Zulema abigail Rosales Camargo
Expediente 131/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 131/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Zulema abigail Rosales Camargo
Actuaciones
- Principal
Toda vez que la parte quejosa no dio cumplimiento al aviso de ocho de marzo de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 29, de la ley de amparo vigente, se le notifica el proveído de cuatro de marzo del presente año, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, que en lo conducente dice: "Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja contra el auto de catorce de febrero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo presentada por ********, sin que se haya interpuesto el referido medio de impugnación; en consecuencia, se declara firme dicho proveído para los efectos legales a que haya lugar y se ordena el archivo como asunto terminado."
- Principal
Toda vez que la parte quejosa no dio cumplimiento al aviso de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 29, de la ley de amparo vigente, se le notifica el proveído de catorce de febrero del presente año, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, que en lo conducente dice: "Radicación. Vista la demanda de cuenta presentada por ***, contra actos del Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Ecatepec de Morelos Estado de México, regístrese su ingreso bajo el número 131/2022-III-C. Desechamiento. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, ..., en el que en la etapa de admisión resolvió que para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de **** Y *** e ***, la parte actora debía presentarlos, toda vez que no había informado impedimento para presentarlos ante ese Tribunal el día y hora que se señaló para la audiencia de juicio, con el apercibimiento que para el caso de no hacerlo se decretaría la deserción de esa probanza. En esa tesitura, del análisis íntegro del escrito de demanda se estima que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. De los artículos y fracciones antes señalados se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos dentro de juicio, cuando de ejecutarse éstos se produzca una afectación de imposible reparación sobre las personas o las cosas, ya que de no ser así sólo procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de afectar las defensas del particular. Ahora, respecto del tema, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalecía la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no definía el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. En síntesis, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesitará producir una afectación material a derechos sustantivos, estos es, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, esa afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En ese contexto, el acto consistente en el acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintidós, dictado dentro de la audiencia preliminar en el expediente laboral 545/2021, en el que en la etapa de admisión, resolvió que para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de *** y *** e ***, la parte actora debía presentarlos, toda vez que no había informado impedimento para hacerlo el día y hora que se señaló para la audiencia de juicio, con el apercibimiento que para el caso de no hacerlo se decretaría la deserción de esa probanza, es una violación intraprocesal, que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, sino que en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que pudiera ser reparada si la parte afectada obtiene sentencia favorable y, de no ser así, la cuestión que ahora se plantea constituiría una violación procesal impugnable en los términos de los artículos 171 y 172 de la ley de la materia, a través del amparo directo que se promueva contra la resolución definitiva. Al caso se invoca, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J.24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56 (agosto de 1992), página 11, de la Octava Época, cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Así, como la tesis sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, (abril de 1993), de la Octava Época, página 330, se rubro: "VIOLACIONES PROCESALES. EL AUTO QUE ADMITE PRUEBAS A LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO." En este sentido, el acto reclamado no constituye uno cuya ejecución sea de imposible reparación, pues del mismo, no incide sobre derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que sus efectos recaen en el procedimiento natural, por lo que sus consecuencias son procesales, pues de tales decisiones y de ellos no depende la suerte de todo el juicio natural, ni conllevan la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento; ya que son violaciones procesales que no son de imposible reparación, pues por éstas debe entenderse aquellas cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque las afectaciones o sus efectos no se destruyen por el sólo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, lo que se pretende con su dictado, es continuar con el procedimiento en el juicio de origen (desahogo de pruebas); por tanto, resultan violaciones procesales cuyos efectos se extinguen en el caso de obtener una sentencia favorable; es decir, el perjuicio formal que hubieran podido originar los actos reclamados desaparecerá de obtener una sentencia favorable en la acción principal que intenta en el juicio natural, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo con tal acto de autoridad, por lo que, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el arábigo 26, fracción III, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la promovente, para oír y recibir notificaciones de carácter personal, la lista electrónica de este juzgado, dado que el señalado para tal efecto no se encuentra dentro de la residencia de este juzgado, esto es, el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Por otra parte, ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona autorizada para tal efecto, pues la quejosa es parte trabajadora. No ha lugar a autorizar la consulta del expediente electrónico porque la quejoso no proporciona el nombre del usuario necesario para tal efecto. Autorización de uso de medios electrónicos. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación a tramitar asuntos "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea y, además, proporcionen algún otro medio de contacto, como correo electrónico o servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicación no procesal. Notificación personal a la quejosa. Dada la trascendencia de esta determinación, se comisiona al actuario para que se constituya en el domicilio ubicado en: "***", y notifique de manera personal a la parte quejosa este acuerdo."
