Zoila Cruz Cruz

Expediente 546/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
546/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
11/05/2017

Partes del expediente

  • Zoila Cruz Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación de cuenta, en atención a que la parte quejosa en este juicio, no interpuso recurso de revisión contra el auto dictado el diecinueve de abril de dos mil diecisiete (fojas 75 a 78), con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que sobreseyó en este juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y gírese oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve; asimismo, se destaca que se sobreseyó en el juicio, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados y no existen documentos originales; como consecuencia de lo anterior, transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, este expediente es destruible, por ubicarse en el supuesto de la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que surta sus efectos el escrito firmado por la quejosa Zoila Cruz Cruz, en atención a su contenido, .., expídase a su costa la copia certificada que solicita, y téngasele por autorizada para recibirlas a la persona que nombra, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos.

  3. Principal

    Vista la certificación seqretarial y el estado de autos de los que se advierte que la quejosa Lila Cruz Cruz, no hizo manifestación alguna respecto de la vista que se le dio en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete (foja 59), con la copia certificada de las documentales remitidas por el alcalde Único Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxica, consistentes en: 1). Oficio sin número de trece de marzo del ño en curso, signado por el Presidente Municipal de ese ayunta iento, dirigido a la aquí quejosa Zoila Cruz Cruz, 2). Notificación del citado oficio, y 3). Credencial para votar con fotografía a nombre de Edgar Leonel Alberto Altamirano, de cuyo contenido se advierte que la autoridad responsable de referencia, con fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, dio contestación a los escritos de la parte quejosa de tres de septiembre y ocho de octubre de dos mil dieciséis (fojas 55 y 56), mismo que fue notificado el trece de marzo de dos mil diecisiete, por estrados que se fija en el tablero de avisos de ese ayuntamiento (foja 56). Ahora, es menester señalar que el estudio de las causales de improcedencia, por ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de garantías, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la jurisprudencia número 11.1°. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Este Juzgado Federal determina que es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, por actualizarse la hipótesis a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, del análisis de la copia certificada de las constancias remitidas por el alcalde Único Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca, con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, se arriba al conocimiento pleno, que la autoridad responsable Presidente Municipal Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca, mediante oficio sin número de trece de marzo de dos mil diecisiete (foja 55), dio contestación a la petición que por escritos de tres de septiembre y ocho de octubre de dos mil dieciséis, le formuló la aquí quejosa Zoila Cruz Cruz, mismo que fue notificado el trece de marzo de dos mil diecisiete, por estrados que se fija en el tablero de avisos de ese ayuntamiento (foja 56). De lo anterior, resulta patente que han cesado los efectos del acto reclamado, en razón de que la autoridad responsable acordó los escritos de la aquí quejosa, cuya falta de pronunciamiento se reclama, esto es, desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares, pues resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sin que obste lo anterior, el hecho de que que la notificación del oficio sin número de trece de marzo de/dos mil diecisiete, se realizara mediante los estrados de ese úuntamiento, al haberse constituido el secretario Municipal en el desbacho jurídico ubicado en calle Constitución sin número interior dos, domicilio diverso al señalado en escrito de la quejosa de odho de octubre de dos mil dieciséis (fojas 56 y 8 a 10), toda vez qué en auto de veinticuatro de marzo del año en curso (foja 59), se dio vista a la quejosa con el contenido de las constancias remiti as por el alcalde Único Constitucional de San Pedro Pochutla Oaxaca, entre las que se encuentra el acuerdo que recayó a su ptición, cuyo contenido le fue notificado por lista que se fija en los strados de este juzgado, en virtud de que en su escrito inicial de d manda señaló los estados de este juzgado para oír y recibir notificacilones (fojas 2 y 19). De lo anterior, resulta claro que la agraviada ya tiene conocimiento del acuerdo que recayo a su petición escrita recibida por la autoridad responsable el tres y catorce de octubre de dos mil dieciséis (fojas 7 a 10). En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 36/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX (Mayo de 1999), Página 469, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 80. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución de/juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes.En las relatadas consideraciones, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto, que se fijó por proveído de cinco de abril del año en curso, para las diez horas con cincuenta minutos del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete (foja 71). Se invoca en apoyo de lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido y datos de localización son los siguientes: Registro No. 184572 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Marzo de 2003 Página: 386 Tesis: 2a./J. 10/2003 Jurisprudencia Materia(s): Común "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción 111 y 83, fracción 111, ambos de la Ley de Amparo,se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al adículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiéne derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos Otérminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones dd manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, se invoca enj apoyo de lo resuelto las jurisprudencias 2a./J. 59/99 y 2a./J49/98, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los Tomos IX (Junio de 1999) y VII (Febrero de 1998), visibles a fojas 38 y 210, correspondiente a la Novena Época, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL: De la interpretación relacionad b de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de Ila Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se kurta, no basta que la autoridad responsable derogue olrevoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." y "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO: Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, resulta aplicable la tesis número I.16o.A.1 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, visible en la página 1665, correspondiente a la Novena Época, sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, intitulada: "DERECHO DE PETICIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UN ACUERDO QUE RESUELVE SOBRE LO PEDIDO Y LO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICULAR. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, deriva que para que se actualice la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto que se le atribuye violatorio de garantías, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, tratándose del derecho de petición contenido en el artículo 80. de la Constitución Federal, para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, la autoridad a la que se dirigió la petición debe dictar un acuerdo por escrito, el cual debe ser congruente con lo pedido y hacerse del conocimiento del peticionario, por tanto, no se actualiza la causa de improcedencia correspondiente a la cesación de los efectos del acto reclamado cuando el quejoso reclama violación al derecho de petición y la autoridad responsable emite formalmente una respuesta en la que no existe un pronunciamiento sobre lo pedido, pues en ese supuesto la autoridad responsable aún se mantiene en silencio respecto de la petición formulada por el particular." Sin que resulte necesario otorgar la vista que contempla el artículo 64, párrafo segundo, de la ley de la materia, con la referida causal de improcedencia; en virtud de que ningún beneficio traería a la quejosa concederle dicha vista, ya que resulta evidente e indudable la causa de improcedencia que se actualizó, de modo que aunque se dé vista a la impetrante de amparo, no es posible que la desvirtúe, por lo que, de otorgarse dicha vista se retrasaría la solución definitiva del asunto en contravención a lo que dispone el artículo 17 constitucional, que tutela el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia y que ésta sea expedita. Es aplicable a lo antes expuesto la jurisprudencia IV Región)1o. J/11 (10a.) por reiteración sostenida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, publicada el viernes 11 de marzo de 2b16, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época deljSemanario Judicial de la federación y su Gaceta, registro IUS/ número 2011251, que establece: "IMPROCEDENCIA EN Si AMPARO. PARA NO CONTRAVENIR EL DERECHO 13E ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA, ES INNECESARIO'. OTORGAR LA VISTA CONTENIDA EN EL ARTICULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DÉ LA MATERIA, SI EL QUEJOSO NO TIENE POSII,ILIDAD DE DESVIRTUAR LA CAUSA RELATIVA AD ,ERTIDA DE OFICIO, POR ACTUALIZARSE DE FPRMA MANIFIESTA E INDUDABLE. El artículo citado establece la obligación para los Tribunales Colegiados de Circuito de dar vista al quejoso por el término de trjs días con la finalidad de que manifieste lo que a su dered o convenga cuando, de oficio, se advierta actualizada jaiguna de las causas de improcedencia previstas or el artículo 61 de la Ley Amparo no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdicciodal inferior. Sin embargo, dicho supuesto no se produce 4/ el quejoso no tiene posibilidad de desvirtuar la causa icle improcedencia advertida de oficio, por actualizarse de torma manifiesta e indudable; por ende, aunque se le cl ncediera la vista, ello no le beneficiaría, pues se retrÇisaría en su perjuicio la solución definitiva del asunto en &ontravención al artículo 17 de la Constitución Política de lbs Estados Unidos Mexicanos que tutela el derecho fund mental de acceso efectivo a la justicia y que ésta sea xpedita, toda vez que el no podría desvirtuar la causa de improcedencia destacada, si de las constancias que integran el juicio de amparo se advierte, de manera patente, su existencia; de ahí que sea innecesario darle vista al quejoso por no traerle beneficio alguno." Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Por otra parte, para los efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se toma nota que las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en esta sentencia; sin embargo, aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o .datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente en el que se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que por proveído de veinticuatro de marzo del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por el alcalde Único Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca, notificado el veintisiete siguiente, de donde se desprende, se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. . Por tal razón, se difiere la audiencia constitucional fijada para esta fecha y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo.

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