Zocimo Castellanos Sobrevilla

Expediente 322/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 46 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
322/2021
Año
2021
Actuaciones
46
Última actuación
11/02/2022

Partes del expediente

  • Zocimo Castellanos Sobrevilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio con firma electrónica a las autoridades responsables y por lista electrónica a las restantes partes. Boca del Río, Veracruz, once de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido el auto de siete de enero de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del MANUAL para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en dichos cuadernos. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 del citado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de NOVENTA DÍAS HÁBILES, contado a partir del siguiente a que surta efectos el presente acuerdo a fin de recuperar los documentos que exhibió en original, como anexo en la demanda que dio origen a este asunto, apercibida que de no hacerlo en el plazo establecido será destruido. Finalmente, atendiendo que el Juez y Secretaria de Acuerdos ambos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, remitieron como justificación de sus actos, copia certificada deducidas del juicio especial hipotecario 1/20216-I de su índice (cuatrocientas cuarenta y tres fojas útiles), las cuales se conservaron de manera separada al presente expediente en un tomo de pruebas; en consecuencia, al resultar innecesario seguir conservando las mismas, remítanse éstas a las referida responsable, solicitándole el correspondiente acuse de recibo.

  2. Incidental

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, once de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto, archívese el presente incidente como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente incidente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, punto 3, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original de este incidente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso c) del citado acuerdo, pues se negó tanto la suspensión provisional, como la definitiva; por tanto, se destruirán las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a esta fecha de archivo como asunto concluido en términos del artículo 21 antes invocado, procédase a la destrucción del original del expediente dentro de los treinta días siguientes y deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, once de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto, archívese el presente incidente como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente incidente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, punto 3, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original de este incidente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso c) del citado acuerdo, pues se negó tanto la suspensión provisional, como la definitiva; por tanto, se destruirán las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a esta fecha de archivo como asunto concluido en términos del artículo 21 antes invocado, procédase a la destrucción del original del expediente dentro de los treinta días siguientes y deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  4. Principal

    SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE ASUNTO, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de veinte días concedido a la quejosa en proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, a efecto de que realizara las gestiones necesarias para efectuar el emplazamiento mediante edictos del tercero interesado MARIO CAZARÍN VELA, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a dicho requerimiento. Asimismo, es necesario precisar que la parte quejosa no manifestó su imposibilidad para dar cumplimiento a lo anterior; es decir, primeramente, haber recogido los edictos, efectuado el pago y entregar los referidos edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley, en el Diario Oficial de la Federación, así como en un periódico diario de mayor circulación en la República, y acreditarlo ante este Juzgado de Distrito; ni aportó elementos de prueba que confirmaran el impedimento que tuviera para ello; por tanto, resulta inconcuso que la parte quejosa no cumplió con la carga procesal consistente en pagar la publicación de los edictos para emplazar al citado tercero interesado MARIO CAZARÍN VELA, y acreditarlo ante este órgano jurisdiccional; quedando por su omisión paralizado el presente juicio de amparo, ante la falta de interés. Ello es así, toda vez que como se señaló por auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en atención a que se agotó la investigación del domicilio del tercero interesado MARIO CAZARÍN VELA, se ordenó su emplazamiento por medio de edictos a entera costa de la parte quejosa; circunstancia por la cual, se le requirió para que dentro del plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a aquél en quedara legalmente notificada de dicho proveído, acudiera ante este Juzgado a recoger los edictos que se ordenaron, acreditara haber realizado el pago y entrega de edictos a publicar; con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se sobreseería el presente juicio en términos del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior y con fundamento en los artículos 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, así como los diversos 14 y 17 de la Constitución Federal, se decreta el sobreseimiento en el presente sumario constitucional. Encuentra apoyo a lo antes expuesto la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/14, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 1859, Libro 39, Tomo III, Febrero de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad". Así como la jurisprudencia I.3º.C.J/42, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1463, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, de rubro y contenido: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO. GENERA PARA EL QUEJOSO LAS OBLIGACIONES DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA. De la jurisprudencia 64/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", se desprende que a la orden de emplazar por edictos a los terceros perjudicados le siguen tres distintos momentos, y otras tantas obligaciones a cargo de la parte quejosa, a saber, recoger los edictos, pagar su publicación y exhibir ésta, de tal suerte que la parte demandante de garantías debe satisfacer todos y cada uno de esos deberes, pero es evidente que no podrá hacerlo en una sola oportunidad, sino que debe seguir una secuencia lógica que, de suyo, entraña diversos tiempos, ya que, primero, recoge los edictos; a continuación, los paga; y, por último, espera las publicaciones para poder exhibirlas, para lo cual es menester dejar transcurrir el término legalmente previsto en cuanto al espaciamiento de cada publicación, según se desprende de la lectura correlacionada de los artículos 30, fracción II, de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ende, no puede exigirse a los quejosos que, en un solo término procesal, den cumplimiento a las tres obligaciones a su cargo, pues podrán recoger y pagar los edictos en un breve plazo, pero las publicaciones sólo podrán exhibirlas hasta que se hayan realizado con la periodicidad legalmente prevista en el precepto invocado en segundo término". En ese orden, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, por los motivos señalados en líneas precedentes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese lo anterior a las responsables para los efectos legales a que haya lugar.

Quedan 42 actuaciones en este expediente

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