Zugey Carolina Salamanca

Expediente 846/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
846/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
06/10/2022

Partes del expediente

  • Zugey Carolina Salamanca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a seis de octubre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra la sentencia dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó en el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubieran hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletorio a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 2 Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 211, inciso a) del Acuerdo General de referencia, y capitulo 8 Expedientes Destruibles, 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, sub punto 12, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados [.]. 2 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos. [.] 1. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. [.] PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 3 ??A???????????? Federal; el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo, y no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 153, del citado Acuerdo General. Por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años, y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DESTRUIBLE Se hace la indicación que acorde con lo dispuesto en el artículo 214, inciso c) del Acuerdo General de referencia, 3 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." 4 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 4 relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2 sub punto 35, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva. En ese sentido, una vez cumplido el término de tres años a partir de esta fecha, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el numeral 20, fracción ll, inciso a) del multicitado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. 5 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos. [.] 3. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados. Nota: Si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la suspensión definitiva el expediente será "destruible". Si se negó la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva el expediente será "destruible". PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 5 ??A???????????? TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas del nueve de septiembre de dos mil veintidós, la licenciada Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Pedro Castillo Castañón, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 846/2022, promovido por Zugey Carolina Salamanca y Merleni Lucimar Palacios Castillo, contra actos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Delegación Tapachula, sin la comparecencia de ninguna de las partes ni representante legítimo de ellas. A continuación, el Secretario de cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 Demanda de amparo. 2 a 8. 2 Auto admisorio. 18 a 23. 3 Emplazamiento a la autoridad responsable. 26. 4 Emplazamiento del Fiscal del Ministerio Público adscrito. 26. Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe con justificación: NO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en el Estado de Chiapas. Niega. 27 a 32. Al respecto, la Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Acto seguido se abre la etapa de pruebas: El secretario hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO PARTE PRUEBAS FOJA 1 Autoridad Responsable: Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en el Estado de Chiapas. Documentales. 33 a 35. 2 Quejosa. Documentales 9 a 17. Al respecto, la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas las citadas pruebas, por su propia y especial naturaleza, con lo cual se declara cerrado dicho periodo. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos, y el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo cual se declara cerrada dicha etapa. Posteriormente, la Jueza de Distrito acuerda: Ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes, y toda vez que no existe promoción pendiente de acuerdo, se pasan los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 846/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el once de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Zugey Carolina Salamanca y Merleni Lucimar Palacios Castillo, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de trece de julio de dos mil veintidós, se registró el escrito de demanda con el número de expediente 846/2022, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desprende del acta que antecede. En consecuencia, se procede a emitir la resolución correspondiente; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; toda vez que se reclama un acto de autoridad con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: _ La dilación de expedirles la constancia de solicitud de refugio. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en el Estado de Chiapas, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado consistente en la dilación de expedir la constancia de solicitud de refugio. Sin embargo, toda vez que del contenido del propio informe justificado rendido por la citada autoridad responsable, se advierte la existencia del acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, lo procedente es desvirtuar dicha negativa y tener por cierta la dilación de expedir la constancia de solicitud de refugio. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con datos de localización Registro digital: 211004, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, Tipo: Aislada, de rubro y textos siguientes: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. Lo anterior permite advertir que en la especie, se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu y 77, de la Ley de Amparo. Para llegar a dicha conclusión, por lo que hace a la causa de improcedencia relacionada con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es fundamental dejar en claro que por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquéllos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, en lo relativo a los derechos sustantivos. Es decir, cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, salvo las excepciones establecidas cuando causan una afectación predominante que ya no se pueda reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos procesales, verbigracia, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. La parte quejosa esencialmente expone que la dilación reclamada vulnera los artículos 22 y 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en virtud de que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se le había expedido su constancia de trámite respecto de la solicitud de refugio. Lo anterior resulta inexacto ya que de la demanda de amparo, los quejosos relatan que con fechas veintiocho y treinta de junio del año en curso, se les otorgó un citatorio para presentarse los días seis y doce de octubre de dos mil veintidós, con la finalidad de dar continuidad a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados. Sin embargo, se debe precisar que al momento de realizar la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados, en el caso, con fechas veintiocho y treinta de junio del año en curso, no es el momento procesal para expedirles la constancia de solicitud de refugio, sino que ésta les debe ser expedida hasta la fecha programada para iniciar el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiados, que en el caso de las quejosas fue programada para el seis y doce de octubre de dos mil veintidós. Lo anterior, se corrobora con los citatorios de veintiocho y treinta de junio de dos mil veintidós, ofrecidos por las quejosas con el escrito de demanda, de los cuales se advierte que fueron citadas para presentarse en las instalaciones de la Oficina de Representación en el Estado de Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en fechas seis y doce de octubre del presente año, para poder continuar con la solicitud de reconocimiento de condición de refugiados. Bajo ese panorama, a consideración de este Juzgado de Distrito, no existe una vulneración a los derechos de la parte quejosa, pues el hecho de que se les haya dado cita para el seis y doce de octubre del presente año, a efecto de continuar su procedimiento de solicitud de refugio y, por tanto, que se postergara la emisión de la constancia de trámite, tiene una justificación objetiva. Lo anterior, tomando en cuenta que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio para la suscrita, los juicios de amparo que se encuentran radicados en este juzgado y que por tanto, puede ser invocados para mejor proveer respecto de la demanda de derechos humanos que nos ocupa, particularmente aquellos asuntos en donde señalan como autoridad responsable a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad; de donde se advierte que el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en la Ciudad de México, en representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de esta ciudad, ha manifestado que ante el aumento inusitado de solicitudes de personas extranjeras solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiados, se vio rebasada en su capacidad operacional; solicitudes que como lo dice la autoridad responsable sigue en aumento, esto debido a razones como reapertura de fronteras, el impacto económico por pandemia, las altas expectativas por cambio de gobierno de los Estados Unidos de América y la falta de alternativas de regularización migratoria. Es por ello que el Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el veintisiete de marzo de dos mil veinte, emitió el PLAN DE OPERACIONES (MECANISMO DE CONTINGENCIA) PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO, REFUGIADOS Y PERSONAS CON PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA QUE POR EL CARÁCTER URGENTE Y RELEVANTE LO REQUIERAN, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMAR FRENTE A LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, con el objetivo de garantizar el derecho humano de acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, así como el principio de no devolución de aquellas personas con necesidad de protección. En ese sentido se implementaron mecanismos emergentes de atención como los citatorios, para que las personas extranjeras puedan acceder al procedimiento de reconocimiento de refugiados, sin vulnerar su derecho a la solicitud de refugio. Mecanismo que se actualiza a la par de lo establecido en el artículo 26 de la Ley sobre Refugiados Protección Complementaria y Asilo Político, que establece: "El reconocimiento de la condición de refugiado es individual. En caso de presentarse un ingreso masivo a territorio nacional de un grupo de personas que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 13 de la presente Ley y dicha situación produzca un incremento sustancial de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría podrá fijar los lineamientos que se seguirán para atenderlos como grupo, en tanto no existan elementos que aconsejen su atención en lo individual. Una vez atendido el ingreso masivo, tan pronto le sea posible a la Secretaría, procederá a la determinación individual de la condición de refugiado." Esto es, que con la expedición del citatorio se programan fechas para que el extranjero solicitante de asilo, se presente ante la Oficina de Representación en el Estado de Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de esta ciudad, para iniciar el procedimiento de reconocimiento de refugiados, y a partir de ese momento no puede ser devuelto, expulsado o deportado a su país de origen o algún otro, hasta en tanto la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, resuelva en definitiva la solicitud planteada, tal como se advierte del penúltimo párrafo de los citatorios que les fueron entregados a las quejosas en fechas veintiocho y treinta de junio del año en curso, y que enseguida se transcribe: ".Considerando lo anterior, y hasta tanto la COMAR no resuelva de manera definitiva su solicitud, con fundamento en el artículo 11 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 5, fracción I, 6, 7, 11 y 21 de la Ley Sobre Refugiados, protección Complementaria y Asilo Político y artículos 6, 13 y 121 de la Ley de Migración la persona que porta este documento (ni sus familiares que lo acompañan) NO PUEDE SER DEVUELTA, EXPULSADA O DEPORTADA A SU PAÍS DE ORIGEN U OTRO PAÍS". Ahora bien, es necesario citar el contenido de los artículos 22, 23 y 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como el diverso 45 de su reglamento, que disponen: LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO "Artículo 22. La Secretaría expedirá a cada solicitante y a sus dependientes una constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Artículo 23. El solicitante deberá aportar sus datos de identificación completos y verídicos, los motivos en los cuales basa su solicitud, así como todos los elementos de los que disponga para sustentarla. Desde la presentación de la solicitud hasta antes de que la Secretaría emita resolución, el solicitante podrá aportar todas las pruebas que a su derecho convengan. La Secretaría, tomando en consideración el contexto social y cultural de donde provenga el solicitante, así como su edad, género y otras circunstancias particulares, realizará de manera personal las entrevistas que resulten necesarias, a fin de allegarse de elementos para el análisis de su solicitud. En la substanciación del procedimiento, especialmente durante el desarrollo de las entrevistas, en caso de ser necesario se contará con el apoyo de un traductor o intérprete y de los especialistas que se requieran para facilitar la comunicación con el solicitante, mismos que en todo momento deberán de preservar la confidencialidad de la información." "Artículo 24. La Secretaría analizará y evaluará todas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y deberá emitir, en cada caso, resolución escrita, fundada y motivada, dentro de los 45 días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud. Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría solicitará opinión sobre las condiciones prevalecientes en el país de origen del solicitante a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las demás autoridades competentes que establezca el reglamento respecto de los antecedentes del solicitante. Dicha opinión deberá emitirse dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir del siguiente al que se recibió la misma; si transcurrido dicho plazo, la Secretaría no recibiese la opinión solicitada, se entenderá que no existe opinión o información alguna sobre el particular. El plazo para emitir la resolución podrá ampliarse hasta por un período igual a juicio de la Secretaría, sólo en los siguientes casos: I. La falta de información respecto de los hechos en que se basa la solicitud; II. La falta de traductor o especialistas que faciliten la comunicación con el solicitante; III. La imposibilidad de realizar entrevistas en razón de las condiciones de salud del solicitante; IV. La petición del extranjero para aportar elementos que sustenten su solicitud, o V. Cualquier otra circunstancia derivada del caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite a la Secretaría el adecuado desarrollo del procedimiento." REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS Y PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA "Artículo 45. La Coordinación deberá resolver cada solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, dentro del plazo de 45 días hábiles contados a partir de que hubiese sido admitida. La resolución deberá estar fundada y motivada, debiéndose notificar de manera íntegra por escrito al solicitante o a su representante legal, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión. En caso que la resolución establezca que no se reconoce al solicitante la condición de refugiado, deberá informársele sobre su derecho a presentar el recurso de revisión previsto por la Ley, así como los requisitos y plazos para ello. Las resoluciones a que se refiere el presente artículo deberán ser notificadas en copia íntegra al Instituto." Los artículos transcritos establecen el procedimiento para la tramitación del reconocimiento de la condición de refugiado; en primer lugar, se destaca que la Secretaría deberá expedir al solicitante y a sus dependientes una constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado; ello para justificar el estatus migratorio en que se encuentra el extranjero. Después, la información que el solicitante deberá proporcionar, como son datos de identificación verídicos, así como los motivos y elementos en los que basa su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Presentada la solicitud, el organismo revisor deberá analizarla y evaluarla, para lo cual realizará las entrevistas que considere necesarias al solicitante, a efecto de allegarse de la información necesaria, considerando en todo momento el contexto social y cultural del solicitante, así como sus características de sexo, género, edad y otras circunstancias particulares. Además, para resolver el procedimiento referido, la autoridad responsable solicitará opinión sobre las condiciones prevalecientes en el país de origen del solicitante a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las demás autoridades competentes, respecto de los antecedentes del solicitante. Recibida o no la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro del plazo de cuarenta y cinco días, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados resolverá el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de manera fundada y motivada. Una vez dictada la resolución deberá notificarse al solicitante en los diez días siguientes, para que en caso que se determine que no se le reconoce la condición de refugiado, se encuentre en posibilidad de