesa que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate, entre otros actos, de los que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, así como los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, se desprende que la medida suspensional, en esos supuestos, se decretará de plano en el mismo auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio, a efecto de que proceda a su cumplimiento inmediato. En consecuencia, como hasta este momento sólo se cuenta con las manifestaciones que la promovente hizo en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de encontrarse detenida y alojada en la estación migratoria ubicada en Acayucan, Veracruz, ordenada por la autoridad de migración, bajo la apariencia del buen derecho que establece el artículo 138 de la Ley de Amparo, y toda vez que no se advierte que tal medida sea consecuencia de la comisión de un delito, sino de una presunta irregularidad migratoria, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, respecto de los actos de privación reclamados, y sin requisito de garantía alguna, para el efecto de que: Una vez sustanciado el procedimiento migratorio incoado a la quejosa ZULEMA RODRÍGUEZ HERRERA, se resuelva su situación migratoria dentro del país, y de ser procedente, sin demora alguna, sea puesta en libertad; ello sin perjuicio de que la autoridad administrativa de haber iniciado el procedimiento correspondiente, dé continuidad hasta su legal conclusión, bajo la reserva de libertad del quejoso, quien deberá quedar a su disposición para la continuación del procedimiento. En el entendido de que la quejosa queda a disposición de este Juzgado de Distrito, y posteriormente, al Juzgado de Distrito en turno, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, que por razón de turno corresponda conocer de esta demanda, en cuanto a su libertad personal y, de la autoridad responsable migratoria, únicamente para la continuación del procedimiento administrativo que se hubiese iniciado o se inicie en consecuencia, en el que deberán tomar en consideración lo previsto en el capítulo VI "De los Derechos de los Alojados en las Estaciones Migratorios" de la Ley de Migración. Además, dicha medida se otorga y subsistirá, siempre y cuando se cumpla con las medidas de aseguramiento que a criterio del suscrito se estiman adecuadas, y que corresponden a las siguientes: 1. La quejosa deberá presentarse ante la autoridad responsable para la continuación del procedimiento migratorio correspondiente, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente resolución, y cuantas veces sea requerida para ello. 2. Así también, deberá presentarse ante la autoridad administrativa, aquí señalada como responsable, los días lunes de cada semana, o el siguiente hábil si aquél no lo fuere. Para tal efecto, se requiere a la autoridad responsable, a fin de que establezca un sistema de registro, para que se certifiquen las comparecencias de la quejosa con la finalidad de dar cumplimiento a la presente medida de aseguramiento, y lo informe de inmediato a este Juzgado, lo cual deberá hacer a partir la fecha en que la quejosa realice la primera presentación y, en su caso, que no se cumplió con esa o cualquier posterior comparecencia. 3. Así también, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente resolución, la quejosa deberá proporcionar y acreditar ante este Juzgado de Distrito o de aquél que por razón de turno corresponda continuar en el conocimiento de este asunto, el domicilio donde residirá, o aquél en el que permanecerá y en el que se le practicarán las citaciones que resulten necesarias. 4. Por otra parte, la directamente quejosa no podrá ausentarse sin previa autorización del Juez de Distrito que continúe en el conocimiento de este asunto, del domicilio que al efecto señale para su resguardo. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no cumplir con las obligaciones que han sido impuestas, quedará sin efectos la suspensión otorgada. Asimismo, se precisa que la medida cautelar aquí decretada surtirá efectos de inmediato, puesto que la aquí quejosa goza además, de la presunción de inocencia y, por tanto, no se debe restringir su libertad personal mientras no esté acreditada que haya cometido alguna conducta contraria a derecho, o que exista determinación alguna que justifique la necesidad de que continúe la detención y alojamiento de los que se viene doliendo la directa quejosa, por encontrarse, incluso, a disposición de diversa autoridad jurisdiccional en relación con la detención de que se trata. Además, se requiere a la autoridad migratoria señaladas como responsable, para que obedezca esta orden bajo la más estricta responsabilidad y de manera inmediata, debiendo informar al Juzgado de Distrito que continúe en el conocimiento de esta demanda de amparo, de la misma manera sobre el cumplimiento dado a esta medida. Se le apercibe que de no hacerlo incurrirá en la probable comisión de un hecho delictivo, sancionable con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, en términos del artículo 262 de la Ley de Amparo aplicable. En otro orden de ideas, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, proteger su integridad corporal, e impedir cualquier acto que tenga como resultado la expulsión del país, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, también SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cesen o no se lleven a cabo cualquier acto que pudiera tener como resultado la deportación o expulsión del país de la parte quejosa, debiéndose obedecer esta orden bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad señalada en la demanda como responsable, quien deberá informar a este Juzgado de manera inmediata, sobre el cumplimiento dado a esta medida, sin perjuicio de la continuación del procedimiento administrativo, que en su caso, se instruya en contra de la parte quejosa. Sirve de sustento a la presente determinación, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo."2 Apercibida, que de no hacerlo se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 262 de la Ley de Amparo aplicable. En el entendido que la presente suspensión de plano, no tiene por efecto autorizar a la parte quejosa a realizar cualquier actividad diversa de aquella que legalmente le haya sido autorizada por la autoridad competente, en su momento, para permanecer en el territorio nacional, por lo que en caso de que la autoridad migratoria respectiva lo encuentre realizando actividades diversas a aquellas por la que le llegue a ser otorgado permiso para permanecer dentro del país, esta suspensión no surtirá efecto legal ni material alguno. Asimismo, en caso de negarse a recibir el oficio que al efecto se gira, constituye también un desacato que sancionan las leyes penales. Además se le impondría una multa de cien días de salario, en términos del dispositivo 245 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Roberto Jaimes Sandoval y Job Hiram Olvera Cruz, puesto que acreditan la calidad de licenciados en Derecho, al tener sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De igual forma, téngase únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las restantes personas; dado que no se encuentran registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito, y Juzgados de Distrito, de toda la República Mexicana. Asimismo, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense por lista de acuerdos todas las notificaciones a la parte quejosa, incluso las de carácter personal, en virtud de que señaló como domicilio procesal provisionalmente los estrados de este órgano jurisdiccional. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma electrónicamente, Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su primer período vacacional, que comprende del cinco al diecinueve de julio de dos mil veintiuno; según consta en el oficio CCJ/ST/1445/2021 signado por el Secretario Técnico de la citada Comisión, asistido de la Secretaria Ingrid Alvarez Cruz, con quien actúa y da fe. Firmas y Rúbricas.

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