Zoila Elizabeth Castilla Abraham

Expediente 433/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
433/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Zoila Elizabeth Castilla Abraham

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el quince de marzo de dos mil veintidós; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original, no se tramitó incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del Acuerdo General antes mencionado, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario de la adscripción, para notificar a la parte quejosa xxxxxx; tal y como está ordenado en proveído de quince de marzo de la presente anualidad, pues al apersonarse al domicilio proporcionado en la demanda de amparo, para tal fin, en la colonia San Nicolás de esta ciudad de Mérida, Yucatán, no localizó la calle treinta y nueve, por dieciséis y diecisiete, letra "A", de dicha colonia; por lo que sé retiró sin haber logrado efectuar la notificación correspondiente. Por tanto, con fundamento en la fracción III, inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, hágase la notificación a la parte quejosa del referido acuerdo de quince de marzo de dos mil veintidós, así como las subsecuentes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en funciones de Juez del mismo ramo con motivo de la ausencia accidental de la Titular, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, de las que se advierte que el tres de marzo del año en curso, dictó un acuerdo con el que dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa en el juicio ejecutivo mercantil 518/2014. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de proveer acerca del escrito de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en autos del juicio ejecutivo mercantil 518/2014. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la parte peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la falta de atención al escrito presentado por la parte quejosa el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en autos del juicio ejecutivo mercantil 518/2014. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en funciones de Juez del mismo ramo con motivo de la ausencia accidental de la Titular, adjuntó a su oficio de cuenta, se desprende que el tres de marzo del año en curso, dictó un acuerdo en el que procedió a proveer sobre el referido escrito presentado por la parte quejosa en el juicio ejecutivo mercantil 518/2014. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que proveyó respecto de la contestación a su escrito en la causa penal de origen, dando con ello atención a lo solicitado por el hoy quejoso a través del memorial descrito en párrafos previos, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de dictar el acuerdo que debiera recaer sobre su referido escrito de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en autos del juicio ejecutivo mercantil 518/2014, lo que en el caso se subsana con el acuerdo de mérito. Por consiguiente, se decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, se deja sin efecto la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional el DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Visto lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido de que la Actuaria adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, no logró emplazar a la tercero interesada Neydi Esther Aké Pino, tal y como se ordenó en proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, por los motivos que señaló en su actuación de catorce de febrero de dos mil veintidós. Atento lo anterior, para evitar mayores dilaciones en el procedimiento, y estar en aptitud de emplazar a la tercero interesada Neydi Esther Aké Pino; con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Director de la Policía Estatal de Investigación, Vocal del Registro Federal Electoral de la Junta Local Ejecutiva en Yucatán, Jefe de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefe de Servicios Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, Delegado Estatal de la Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica del Estado, Director del Registro Civil del Estado, Director del Catastro Municipal, Administrador Local de Servicios al Contribuyente de Mérida, y apoderado legal de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, todos con sede en esta ciudad, para que dentro del término de cinco días, legalmente computado, informen a este Juzgado Tercero de Distrito, si en los archivos de las referidas dependencias tienen registrado el domicilio de la tercero interesada Neydi Esther Aké Pino, y en su caso, proporcionen la información correspondiente. Apercibidas las referidas autoridades, que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con la fracción I, del artículo 237, en relación al diverso 259 de la Ley de Amparo, en correlación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por desacato a un mandato de autoridad judicial. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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