Zoila Estefany Gutiérrez Reyes

Expediente 384/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
384/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Zoila Estefany Gutiérrez Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado y carece de relevancia documental. DOCUMENTO. Dígase a la parte quejosa que conforme al artículo 21, segundo párrafo, del citado Acuerdo, se deja a su disposición el documento exhibido, por el término de noventa días contado a partir de la legal notificación del presente proveído. Apercibida que de no reclamarlo en ese plazo, seguirá agregado y tendrá igual suerte que este expediente. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado y carece de relevancia documental. DOCUMENTO. Dígase a la parte quejosa que conforme al artículo 21, segundo párrafo, del citado Acuerdo, se deja a su disposición el documento exhibido, por el término de noventa días contado a partir de la legal notificación del presente proveído. Apercibida que de no reclamarlo en ese plazo, seguirá agregado y tendrá igual suerte que este expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    1 ??????????????? Juicio de amparo 384/2023-IV Registro: 384. En tres de mayo de dos mil veintitrés, María Georgina Quevedo Hernández, secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, CERTIFICA: una vez consultado el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se advierte que Yolanda Hernández Huesca y José Augusto González Rivera no tienen su cédula ahí registrada. Sin embargo, si se encuentran registrados en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Doy fe. En la misma data, doy cuenta al Juez con la demanda de amparo signada por Zoila Estefany Gutiérrez Reyes; tres copias y un anexo. Conste. Boca del Río, Veracruz, tres de mayo de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Zoila Estefany Gutiérrez Reyes; contra actos del 1. Jefe de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en Boca del Río, Veracruz. Regístrese con el número 384/2023-IV. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en MARIA GEORGINA QUEVEDO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a3.f8 12/12/23 13:48:57 materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. -DESECHAMIENTO- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. De la lectura integral de la demanda se advierte la parte quejosa basa su pretensión constitucional en: - La omisión en darle respuesta a su escrito de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés presentado el veinticuatro de febrero siguiente, con sello de recibido de esa misma fecha (según se desprende de la documental exhibida por la impetrante). En ejercicio del derecho de petición, conforme al numeral 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, de la narrativa de antecedentes, así como de los conceptos de violación, se corrobora el reclamo sustancialmente se centra en que la autoridad responsable no ha dado respuesta a su solicitud. Aunado a que refiere ha acudido a los oficinas de dicha dependencia y de manera verbal se le ha indicado que aún no existe respuesta alguna. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causal de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio es improcedente: "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" MARIA GEORGINA QUEVEDO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a3.f8 12/12/23 13:48:57 3 ??????????????? Como se mencionó previamente, la impetrante de amparo combate actos vinculados con el derecho de petición. El artículo 8º constitucional establece que el titular de ese derecho es el gobernado en general. Se concibe como la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera. El Estado y sus autoridades -es decir, sus funcionarios y empleados- tienen como obligación dictar un acuerdo por escrito como respuesta a la solicitud que el gobernado les eleve. Mismo que debe hacerse de su conocimiento en breve término. La existencia de este derecho subjetivo público, surge como consecuencia de la obligación actual del Estado Mexicano de intervenir en la solución de los conflictos suscitados con los administrados, en acatamiento del artículo 17 constitucional y para la correcta observancia de la Ley. Resultando necesario (para que se dé la legitimación de instar) la existencia de una relación de supra a subordinación. Lo que trae como consecuencia que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que se le formule en breve término y comunicárselo al interesado. En conclusión, el artículo 8° constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar, con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) Dictar el acuerdo correspondiente. b) Que se comunique en breve término al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Es ilustrativa la Jurisprudencia 352, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 375, del Apéndice 1917-Septiembre MARIA GEORGINA QUEVEDO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a3.f8 12/12/23 13:48:57 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, Novena Época, Registro 1002418, que establece: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". Por otra parte, es menester destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido el "breve término" como aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. Así lo estableció en la tesis localizada en la página 39, del tomo Tercera Parte, CXXIII, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Registro 268307, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse". Bajo ese tenor, el Máximo Tribunal del País también ha estimado válido tomar como parámetro el término de cuarenta y cinco días hábiles [contemplado en el numeral 7 de la Constitución Política del Estado de Veracruz1] para determinar el breve término, respecto del 1 "Artículo 7. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las autoridades del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, los cuales estarán obligados a dar respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles. La ley regulará los casos en los que, ante el silencio de la autoridad administrativa, la respuesta a la petición se considere en sentido afirmativo." MARIA GEORGINA QUEVEDO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a3.f8 12/12/23 13:48:57 5 ??????????????? tiempo de respuesta con el que cuenta una autoridad a la que le fue formulada una solicitud determinada. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 6/2019 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Materia Constitucional, Décima Época, Registro 2019190, que establece: "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO. El artículo 7 citado, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles para que las autoridades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y los organismos autónomos de esa entidad federativa den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición, ya que la disposición estatal, mencionada, resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al "breve término" MARIA GEORGINA QUEVEDO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a3.f8 12/12/23 13:48:57 a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal), no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de "breve término" de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por el juzgador federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición, destacándose que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que el concepto indicado es "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse", sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación". Concretamente, la parte quejosa reclama a la autoridad responsable la omisión en darle contestación a su escrito recibido el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Así planteada la demanda al día de su presentación [dos de mayo de dos mil veintitrés], la acción de amparo deviene improcedente. La omisión atribuida a la autoridad responsable no se ha materializado. A la fecha de la recepción de su petición sólo median cuarenta y un días hábiles, a partir de la data en que realizó su solicitud. Por lo que, es inconcuso, se encuentra transcurriendo el término de cuarenta y cinco días para dar respuesta a la petición formulada. Lo relevante al caso es que en esta Entidad Federativa se ha definido constitucionalmente el breve término. Lo que no sucede en la Constitución nacional. Y aunque se trate de una dependencia federal, se acude al concepto breve término bajo los parámetros ya apuntados. Por ende, se estima dable partir del plazo establecido en este Estado de la Federación, para estar en aptitud o no de analizar la denuncia de violación del derecho de petición. En la inteligencia que los días hábiles de referencia han transcurrido de la siguiente forma: Febrero 2023 MARIA GEORGINA QUEVEDO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a3.f8 12/12/23 13:48:57 7 ??????????????? Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (Fecha de presentaci ón del escrito ante la autoridad) 25 26 27 (1) 28 (2) Marzo 2023 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 (3) 2 (4) 3 (5) 4 5 6 (6) 7 (7) 8 (8) 9 (9) 10 (10) 11 12 13 (11) 14 (12) 15 (13) 16 (14) 17 (15) 18 19 20 (Inhábil) 21 (Inhábil pero laborable) 22 (16) 23 (17) 24 (18) 25 26 27 (19) 28 (20) 29 (21) 30 (22) 31 (23) Abril 2023 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 (24) 4 (25) 5 (26) 6 (Inhábil) 7 (Inhábil) 8 9 10 (27) 11 (28) 12 (29) 13 (30) 14 (31) 15 16 17 (32) 18 (33) 19 (34) 20 (35) 21 (36) 22 23 24 (37) 25 (38) 26 (39) 27 (40) 28 (41) 29 30 30 Mayo 2023 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 (Inhábil) 2 Fecha en que presentó la demanda de amparo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, MARIA GEORGINA QUEVEDO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a3.f8 12/12/23 13:48:57 independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En virtud de lo anterior, en el presente asunto se actualiza de la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por tanto, se desecha la demanda, de conformidad con lo establecido en el invocado artículo 113 del citado ordenamiento legal, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Signifíquese a la peticionaria de derechos humanos que si en el plazo indicado [45 días hábiles] no recibiere respuesta, tiene expeditos sus derechos para promover diversa acción de amparo, si así lo decidiere, para impugnar el estado de abstención. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Tomando en consideración la certificación secretarial de cuenta, ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo a Yolanda Hernández Huesca y José Augusto González Rivera. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Tómese nota del correo electrónico y número celular señalados, únicamente para cuestiones no procesales. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la MARIA GEORGINA QUEVEDO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a3.f8 12/12/23 13:48:57 9 ??????????????? Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las MARIA GEORGINA QUEVEDO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a3.f8 12/12/23 13:48:57 subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el arábigo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos MARIA GEORGINA QUEVEDO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a3.f8 12/12/23 13:48:57 11 ??????????????? mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por MARIA GEORGINA QUEVEDO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a3.f8 12/12/23 13:48:57 ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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