ZULEMA LOPEZ VALENZUELA y Otros.
Expediente 629/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- ZULEMA LOPEZ VALENZUELA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el acuerdo de trece de octubre del año en curso, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************y********************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada la parte quejosa del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de trece de octubre del año en curso, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón elaborada por la Actuaria Judicial de la adscripción el catorce de octubre de dos mil veintidós, en la cual hizo constar la imposibilidad para notificar personalmente a los quejosos ******************** y ********************, el acuerdo dictado el pasado trece de octubre, dictado en este juicio de amparo, toda vez que el domicilio que señalaron en autos para oír y recibir notificaciones se encuentra deshabitado y sucio; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese por lista electrónica y por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, a la parte quejosa el presente acuerdo, y el diverso emitido el pasado trece de octubre, dictados en este juicio de amparo, así como los autos subsecuentes, aun los de carácter personal. _____________________________________________________________SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS QUE DICE: _______________Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el escrito firmado por Zulema López Valenzuela y Carlos Federico Camargo López, a través del cual promueven demanda de amparo contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Formación y registro del expediente Fórmese expediente tanto impreso como electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 629/2022-4B. Desechamiento De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo, otorgan la facultad al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". De la lectura de la demanda de amparo se advierte que los promoventes señalaron como autoridades responsables y actos reclamado los siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES III.-AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como autoridades ORDENADORAS Y EJECUTORAS a: a).- Lic. Carlos Jesús Armenta Perea, PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SINALOA, con domicilio en calle Marcial Ordoñez y Allende S/N, Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, Planta Baja, Colonia Centro de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, C.P. 81200; b) Lic. ERIKA HIGUERA CHAVEZ, SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SINALOA, con domicilio en calle Marcial Ordoñez y- Allende S/N, Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, Planta Baja, Colonia Centro de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, C.P. 81200; IV. ACTOS RECLAMADOS QUE SE COMBATEN.- Estando bajo protesta manifiesto: 1.- PRIMERAMENTE.- De las autoridades responsables denominadas "ORDENADORAS y EJECUTORAS" reclamo a).- Los actos y omisiones de la secretaria de acuerdos y todas y cada una de las actuaciones del juicio laboral del expediente J.E.No.2-08 515/2022, seguido ante el H. PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SINALOA, con domicilio en calle Marcial Ordoñez y Allende S/N, Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, Colonia Centro de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, trámite que se llevó en forma inadecuada, por la funcionaria en omitir escribir el nombre de nuestro apoderado legal, ocasionando la falta de personalidad en el juicio laboral que se lleva a cabo en la Junta Local número 2 de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y en el cual improcedentemente nos deja en estado de indefensión para defendernos en juicio.". Asimismo, del contenido de la demanda de amparo y anexos, se advierten como antecedentes, que: "Xl.- HECHOS 1.- Que los suscrito iniciamos un negocio de preparación y venta de papa fritas, en el ubicado por calle Privada Febrero 1081, de la Colonia Álamos I, en esta Ciudad de Los Mochis, y para la elaboración intervienen la familia y personas externas para su preparación y venta del producto. 2.- Así las cosas, que fuimos demandados por una trabajadora ante la Junta Especial numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, formándose el expediente 515/2022 y contestando los suscrito mediante escrito el día 1 de septiembre de los presentes en un acto de buena fe y se señaló fecha por parte de la ordenadora y ejecutora el día 10 de octubre de los presentes a las once horas, presentándonos ante la autoridad el día y hora antes señalada. 3.- Es el caso Honorable magistrado que acudimos a la junta Especial numero dos de Conciliación y Arbitraje el día y hora antes señaladas, para que se llevara a cabo la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones. 4.- Así las cosas, que nos presentamos y nos identificamos con nuestras credenciales de elector del Instituto Nacional Electoral, haciéndonos la devolución de nuestras credenciales dejando copias fotostáticas de la misma previamente cotejadas, así mismo se identifico como nuestro apoderado legal el Lic. Jaime Soberanes Ríos identificándose con su cedula profesional de numero 5163810 quedando previamente su carácter antes mencionado. 5.- Es el caso que iniciada la audiencia por la Lic. Erika Higuera Chávez secretaria de acuerdos les reconoce la personalidad a los licenciados de la parte actora, parte seguida nos da el uso de la voz manifestando los suscritos que en este momento designamos al licenciado Jaime Soberanes Ríos como nuestro apoderado legal a quien le conferimos poder amplio, cumplido y bastante en el presente juicio para que nos representen el presente conflicto laboral ante esta Honorable junta en términos previsto del artículo 692 y 693 de la Ley Federal de Trabajo, y al terminar en pronunciar la última palabra, inmediatamente le señalamos que corrigiera las palabras designo por designamos, la palabra confiero por conferimos y que había omitido transcribir el nombre de Jaime Soberanes Ríos, a lo que nos dijo con las manos frente a su cara moviéndolas a un lado a otro que ya no, que se nos había pasado el tiempo, que no teníamos por demostrada la personalidad y que era mejor que negociáramos con la demandada porque si no, íbamos a pagar mas de $40,000 (CUARENTA MIL PESOS 00/100). 