Zoila de los Santos de la Rosa

Expediente 1116/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1116/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
22/11/2021

Partes del expediente

  • Zoila de los Santos de la Rosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiocho de octubre de la presente anualidad, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Zoila de los Santos de la Rosa; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1116/2021-4, promovido por Zoila de los Santos de la Rosa, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por estimarlo violatorios de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diez de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió la presente demanda a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue turnada a la Oficina de Correspondencia Común y a este órgano jurisdiccional el día siguiente hábil, Zoila de los Santos de la Rosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O "La omisión de las autoridades señaladas como responsables el H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, y el C. ACTUARIO ADSCRITO AL HONORABLE TRIBUNAL de notificar a la parte actora y demandada INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, el laudo de fecha 23 de octubre de 2020, con la obligación del H. Tribunal y del actuario de notificar a las partes con base a los lineamientos establecido en el artículo 742, así como lo preceptuado en el cardinal 750 de la Ley laboral en el expediente laboral número 266/2011 y hasta la presente fecha las autoridades señaladas como responsables han venido incurriendo en la omisión de no notificar a los demandados del citado laudo". A U T O R I D A D E S R E S P O N S A B L E S "Señalo como autoridades responsable al H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, Y DEL C. ACTUARIO ADSCRITO A DICHO TRIBUNAL." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 1116/2021-4, se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de notificar por conducto del Actuario de su adscripción el laudo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente 266/2011, relativo al juicio laboral promovido por Zoila de los Santos de la Rosa, en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y el Actuario de su adscripción, al rendir sus informes justificados negaron el acto reclamado; sin embargo, de sus manifestaciones y de las copias certificadas relativas al juicio laboral 266/2011, de su índice adjuntas, se desvirtúa tal negativa. En efecto, el Tribunal responsable por conducto de su presidente, manifestó que el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, fueron notificadas las partes del laudo de veintitrés de octubre de dos mil veinte. Lo que se corrobora, con las copias certificadas del laudo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral 266/2011, y de las constancias de notificación de veinticuatro de septiembre de este año. Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por lo tanto, se tiene por cierto el acto reclamado. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esto una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En ese tenor, esta juzgadora estima que en relación al acto reclamado precisado en el considerando que antecede, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del ordinal 61 del aludido ordenamiento jurídico y, con ello, el sobreseimiento del juicio en que se actúa, mismo que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De conformidad con la disposición normativa transcrita, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando las autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del mismo; o también, cuando las autoridades, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, el acto reclamado en el presente juicio es la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de notificar por conducto del Actuario de su adscripción el laudo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente 266/2011, relativo al juicio laboral promovido por Zoila de los Santos de la Rosa, en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Por lo tanto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, el Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, notificó al 1. Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, por conducto de la Unidad de Apoyo Jurídico y 2. Zoila de los Santos de la Rosa, por conducto de su apoderado legal, el laudo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral 266/2011. En esas condiciones, resulta evidente que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -diez de septiembre de dos mil veintiuno-, indudablemente existía el acto reclamado. Sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del referido acto reclamado han cesado porque el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, el Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, notificó al 1. Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, por conducto de la Unidad de Apoyo Jurídico y 2. Zoila de los Santos de la Rosa, parte actora, por conducto de su apoderado legal, el laudo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral 266/2011. Por lo anterior, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Zoila de los Santos de la Rosa, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguense a los autos para que obren como correspondan los informes justificados, rendidos por el MAGISTRADO PRESIDENTE y COORDINADORA DE ACTUARIOS, ambos del TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, con residencia en esta ciudad, autoridades señaladas como responsables y anexo que acompaña el primero de los mencionados, consistente en copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente laboral 266/2011, de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante mencionada en primer término, las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se giraron los oficios 25307/2021 y 25308/2021 dirigidos a las autoridades responsables Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y al Actuario de su adscripción, para que en el término de quince días rindan su informe justificado, término que le transcurre del veintidós de septiembre al veintiséis de octubre del año actual, al haberse notificado el veintiuno de septiembre pasado, descontando los días inhábiles que contempla el artículo 19 de la Ley de Amparo y los oficios TCYA/AMP/5062/2021 y TCYA/AMP/5236/2021, en los que el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, hizo del conocimiento a este juzgado el contenido de las Actas de Sesión Extraordinarias de uno y ocho de octubre del presente año, en las que se ordenó la suspensión de labores del citado tribunal del cuatro al ocho de octubre y del once al quince de octubre de dos mil veintiuno, respectivamente. Por lo anterior y a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DOCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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