Zoe Yaret Ayala Lopez
Expediente 867/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 867/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Zoe Yaret Ayala Lopez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que atento al oficio SECNO/STCCNO/513/2020, de cuatro de noviembre del año en curso, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó la determinación adoptada por la Comisión Especial, en la que resolvió suspender actividades respecto a este juzgado federal, por un periodo de catorce días comprendidos del cinco al dieciocho de noviembre de dos mil veinte, lapso durante el cual se suspendieron plazos y términos, en el presente asunto; en tal virtud, con esta fecha se reanuda este trámite. Vista la certificación secretarial que antecede y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya hecho valer contra el proveído de veintitrés de octubre del año en curso, que desechó la demanda de amparo promovida por Uriel Alejandro Ayala Maturano, en representación de su menor hija de nombre Zoe Yaret Ayala López; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena que una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa conservación de las actuaciones a que se refiere el citado artículo 22.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Uriel Alejandro Ayala Maturano, en representación de su menor hija de nombre Zoe Yaret Ayala López, contra actos del Juez Segundo Familiar de Texcoco, Estado de México, por violación a los derechos humanos consagrados en el artículo 14 constitucional. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 867/2020-II, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora bien, del estudio de la demanda, este juzgador obtiene que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5 y 6, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". El artículo 6 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio constitucional puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; en consecuencia, es presupuesto entonces para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, la existencia de un gobernado que resienta un perjuicio directo en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal del País. En el caso que nos ocupa, si bien, la demanda fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea respectivo, se obtiene que ésta carece de evidencia criptográfica, firma electrónica o signo gráfico, a nombre de Uriel Alejandro Ayala Maturano; así, si conforme a la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de una persona diversa al directo quejoso, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener la firma electrónica de la persona que resiente el acto reclamado, no se aprecia su voluntad de promover, es decir, no hay instancia de parte. Bajo ese tenor, siendo que la firma es el signo gráfico material eficaz y apto para que una persona respalde promociones por escrito, para que el suscriptor se responsabilice de su contenido, de ahí que la falta de evidencia criptográfica, firma electrónica o signo gráfico, tiene como consecuencia que el referido escrito no constituya demanda y no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, acorde a lo que establece el artículo 6 de la Ley de Amparo en vigor. En efecto, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien signe el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo externado su voluntad, signado y respaldando lo ahí contenido. Bajo esa premisa, un escrito de demanda presentado sin esas características, equivale a un anónimo (si carece de firma electrónica), o en el presente caso, considerar que la persona que firmó electrónicamente, no es contra la que se emitió el acto de autoridad, por lo que no se advierte el principio de instancia de parte agraviada, pues como se dijo, su falta de firma en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de presentar su libelo constitucional. En consecuencia, por notoriamente improcedente, debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Uriel Alejandro Ayala Maturano, atento a las consideraciones vertidas en líneas que anteceden. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el que señala en su demanda de amparo, en virtud de encontrarse dentro de la residencia de este juzgado Federal (Nezahualcóyotl), por lo que se ordena notificar personalmente la presente determinación. Por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Rigoberto Pacheco Trejo, toda vez que acredita contar con cédula profesional registrada en el Sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República, y en lo dispuesto por la última parte del numeral en cita, a las demás personas que menciona por no contar con dicho registro. En relación a la solicitud de tener acceso electrónico del expediente en que se actúa, dígase que una vez que proporcione el nombre de usuario para poder acceder al mismo electrónicamente, se acordará lo que en derecho corresponda.
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