- Principal
Radicación. Vista la demanda de cuenta presentada por ***, contra actos del Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Ecatepec de Morelos Estado de México, regístrese su ingreso bajo el número 131/2022-III-C. Desechamiento. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, ..., en el que en la etapa de admisión resolvió que para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de **** Y *** e ***, la parte actora debía presentarlos, toda vez que no había informado impedimento para presentarlos ante ese Tribunal el día y hora que se señaló para la audiencia de juicio, con el apercibimiento que para el caso de no hacerlo se decretaría la deserción de esa probanza. En esa tesitura, del análisis íntegro del escrito de demanda se estima que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. De los artículos y fracciones antes señalados se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos dentro de juicio, cuando de ejecutarse éstos se produzca una afectación de imposible reparación sobre las personas o las cosas, ya que de no ser así sólo procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de afectar las defensas del particular. Ahora, respecto del tema, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalecía la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no definía el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. En síntesis, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesitará producir una afectación material a derechos sustantivos, estos es, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, esa afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En ese contexto, el acto consistente en el acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintidós, dictado dentro de la audiencia preliminar en el expediente laboral 545/2021, en el que en la etapa de admisión, resolvió que para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de *** y *** e ***, la parte actora debía presentarlos, toda vez que no había informado impedimento para hacerlo el día y hora que se señaló para la audiencia de juicio, con el apercibimiento que para el caso de no hacerlo se decretaría la deserción de esa probanza, es una violación intraprocesal, que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, sino que en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que pudiera ser reparada si la parte afectada obtiene sentencia favorable y, de no ser así, la cuestión que ahora se plantea constituiría una violación procesal impugnable en los términos de los artículos 171 y 172 de la ley de la materia, a través del amparo directo que se promueva contra la resolución definitiva. Al caso se invoca, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J.24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56 (agosto de 1992), página 11, de la Octava Época, cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Así, como la tesis sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, (abril de 1993), de la Octava Época, página 330, se rubro: "VIOLACIONES PROCESALES. EL AUTO QUE ADMITE PRUEBAS A LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO." En este sentido, el acto reclamado no constituye uno cuya ejecución sea de imposible reparación, pues del mismo, no incide sobre derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que sus efectos recaen en el procedimiento natural, por lo que sus consecuencias son procesales, pues de tales decisiones y de ellos no depende la suerte de todo el juicio natural, ni conllevan la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento; ya que son violaciones procesales que no son de imposible reparación, pues por éstas debe entenderse aquellas cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque las afectaciones o sus efectos no se destruyen por el sólo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, lo que se pretende con su dictado, es continuar con el procedimiento en el juicio de origen (desahogo de pruebas); por tanto, resultan violaciones procesales cuyos efectos se extinguen en el caso de obtener una sentencia favorable; es decir, el perjuicio formal que hubieran podido originar los actos reclamados desaparecerá de obtener una sentencia favorable en la acción principal que intenta en el juicio natural, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo con tal acto de autoridad, por lo que, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el arábigo 26, fracción III, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la promovente, para oír y recibir notificaciones de carácter personal, la lista electrónica de este juzgado, dado que el señalado para tal efecto no se encuentra dentro de la residencia de este juzgado, esto es, el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Por otra parte, ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona autorizada para tal efecto, pues la quejosa es parte trabajadora. No ha lugar a autorizar la consulta del expediente electrónico porque la quejoso no proporciona el nombre del usuario necesario para tal efecto. Autorización de uso de medios electrónicos. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación a tramitar asuntos "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea y, además, proporcionen algún otro medio de contacto, como correo electrónico o servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicación no procesal. Notificación personal a la quejosa. Dada la trascendencia de esta determinación, se comisiona al actuario para que se constituya en el domicilio ubicado en: "***", y notifique de manera personal a la parte quejosa este acuerdo.
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