Zoila Maria Morena Diaz Piña

Expediente 1479/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1479/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/09/2022

Partes del expediente

  • Zoila Maria Morena Diaz Piña

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido del Tribunal Colegiado en Materias de Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, su oficio 6188, y el testimonio que remite de la resolución pronunciada por ese Tribunal el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el toca 237/2022, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la quejosa Zoila María Morena Díaz Piña, en contra del proveído dictado en este juicio el catorce de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. Resolución de la que se desprende que el citado Tribunal declaró infundado el aludido recurso de queja. Acúsese el recibo de rigor. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d), del citado precepto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil veintidós. Visto: agréguese a los autos el oficio DCA/SJA.-2C.10.1.7062/2022, de la Jefa de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina, con sede en la Ciudad de México, en representación del Secretario de Marina, a través del cual, en relación a la información que se le solicito por auto de nueve de junio de dos mil veintidós, respecto de la multa impuesta al Capitán ********************, Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación VS Covid 19 "Operativo Correcaminos", comunica las gestiones que se encuentra realizando a fin de proporcionar el informe requerido en dicho auto. Circunstancia de la cual queda enterado este Juzgado Federal, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    V I S T O S, los presentes autos para resolver el incidente relativo a la denuncia de repetición del acto reclamado respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio de amparo número 946/2021-VI-B, promovido por Juan Carlos Sánchez de Córdova, en contra de la Juez Primero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el uno de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo días a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció JUAN CARLOS SÁNCHEZ DE CORDOVA, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclamaba al Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en: La resolución de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, mediante la cual, se revocó el proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, y se fijó la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), en concepto de pensión alimenticia provisional a favor de Maricruz Pérez Montalvo, en autos del juicio especial de divorcio sin causales 414/2019. SEGUNDO. En dos de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de que se trata; se solicitó su informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención legal que le compete; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y se señaló fecha y hora para la celebración de audiencia constitucional. TERCERO. El treinta de agosto de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable: "Deje insubsistente la parte conducente de la determinación de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictada en autos del juicio especial de divorcio sin causales 414/2019, y con libertad de jurisdicción, emita una nueva en la que, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución, resuelva el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada, aquí tercero interesada, en contra del diverso proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, aplicando de forma adecuada y suficientemente fundado y motivado el principio de proporcionalidad que rija la forma de fijar los alimentos. Sin que con dicha concesión se le constriña necesariamente a resolver de una manera distinta a la que lo hizo en cuanto a la fijación del monto de la pensión decretada, sino que se reitera, con libertad de jurisdicción, deberá emitir la determinación que considere más favorable para las partes involucradas, pero de acuerdo a la mecánica que para ello se establece en la codificación estatal ya señalada". CUARTO. Inconforme con la anterior determinación, la parte tercero interesada interpuso recurso de revisión en su contra, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el que mediante ejecutoria de veintisiete de abril de dos mil veintidós, confirmó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos fijados en el considerando quinto del fallo recurrido. En ese sentido, por auto de dos de mayo del año en curso, se requirió el cumplimiento de la sentencia ejecutoria a la autoridad responsable. QUINTO. Mediante oficio 1286 (fojas 196-2019), remitido por la Juez Primero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, informó y acreditó que dio cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Advirtiéndose que mediante resolución de cuatro de mayo del año en curso, siguiendo los lineamientos contenidos en la ejecutoria dictada en el presente asunto, resolvió el recurso de recurso de revocación interpuesto por la aquí tercero interesada Maricruz Pérez Montalvo, y revocó la parte conducente del proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, para quedar en los siguientes términos: "Vistos: [.] Con fundamento en el artículo 27 del Código de Familia, se fija provisionalmente como pensión alimenticia, a favor de la señora MARICRUZ PÉREZ MONTALVO, la cantidad líquida de treinta y cinco mil pesos mensual, a cargo del señor JUAN CARLOS SÁNCHEZ DE CORDOVA.". SEXTO. Por acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a las partes respecto del cumplimiento que dio la autoridad a la ejecutoria del amparo; y el veinte de mayo del año en curso, se determinó que el fallo protector, quedó debidamente cumplido. SÉPTIMO. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el quince de junio de dos mil veintidós, signado por el impetrante del amparo, se planteó incidente de repetición del acto reclamado en contra del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. OCTAVO. Por acuerdo de dieciséis de junio del año en curso, se admitió a trámite el referido incidente por repetición del acto reclamado respecto del cumplimiento dado por parte de la mencionada autoridad a la sentencia ejecutoriada en el presente juicio de amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Amparo, se requirió a la citada responsable para que dentro del término de tres días siguientes al de su notificación, rindiera su respectivo informe. NOVENO. El Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, rindió su informe en relación a la denuncia de repetición del acto reclamado, en el que manifestó que no le asiste la razón a la parte quejosa pues en la resolución de cuatro de mayo del presente año, se expusieron las razones que consideró respecto al estado de necesidad de la acreedora alimentaria, las cuales motivaron a aumentar la pensión alimenticia decretada en autos del juicio de origen. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de repetición del acto reclamado, en términos del artículo 199 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. En la especie, deviene infundado el incidente de repetición del acto reclamado promovido por el quejoso, por las consideraciones que enseguida se exponen. Al respecto, se debe considerar que la denuncia de repetición del acto reclamado tiene por objeto garantizar el respeto a las sentencias de amparo revestidas de la firmeza de cosa juzgada, de manera que la materia de tal incidente consiste en determinar si la autoridad responsable, en un nuevo acto, reiteró los vicios advertidos en la ejecutoria protectora. En principio es de señalarse que para estar en aptitud de determinar si existe o no repetición del acto reclamado, es menester analizar si el nuevo acto emitido por las autoridades responsables incurre en los mismos vicios por los que se declaró la inconstitucionalidad del acto reclamado en el juicio de amparo. La figura jurídica en cuestión se materializa cuando otorgada la protección de la Justicia Federal respecto de cierto acto autoritario que se consideró inconstitucional, la responsable, insiste en lesionar la esfera jurídica del gobernado, dictando un acto ulterior en los mismos términos que el primero, con idéntico sentido de afectación y que reproduce la violación de los derechos fundamentales que fueron protegidos en la sentencia de amparo, desconociendo así, el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de tales fallos. Asimismo, para determinar si se está en presencia de dicha repetición, es necesario realizar un análisis comparativo entre la determinación denunciada y los vicios que motivaron la concesión del amparo respecto del acto inicialmente reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la informan la jurisprudencia 2a./J. 68/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de mil novecientos noventa y ocho, página cuatrocientos doce, con número de registro 195588, del rubro y texto siguientes: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR SI EXISTE, DEBE EFECTUARSE UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NUEVA RESOLUCIÓN DENUNCIADA COMO REPETICIÓN Y AQUELLA QUE FUE MATERIA DEL FALLO PROTECTOR. Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, resulta ineludible para la autoridad que deba resolver el incidente que por repetición del acto reclamado se le plantee, procurarse todos los elementos de convicción necesarios para el legal pronunciamiento, siendo particularmente necesario allegarse ambas resoluciones, la reclamada y la que se denuncia como repetición, sin perjuicio de otros elementos que pudieran resultar idóneos, a fin de que el juzgador esté en posibilidad legal de efectuar el debido análisis comparativo y determinar así, mediante la correcta valoración de todos los elementos de juicio, si el acto denunciado incurre en los mismos vicios que aquel impugnado en el juicio de garantías y objeto del fallo protector. Consecuentemente, si el Juez de Distrito resuelve el incidente sin tales elementos, procede devolverle los autos para que falle con apego a derecho." Conforme a lo anterior, para determinar si en el presente asunto hubo repetición del acto reclamado es necesario precisar el alcance del amparo otorgado y el cumplimiento dado por las responsables. Por tanto, se transcribe una parte conducente, de la sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil veintiuno: ".En ese sentido, es menester señalar que en términos de lo dispuesto en el numeral 35 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, los alimentos deben fijarse, sean provisionales o definitivos, atendiendo al principio de proporcionalidad, que se componde de dos elementos, a saber, las posibilidades del deudor alimentario y las necesidades del acreedor alimenticio. El primero, depende principalmente, de su activo patrimonial, según sea el monto de sus salarios o ingresos o el valor de sus bienes, los que han de ser bastantes para cubrir la pensión reclamada, pero también debe atenderse