Zita Jaqueline Vallejo Vallejo

Expediente 878/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
878/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
10/09/2015

Partes del expediente

  • Zita Jaqueline Vallejo Vallejo
  • Encargada de Despacho de la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de septiembre de dos mil quince. Advirtiéndose de los presentes autos que a la fecha en que se actúa el quejoso no se inconformó en contra de la resolución de dieciocho de junio de dos mil quince mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; con apoyo en los artículos 196, párrafo tercero, se declara que la citada resolución ha causado estado; hágase saber lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, (que deroga el diverso 1/2001 de veintisiete de agosto de dos mil uno, únicamente por lo que se refiere al tratamiento de los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito) y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hace la indicación de que el expediente principal en que se actúa, es susceptible de ser DEPURADO. Por otra parte, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales". Finalmente, en términos del citado Acuerdo, se hace la indicación, de que el presente juicio de amparo, no es de relevancia documental.

  2. Principal

    Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Por resolución de veintiocho de agosto de dos mil catorce, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa ZITA JAQUELINE VALLEJO VALLEJO, contra el acto de la Encargada del Despacho de la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado, consistente en la resolución administrativa de trece de junio de dos mil catorce, dictada en el expediente de determinación de responsabilidad 395/2012, de su índice. En contra de tal resolución, la quejosa se inconformó a través de la interposición del recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la que por ejecutoria de ocho de mayo de dos mil quince, tuvo a bien revocar la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa. En la ejecutora de amparo, se estableció lo siguiente: "En tal virtud, debe concluirse que es acertado lo esgrimido por la quejosa recurrente, cuando se queja del análisis que efectuó el Juez de Distrito en cuanto a la individualización de la sanción que efectuó la responsable, ya que como bien lo aduce es incorrecto que se le haya aplicado la sanción de suspensión, cuando existen medidas más benéficas como lo son la amonestación pública o privada. Lo incorrecto del análisis efectuado radica en que la responsable no estaba en aptitud de imponer directamente como sanción la suspensión de quince días del cargo, sin que previamente evidenciara que existen razones por las cuales no se le puede amonestar de manera pública o privada, es decir, que las circunstancias del caso son tan graves que las sanciones menores resultan insuficientes. Máxime, cuando el artículo 90, último párrafo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, prevé que hasta la acumulación de tres amonestaciones dará lugar a la suspensión. Sin que pueda considerarse legal la afirmación de la responsable en el sentido de que procede imponer la suspensión de quince días en el cargo debido a la mediana gravedad del comportamiento del infractor y de que la sanción de suspensión del cargo oscila entre un día y seis meses; pues ello de ninguna forma justifica la no aplicación de una amonestación pública o privada y menos aún se dan razones jurídicas para justificar que en el asunto en concreto, por la gravedad de la conducta, no son necesarias las tres amonestaciones que prevé la ley. En efecto, la actuación de la responsable no respeta el principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones consagrado en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues parte de la base que está en aptitud de imponer una sanción mayor, sin importar la gravedad de la responsabilidad en que se incurrió, las circunstancias socioeconómicas del servidor público, su nivel jerárquico y antigüedad, las condiciones exteriores y medios de ejecución y reincidencia, pues si bien la resolución impugnada se refiere a estos tópicos, lo cierto es que nada de lo expuesto permite conocer la razón jurídica de imponer una sanción diferente a la mínima e incluso como lo aduce la recurrente la antigüedad sólo se toma como un aspecto negativo al considerar que la servidora pública conoce las actividades encomendadas y de su trascendencia, pero no se considera de manera efectiva que durante dieciséis años no se le había sancionado por alguna falta. Aunado a que se pierde de vista que el artículo 90, último párrafo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, prevé que será hasta la acumulación de tres amonestaciones cuando se dé lugar a la suspensión, razón suficiente que obliga a la autoridad a expresar las consideraciones necesarias para justificar que ante la gravedad de la conducta era exigua una amonestación y que de ahí la necesidad de proceder a la suspensión. Así, ante las diversas circunstancias y características que se pueden presentar cuando un servidor público de la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla incurra en alguna falta, es cuando la autoridad sancionadora con base en los elementos distintivos, determine qué sanción es la que prudente y proporcionalmente corresponde; pero se reitera, no para que de manera indiscriminada fije la que le plazca. Efectivamente, la legislación en estudio contiene disposiciones que, interpretadas en su conjunto, reconocen los derechos de los servidores públicos de ser sancionados analizando las particularidades del caso, su persona y desempeño pasado. Por ello, no cabe más que concluir que el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, obliga a la autoridad a individualizar e imponer la sanción que corresponda conforme a los elementos del caso. Y si para el asunto en concreto, no existen evidencias de un daño grave a la institución para la cual la servidora pública presta sus servicios o para alguna persona en específico, aunado a que como ya se dijo el aspecto positivo de la antigüedad de dieciséis años de servicio se vincula a la inexistencia de antecedentes o reincidencia, es inconcuso que se debió imponer la sanción más benéfica, esto es, una amonestación pública o privada, máxime que de inicio para imponer la suspensión se deben acumular tres amonestaciones, o bien justificar suficientemente la suspensión como medida directa. En tales circunstancias, se estima sustancialmente fundado el concepto de violación en estudio, por lo que es procedente conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal para el efecto de que se deje insubsistente la resolución de trece de junio de dos mil catorce, dictada por la Encargada del Despacho de la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, dentro del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa 395/2012, a través de la cual se impuso a la justiciable ZITA JAQUELINE VALLEJO VALLEJO, una sanción consistente en suspensión de quince días del cargo que ostentaba como Agente del Ministerio Público, sin goce de sueldo, así como su ejecución; y en su lugar se emita otra en la que se prescinda al momento de individualizar la sanción de suspender en el cargo a la aquí quejosa e imponga la sanción mínima conforme a los lineamientos de la presente ejecutoria". Así, por proveído de veinte de mayo de dos mil quince, se requirió a la autoridad responsable para que en el término de tres días informara a este juzgado sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, debiendo remitir copia certificada de las constancias respectivas (fojas 216 a 217). Mediante oficio número VG/1523/2015 recibido en este juzgado el dos de junio de dos mil quince, la responsable informó que en acatamiento a la ejecutoria, el uno de junio de dos mil quince, dejó insubsistente la resolución emitida el trece de junio de dos mil catorce, dentro del expediente de determinación de responsabilidad administrativa 395/2012 y remitió copia certificada de dicha resolución, para conocimiento de este juzgado federal (fojas 235 a 263). Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a realizar el análisis relativo a si se encuentra o no cumplido el fallo protector. De la lectura de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que ésta cumplimentó la ejecutoria de amparo en su totalidad el uno de junio de dos mil quince, toda vez que:  Dejó insubsistente la resolución emitida el trece de junio de dos mil catorce, dictada dentro del expediente de responsabilidad administrativa 395/2012 a través de la cual impuso a la quejosa ZITA JAQUELINE VALLEJO VALLEJO una sanción administrativa consistente en suspensión de quince días en el ejercicio del cargo de agente del ministerio público, sin el goce de la remuneración correspondiente y emitió otra en la que impuso administrativamente como sanción la amonestación pública en términos de la fracción I, del artículo 90 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado de Puebla, vigente al momento de los hechos. En mérito a lo anterior, se ha logrado el cumplimiento a la sentencia protectora dictada en este juicio de amparo, en virtud de que se dejó insubsistente la resolución emitida el trece de junio de dos mil catorce, dictada dentro del expediente de responsabilidad administrativa 395/2012 a través de la cual se impuso a la quejosa ZITA JAQUELINE VALLEJO VALLEJO una sanción administrativa consistente en suspensión de quince días en el ejercicio del cargo de agente del ministerio público, sin goce de sueldo y emitió otra en la que siguiendo los lineamiento de la ejecutoria de amparo, al momento de individualizar la sanción prescindió de suspender en el cargo a la aquí quejosa e impuso la sanción mínima correspondiente en amonestación pública. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, aplicable conforme al artículo Tercero Transitorio de la misma, se declara cumplida en su totalidad la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos, y se ordena el archivo del expediente una vez que quede firme esta resolución. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones realizadas por la quejosa mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el diez de junio de dos mil quince, en el sentido de considerar incumplida la sentencia que le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal porque considera la resolución de uno de junio de dos mil quince, no se encuentra debidamente fundada y motivada pues no existe ningún dispositivo legal que faculte a la autoridad responsable para imponerle una sanción consistente en amonestación pública. Al respecto, cabe precisar que contrario a su dicho, la autoridad responsable ajustó su actuar a lo dispuesto en la ejecutoria de amparo emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la que se estableció que se debía imponer a la quejosa una sanción más benéfica, esto es, una amonestación público o privada, amén de que su actuar se encuentra ajustado a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 90 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado de Puebla, vigente al momento de los hechos, razón por la que como ya se estableció se considera cumplida en sus términos la sentencia de amparo. Finalmente se hace constar que la fecha en que se llevó acabo el cumplimiento por parte de la responsable ocurrió el día uno de junio de dos mil quince, constancias que se recibieron en oficialía de partes de este juzgado federal el dos de junio siguiente; lo anterior, con el fin de registrar dicha información en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes).

  3. Principal

    Vista la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este juzgado de fecha veintidós de junio de dos mil quince, en el que hace constar la imposibilidad de notificar de manera personal a los terceros interesados María Patricia Téllez Ruíz y Marco Antonio Terán Rosete, la sentencia dictada el diecinueve de junio de dos mil quince en el presente juicio de amparo, dado que a la fecha no han señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales; en consecuencia con apoyo en la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo se ordena notificarles por medio de lista la sentencia de mérito, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal hasta en tanto los citados terceros interesados señalen domicilio cierto y correcto para oír y recibir notificaciones.

  4. Principal

    Número de expediente: 82/2015 Acuerdo: VISTOS para resolver el presente juicio de amparo indirecto 82/2015 promovido por ; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cinco de febrero de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado y turnada al día siguiente a este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla (antes Séptimo de Distrito en el Estado), solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra las autoridades y por los actos que a continuación se especifican: III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Autoridades Ordenadoras: Al Procurador General de Justicia en el Estado de Puebla, Fiscalía General Metropolitana dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Dirección de Agencias del Ministerio Público Metropolitana Norte por sí y a través de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Mesas de Trámite adscritas a la misma Dirección Dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Dirección de Agencias del Ministerio Público Metropolitana Sur, por sí y a través de las Mesas de Trámite Uno, Dos, Tres, Cuatro y Cinco, adscritas a la misma Dirección dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Sur dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Sur dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Oriente dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Oriente dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Centro dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Centro dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Sur dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Popular dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Popular dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Norte, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Norte dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Sexta Delegación La Margarita, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Sexta Delegación La Margarita, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Séptima Delegación Edificio Bicentenario, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Séptima Delegación Edificio Bicentenario, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Chapulco, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Chapulco, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación San Pedro Cholula, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Sur dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación San Pedro Cholula, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación San Andrés Cholula, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación San Andrés Cholula, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Las anteriores autoridades con domicilio oficial bien conocido en esta Ciudad de Puebla. Autoridad Ejecutora: Director General de la Policía Ministerial en el Estado de Puebla, por sí y a través de los elementos a su cargo, todos ellos dependientes de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Puebla. Las anteriores Autoridades con domicilio oficial bien conocido en esta ciudad de Puebla. IV. ACTO RECLAMADO. De las Autoridades señaladas como responsables ordenadoras, reclamo la integración, falta de notificación de citatorio, orden de presentación, o cualquier otra determinación similar o afín que se pretenda ejecutar en mi contra y por la que se intenta sea yo privado de mi libertad personal o violada mi garantía de audiencia, lo anterior sin ser oído, ni vencido en juicio alguno. De las autoridades señaladas como responsables ejecutoras reclamo la ejecución de cualquier orden de presentación o determinación afín que se pretenda ejecutar en mi contra y por la que se intenta sea yo privado de mi libertad personal o violada mi garantía de audiencia, lo anterior sin ser oído, ni vencido en juicio alguno. Reclamando también de las autoridades responsables las consecuencias que lógica y jurídicamente deriven de su ilegal proceder, que insisto sería en que me pretenda detener, aprehender, presentar, arraigar o cualquier otra determinación similar o afín que se haría consistir en suma en ser privado de mi libertad personal, ello sin ser oído ni vencido en juicio alguno". Segundo. Admisión de la demanda. Por proveído de seis de febrero de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda de que se trata y se registró en el libro de gobierno bajo el expediente 143/2015, actualmente 82/2015; se solicitaron a las autoridades responsables sus informes con justificación; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita, la intervención legal que le compete (foja 9 vuelta). Mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil quince, se dejaron de tener como autoridades responsables al Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Chapulco, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado y Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Chapulco, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y finalmente se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. Tercero. Reasignación de número de expediente. En cumplimiento al oficio CJF/DGEJ/J/3408/2015, de veintinueve de mayo de dos mil quince, signado por la Directora General de Estadística Judicial, que contiene el Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el presente juicio de amparo 143/2015 causó egreso y se registró en el nuevo índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, como amparo indirecto 82/2015, con efectos a partir del uno de junio de dos mil quince, razón por la que se resuelve bajo el nuevo número de expediente. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; n concordancia con los Acuerdos General 8/2013 y 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el segundo relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla; a la conclusión de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, y su transformación en Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla; al inicio de funciones, denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la entidad en mención, y a la creación y cambio de denominación de las respectivas oficinas de correspondencia común, pues se reclama un acto emitido por autoridad judicial civil con residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar claramente los actos reclamados, con base en el estudio integral de la demanda de amparo, para establecer lo que el quejoso quiso decir y no únicamente los que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De manera que la peticionaria del amparo reclama de las autoridades ordenadoras Procurador General de Justicia en el Estado de Puebla, Fiscalía General Metropolitana dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Dirección de Agencias del Ministerio Público Metropolitana Norte por sí y a través