Zoilo Hernández Encarnación y Otros.
Expediente 1700/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 16 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1700/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 16/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Zoilo Hernández Encarnación y Otros.
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE ZOILO HERNÁNDEZ ENCARNACIÓN, EL ACUERDO QUE DICE: Con la demanda de amparo promovida por Zoilo Hernández Encarnación, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese con el número 1700/2015 en el libro de gobierno respectivo. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la demanda, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer del asunto, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, se toma en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El artículo citado establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: 1) Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúe ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda de amparo; 3) Si el acto controvertido carece de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el párrafo cuarto, fracción séptima, del punto cuarto, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, los Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, ejercen jurisdicción en aquella ciudad. HECHOS En el caso, el acto reclamado por el promovente consiste en: ? La orden de desocupación dictada en su contra por el Juez Segundo de Primera Instancia del distrito judicial de Córdoba, Veracruz, en el juicio ordinario civil 1648/2012 de su índice, respecto del bien inmueble marcado con el número 9, de la manzana 16, Fundo Legal "Berlín" de la Congregación de Palma y Montero, del municipio de Córdoba, Veracruz; y su ejecución. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto, debido a que la ejecución del acto reclamado tendrá lugar donde no tiene jurisdicción territorial este Juzgado de Distrito, es decir, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, debido a que la ejecución de la orden de desocupación del bien inmueble mencionado, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Córdoba, Veracruz, en el juicio ordinario civil 1648/2012 de su índice, se realizara en ese lugar. Por lo que la regla competencial aplicable en el caso es la prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; por lo que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio; en consecuencia, remítasele al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, en turno, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Registro No. 162635 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, Marzo de 2011 Página: 2288 Tesis: I.15o.A.41 K Tesis Aislada Materia(s): Común "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Con copia de la demanda y de este acuerdo, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Se faculta como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Claudio Pérez Alcaide y Rodrigo Cristian Mendoza García, por tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro único de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y, en términos de la última parte del segundo párrafo del mencionado artículo, a las restantes personas que indica, por no tener sus cédulas profesionales registradas. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica.
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