Zoila Mayela Treviño Pérez

Expediente 211/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
211/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
10/05/2021

Partes del expediente

  • Zoila Mayela Treviño Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio que suscribe el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, a través del cual acusa recibo del oficio mediante el cual se remitió el original de la demanda de amparo las cuales originaron el juicio de amparo 211/2021-V, de nuestro índice; asimismo, informa que se avocó al conocimiento del juicio de que se habla, registrándolo con el número 669/2021. En mérito de lo anterior, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido, al tenor de lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento al punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes agregados en los Juzgados de Distrito; después de analizar las constancias de autos, se considera que este expedientillo está contemplado por la fracción XX, del segundo punto de las disposiciones generales, por lo que es susceptible de destrucción, lo cual deberá ocurrir una vez que transcurran seis meses contados a partir del presente auto.

  2. Principal

    quejosa señala que solicita el amparo y protección de la justicia federal, toda vez que tiene el temor fundado, de que se pueda llevar en su contra actos en los cuales implique un riesgo y peligro de que se vea restringida su derecho a la libertad personal, de igual manera un acto en su contra que implique situaciones en el artículo 22 de Nuestra Carta Magna, por ello solicita la suspensión de oficio y de plano. En principio, a pesar de que la parte quejosa aduzca que los actos que reclama son violatorios del artículo 22 constitucional, no es el caso decretar la suspensión de plano en el presente asunto, en atención a las siguientes consideraciones. La suspensión del acto reclamado es la institución jurídica encargada de salvaguardar la materia del juicio en lo principal, a fin de evitar que desaparezca y, con ello, ocasionar daños de difícil reparación al impetrante; la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, la divide en dos rubros, a saber, a) petición de parte y b) oficio. A diferencia de la primera, la suspensión de oficio procede aun sin mediar petición del agraviado, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, circunstancia que únicamente el Juez de Distrito tiene la facultad para decidir si se está ante la presencia o no de actos de esa naturaleza, a fin de decretarla. Respecto a la palabra "de plano", en el argot jurídico significa, "sin más trámite", es decir, de inmediato; ello tiene una finalidad lógica, evitar quede consumado un acto de forma irreparable con serios perjuicios para el gobernado, pero únicamente procede respecto a los actos así determinados por la carta magna o a los cuales la ley de amparo les atribuye tal magnitud, amén de la facultad discrecional con que cuenta el juez de amparo, para considerar alguno diverso a los expresamente previstos; esta suspensión se concede aunque a la postre deje sin materia el juicio en lo principal, dado los bienes jurídicos que tutela. Es aplicable en este rubro la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible a tomo XI, página 310, junio de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, que dispone: "SUSPENSIÓN DE PLANO. IMPROCEDENCIA DE SU TRÁMITE EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. La suspensión de plano debe concederse sin mayor trámite; en otros términos, su decretamiento procede en los autos del juicio en lo principal y se otorga de oficio, en los casos comprendidos en el artículo 22 constitucional, o bien en el capítulo de materia agraria contenido en la Ley de Amparo, porque en hipótesis diversas a las contempladas, resulta aplicable el artículo 124 de la citada ley, en la vía incidental, cuyo trámite es por cuerda separada." Por ello, para su procedencia, los actos reclamados deben estar revestidos con una naturaleza de presentes e inminentes, no futuros, eventuales o inciertos, tampoco pasados, pues de ser así, ya no tendría razón de ser la medida suspensiva. En el caso, aun cuando la parte quejosa señala como precepto violado el 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica como acto reclamado que tiene el temor fundado, de que se pueda llevar en su contra actos en los cuales implique un riesgo y peligro de que se vea restringida su derecho a la libertad personal, de igual manera un acto en su contra que implique situaciones en el artículo 22 de Nuestra Carta Magna; sin que precise de qué forma los actos que reclama son violatorios de los derechos reconocidos en el aludido precepto constitucional. Sin embargo, no es el factible decretar la suspensión de plano de los actos reclamados, ya que del mismo libelo no se advierte que actualmente la quejosa esté siendo objeto de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que los actos que reclama tendientes a privarla de su libertad, hacen referencia a hechos futuros e inciertos; máxime que de los antecedentes de los actos reclamados, se obtiene que la quejosa no se encuentra detenida, por lo que no puede considerarse que se encuentre en alguna situación que implique los actos del artículo 22 Constitucional; por tanto, la suspensión de plano respecto a ellos no tendría ningún sentido, de ahí que deba considerarse improcedente su concesión. Cobra especial relevancia en este rubro, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a tomo XX, página 1458, diciembre de dos mil cuatro, de la Novena Época, que dispone: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio" En la inteligencia de que se atiende la petición realizada por la quejosa por reclamar la suspensión de plano; sin embargo, de autos se advierte que el veintinueve de abril del presente año, este juzgado se declaró incompetente para conocer la demanda presentada, remitiéndose a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista el auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno a la parte quejosa, por no acudir al órgano jurisdiccional a notificarse personalmente; se declara incompetencia, se remite expediente a Saltillo.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL.

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