a sus propias necesidades, sobre todo cuando vive separado de sus acreedores alimentarios, lo que, obviamente ocasiona que sus necesidades sean mayores. Y la necesidad del alimentario ha de establecerse atendiendo, de manera preferente, a los conceptos que se comprenden bajo la palabra alimentos en términos de lo dispuesto por el artículo 24 del ordenamiento legal en cita, así como el medio social en que se desenvuelve la acreedora alimentaria. Todo ello de conformidad con la potencialidad económica del alimentario, dado que los alimentos no sólo comprenden el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para que se desenvuelva en el estatus social que se desarrolle, sus costumbres y demás particularidades que representa a la familia que pertenece. Sin que ello signifique que por fijar una pensión alimenticia se esté obligando al deudor a perecer o a enriquecer al acreedor indebidamente u otra persona, puesto que dichas disposiciones nacen de la ley. De manera que la pensión alimenticia decretada, si bien es cierto tiene el carácter de provisional; también lo es, que ello en forma alguna se traduce en que pueda fijarse de manera arbitraria o discrecional, pues al subsistir el monto hasta en tanto se determine la pensión alimenticia definitiva, resulta incuestionable que le ocasiona un perjuicio al deudor alimentario que la misma haya sido decretada en forma contraria a la ley. Por lo anterior, no es suficiente que la autoridad responsable hubiera enlistado los extremos que aduce tomó en consideración para justificar la determinación de modificar el monto de la pensión alimenticia provisional reclamada, sino que, además se encontraba obligado a exponer detalladamente los motivos por los que el monto de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), resulta ser el adecuado para el caso en concreto. Pues era necesario que expusiera las razones por las que dichos elementos le revelaron que el estado de necesidad de la acreedora alimentaria eran mayores y, por tanto, la cantidad fijada inicialmente le era insuficiente, lo que omitió por completo llevar a cabo, pues de la determinación reclamada se desprende que únicamente señaló que fijó la cantidad de que se trata, atendiendo a que los medios de convicción aportados por la parte demandada, revelaron una mayor capacidad económica de la que el actor manifestó en su escrito inicial. Sin embargo, se reitera, fue completamente omiso en analizar el estado de necesidad de la acreedora alimentaria, manifestando en forma dogmática que ésta refirió que la cantidad de $24,000.00 (veinticuatro mil pesos, cero centavos, moneda nacional), que adujo el actor le entregaba en forma mensual, era insuficiente para solventar sus necesidades, sin acreditarlo en forma alguna, aunque se trate de una medida provisional, pues sólo ante la demostración de que las circunstancias que prevalecían en un principio variaron, tanto para la acreedora alimentaria como para el deudor, era factible la modificación de la pensión alimenticia provisional determinada. Apoya la anterior consideración, por el principio que contiene, la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página once, Tomo XIV, agosto de dos mil once, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 189214, Novena Época, de rubro y texto: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social". Lo anterior pone de manifiesto la ilegalidad de la determinación reclamada, porque la autoridad judicial responsable, a fin de no violentar el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 35 del Código Familiar del Estado de Yucatán, debió realizar un análisis ponderado de las constancias y circunstancias existentes en el procedimiento, expresando los razonamientos por los que estimó procedente resolver en la forma en que lo hizo. Es decir, por qué consideró, aun de forma provisional, que la cantidad determinada en la resolución de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, resulta adecuada a la luz del referido numeral, lo que no hizo. Circunstancia suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso JUAN CARLOS SÁNCHEZ DE CORDOVA, para el efecto de que el Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino, con sede en esta ciudad: Deje insubsistente la parte conducente de la determinación de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictada en autos del juicio especial de divorcio sin causales 414/2019, y con libertad de jurisdicción, emita una nueva en la que, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución, resuelva el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada, aquí tercero interesada, en contra del diverso proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, aplicando de forma adecuada y suficientemente fundado y motivado el principio de proporcionalidad que riga la forma de fijar los alimentos. Sin que con dicha concesión se le constriña necesariamente a resolver de una manera distinta a la que lo hizo en cuanto a la fijación del monto de la pensión decretada, sino que se reitera, con libertad de jurisdicción, deberá emitir la determinación que considere más favorable a las partes involucradas, pero de acuerdo a la mecánica que para ello se establece en la codificación estatal ya señalada. De lo anterior, se advierte que la protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable, dejara insubsistente la parte conducente de la determinación de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en autos del juicio de origen, y con libertad de jurisdicción, emitiera