Zoraida Álvarez Reyes

Expediente 463/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
463/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
04/06/2018

Partes del expediente

  • Zoraida Álvarez Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del veintiocho de mayo al uno de junio del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Como se desprende de los párrafos que anteceden, el presente asunto se encuentra totalmente concluido, por lo que con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, dígase al promovente de que se trata que quedan a su disposición las copias de la demanda de garantías que exhibió, en la secretaría del juzgado para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído se realice, comparezca con identificación fehaciente a recogerlas, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido se procederá a destruirlas.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio OCC/C11/JDM/258/2018, signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se efectúo la compensación de cargas ordenada en el sistema de turno SISE-OCC v.1.1.0.61, relativo a la demanda de garantías promovida por ZORAIDA GUTIRREZ LADRON Y OTROS, quedando asentada en el sistema de turno y contabilizada a favor de este Juzgado. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese el oficio 12292/2018, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, al que adjunta la demanda de garantías promovida por Valente Álvarez Téllez, apoderado de ZORAIDA GUTIÉRREZ LADRÓN, carácter que acredita con el instrumento notarial que para tal efecto adjunta en copia certificada, y que este juzgado reconoce de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Lo anterior en razón a que declaró su incompetencia por razón de turno para conocer del juicio de amparo 436/2018, de su índice, dado que el acto que se reclama en dicho juicio, tiene relación estrecha con el reclamado en el diverso 773/2017, del índice de este Juzgado, al considerar que se actualizaba la hipótesis de la fracción II, del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Por tanto, dado que efectivamente existe una estrecha relación con el citado juicio de amparo y que este órgano jurisdiccional conoció con anterioridad del citado asunto, este juzgador SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO y continúa con el trámite del mismo. Regístrese con el número 463/2018; acúsese recibo. Ahora bien, de la demanda de garantías en trato se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Del artículo transcrito se desprende que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso, juicio o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en vigor, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Cabe destacar que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en: ".Lo constituye el auto de fecha veinte de abril dedos mil dieciocho, dictado por el C. Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro de los autos que integran el Toca número I-117/2018, formado, con motivo del recurso de apelación interpuesto por los CC. ZORAIDA GUTIERREZ LADRON, MARIA DOLORES ZORAIDA SERENO GUTIERREZ y OSCAR SERENO GUTIERREZ, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, pronunciada por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en el incidente de liquidación de sentencia promovido dentro de los autos que integran el juicio sumario civil número 36/2015, por los CC. FRANCISCO MIGUEL ROJAS LOPEZ, SERGIO RUBEN RAMIREZ LLANDERAL y JOSUE ISAIAS AYALA MORA, en contra de los CC ZORAIDA GUTIERREZ LADRON, ALEJANDRA SERENO GUTIERREZ, MARIA D LORES ZORAIDA SERENO GUTIERREZ y OSCAR SERENO GUTIERREZ". Por su parte, el artículo 680 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, establece: "ARTÍCULO 680. Puede pedirse la revocación de todos los autos de las salas del tribunal con excepción de las resoluciones que se dicten en grado de apelación y de aquellas respecto de las cuales se establece que no admiten recurso." Del numeral transcrito se colige, que todos los autos emitidos por las Salas del Tribunal, pueden ser revocados, con excepción de sus resoluciones y respecto de las cuales exista pronunciamiento en lo relativo. Así también, en el Capítulo II, del Título Séptimo, denominado "De la apelación", de su lectura se evidencia, que no existe disposición expresa, en el sentido que contra el auto que declara inadmisible el recurso de apelación emitido por las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no proceda recurso alguno. Por tanto, a través de tal medio de defensa ordinario se prevé la posibilidad de que sea modificado o revocado el auto reclamado, es claro que se debió agotar antes de acudir al juicio constitucional atento al principio de definitividad. Empero, como no se hizo así, entonces resulta evidente que como se anticipó, si contra dicho auto procedía el recurso de revocación, al no haberse interpuesto, el juicio de amparo en tal aspecto es improcedente. De ahí que como ya quedó establecido al ser la quejosa parte dentro del toca número I-117/2018, deducido del juicio sumario civil 36/2015, estaba obligado previamente a acudir a esta instancia constitucional a agotar el recurso procedente, atento al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Apoya a lo anterior la tesis de Jurisprudencia número I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Se cita también la tesis de jurisprudencia número 451, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común.". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de garantías se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, mediante oficio solicítese al encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, realice la compensación correspondiente del turno de demandas respecto de este Juzgado para fines estadísticos. Por otro lado, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 26, fracción III y 27, fracción III, de la ley reglamentaria en cita, se ordena practicar las notificaciones a la parte quejosa, aun las de carácter personal, por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional. Asimismo, se le tiene autorizando para oír y recibir notificaciones a Fernando Martínez García, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, se advierte que se encontró el dato inherente a la cédula profesional número 5987785, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, no así a Lorena Calderón Ruiz, Claudia Sánchez Andrade y Viridiana Mercado Gutiérrez, en tanto acrediten estar legalmente facultadas para ejercer la licenciatura en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil y únicamente para recibirlas a Oscar Reyes Valdés y Lucia Arreola Oviedo, en razón a que son pasantes juristas. