Zoraida Gutiérrez Clemente

Expediente 1322/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1322/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
05/12/2018

Partes del expediente

  • Zoraida Gutiérrez Clemente

Actuaciones

  1. Principal

    ...AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA ÚNICAMENTE PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA...

  2. Principal

    ...SE DECLARA FIRME EL AUTO DE DOCE DE NOVIEMBRE DE LA ANUALIDAD EN CURSO, EN EL QUE SE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO...ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO...ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION UNA VEZ QUE TRANSCURRA EL TERMINO PARA TAL EFECTO...FINALMENTE, DEVUÉLVASE A LA AUTORIDAD EN MENCIÓN LA DOCUMENTAL QUE ENVIÓ COMO APOYO A SU INFORME CON JUSTIFICACIÓN, DEBIENDO DICHA AUTORIDAD ACUSAR DE RECIBDO, APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO SE LE IMPONDRÁ LA MULTA INDICADA...

  3. Principal

    Visto el estado de los autos, de los que se advierte que mediante proveído de diez de octubre de la anualidad que transcurre, se requirió a la responsable el cumplimiento a la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; sin embargo, a la presente data no se ha pronunciado al respecto. En mérito a lo anterior y atendiendo a que la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, ha hecho caso omiso de un mandato judicial, resultando evidente que el plazo concedido ha sido excedido, sin que haya dado cumplimiento con lo anterior; en esa tesitura, en aras de la facultad potestativa y arbitrio de este juzgador y ante la contumacia y desacato en que ha incurrido, con apoyo en el artículos 192, párrafo segundo en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se le hace efectiva la MULTA, ordenada en proveído de diez de octubre de dos mil dieciocho, en autos del juicio de amparo en que se actúa, por Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional) diarios, que asciende a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero del presente año. Además, ante la conducta contumaz del obligado a realizar lo mandado, siendo la premura de tal cumplimiento, la pauta que obliga a dar celeridad a ese procedimiento, en tanto que por encima del interés meramente individual del afectado con la medida de apremio, se encuentra el interés de la parte quejosa en que se instrumenten los medios necesarios para que las resoluciones y determinaciones judiciales se cumplan a la brevedad posible, esto con el propósito de que se haga efectiva la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional, consistente en la administración de justicia pronta, completa e imparcial, la cual se ve menoscabada ante su conducta omisiva, la cual es evidentemente reiterativa. Los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 192. (.) En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. (.) Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta Ley será de cien a mil días." Por su parte el normativo 17, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado, determina: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. (.) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. (.)." En esa tesitura, conforme a los artículos transcritos se deduce que en el último, existe mandamiento expreso de nuestra Carta Magna que autoriza al Congreso de la Unión y a las Legislaturas Locales o Congresos de las entidades federativas, respectivamente, para proveer en la esfera de su competencia, el establecimiento de los medios de apremio necesarios que permitan a los tribunales y Jueces la plena ejecución de sus resoluciones; por tanto, si al hacer uso de dicha autorización, los cuerpos legislativos, no sujetaron la aplicación de los medios de apremio a orden alguno, ni a reglas de aplicación, que tuvieran que ser observadas en el ejercicio de la facultad discrecional de imponer una medida de apremio, ha de considerarse que la única limitación existente para esta autoridad judicial, radica en el hecho de que al decidir el empleo de cualesquiera de los medios que enumera el precepto en comento, deberá expresar con claridad la motivación que tenga para ello, lo que implica el debido respeto a las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En ese tenor, ha de considerarse que para garantizar la plena ejecución de las resoluciones judiciales, el legislador, en cumplimiento del mandato constitucional de mérito, determinó los medios de apremio necesarios para que los juzgadores puedan hacer cumplir sus resoluciones, sin sujetarse al orden en que se listan, o reglas de aplicación, pues en primer término, la norma constitucional que se analiza no lo indica en ese sentido y en segundo término, de tener que observar el orden de la enumeración que se hace en los preceptos a estudio, no sólo no se garantizaría la ejecución de las resoluciones sino que se obstaculizaría la actividad jurisdiccional del juzgador, contrariándose así lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional supracitado. Cobra aplicación, la Jurisprudencia 21/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo III, Mayo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "MEDIOS DE APREMIO. SI EL LEGISLADOR NO ESTABLECE EL ORDEN PARA SU APLICACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL ARBITRIO DEL JUZGADOR. De la interpretación del artículo 17 constitucional se llega a la conclusión de que las Legislaturas Locales tienen facultades para establecer en las leyes que expiden los medios de apremio necesarios de que dispondrán los Jueces y Magistrados para hacer cumplir sus determinaciones, en aras de la administración de justicia pronta y expedita que a cargo de éstos establece el precepto constitucional supracitado; luego, si el legislador no establece un orden para la imposición de las medidas de apremio que enumere en la norma respectiva, ha de considerarse que corresponde al arbitrio del juzgador, de acuerdo con la experiencia, la lógica y el buen sentido, aplicar el medio que juzgue eficaz para compeler al contumaz al cumplimiento de una determinación judicial, debiendo en ello, como en cualquier acto de autoridad, respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, esto es, expresando las razones (debida motivación) por las que utiliza el medio de que se trate." Consecuentemente, lo correcto es que este resolutor haga uso del arbitrio para aplicar en cada caso la medida de apremio que por la experiencia, la lógica y el buen sentido, tal y como lo prevén las normas en comento, para compeler al contumaz a cumplir con una determinación judicial, respetando desde luego las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 Constitucionales. Así, en el caso, la actitud asumida por la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, quien es autoridad responsable en el presente juicio de garantías, al no dar cumplimiento a lo ordenado por este órgano de control constitucional, origina una actitud de desobediencia ante una resolución judicial. En consecuencia, gírese atento oficio a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Chiapas "1", con sede en esta ciudad, para que se sirva cobrar la multa impuesta; asimismo, se le informa que éste órgano de control constitucional desconoce el nombre, fecha de nacimiento y R.F.C. de la autoridad sancionada. Ahora, requiérase a la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que en el término veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, informe el cumplimiento dado a la ejecutoria en el presente asunto; en la inteligencia, que en caso de no hacerlo y ante la actitud de no informar y enviar las constancias relativas, se le impondrá multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $80.60 (ochenta pesos, con sesenta centavos moneda nacional) diarios de salario mínimo nacional vigente, conforme al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el Poder Ejecutivo, en vigor que asciende a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos, moneda nacional); sin perjuicio de proceder en términos de lo dispuesto del segundo párrafo del primer numeral citado, que dispone: "Artículo 192. (.) En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación." Finalmente, visto el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, por el cual solicita se le requiera a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; al efecto, dígasele al promovente que se esté a lo acordado, en párrafos precedentes

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