una nueva, en la que aplicara de manera fundada y motivada el principio de proporcionalidad. Ahora bien, a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, la Juez responsable, en primer término, dejó insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dictó otra en la que, entre otras cosas, analizó las necesidades de la acreedora alimentaria, para determinar el nivel de vida que sostenía con el aquí quejoso, como lo son gastos de hipoteca, alimentos, transporte, vestido y demás, así como que al contar con cincuenta y seis años de edad, las oportunidades de que sea contratada son menores. De ahí que atendiendo a tales circunstancias, así como a los datos que ya obraban en el procedimiento de origen la autoridad responsable determinó como pensión alimenticia provisional la cantidad liquida de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional) mensuales. Ahora bien, la parte quejosa en el escrito con el que interpuso la denuncia de repetición del acto reclamado, expuso, en lo que interesa, lo siguiente: ".como esta autoridad puede observar, tanto la resolución de fecha VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, y la resolución de fecha CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, son idénticas en lo correspondiente a una falta de análisis, razonamiento, fundamentación y motivación, y mucho menos se acredita una urgente necesidad y aumento urgente y necesario de la cantidad fijada como alimentos, únicamente se limita a suponer unas necesidades de la tercero interesada sin que obre documento alguno o base suficiente para el incremento del mismo, basándose únicamente en los "mismos razonamientos" que empleó en el auto señalado como ACTO RECLAMADO, la autoridad responsable continuó sin realizar un análisis ponderado de las constancias y circunstancias existentes en el procedimiento, únicamente realizó manifestaciones y se basó en las mismas circunstancias y constancias que empleó al decretar la resolución de fecha VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, tal y como se evidencia en la resolución de fecha CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, no existe prueba alguna que respalde sus argumentos en relación a la cantidad fijada en conceptos de alimentos tal y como se observa en el auto reclamado y de forma idéntica en el nuevo auto mencionado en líneas que anteceden, fijando la misma cantidad, los treinta y cinco mil pesos fijados en el auto reclamado, empleando los mismos motivos y supuestos, violentando mi derecho fundamental y continuando con el acto reclamado. SEGUNDO. Mediante sentencia constitucional de fecha TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, se concedió el amparo al quejoso, sin embargo, la responsable insiste en su conducta lesiva, ya que en la nueva resolución de fecha CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, se basa en los mismos motivos y supuestos que sustentaron la que fue materia del acto reclamado, es decir, la resolución de fecha VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO; de ahí que, si la responsable en la sentencia que cumplimenta la ejecutoria de amparo, como queda contundentemente acreditado la autoridad responsable, NO VALORA OTROS MEDIOS DE CONVICCIÓN, tomando en consideración los mismos que en el auto reclamado, resultando evidente que se actualiza dicha figura, siendo el sustento probatorio en ambas sentencias el mismo.". En este orden de ideas, el suscrito Juzgador Federal determina que la resolución de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictada por la Juez responsable en el juicio especial de divorcio sin causales 414/2019, y la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintidós, denunciada como repetitiva, no son actos material y jurídicamente idénticos. A fin de evidenciar lo anterior, es menester puntualizar los argumentos en los que la autoridad responsable basó cada una de las referidas determinaciones: RESOLUCIÓN DE VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO RESOLUCIÓN DE CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS ".Ante este panorama, es posible considerar que los ingresos del señor Juan Carlos Sánchez son superiores a los indicios que se obtuvieron con los documentos que el propio actor exhibió, de ahí que es pertinente considerar el monto de la pensión alimenticia, dado que incluso se presume que depositó la cantidad de veinticuatro mil pesos mensual, cantidad que la parte demandada considera que es insuficiente para solventar sus necesidades; así también se tiene la presunción que la señora Maricruz Pérez Montalvo, laboró durante el año dos mil dieciséis, percibiendo la cantidad de treinta y seis mil pesos mensual [.] En ese tenor, dado que se presume que existe un caudal suficiente, sin embargo, de los montos depositados en el año dos mil veinte, a favor del señor Juan Carlos Sánchez en el Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, no pueden inferirse como un total de ganancias, dado que es necesario conocer la contabilidad para determinar sus ganancias netas, pero sí de una mayor capacidad económica.". ".las necesidades de la acreedora alimentaria se dividen en los siguientes rubros: comida, vestido, habitación, atención médica y hospitalaria que el legislador estatuyó expresamente, para poder determinar el nivel de vida que la acreedora sostenía con el señor Juan Carlos Sánchez de Córdova, dada la falta de pruebas se puede considerar para el rubro de habitación, la adquisición de una vivienda por medio de un contrato de crédito hipotecario cuyas amortizaciones corresponden a un monto aproximado de veinticuatro mil pesos mensuales, del mismo modo se deben tener en cuenta los alimentos que debe consumir, considerando tres comidas diarias, así como la adquisición de ropa, zapatos y maquillaje, artículos de cuidado personal al que se encuentra acostumbrada, así como combustible para que pueda transportarse a sus actividades diarias; si bien no se acreditó los montos de estos gastos, esta circunstancia no es obstáculo para tenerlos por no acreditados, dado que estos gastos son constantes e impredecibles, por lo que en esta resolución se consideran realizados. Por otro lado, se tiene que al no existir indicio alguno por parte de la acreedora alimentaria respecto al rubro de gastos médicos, se puede presumir que su salud no se encuentra afectada por enfermedad alguna de manera crónica o que amerite una consideración especial en cuanto a gastos médicos, de rehabilitación o tratamiento alguno, sin embargo se debe considerar un monto que cubra eventos inesperados o enfermedades imprevistas, sin embargo, dado que la demandada tiene en la actualidad la edad de cincuenta y seis años, y dado que a esta edad se tiene la certeza de que las oportunidades de ser contratada son menores, contrario a la edad del recurrente quien en la actualidad tiene cuarenta y seis años, y dado su actividad empresarial, su capacidad de adquisición es superior a la de la citada señora Maricruz Pérez Montalvo. En ese sentido, resulta evidente que en la resolución recurrida, la Juez responsable, a fin de fijar el monto correspondiente a la pensión alimenticia provisional en autos del juicio de origen, se limitó a tomar en consideración los medios de convicción aportados por la parte demandada con los que se reveló una mayor capacidad económica de la que el actor, aquí quejoso, manifestó en su escrito inicial. Siendo omisa en establecer las razones por las que dichos elementos le revelaron el estado de necesidad de la acreedora alimentaria. Lo que, como ya quedó establecido, trajo como consecuencia la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que dejara insubsistente la resolución recurrida y emitiera una nueva en la que subsanara la irregularidad apuntada. A fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Juez responsable dictó una nueva determinación en la que, tal como quedó evidenciado en la transcripción realizada en párrafos precedentes, atendió los elementos que le revelaron el estado de necesidad de la acreedora alimentaria, aquí tercero interesada. Por lo que se reitera, al haber analizado la responsable en la resolución de cuatro de mayo del año en curso, elementos que no tomó en consideración al dictar la resolución primigenia a fin de determinar el monto correspondiente a la pensión alimenticia provisional en cada una de las resoluciones de mérito pronunciadas en el juicio especial de divorcio sin causales de origen, es que deviene incuestionable que no existe en la especie repetición del acto reclamado. Al respecto, como ya se destacó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido de manera reiterada que el procedimiento de denuncia tiene por objeto lograr el cabal respeto a la cosa juzgada en el juicio de amparo e impedir que las autoridades responsables emitan actos con las mismas características y el mismo sentido de afectación que los declarados violatorios de derechos fundamentales en la instancia constitucional. Jurisprudencialmente, como se precisó en líneas precedentes, se ha definido que se requiere la concomitancia de dos requisitos: que la autoridad emita un nuevo acto de la misma naturaleza y sentido de afectación que aquel contra el que se concedió el amparo, y que en ese nuevo acto incurra exactamente en la misma violación que se evidenció al pronunciar la ejecutoria de amparo. En el caso concreto, el promovente denunció la repetición del acto reclamado, en virtud de que estima que con la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintidós, la Juez responsable dictó una resolución en el mismo sentido, pues fijó la misma cantidad como pensión alimenticia provisional. Sin embargo, tal circunstancia no puede traducirse en que la autoridad responsable hubiere repetido el acto reclamado, pues tal como se desprende de la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio constitucional, la concesión del amparo en los términos establecidos, en forma alguna obligaba a la responsable a modificar la cantidad establecida en la resolución recurrida, sino que, con libertad de jurisdicción, debía emitir la determinación que estimara más favorable a las partes involucradas, pero de acuerdo a la mecánica que para ello se establece en el Código Familiar del Estado de Yucatán. De ahí que los argumentos vertidos por el impetrante del amparo, se encuentran encaminados a evidenciar su inconformidad ante las razones por las que la autoridad responsable fijó tal cantidad, no así que emitiera un nuevo acto de la misma naturaleza y con el mismo sentido de afectación que aquel contra el que se concedió el amparo o incurriera en la misma violación de derechos fundamentales, esto es, la fundamentación y motivación consagrada por el artículo 16 constitucional. Lo anterior es así, en tanto que el denunciante sostiene que la responsable omitió analizar las constancias que integran el juicio especial de divorcio sin causales de origen, con lo que se demuestra un actuar ilegal o cumplimiento defectuoso de la sentencia de amparo, sin que pueda considerarse