Zuleima Elizabeth Hernández Colunga
Expediente 730/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Zuleima Elizabeth Hernández Colunga
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veinticuatro de noviembre al siete de diciembre de dos mil veinte, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada el diecisiete de noviembre del año en curso, sin que hayan hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido, en términos del numeral 214, de la Ley de la materia. Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes De conformidad con el Artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales exhibidos por las partes, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, de que es susceptible de destrucción. Centro Archivístico Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte, previo las anotaciones a que se refiere el párrafo segundo de dicho punto.
- Principal
La suscrita María del Pilar Morales Zúñiga, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica y hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia Constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las diversas partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. Lo que se hace constar, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a diecisiete de noviembre de dos mil veinte.- Doy Fe.- María del Pilar Morales Zúñiga. Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado En San Luis Potosí, capital, a las nueve horas con doce minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, y Secretaria con quien actúa María del Pilar Morales Zúñiga, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrarse la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia en el juicio de amparo 730/2020-4, promovido por ***, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. La Juez la declara abierta, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, la Secretaria da cuenta con las constancias que obran en autos consistentes en: escrito de demanda; auto admisorio; constancia de emplazamiento a la autoridad responsable e informe justificado rendido por ésta. Dando cuenta en este momento con el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, registrado bajo el número de correspondencia 11909 y anexo que acompaña. Por otra parte, se da cuenta con la certificación de la Secretaria de esta fecha, en la que hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia Constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las diversas partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. A lo anterior la Juez acuerda, téngase hecha la relación que antecede, la que será considerada al resolver. Por otra parte, con fundamente en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado rindiendo su informe justificado correspondiente, el que se agrega a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar, cuyo contenido tómese en consideración al resolver el presente asunto. En cuanto a la certificación secretarial de cuenta, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con las acompañadas por la autoridad responsable; sin que las demás partes hubieran hecho uso de ese derecho. Disponiendo la Juez que: de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidos tales medios de prueba, los cuales podrán ser tomados en consideración al resolver el presente juicio, por lo cual, se da por concluido el periodo probatorio. En periodo de alegatos, la Secretaria da cuenta que la parte quejosa no los formuló, además con el pedimento que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita pedimento; y que no obran diversas manifestaciones en vía de alegatos. Ordenando la Juez: Téngase al quejoso por perdido el derecho de hacer manifestaciones; por su parte a la Representante Social de la Federación adscrita por reproducidos los alegatos que esgrimió en el pedimento de cuenta. Al no haber diversas manifestaciones que relacionar se declara el cierre del presente periodo. Acto continuo, la Secretaria hace constar que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y que, por tanto, está debidamente integrado para emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante ello, la Juez determina, al no haber diligencias pendientes por desahogar, y estando debidamente integrado el expediente, se levanta la presente acta y se procede a dictar sentencia. SENTENCIA VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 730/2020-4, promovido por ****, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de este Noveno Circuito el quince de octubre de dos mil veinte, turnado al día siguiente a este Juzgado de Distrito, *** solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la autoridad y por los actos que enseguida se precisan: "II.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Local de Conciliación y Arbitraje III.- ACTO RECLAMADO La omisión de emitir auto de radicación correspondiente dentro del expediente laboral 9163/2020/3 del índice de dicha junta." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos violados los consagrados en los artículos 1 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que en derecho compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. En el propio acuerdo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo del conocimiento de las partes los requerimientos y especificaciones técnicas necesarias para poder tener acceso a la audiencia por vía de videoconferencia, sin que en el caso las partes hayan hecho uso de ese derecho, por lo que la audiencia inició en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclama un acto omisivo dentro de un expediente laboral, el cual carece de ejecución. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Acorde con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, en relación con la totalidad de constancias que lo integran, se precisa que los actos reclamados en el presente juicio de amparo son: La omisión de emitir el auto de radicación relativo a la demanda laboral presentada el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, a la que se le asignó el número de expediente 9163/2020/3. TERCERO. Oportunidad de la presentación de la demanda. En el caso, la omisión reclamada se encuentra relacionada con un acto negativo atribuido a la autoridad responsable, por ende, es inconcuso que en atención a la naturaleza de la omisión reclamada, y al no existir oportunidad específica, la demanda de amparo fue presentada conforme el artículo 17 de la Ley de Amparo. Al efecto se invoca, por identidad de razones, la tesis publicada en la página 332, Tomo X, Julio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TERMINO PREVISTO POR EL ARTICULO 21, DE LA LEY DE AMPARO. La negativa u omisión de la autoridad responsable de resolver el recurso de revocación, tiene el carácter de acto negativo y como tal es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión de que se trata, por ende no están sujetos al término de quince días a que alude el artículo 21, de la Ley de Amparo, sino que pueden reclamarse en cualquier momento". CUARTO. Certeza de actos. Es cierto el acto que el quejoso al Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, pues así se advierte del contenido del informe justificado rendido por su Presidente. En efecto, la autoridad responsable al rendir su informe justificado correspondiente conviene en la existencia del acto que se le atribuye consistente en la omisión de emitir el auto de radicación relativo a la demanda laboral presentada el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, a la que se le asignó el número de expediente 9163/2020/3; sin embargo, agrega que el diez de noviembre de dos mil veinte, se emitió acuerdo de radicación dentro del citado juicio laboral, adjuntando al efecto copia certificada del mencionado proveído. Documental que tiene valor probatorio pleno a la luz de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de reproducción certificada por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Es aplicable la jurisprudencia del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, página 153, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." SEXTO. Causal de improcedencia. Tomando en consideración que esta resolutora federal tiene la obligación de analizar de oficio la procedencia del juicio de amparo que ahora se atiende, ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de la revisión integral y exhaustiva de las constancias de autos se aprecia que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, de las constancias allegadas al presente juicio de amparo por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se desprende que el diez de noviembre de dos mil veinte, se emitió el acuerdo correspondiente a la radicación relativo a la demanda laboral presentada el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, a la que se le asignó el número de expediente 9163/2020/3, cuya omisión constituye la materia de reclamo en este juicio. Al respecto, se colige que en la especie se configura de manera patente e inobjetable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. En el caso, como se dijo, mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veinte, la Junta responsable procedió a emitir el auto de radicación relativo a la demanda laboral presentada el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, a la que se le asignó el número de expediente 9163/2020/3; de ahí que se desprenda que dicho acto dejó de producir efectos en la esfera jurídica de la quejosa ****, por tanto las cosas retornaron al estado que guardaban antes de la violación reclamada. Atento a lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 63 fracción V, de ese mismo ordenamiento, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 65, 73 y 74 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 730/2020-4, promovido por Zuleima Elizabeth Hernández Colunga, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Pedimento Por otra parte, téngase recibido y agréguese a sus autos el pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, por el que formula alegatos y solicita acceso al expediente electrónico del juicio de amparo de cuenta, así como la práctica de notificaciones electrónicas derivadas del mismo. Alegatos Atento a su contenido y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen hechas las manifestaciones, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Usuario y correo electrónico Por otra parte, como lo solicita la promovente en su pedimento de cuenta, y toda vez que proporciona correo electrónico elaine.gaytan@pgr.gob.mx, así como nombre de usuario, a saber: "Elaine", y el cual se encuentra registrado en la página de internet que el Consejo de la Judicatura Federal que pone a disposición de los usuarios a efecto de autorización para la consulta vía internet del expediente electrónico que deriva del expediente físico en que se actúa; por tanto, hágase la autorización del citado profesionista, en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expediente, de este Juzgado, únicamente respecto al presente expediente a efecto de que pueda consultar vía internet el expediente electrónico, pueda consultar promociones, determinaciones y le sean efectuadas la notificaciones por este medio, agréguese copia autorizada de dicha constancia. Medio de contacto alterno De igual forma, téngase a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, señalando como medio de contacto alterno, el correo electrónico elaine.gaytan@pgr.gob.mx, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte, que el efecto de la concesión del amparo, a fin de que la parte quejosa sea restituida en el goce de los derechos fundamentales vulnerados como lo exige el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sujetas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo quedaron obligadas a realizar lo siguiente: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: Dejar sin efecto el decreto expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil trece, solo respecto de la parcela 371 cuya propiedad ostenta el aquí quejoso. De estimarlo necesario estará en aptitud de emitir un nuevo decreto de expropiación, pero condicionado al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, en forma destacada la notificación de la causa de utilidad pública. Efectos que se hicieron extensivos respecto de los actos reclamados a las autoridades siguientes: Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Directora de Expropiaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Pues al quedar sin efecto el decreto expropiatorio, los actos realizados por estas últimas autoridades siguen el mismo destino. Requerimiento Sin embargo del estudio de las constancias que obran en autos, se desprende que las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y Directora de Expropiaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); no han dado cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 40/2014-4; por tanto, atendiendo a que el plazo concedido para acreditar el cumplimiento al fallo protector ha sido superado en exceso, sin que las autoridades responsables hayan acreditado el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y previo a hacer efectivo el apercibimiento correspondiente a las autoridades responsables, se hace necesario saber el estado procesal que guarda el expediente de procedimiento expropiatorio 13587/S.C.T., a efecto de tener certeza si las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y Directora de Expropiaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), han incurrido en actos intrascendentes, preliminares, o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo con el fallo protector. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192 y 3° transitorio de la Ley Reglamentaria vigente requiérase a las citadas autoridades responsables, para que en el término de tres días remitan, lo siguiente:... Apercibimiento Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado, sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con el artículo 258, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, conforme lo prevé el artículo 192 de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno para continuar con el procedimiento de inejecución, el que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Indíquese a las autoridades responsables que deberán de abstenerse de desarrollar actos intrascendentes, preliminares, o secundarios que crean la apariencia de que se están cumpliendo con el fallo protector. Finalmente, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que las constancias requeridas en el presente proveído, podrán ser remitidas a este órgano jurisdiccional vía correo electrónico oficial de este Juzgado, con dirección 1jdo9cto@correo.cjf.gob.mx Notifíquese.
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