Zoila Esther Loria Escamilla
Expediente 259/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 48 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 259/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 03/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Zoila Esther Loria Escamilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el arábigo 202 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de inconformidad en contra del proveído de treinta de junio de dos mil veintidós, en el que se tuvo por cumplida la resolución de amparo, sin que se haya hecho valer; en tal virtud, con fundamento en el referido artículo 202 de la Ley de la materia, en concomitancia con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, por disposición expresa del precepto 2º, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO y se tiene por consentida la calificación que este órgano jurisdiccional determinó respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En términos del numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese.
- Incidental
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se ordena el archivo del incidente de suspensión en que se actúa y, de conformidad con los numerales 21 inciso c), 23 y 35 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este cuaderno original es DESTRUIBLE, toda vez que se negó la suspensión tanto en su fase provisional como en la definitiva. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del cuaderno original de este incidente y en el libro de gobierno, y una vez transcurran TRES AÑOS, procédase a su DESTRUCCIÓN dentro de los treinta días siguientes y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora bien, por lo que respecta al cuaderno duplicado de la presente incidencia, de conformidad con los numerales 20, 23 y 35 del citado Acuerdo General, una vez que transcurran seis meses, procédase a su destrucción dentro de los treinta días siguientes y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se desprende que mediante oficio SEADS/1102/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, firmado electrónicamente por el Secretario encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, emitido en cumplimiento a la sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, se informó la adscripción del Juez Edgar Martín Gasca De la Peña, como Titular, de forma interina, del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del mismo año y mientras subsistan las condiciones que la motivan, ante la ausencia de una plaza definitiva. Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes dentro del presente juicio, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, para efectos de lo establecido en los artículos 51, 59 y 60 de la Ley de Amparo; En otro orden de ideas, vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, procede al análisis de oficio de dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. *** Por tanto, este órgano de control constitucional considera que con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se demostró el cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce sus derechos, con lo que se concluye que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se advirtiera exceso o defecto en el cumplimiento de la misma. Sin que sea obstáculo para arribar a lo anterior, las manifestaciones realizadas por la impetrante *** en su escrito de diecisiete de junio de dos mil veintiuno (fojas 776 a 783), en el sentido de que no se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que no fueron entregados todos los bienes muebles que se encontraban en el interior del predio, en la fecha en que fue desalojada, además que algunos de los bienes muebles devueltos se hallaban en malas condiciones. Lo anterior, debido a que la sentencia se concedió para el efecto de que el juez responsable dejara insubsistente el acuerdo de once de enero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil *** y ordenara restituir la posesión que detentaba respecto del predio marcado con el número *** en ese sentido, de autos se advierte que en veintitrés de enero de dos mil diecinueve, el juez responsable dejó insubsistente el acuerdo de referencia y ordenó la restitución del bien inmueble precisado. Máxime que en diligencia de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, se restableció la posesión del multicitado bien inmueble a la quejosa, lo cual fue asentado en el acta actuarial correspondiente, en la que se encuentra plasmada la firma de la quejosa; por lo que, si en la sentencia constitucional, se precisó que la concesión tenía efectos exclusivos para restituir la posesión del inmueble, lo concerniente a la devolución de los bienes muebles que reclama la amparista, debe dilucidarse ante la potestad competente en el juicio respectivo; motivo por el cual, como se dijo con antelación, se ha cumplido con lo ordenado en la sentencia de mérito. **** Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Vista la certificación que antecede, se desprende que mediante oficio SEADS/1102/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, firmado electrónicamente por el Secretario encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, emitido en cumplimiento a la sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, se informó la adscripción del Juez Edgar Martín Gasca De la Peña, como Titular, de forma interina, del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del mismo año y mientras subsistan las condiciones que la motivan, ante la ausencia de una plaza definitiva. Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes dentro del presente juicio, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, para efectos de lo establecido en los artículos 51, 59 y 60 de la Ley de Amparo; En otro orden de ideas, vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, procede al análisis de oficio de dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. *** Por tanto, este órgano de control constitucional considera que con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se demostró el cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce sus derechos, con lo que se concluye que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se advirtiera exceso o defecto en el cumplimiento de la misma. Sin que sea obstáculo para arribar a lo anterior, las manifestaciones realizadas por la impetrante *** en su escrito de diecisiete de junio de dos mil veintiuno (fojas 776 a 783), en el sentido de que no se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que no fueron entregados todos los bienes muebles que se encontraban en el interior del predio, en la fecha en que fue desalojada, además que algunos de los bienes muebles devueltos se hallaban en malas condiciones. Lo anterior, debido a que la sentencia se concedió para el efecto de que el juez responsable dejara insubsistente el acuerdo de once de enero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil *** y ordenara restituir la posesión que detentaba respecto del predio marcado con el número *** en ese sentido, de autos se advierte que en veintitrés de enero de dos mil diecinueve, el juez responsable dejó insubsistente el acuerdo de referencia y ordenó la restitución del bien inmueble precisado. Máxime que en diligencia de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, se restableció la posesión del multicitado bien inmueble a la quejosa, lo cual fue asentado en el acta actuarial correspondiente, en la que se encuentra plasmada la firma de la quejosa; por lo que, si en la sentencia constitucional, se precisó que la concesión tenía efectos exclusivos para restituir la posesión del inmueble, lo concerniente a la devolución de los bienes muebles que reclama la amparista, debe dilucidarse ante la potestad competente en el juicio respectivo; motivo por el cual, como se dijo con antelación, se ha cumplido con lo ordenado en la sentencia de mérito. **** Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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