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio 12292/2018, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, al que adjunta la demanda de garantías promovida por Valente Álvarez Téllez, apoderado de ZORAIDA GUTIÉRREZ LADRÓN, carácter que acredita con el instrumento notarial que para tal efecto adjunta en copia certificada, y que este juzgado reconoce de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Lo anterior en razón a que declaró su incompetencia por razón de turno para conocer del juicio de amparo 436/2018, de su índice, dado que el acto que se reclama en dicho juicio, tiene relación estrecha con el reclamado en el diverso 773/2017, del índice de este Juzgado, al considerar que se actualizaba la hipótesis de la fracción II, del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Por tanto, dado que efectivamente existe una estrecha relación con el citado juicio de amparo y que este órgano jurisdiccional conoció con anterioridad del citado asunto, este juzgador SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO y continúa con el trámite del mismo. Regístrese con el número 463/2018; acúsese recibo. Ahora bien, de la demanda de garantías en trato se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Del artículo transcrito se desprende que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso, juicio o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en vigor, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Cabe destacar que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en: ".Lo constituye el auto de fecha veinte de abril dedos mil dieciocho, dictado por el C. Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro de los autos que integran el Toca número I-117/2018, formado, con motivo del recurso de apelación interpuesto por los CC. ZORAIDA GUTIERREZ LADRON, MARIA DOLORES ZORAIDA SERENO GUTIERREZ y OSCAR SERENO GUTIERREZ, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, pronunciada por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en el incidente de liquidación de sentencia promovido dentro de los autos que integran el juicio sumario civil número 36/2015, por los CC. FRANCISCO MIGUEL ROJAS LOPEZ, SERGIO RUBEN RAMIREZ LLANDERAL y JOSUE ISAIAS AYALA MORA, en contra de los CC ZORAIDA GUTIERREZ LADRON, ALEJANDRA SERENO GUTIERREZ, MARIA D LORES ZORAIDA SERENO GUTIERREZ y OSCAR SERENO GUTIERREZ". Por su parte, el artículo 680 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, establece: "ARTÍCULO 680. Puede pedirse la revocación de todos los autos de las salas del tribunal con excepción de las resoluciones que se dicten en grado de apelación y de aquellas respecto de las cuales se establece que no admiten recurso." Del numeral transcrito se colige, que todos los autos emitidos por las Salas del Tribunal, pueden ser revocados, con excepción de sus resoluciones y respecto de las cuales exista pronunciamiento en lo relativo. Así también, en el Capítulo II, del Título Séptimo, denominado "De la apelación", de su lectura se evidencia, que no existe disposición expresa, en el sentido que contra el auto que declara inadmisible el recurso de apelación emitido por las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no proceda recurso alguno. Por tanto, a través de tal medio de defensa ordinario se prevé la posibilidad de que sea modificado o revocado el auto reclamado, es claro que se debió agotar antes de acudir al juicio constitucional atento al principio de definitividad. Empero, como no se hizo así, entonces resulta evidente que como se anticipó, si contra dicho auto procedía el recurso de revocación, al no haberse interpuesto, el juicio de amparo en tal aspecto es improcedente. De ahí que como ya quedó establecido al ser la quejosa parte dentro del toca número I-117/2018, deducido del juicio sumario civil 36/2015, estaba obligado previamente a acudir a esta instancia constitucional a agotar el recurso procedente, atento al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Apoya a lo anterior la tesis de Jurisprudencia número I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Se cita también la tesis de jurisprudencia número 451, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común.". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de garantías se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, mediante oficio solicítese al encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, realice la compensación correspondiente del turno de demandas respecto de este Juzgado para fines estadísticos. Por otro lado, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 26, fracción III y 27, fracción III, de la ley reglamentaria en cita, se ordena practicar las notificaciones a la parte quejosa, aun las de carácter personal, por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional. Asimismo, se le tiene autorizando para oír y recibir notificaciones a Fernando Martínez García, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, se advierte que se encontró el dato inherente a la cédula profesional número 5987785, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, no así a Lorena Calderón Ruiz, Claudia Sánchez Andrade y Viridiana Mercado Gutiérrez, en tanto acrediten estar legalmente facultadas para ejercer la licenciatura en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil y únicamente para recibirlas a Oscar Reyes Valdés y Lucia Arreola Oviedo, en razón a que son pasantes juristas. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano