Zulema Aidde Tapia González
Expediente 2064/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2064/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Zulema Aidde Tapia González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Zulema Aidde Tapia González, hubiese recurrido el auto de doce de enero de dos mil dieciséis, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales correspondientes el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, a través del cual remite las constancias solicitadas mediante acuerdo de dieciocho de diciembre del año próximo pasado; por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento de mérito, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado. Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. ....Si la peticionaria de amparo reclama la omisión por parte de la responsable en dictar el acuerdo correspondiente del escrito promocional de veinte de octubre de dos mil quince, dentro del juicio natural, y éste ya se dictó y notificó; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Cabe precisar que no es el caso en que se pudiera llegar a conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en el presente asunto, para el efecto de que se obligue a la autoridad responsable a ejecutar el laudo dictado dentro del juicio de donde deriva el acto reclamado, ya que este Juzgado Federal considera que ello no es procedente, pues si bien es cierto, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, vigilar que los laudos se ejecuten en los términos establecidos en la ley, también lo es que, el actuar de dichos funcionarios está condicionado a que la parte que obtuvo una resolución favorable, sea quien impulse las etapas correspondientes al procedimiento de ejecución; por lo que, la prosecución de tal estadio procesal no es oficiosa, para la autoridad responsable, según lo establece el artículo 950 del código obrero. Lo anterior se estima así, ya que de lo contrario no tendría razón que en la propia Ley Federal de Trabajo se estableciera la figura jurídica de la prescripción de la acción de ejecución de los laudos cuando no exista impulso procesal de las partes, pues tal sanción procesal se impone a quien obtuvo un laudo favorable y no ha instado el procedimiento de ejecución dentro del término de dos años siguientes al en que se notificó de la resolución condenatoria, según lo establece el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. De tal manera que corresponde a ella, en su carácter de parte trabajadora dar seguimiento a la ejecución del laudo e impulsar dicha etapa, realizando las peticiones que considere oportunas al tribunal obrero, para que el fallo laboral sea acatado. Lo anterior encuentra sustento legal en la jurisprudencia 2ª. /J. 16/2011 (10ª) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil once, cuyo rubro es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA." Máxime que el cumplimiento del laudo o convenio corresponde al presidente de la Junta correspondiente a petición de la parte interesada, según lo establece el citado artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo; de otra forma, oficiosamente se estaría direccionando el procedimiento natural en la ejecución del laudo o convenio, lo que no es autorizado por la ley obrera, ya que la carga procesal en la etapa de ejecución corresponde a las partes. Asimismo, no pasa desapercibido para este juzgador el hecho de que no se le haya dado vista a la parte quejosa, en términos del artículo 111 de la ley de la materia, al efecto de que si era su deseo ampliar la demanda de amparo con la contestación de las solicitudes realizadas ante la responsable; esto es así, ya que esto sólo encaminaría a dar un trámite ocioso, pues dicho acto no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Ello, en atención a que el concepto "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, contra la cual procede el amparo indirecto en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se identifica con aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento "total" de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; lo que traería consigo que la ampliación de demanda resultara improcedente. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. En ese sentido, en relación a la parte tercero interesada no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento en virtud de que tal y como se aprecia en líneas precedentes, el presente juicio ha quedado sin efecto alguno, por lo que no es necesario llamar a dicha parte procesal a la presente contienda constitucional. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, a través del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de ocho de diciembre del año en curso, remite la documental relativa al auto de quince de diciembre del año en curso, por el cual se pronunció en relación al escrito de veinte de octubre de dos mil quince, presentado por el apoderado legal de la parte quejosa; sin embargo, no ha lugar a tener por satisfecho dicho requerimiento en razón de que es omisa en remitir copia certificada de la constancia de notificación realizada la parte actora respecto de dicho auto. En consecuencia, de conformidad con el ordinal 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta oficiante, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio por el que se le notifique el presente proveído, remita copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte actora respecto del acuerdo de quince de diciembre del año en curso, dictado en el juicio laboral **, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese a los autos el ocurso suscrito por el apoderado legal de la parte quejosa, a través del cual solicita se tenga con el carácter de terceros interesados a las **; lo anterior, en razón de que, de acuerdo a las manifestaciones del ocursante, dichas morales corresponden a las denominaciones actuales de las terceros interesadas **. En ese tenor, este órgano jurisdiccional se reserva proveer lo conducente hasta en tanto se desahogue el requerimiento formulado a la Junta responsable en párrafos que anteceden. Notifíquese.
- Principal
Se tiene por recibida la razón actuarial suscrita por el actuario de la adscripción, a través de la cual hace constar la imposibilidad que le asistió a efecto de emplazar a la parte tercero interesada **, por las razones que ahí expone. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione el domicilio correcto, cierto y actual en donde puedan ser emplazadas las citadas partes, en el entendido que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, este Juzgado Federal dará inicio a la localización o búsqueda oficiosa de dicho domicilio, y si a pesar de la investigación que se realice se desconociera su ubicación, se ordenará su emplazamiento por medio de edictos a costa de la parte quejosa. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, para su celebración. Por otra parte, de conformidad con el ordinal 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio por el que se le notifique el presente proveído, remita copia certificada el acuerdo que recayó al escrito presentado por la parte quejosa el veinte de octubre de dos mil quince, a través del cual promovió incidente de sustitución patronal, registrado con el folio 021663, dentro del juicio laboral **, así como la notificación practicada a la parte actora respecto de dicho acuerdo, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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