Zoila Bustos González
Expediente 914/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 914/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/10/2020
Partes del expediente
- Zoila Bustos González
Actuaciones
- Principal
Razón actuarial. Vista la razón actuarial que antecede de quince de octubre de dos mil veinte, de la que se advierten los motivos por los cuales al fedatario judicial adscrito a este Juzgado, no le fue posible notificar a la parte quejosa el auto de catorce de octubre de dos mil veinte; por lo que se ordena notificar a dicha parte el proveído de mérito, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. AUTO DE 14 DE OCTUBRE DE 2020: Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con cuatro anexos consistentes en los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, dos tomos de pruebas y el testimonio de la ejecutoria nueve de julio del año en curso, en el amparo en revisión 546/2019 de su índice; cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido ****." Acuse de recibo. Acúsese el recibo de estilo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. Cuaderno de antecedentes. Glósense el cuaderno de antecedentes que se ordenó formar con motivo del recurso de revisión. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. 1 Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos originales. Toda vez que en autos obra un documento aportado por la parte quejosa, que se ubica dentro de los referidos en el punto tercero, fracción XVIII3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de referencia, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlo, previa copia certificada que de éste se deje en autos, apercibida que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el expediente. En el entendido de que al presentarse a las instalaciones de este Juzgado de Distrito deberá exhibir identificación oficial y vigente (y una copia simple de la misma)2, para ser certificada por el secretario (previo cotejo) y agregarse a los autos para debida constancia legal. Para lo anterior, dígasele a la parte promovente que deberá agendar la cita respectiva para la entrega de los documentos que solicita, a través del sistema "Agenda OJ", que a partir de esta fecha estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella ingrese al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que la persona que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó. El acceso podrá restringirse a quien acuda fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Además, mientras dure la contingencia sanitaria, se deberá practicar la diligencia de entrega recepción de documentos garantizando la sana distancia entre el compareciente y el personal de este órgano jurisdiccional. Por lo que el promovente, deberá informar a este juzgado Federal el día y la hora que el sistema le asigne a fin de dar cumplimiento, en el plazo de tres días posteriores a que tenga conocimiento de ello. Lo anterior, con la finalidad de programar dicha fecha en la agenda del Juzgado y puedan entregarse las constancias que exhibió, con el apercibimiento que de no hacerlo así, no obstante, de estar programado su ingreso al edificio no tendrá efecto la entrega de las citadas constancias y deberá solicitar nuevamente su expedición siguiendo el mismo procedimiento. Esto, en términos de lo establecido en los artículos 3 y 25, párrafo cuarto del mencionado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de anexo. Devuélvase a su lugar de origen los legajos de pruebas I y II; sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo, en virtud de que el oficio que se genere en este auto, servirá del mismo. Cuaderno incidental. Finalmente, toda vez que se tramitó por separado el incidente de suspensión, conforme a la certificación secretarial, provéase lo conducente en el cuaderno incidental correspondiente.
- Principal
5.- ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA,*** EL ACUERDO DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 QUE DICE: Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo, ..Acuerdo y/o motivación. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En la especie, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Precisa que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Y aclara que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos precisados. En ese orden de ideas, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, establece una regla general y dos específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos después de concluido un juicio. La regla general de procedencia del juicio de amparo se advierte del primer párrafo de la fracción IV, del artículo 107, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio. Cabe destacar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el juicio de amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia transcrita, destaca para la resolución del presente asunto, el siguiente pronunciamiento: "Esto es, la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes...Por su parte, las dos reglas específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto derivan de los párrafos segundo y tercero de la fracción en cita, en cuanto establecen la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta en los siguientes casos: a.- Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y, b.- En tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados; pudiendo en ambos casos reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Asimismo, cabe señalar que en relación con la fracción IV del precepto en comento, la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final de dicho procedimiento. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las mencionadas reglas específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto fueron instrumentadas por el legislador al expedir la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, ahora abrogada, así como en la ley de la materia actualmente en vigor, con la finalidad que se desprende de la exposición de motivos respectiva, consistente en evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el mencionado juicio constitucional se utilizara para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituía la verdad legal, por lo cual la sociedad estaba interesada en su ejecución, y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa, y tratándose de remates, que sólo procedería contra la resolución que lo aprobara o desaprobara... Importa también precisar que nuestro Máximo Tribunal de la Nación ha emitido criterio en el sentido de que por última resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Análisis de la causa de improcedencia. La causa de improcedencia se actualiza por lo siguiente: En la especie, la parte quejosa reclama, en esencia, la sentencia interlocutoria de fecha catorce de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio sumario civil de cumplimiento de convenio, dentro del expediente ..de los del índice del Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, misma que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones por defectos de notificación en etapa de ejecución de sentencia, planteado por la quejosa. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, toda vez que si bien se reclama(n) una resolución(es) emitida(s) después de concluido el juicio (regla general); no se actualiza alguna de las dos hipótesis específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos después de concluido un juicio, porque: A.- El(los) acto(s) reclamado(s) no constituye(n) un acto(s) con autonomía propia, pues en realidad tiene(n) como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia del juicio natural, toda vez que la sentencia interlocutoria que constituye el acto reclamado versa sobre el incidente de nulidad de actuaciones por defectos de notificación en etapa de ejecución de sentencia, planteado por la quejosa. B.- Ergo, el(los) acto(s) reclamado(s) no es(son) un acto(s) emitido(s) en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecte(n) de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues su objeto es preparar la ejecución de la condena. C.- Aunado a lo anterior, el(los) acto(s) reclamado(s) no constituye(n) la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, toda vez que con él(ellos) no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, no se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni se ordena el archivo definitivo del expediente. D.- Además, el(los) acto(s) reclamado(s) tampoco constituye(n) la última fase del eventual procedimiento de remate, considerando que no se trata de aquella(s) que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes. Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizado(s). Se tiene como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público.. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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