interponer el recurso de revisión previsto en la ley. En esa tesitura, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, no existe una abierta dilación del procedimiento de reconocimiento de condición de refugiado, pues es innegable que hasta el momento no se ha iniciado el trámite solicitado por la parte quejosa, pues únicamente se fijó fecha y hora para que las extranjeras se constituyeran a dar inicio a su trámite de regulación migratoria a través del procedimiento de reconocimiento de condición de refugiado; sin que ello implique el inicio del trámite solicitado, pues la expedición del citatorio solo es un mecanismo de atención a fin de no vulnerar el derecho a la solicitud de refugio, con el fin de poder acceder a ese procedimiento. En efecto, de lo anteriormente relatado es posible advertir las particularidades del caso, toda vez que se aprecia que en el presente asunto, las quejosas Zugey Carolina Salamanca y Merleni Lucimar Palacios Castillo, presentaron la solicitud de refugio ante la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de esta ciudad, el veintiocho y treinta de junio del año en curso, respectivamente, sin que la autoridad migratoria se encuentre en aptitud de expedir la constancia de solicitud de refugio, pues hasta este momento no se ha iniciado el trámite respectivo, motivo por el cual se estima que no se han transgredido derechos sustantivos de la parte quejosa. Entonces, para que la función de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados por cuanto a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, debe ajustarse -como anteriormente se dijo- a lo establecido en los artículos 22, 23, 24 y 25 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que rigen el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado, y esto sucede en el momento de iniciar el trámite respectivo, esto es, en la fecha en que se citó a la parte quejosa, por ser cuando la autoridad responsable les otorga la constancia de solicitud. Sin que esta determinación implique una violación al derecho humano de la parte quejosa, considerando que desde el momento en que le fue programada la fecha para presentarse ante la autoridad responsable a iniciar el trámite correspondiente al procedimiento de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, ya cuenta con la prerrogativa jurídica de no devolución o deportación de este país; así como lo indican los citatorios que exhibió la propia parte quejosa, por lo que no se les deja en estado de indefensión. Por tanto, queda de manifiesto que la supuesta dilación en comento, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, siendo que es precisamente la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la citada ley de la materia. Por lo anterior, al no encuadrarse el juicio propuesto dentro de los supuestos establecidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, el mismo resulta improcedente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en el citado artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, en sentido contrario, todos de la citada ley. Tiene aplicación por las consideraciones que indica y de manera analógica la jurisprudencial 2a./J. 48/2016 (10a.). En ese sentido, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo solicitado por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Zugey Carolina Salamanca y Merleni Lucimar Palacios Castillo, en contra del acto precisado en el considerando segundo, atribuido a la autoridad señalada en el acta de la presente audiencia, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la licenciada Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a once de agosto de dos mil veintidós. SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días correspondiente a la vista concedida a las partes en proveído de nueve de agosto de dos mil veintidós, con el informe justificado rendido por la Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en el Estado de Chiapas. En esas circunstancias, para dar margen a que transcurra el plazo aludido en párrafo precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas del nueve de septiembre de dos mil veintidós para su verificativo, la cual preferentemente se llevará a cabo con la participación no PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 2 física de las partes sino a través del envío de sus pruebas, alegatos o promociones, o de ser indispensable, mediante el uso de algún medio electrónico y/o tecnológico que permita realizar diligencias a distancia, en cuyo caso así debe hacerse del conocimiento oportuno de este órgano jurisdiccional por la parte interesada, a fin de realizar la preparación pertinente. El señalamiento de la referida fecha, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal, tomando como base las medidas preventivas y lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020, 372020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 2/2022, 7/2022 y 9/2022. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los estadísticos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a nueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe justificado correspondiente al Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en el Estado de Chiapas y anexos que acompaña. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la potestad ocursante ofreciendo como pruebas de su intención, las documentales que allega junto a su informe de cuenta, las cuales desde este momento se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, en el entendido que serán relacionadas en la audiencia respectiva. Finalmente, se tiene a la responsable de trato autorizando como delegados de su intención y señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones a los profesionistas y la dirección que cita en su ocurso de mérito, de conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de la Materia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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