6.- Es el caso que nos señaló la secretaria de acuerdos que ya estábamos fuera del juicio y que ya no se podía siquiera llegar a una negociación o arreglo conciliatoria con la parte actora y consecuentemente no dejando utilizar el uso de la voz a efecto de estar en condiciones de que se nos diera la oportunidad de defender nuestros derechos y se nos diera también el derecho de audiencia, lo cual no sucedió. Dato curioso también lo fue que ya terminada la audiencia y firmada de nuestra parte bajo protesta por lo que había sucedido, le quita la última hoja donde ya habíamos firmado los tres, y nos dice que la volvamos a firmar en razón que le había faltado algo, y después nos dimos cuenta que era para expedirle copias certificadas al abogado de la parte actora, donde si pudo regresarse a escribir en su audiencia y con los suscrito no, en un acto discriminatorio, ofensivo, triste para la administración de justicia, por ello es que solicitamos el amparo y protección de la Justicia federal a fin de que se deje sin efecto el procedimiento y se ordene reponerlo en la vía y forma correcta, a fin de tener la oportunidad de hace valer nuestros derechos en ellos. 7.- De lo anteriormente narrado se desprende que se contravino lo dispuesto por los diversos artículos 1, 14, 16 y 17 de Nuestra Gran Carta Magna, en virtud que adolece de atender la correcta aplicación de diversos principios constitucionales que significan hacer vigente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se expone a continuación: .". Tal actuación de la Secretaria de la Junta, al terminar la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, de no hacer las correcciones de palabras solicitada por los demandados en el juicio laboral, ahora quejosos, específicamente, que corrigiera las palabras designo por designamos, la palabra confiero por conferimos, y que se había omitido transcribir el nombre de Jaime Soberanes Ríos, así como terminada la audiencia y firmada por los aquí quejosos y su representante, la Secretaria de la Junta quitó la última hoja donde ya habían firmado los tres, y les dijo que la volvieran a firmar en razón que le había faltado algo, y después se dieron cuenta que era para expedirle copias certificadas al abogado de la parte actora, es lo que reclaman los impetrantes en este amparo". Ahora, del análisis de lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, pues la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, de diez de octubre de dos mil veintidós, en el juicio natural, en la que no se realizaron las correcciones señaladas por los demandados, ahora quejosos, no es un acto que pueda ser considerado de imposible reparación. Previo a exponer los motivos que sustentan tal determinación, cabe precisar que el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en lo conducente, dispone: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "..." III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de .00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6a.93 20/02/24 10:39:25 la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. "..." Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan..." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ...". Cómo se ve, la Ley de Amparo vigente proporciona ahora un concepto definido sobre lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación. De la literalidad de dicho artículo se obtiene que el legislador determinó que por regla general el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, definiéndolos como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Con lo anterior, el legislador terminó con una añeja discusión interpretativa sobre el tópico de la ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto pues estableció, una regla general de procedencia tratándose solo de violaciones a derechos sustantivos con una clara exclusión de los de naturaleza procesal. Además, en la misma porción normativa, el legislador se ocupó de establecer una sola hipótesis de excepción en que sería procedente el amparo indirecto tratándose de violaciones procesales, esto es, cuestiones de competencia; así lo dispuso en la fracción VIII del citado artículo 107, que consigna: ".VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Por tanto, el legislador estableció una regla de carácter general y una sola excepción de aplicación estricta, que únicamente puede concretarse al actualizarse el supuesto para el que fue creada, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón. De esta manera, es claro que dejó de tener vigencia la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo. Bajo ese contexto, calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Asimismo, que en tratándose de violaciones procesales, el amparo indirecto únicamente será procedente por cuestiones de competencia; por lo que, si el legislador previó esa única hipótesis de excepción a la regla general de que el amparo indirecto solo procede contra actos que afecten materialmente un derecho sustantivo, no es dable al operador jurídico ampliar la procedencia del amparo biinstancial respecto de diversas violaciones adjetivas o procesales. Lo anterior es así, en virtud de que no es válido ni jurídico realizar una interpretación para ampliar o variar en cualquier forma tal disposición legal, ni debe hacerse algún ejercicio de interpretación en búsqueda de un significado que, sin duda, ya fue asignado por el legislador, y no permite más connotación que la literal, al tratarse de una norma de excepción. En el caso, el acto reclamado, se relaciona con lo asentado por la Secretaria de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, dentro del juicio laboral J.E.No.2-08 515/2022 de origen, audiencia en la cual no se hicieron las correcciones de palabras solicitada por los demandados, específicamente, que corrigiera las palabras designo por designamos, la palabra confiero por conferimos, y que se había omitido transcribir el nombre de Jaime Soberanes Ríos como apoderado legal de los aquí quejosos, así como terminada la audiencia y firmada por los aquí quejosos y su representante, la Secretaria de la Junta quitó la última hoja donde ya habían firmado los tres, y les dijo que la volvieran a firmar en razón que le había faltado algo, y después se dieron cuenta que era para expedirle copias certificadas al abogado de la parte actora, lo cual, contrario a lo que aducen los impetrantes, no se traduce en un acto que pueda considerarse de imposible reparación en este juicio de derechos, por su trascendencia grave, que no sea de los que deban esperar para ser resueltos hasta el planteamiento del fondo de la litis, en razón de su transcendencia jurídica en los derechos de los directos quejosos, y al no estar en este supuesto, es que el acto que aquí combate de inconstitucional, no puede ser impugnado conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracciones V y VIII, de la Ley de Amparo, por no haber sido establecida expresamente por el legislador como norma de excepción, acorde al referido principio. Por tanto, en virtud de que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos, ni se combaten cuestiones atinentes a la competencia, supuestos en lo que se estima que se presenta la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por la aludida razón de que con la vigencia de la nueva Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dentro de juicio, sólo debe presentarse cuando éstos afectan de modo directo e inmediato a la persona, cosas o derechos sustantivos del agraviado, es decir, aquellos actos de naturaleza procesal que puedan generar una ejecución de imposible reparación y, que desde luego ameriten su impugnación mediante la acción constitucional del amparo indirecto, sin estar obligados a reclamar dichos actos como una violación procesal, hasta que se reclama la sentencia definitiva en amparo directo. Dicho de otro modo, por exclusión, no puede ser considerado como acto de imposible reparación, lo asentado en la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, dentro del juicio laboral J.E.No.2-08 515/2022 de origen, audiencia en la cual los quejosos aducen que la Secretaria de la Junta, no hizo las correcciones de palabras solicitadas por los demandados -aquí promoventes-, específicamente, que corrigiera las palabras designo por designamos, la palabra confiero por conferimos, y que se había omitido transcribir el nombre de Jaime Soberanes Ríos como apoderado legal, así como terminada la audiencia y firmada por los aquí quejosos y su representante, la Secretaria de la Junta quitó la última hoja donde ya habían firmado los tres, y les dijo que la volvieran a firmar en razón que le había faltado algo, y después se dieron cuenta que era para expedirle copias certificadas al abogado de la parte actora, pues no se trata de un acto que afecta sus derechos de forma ponderante, para que se debe atender en esta instancia constitucional; se dice lo anterior, ya que el referido acto, no produce una afectación de manera directa e irreparable a su persona o bienes, sino que constituye derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, circunstancia que puede desaparecer al dictarse el laudo que resuelva el juicio laboral de origen. En estas condiciones, y al no ser el acto reclamado de los previstos expresamente en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, por ser este de aquéllos que no afectan de manera inmediata derechos fundamentales contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución, el Juicio de Amparo es notoriamente improcedente; por lo que, como se adelantó, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Apoya a la anterior determinación, en lo conducente, la tesis jurisprudencial P./J.37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, de la voz: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". De igual forma sirve de sustento la tesis VII.2o.T.43 L (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, página 2786, registro digital 2011721, que dice: "DEMANDA EN EL JUICIO LABORAL. EL AUTO QUE DESECHA SU CONTESTACIÓN Y LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE, EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, al ser esa afectación susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia o laudo favorable en el juicio, por haberse consumado la violación al derecho fundamental de que se trate, en términos de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno del Más Alto Tribunal, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).".* Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, en el juicio laboral el auto que desecha la contestación de demanda y la tiene por contestada en sentido afirmativo (de conformidad con el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo) no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no entraña necesariamente un laudo condenatorio, porque las Juntas, al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. En tal virtud, la resolución dictada en esos términos constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, como concepto de violación, si es que se dicta laudo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo". Con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la parte quejosa el ubicado en calle Emiliano Zapata numero 524 sur, colonia Centro en esta ciudad de los Mochis, y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Jaime Soberanes Ríos. Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos. Por otra parte, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. En virtud de la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.
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