Zoila Sandra Cid Jove
Expediente 1269/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1269/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Zoila Sandra Cid Jove
- Zoila Sandra Cid Jove y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA I "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, mediante proveído de ocho de agosto de dos mil dieciséis (fojas 10 a 13), se desechó la demanda de garantías promovida por ZOILA SANDRA CID JOVE y MARÍA DEL CARMEN CHACÓN MACES, el cual se notificó a la parte promovente el nueve de agosto siguiente (foja 15); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."
- Principal
MSA I "... Vista la demanda de amparo promovida por ZOILA SANDRA CID JOVE y MARÍA DEL CARMEN CHACÓN MACES, contra actos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado residente en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1269/2016. Ahora, toda vez que dicha demanda está redactada bajo protesta de decir verdad, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo... Los artículos, jurisprudencia y tesis transcritos revelan que el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En la especie, el acto reclamado consistente en la omisión en el cumplimiento del laudo dictado en dicho juicio laboral 6/2016, la cual no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en el citado juicio laboral, pues no se ha determinado el cumplimiento total del laudo ni tampoco se determinó que hubiera imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento al mismo, casos en los cuales, el amparo indirecto resulta procedente. Conforme lo anterior, para la impugnación de los actos u omisiones en ejecución de un laudo, es necesario que se reclame "la última resolución", como presupuesto de procedencia de la vía indirecta. Además, cabe decir que también es improcedente el amparo indirecto promovido por la parte actora, no obstante que haya sido la parte vencedora en el juicio natural. Consideraciones similares que tuvo el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el toca en revisión 348/2014, deducido del juicio de amparo indirecto 512/2014 del índice de este Juzgado, promovido por Israel Jacinto López, contra actos del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, por conducto de Director General y que ahora, el suscrito hace suyas. En tal virtud, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, toda vez que la parte quejosa señala los estrados de este juzgado, para oír y recibir notificaciones; el cual no es propiamente un domicilio procesal, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se le practicarán por lista de acuerdos; se tiene por autorizada para el mismo efecto, a la persona que menciona. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias, contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV, del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional.
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