propiamente una reiteración, pues no existe indicio alguno del que se visualice que la autoridad intenta vulnerar la cosa juzgada. Por tanto, son infundados los planteamientos de inconformidad del denunciante, pues como se advierte de la narrativa que se efectuó de la sentencia de amparo, no fue materia de concesión ni de análisis las cuestiones de fondo y valoración de las pruebas, pues hubiese implicado sustituirse al criterio de la autoridad responsable, lo cual no es propio del juicio de amparo; de ahí que, no es jurídicamente factible que la responsable repita un acto en un aspecto por el cual no se evidenció violación constitucional alguna. En mérito de lo expuesto, no existe intención directa o convicción de la responsable de lesionar nuevamente la esfera jurídica de la parte quejosa y denunciante, en la misma forma en que aconteció en la resolución de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, declarada inconstitucional, pues, se reitera, no es material ni jurídicamente idéntica, pues lejos de ello, pretendió acatar la sentencia de amparo. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 203, Tomo XIII, febrero de 2001, registro electrónico 190331, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberán abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el funcionario judicial dictará un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decida si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirá el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelve que la sentencia de amparo se cumplió, deberá ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia". Así como la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página mil seiscientos noventa y ocho, Tomo XIII, Febrero de 2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 190267, que establece: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO EXISTE CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE EMITE EL NUEVO ACTO APOYÁNDOSE EN MOTIVACIONES DIVERSAS A LAS CONTENIDAS EN EL ACTO MATERIA DEL AMPARO. Para que se dé la figura jurídica de la repetición del acto reclamado, se requiere que el acto denunciado como tal, sea idéntico en la violación de garantías que involucró al que se impugnó en el juicio de amparo, de manera tal, que se advierta claramente que el nuevo acto se está basando en los mismos supuestos y motivaciones que el juzgador federal tomó en consideración para otorgar la protección constitucional al quejoso; hipótesis que no se da cuando la responsable apoya su nueva resolución en motivaciones diversas a las consideradas en el acto materia del amparo, pues ante tal evento se está en presencia de actos diversos, y por ende resulta infundado el incidente de repetición del acto reclamado". Finalmente, la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página mil diez, Tomo III, Marzo de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 203065, de rubro y texto: "REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. NO SE DA LA, POR EL SOLO HECHO DE QUE LA SENTENCIA QUE SE DICTE EN CUMPLIMIENTO DE AQUELLA QUE CONCEDA EL AMPARO OTORGANDO A LA RESPONSABLE PLENITUD DE JURISDICCION PARA RESOLVER LO QUE EN DERECHO PROCEDA, SEA DESFAVORABLE A LOS INTERESES DE LA QUEJOSA. Cuando se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la autoridad responsable en cumplimiento de la ejecutoria, estudie o analice determinada circunstancia y resuelva lo que en derecho corresponda, con plenitud de jurisdicción, si el nuevo fallo que se emite, no es favorable a la quejosa por no haber encontrado elementos para ello, no por eso se debe considerar que se da la repetición del acto reclamado, ya que éste ocurre solamente cuando la autoridad de alzada, realiza un acto con idéntico sentido de afectación en contra de la impetrante del juicio de garantías y por la misma razón o motivos que el acto inicialmente impugnado, aun cuando la fundamentación fuere diversa, es decir, cuando entre el acto reclamado inicial y el posterior a la ejecutoria federal, exista igual sentido de afectación, sin que se apoye en hechos objetivos, sino sólo en la voluntad autoritaria de quien lo emite". En este contexto, procede declarar infundada la presente denuncia de repetición del acto reclamado. La cita de criterios judiciales en que se interpretan dispositivos de la abrogada Ley de Amparo se invocan con fundamento en el artículo sexto transitorio de la vigente ley de la materia, toda vez que no contravienen sus dispositivos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en el artículo 199, en relación con lo previsto en el numeral 193, ambos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Es procedente la denuncia de repetición del acto reclamado promovida por la parte quejosa. SEGUNDO. Es infundada la denuncia de repetición del acto reclamado en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: toda vez que de la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término de quince días otorgado en proveído de diecinueve de mayo último, a fin de que el quejoso Francisco Javier Novelo Contreras, ampliara su escrito de demanda, sin que a la presente fecha lo hiciera. En consecuencia, procede hacer efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto, por tanto, este juicio se resolverá únicamente respecto de los actos y autoridades inicialmente señalados en la demanda de mérito y en la diversa ampliación acordada en proveído de uno de febrero del año en curso. Notifíquese y cúmplase.

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