Zoila Ruth Ríos González

Expediente 214/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
214/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
29/06/2018

Partes del expediente

  • Zoila Ruth Ríos González
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito A Este Juzgado
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el uno de junio de dos mil dieciocho (fojas 113), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico, manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de cuatro de junio del año actual (folio 116), se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 83 a 98), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la quejosa la cantidad de ********************por la inscripción registral del instrumento público y por inscripción de préstamo hipotecario, cantidad erogada en relación con los diversos conceptos "FOM. EDUCACIÓN", "ASIST. SOCIAL" y "U.A.N.", al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, la cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación del artículo tildado de inconstitucional, consistente en el pago de derechos por inscripción de contrato de transmisión de la propiedad de bien inmueble con garantía hipotecaria que está acreditado en autos, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional." Ante ello, a través del oficio recibido por este Juzgado Federal el uno de junio del año en curso (fojas 113 a 115), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia de la transferencia efectuada a la cuenta de la parte quejosa por la cantidad de ********************, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de ******************** (dieciséis mil cientos cuarenta y ocho pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional), sin embargo el amparo se concedió únicamente para que se le devolviera el numerario de ******************** (********************), al cual se le restaría la diversa cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos) y $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos), que corresponden al cobro de las contribuciones adicionales previstas en la fracción I del artículo 21 de la Ley de Ingresos de que se trata, que dan como resultado total ********************, sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron pagados el veintitrés de enero de dos mil dieciocho y en el mes de mayo de dos mil dieciocho, se efectúo la devolución mediante transferencia a la cuenta de la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de diciembre de dos mil diecisiete a abril de dos mil dieciocho; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de abril de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril del actual año entre el índice para el mes de diciembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de diciembre de dos mil diecisiete fue de 130.813; y para el mes de abril del año actual de 131.987. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: ********************. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver ********************, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, ********************; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remante a devolver ********************, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de ******************** Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad ******************** por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que se debía devolver al quejoso era de ********************; sin embargo, se le reintegró la diversa cantidad de ********************, es decir, le devolvió de más un centavo, pero dicha variante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la parte quejosa a fin de devolverla, así como los que efectúe la autoridad responsable para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión toda vez que no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta, testimonio certificado de la resolución dictada dentro del recurso de queja administrativo 395/2017, promovido en el juicio de garantías 782/2012, por Adolfo Dueñas Canales, en su carácter de representante legal de la persona moral denominada "Turismo Vallarta II", Sociedad Anónima de Capital Variable, de la que se aprecia que el pleno de ese tribunal declaró infundado el medio de impugnación interpuesto por el autorizado de la parte quejosa; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y acúsese el recibo de estilo. De igual manera, ténganse por recibidos los autos originales en cuatro tomos, que le fueron remitidos para la substanciación de dicho medio de impugnación. Ahora bien, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado, se aprecia que quedó firme la resolución recurrida en autos del incidente innominado de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Legislación de Amparo, requiérase al Tesorero Municipal de Bahía de Bahía de Banderas, Nayarit, para que dentro del plazo de quince días posteriores a la notificación correspondiente, devuelva a la parte quejosa Turismo Vallarta II, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Adolfo Dueñas Canales, la suma de $1´192,343.50 (un millón ciento noventa y dos mil trescientos cuarenta y tres pesos 50/100 moneda nacional), como consecuencia del fallo protector otorgado; lo que deberá realizar a través de los sistemas existentes o de manera personal y acreditarlo oportunamente ante este órgano de control constitucional. Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, acorde con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor. Finalmente, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la citada Ley.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio signado por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico, a través del cual, informa el cumplimiento dado al fallo protector, al efectuar la transferencia por la cantidad que indica a la cuenta de la agraviada; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento a la sentencia amparadora, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio de cuenta suscrito por el Titular de la Delegación Nayarit, del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en esta ciudad, a través del cual, en atención al requerimiento contenido en el comunicado 23029/2018-VI, de cuatro de junio de dos mil dieciocho (foja 270), informa que por las razones que expone no le es posible designar un perito en materia de trabajo social, a fin de realizar un estudio socioeconómico a la parte quejosa; por tanto, agréguese a sus autos el ocurso de mérito para los efectos legales a que haya lugar. En ese tenor, ante la facultad de ejercicio potestativo que tiene este Juzgado de Distrito para recabar de oficio nuevos medios de prueba, como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para determinar la condición económica de la accionante de garantías y en su caso, ordenar o no la publicación de edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, para emplazar al tercero interesado en autos, así como en cumplimiento a la ejecutoria de veintisiete de julio del año en curso, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, residente en esta ciudad, emitida dentro del amparo en revisión 179/2016, de conformidad en los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo, gírese oficio al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F), con residencia en esta ciudad, a fin de que designe un perito en materia de trabajo social (trabajador social), para efectos que realice un estudio socioeconómico a la quejosa Rocío Berenice Alemán Castro, quien tiene su domicilio particular en sito calle Pino Suárez, número 276, colonia Benito Juárez, de esta localidad, código postal 63160 y valore su situación pecuniaria, lo que conlleva a analizar el entorno social, familiar o laboral de la solicitante del amparo y que el trabajador social, a través de sus sentidos, corrobore dónde, cómo, en qué condiciones vive, a qué se dedica y qué bienes tiene, así como el lugar en que se haya y el estatus económico de la zona, entre otras particularidades. Es aplicable, la tesis 1a. CXXIII/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página mil ciento diez, Libro dieciséis, de Marzo de dos mil quince, Tomo II, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "**. De igual manera, la tesis I.3o.C.973 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página mil nueve, Tomo XXXIV, de Julio de dos mil once, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

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