Zugey Baños Bautista

Expediente 1185/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1185/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
21/01/2022

Partes del expediente

  • Zugey Baños Bautista

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interponga recurso de revisión contra el auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2o, se declara que ha causado estado dicha determinación. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues éstas sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría deparar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a las autoridades que se señalaron como responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." En ese orden de ideas, toda vez que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el auto inicial y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otra parte, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el numeral 21, fracción a), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de destrucción; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo de mérito. Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes treinta días, procédase a la destrucción del presente expediente de amparo y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, en términos del penúltimo párrafo del referido precepto 21 del Acuerdo General de mérito. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza al Secretario y/o Actuaria Judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por medio del cual remite el diverso del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa, Nacional, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Sin que en el caso, sea necesario dar vista a las partes con el contenido del referido informe, ni las constancias adjuntadas en su apoyo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, en razón a las consideraciones que a continuación se exponen. Ahora bien, visto el estado de autos, se desprende que el acto reclamado de forma esencial consiste en: La omisión en acordar los escritos presentados ante el juzgado responsable, el veintidós de febrero y veintiuno de julio, ambos de dos mil veintiuno, dentro del incidente de embargo precautorio derivado del expediente civil 305/2019, por los que en esencia solicitó que se abriera a prueba el incidente de embargo precautorio; así como, desistirse de la demanda incidental de embargo precautorio y otras prestaciones promovidas contra el demandado incidentista Luis Palacios Saguilan. En ese contexto, se estima que no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se estima actualizada, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, de manera que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (...)" Al respecto, se establece en primer término el significado de las palabras "cesar" y "efecto", que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Por lo que, la frase "cesar los efectos" del acto reclamado, se refiere cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; en tal virtud para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada; por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. Así, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Luego, para que pueda operar o actualizarse la causa de improcedencia en estudio, es menester que los actos reclamados en el presente juicio quedaran sin efecto. Así las cosas, se reitera que el acto reclamado en estudio, consiste en la omisión del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa, Nacional, Oaxaca, en acordar los escritos presentados el veintidós de febrero y veintiuno de julio, ambos de dos mil veintiuno, dentro del incidente de embargo precautorio derivado del expediente civil 305/2019, por los que en esencia solicitó que se abriera a prueba el incidente de embargo precautorio; así como, desistirse de la demanda incidental de embargo precautorio y otras prestaciones promovidas contra el demandado incidentista Luis Palacios Saguilan. Por tanto, para que opere la causa de improcedencia en comento, resulta necesario demostrar que la autoridad responsable hubiere acordado las peticiones contenidas en los escritos antes mencionados; lo que así sucedió, pues conforme a las constancias que remitió el órgano jurisdiccional responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, pues se trata de un documento expedido por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones, se advierte que el treinta de noviembre de este año (fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo), proveyó: ".visto el contenido del primero y del segundo, atendiendo que sus peticiones resultan contradictorias ya que por una parte solicita se abra el presente incidente a prueba y por otra parte refiere desistirse de la demanda incidental de Embargo Precautorio y otras prestaciones promovidas en contra del demandado incidentista LUIS PALACIOS SAGUILAN, luego entonces a efecto de acordar lo conducente, requiérase a la promovente para que aclare o rectifique su petición." De lo anterior, se desprende que la autoridad responsable acordó lo que estimó conducente respecto a las solicitudes de la impetrante; esto es, al considerar que aquéllas resultaban contradictorias, ordenó requerir a la quejosa para que aclarara sus pretensiones. Lo que notificó el uno de diciembre de dos mil veintiuno (fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo), a la aquí quejosa Zugey Baños Bautista, por conducto de su autorizado (Alejandro Casarrubias Pinzón). Sin que el presente estudio implique la verificación de la constitucionalidad o no de la notificación practicada, ya que únicamente versa sobre la omisión atribuida, esto es una cuestión de no hacer. En esas circunstancias, se considera que al haberse satisfecho la pretensión de la parte quejosa, esto es, que la responsable acordara los escritos presentados el veintidós de febrero y veintiuno de julio, ambos de este año; por tanto, han cesado los efectos de la abstención reclamada, al ser destruido por completo de forma total e incondicional la omisión existente; además de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por analogía al caso la tesis VI.1o.T.6 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, legible en la página 2522, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del registro 2012413, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE." En tales circunstancias, al encontrarse acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. En el caso, se estima que la presente determinación no transgrede el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones ante un Juez o Tribunal competente, porque la naturaleza y alcances de dicho principio no implican eludir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Además, que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, y por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la misma, esto es, las DOCE HORAS CON UN MINUTO DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. En consecuencia, se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al caso, cobra vigencia por las razones que la sustentan, la jurisprudencia número 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, entre las emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que para el día de hoy, se encuentra señalada la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, se estima, no puede llevarse a cabo, ya que se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable Juez mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa Nacional Jamiltepec, Oaxaca, rinda su informe con justificación, dado que fue notificado del oficio mediante el cual se le requirió, el siete de diciembre actual. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y, en su lugar, se señalan las DOCE HORAS CON UN MINUTO DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS, para su celebración; hora y fecha disponible en la agenda de este órgano jurisdiccional. Notifíquese y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo, promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Estado de Oaxaca; regístrese en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional bajo el número 1185/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ; asimismo, fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo. Incidente de suspensión. No se tramita Incidente de suspensión por no solicitarse expresamente en el escrito de demanda. Informe justificado. Con fundamento en los artículos 117 y 118 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en la inteligencia de que podrán enviarlo vía fax al teléfono 9515023701 o por correo electrónico 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, en aras de garantizar el principio de celeridad procesal; y, en el caso de que el acto reclamado sea cierto, remitan a este Juzgado de Distrito: 1) Copia certificada de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, acorde con el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completas y legibles. 4) Asimismo, cuando la autoridad advierta que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acrediten, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, y 64, ambas de la Ley de Amparo. Apercibida que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir copia certificada completa y legible de las constancias relativas, al dictarse sentencia se le impondrá multa, con fundamento en el artículo 17, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en vigor, por el monto de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, cero centavos, moneda nacional) equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; atendiendo al valor de $89.62 (ochenta y nueve pesos, sesenta y dos centavos, moneda nacional); acorde con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que, los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora Unidad de Medida y Actuaciones, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, solicítese a la autoridad responsable que, al momento de rendir su informe justificado, haga del conocimiento de este órgano judicial, si en el expediente de donde emana el acto reclamado, ya se promovieron diversos juicios de amparo; de ser afirmativa su respuesta, proporcione el número de juicio, así como el Juzgado que conoció del mismo; lo anterior, para estar en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda. Obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. De igual forma, con fundamento en el artículo 64 de la ley de la materia, prevéngase a las partes, para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten. Notificación a autoridad responsable. Por otra parte, se señala a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento al juicio, toda vez que este juzgado notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la fracción primera del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquéllas que se consideren trascendentes. Audiencia constitucional. Se señalan las DOCE HORAS CON UN MINUTO DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 115, párrafo primero, de la ley de la materia. Notificación al Ministerio Público de la Federación. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde. Asimismo, hágase del conocimiento de la representante social de la Federación, que la copia de la demanda de amparo, queda a su disposición en la actuaría de este juzgado, por lo que se ordena darle la intervención que legalmente le corresponde, y hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, por no encontrarse en el caso previsto en el inciso c) de la fracción II de dicho precepto, Tercero interesado. Acorde con lo previsto en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, este juzgado se reserva a proveer respecto al señalamiento de terceros interesados, hasta en tanto obren en autos las constancias de las que pueda constatarse la existencia de los actos reclamados. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alejandro Casarrubias Pinzón, por no tener cédula profesional registrada en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF); y únicamente para oír y recibir notificaciones a Ricardo Moisés Martínez López, por no tener su cédula profesional registrada en dicho sistema. Medios electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Correo electrónico y número de celular. Ahora, respecto a la solicitud que se practiquen las notificaciones que deriven de este asunto, al correo electrónico y número telefónico que proporciona; dígasele que no ha lugar a acordar favorablemente su petición, toda vez que la Ley de Amparo, no prevé que las notificaciones se lleven a cabo por dicha forma; por lo que si su intención es que se le notifique electrónicamente deberá ajustar su solicitud a lo que establece el artículo 30 de la ley de la materia. No obstante, con apoyo en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota del correo electrónico y número telefónico que proporciona, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Finalmente, se autoriza a la actuaria (o) y/o secretaria (o) judicial para que firmen los oficios correspondientes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 8,475 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano