Zulema Adriana Salazar Montoya

Expediente 1241/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1241/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
07/06/2018

Partes del expediente

  • Zulema Adriana Salazar Montoya

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se provee: se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al cual anexa los autos originales del juicio de amparo 1046/2017 y dos cuaderno de pruebas; así como el testimonio de la resolución dictada el treinta de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la revisión principal 46/2018 de su índice, en cuyos puntos resolutivos determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a MARÍA GUADALUPE VILLALOBOS DÍAZ contra el acuerdo dictado el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, en el juicio agrario 518/2012, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15, para el efecto de que deje insubsistente el acuerdo que dictó el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete en el juicio agrario 518/2012 y dicte otro en el que, en la parte sustancial, mantenga el levantamiento del turno de ese juicio para dictar sentencia, sólo hasta que no obren las constancias originales o copias certificadas del diverso expediente 524/2012, sin esperar a que esté resuelto en forma definitiva; en el entendido de que deberá dictar y ejecutar las medidas necesarias, para obtener copias certificadas del mismo, en caso de que el expediente relativo al juicio agrario 524/2012 no le haya sido devuelto." Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha resolución, agréguese el cuaderno de antecedentes y acúsese recibo de estilo correspondiente. Una vez expresado lo anterior, este órgano de control constitucional precisa sus alcances y determina qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida para su cumplimiento, ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno acatamiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Al respecto es preciso señalar que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el siguiente efecto: ".el tribunal responsable deje insubsistente el acuerdo que dictó el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete en el juicio agrario 518/2012 y dicte otro en el que, en la parte sustancial, mantenga el levantamiento del turno de ese juicio para dictar sentencia, sólo hasta que no obren las constancias originales o copias certificadas del diverso expediente 524/2012, sin esperar a que esté resuelto en forma definitiva; en el entendido de que deberá dictar y ejecutar las medidas necesarias, para obtener copias certificadas del mismo, en caso de que el expediente relativo al juicio agrario 524/2012 no le haya sido devuelto." En consecuencia, requiérase a la responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito Quince, para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), en concordancia con el diverso tercero transitorio, en el término de tres días siguientes al en que sean notificadas del presente proveído, cumplan con la ejecutoria de amparo. Lo anterior, deberán acreditarlo con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentran realizando para tal fin; ello, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Bajo apercibimiento... Finalmente, al no ser necesario contar con los cuadernos de pruebas formados con las constancias remitidas por la autoridad responsable recibidas en auto de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, mismas que corresponden a actuaciones del expediente 518/2012, se ordena devolver éstas a la responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito Quince, solicitando se sirva realizar el acuse correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/DANH/agla*

  2. Principal

    RAZÓN DE EMPLAZAMIENTO POR AVISO PRAL: En Zapopan Jalisco, siendo las nueve horas del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, atento a lo manifestado en la razón que antecede y toda vez que la parte tercera interesada María Esther Avelar Álvarez, dentro de los dos días hábiles siguientes, no acudieron a notificarse y emplazarse a las instalaciones del órgano jurisdiccional de mi adscripción, como lo previene el artículo 27, fracción I, inciso c) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por medio de lista el fallo del contenido de las resoluciones pronunciadas el dieciséis de enero y catorce de mayo de dos mil dieciocho, por este juzgado de Distrito, para conocimiento de la parte interesada, mismo que dice:Se tiene por recibido oficio signado por el Director de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo, en representación del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual informa que la tercera interesada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, integrante de la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, fue sustituida por María Esther Avelar Álvarez. Además, remite diversas documentales relativas al trámite que se realizó para dicha sustitución, así como un sobre que contiene el domicilio de María Esther Avelar Álvarez, el cual solicita se resguarde, por ser información confidencial. Por tanto, en atención al cambio de la aludida integrante, se deja de tener como tercera interesada a Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, debido que ahora le corresponde dicho carácter a María Esther Avelar Álvarez, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado de distrito, para que lleve a cabo su emplazamiento en el domicilio proporcionado por la autoridad responsable, que obra en resguardo de la secretaría de este juzgado. A quien, deberá entregar copia simple de la demanda, del presente acuerdo y hacer de su conocimiento la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto a las nueve horas con veinte minutos del quince de mayo de dos mil dieciocho (foja 332). Se concede a cualquiera de los mencionados funcionarios, la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a la localización del domicilio de dicha tercera, en caso de que el señalado no sea correcto. Por cuanto hace a las documentales que remitió la responsable, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales. Respecto al sobre cerrado con información de carácter confidencial y reservada, se ordena que el mismo permanezca en el secreto de este juzgado con el sigilo necesario, en virtud de ser información reservada, en el entendido que tal información es solo para consultar sin que se pueda obtener copias fotostáticas o reproducciones de la misma, en virtud de que, como ya se refirió, es información reservada. Tiene sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 28, la cual dice: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". Notifíquese, y personalmente a Nadiezhda Robles Villaseñor y María Esther Avelar Álvarez. Así lo proveyó Guillermo Aguirre Castañeda, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encargado del despacho en términos del artículo 43, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el diverso 111, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; por haberse concedido una licencia médica al titular de este órgano Luis Armando Pérez Topete, por el día catorce de mayo del presente año, según información contenida en el oficio 2870/2018 de diez de mayo de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien firma ante el secretario Kavdxary Youdvary Gonzalez Macedo, que certifica que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta que precede a este acuerdo, coincide en su integridad con los que obran en el expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede un término de diez días para interponer recurso de revisión, sin que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público, en dicho plazo hubieren recurrido la sentencia de seis de abril de dos mil dieciocho (folios 25 a 28), en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 2º. En consecuencia, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Ahora bien, en razón de lo acordado líneas precedentes, de donde se desprende, que con esta fecha se ordenó el archivo del presente asunto, para todos sus efectos legales, en ese tenor, se provee conforme lo manda el capítulo quinto, punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, relacionado con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente es susceptible de destrucción, en mérito del sobreseimiento en él decretado; lo que acontecerá una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Realícense las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Hugo Armando González Segovia, que certifica que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta que precede a este acuerdo, coincide en su integridad con los que obran en el expediente electrónico. Doy fe. LAPT/HAGS/Elaboró: hrmf.

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