de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Mesas de Trámite adscritas a la misma Dirección Dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Dirección de Agencias del Ministerio Público Metropolitana Sur, por sí y a través de las Mesas de Trámite Uno, Dos, Tres, Cuatro y Cinco, adscritas a la misma Dirección dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Sur dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Sur dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Oriente dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Oriente dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Centro dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Centro dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Sur dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Popular dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Popular dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Norte, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Norte dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Sexta Delegación La Margarita, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Sexta Delegación La Margarita, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Séptima Delegación Edificio Bicentenario, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Séptima Delegación Edificio Bicentenario, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Chapulco, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Chapulco, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación San Pedro Cholula, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Sur dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación San Pedro Cholula, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación San Andrés Cholula, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación San Andrés Cholula, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la falta de notificación de citatorio, orden de presentación y detención dictada en su contra. Del Director General de la Policía Ministerial en el Estado de Puebla, reclama el posible cumplimiento de dicho mandamiento y las consecuencias que deriven de su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. En el informe justificado rendido por las autoridades responsables, éstas señalan: N AUTORIDAD RESPONSABLE FOJA 1 PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA Niega F. 42 2 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA PRIMERA MESA DE TRÁMITE ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO ZONA METROPOLITANA NORTE Niega F.85 3 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA SEGUNDA MESA DE TRÁMITE ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO ZONA METROPOLITANA NORTE Niega F.14 4 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA TERCERA MESA DE TRÁMITE ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO ZONA METROPOLITANA NORTE Niega F.16 5 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA CUARTA MESA DE TRÁMITE ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO ZONA METROPOLITANA NORTE Niega F.84 6 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA QUINTA MESA DE TRÁMITE ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO ZONA METROPOLITANA NORTE Niega F.176 7 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA SEXTA MESA DE TRÁMITE ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO ZONA METROPOLITANA NORTE Niega F.178 8 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA SÉPTIMA MESA DE TRÁMITE ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO ZONA METROPOLITANA NORTE Niega F.180 9 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA PRIMERA MESA DE TRÁMITE ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO ZONA METROPOLITANA SUR Niega F.86 10 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA SEGUNDA MESA DE TRÁMITE ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO ZONA METROPOLITANA SUR Niega F.133 11 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA TERCERA MESA DE TRÁMITE ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO ZONA METROPOLITANA SUR Niega F.92 12 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA CUARTA MESA DE TRÁMITE ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO ZONA METROPOLITANA SUR Niega F.226 13 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA QUINTA MESA DE TRÁMITE ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO ZONA METROPOLITANA SUR Niega F.225 14 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE MATUTINA DE LA DELEGACIÓN SUR, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA EN EL ESTADO Niega F.58 15 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE VESPERTINA DE LA DELEGACIÓN SUR, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA EN EL ESTADO Niega F.43 16 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE MATUTINA DE LA DELEGACIÓN ORIENTE, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA EN EL ESTADO Niega F.182 17 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE VESPERTINA DE LA DELEGACIÓN ORIENTE, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA EN EL ESTADO Niega F.184 18 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE MATUTINA DE LA DELEGACIÓN CENTRO, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA EN EL ESTADO Niega F.44 19 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE VESPERTINA DE LA DELEGACIÓN CENTRO, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA EN EL ESTADO Niega F.45 20 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE MATUTINA DE LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA FAMILIAR, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA EN EL ESTADO Niega F.128 21 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE VESPERTINA DE LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA FAMILIAR, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA EN EL ESTADO Niega F.131 22 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE MATUTINA DE LA DELEGACIÓN POPULAR, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA EN EL ESTADO Niega F.46 23 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE VESPERTINA DE LA DELEGACIÓN POPULAR, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA EN EL ESTADO Niega F.48 24 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE MATUTINA DE LA DELEGACIÓN NORTE, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA EN EL ESTADO Niega F.81 25 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE VESPERTINA DE LA DELEGACIÓN NORTE, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA EN EL ESTADO Niega F.107 26 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE MATUTINA DE LA SEXTA DELEGACIÓN LA MARGARITA, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA EN EL ESTADO Niega F.228 27 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE VESPERTINA DE LA SEXTA DELEGACIÓN LA MARGARITA, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA EN EL ESTADO Niega F.230 28 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE MATUTINA DE LA SÉPTIMA DELEGACIÓN EDIFICIO BICENTENARIO, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA EN EL ESTADO Niega F.49 29 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE VESPERTINA DE LA SÉPTIMA DELEGACIÓN EDIFICIO BICENTENARIO, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA EN EL ESTADO Niega F.50 30 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE MATUTINA DE LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO CHOLULA, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA EN EL ESTADO Niega F.127 31 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE VESPERTINA DE LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO CHOLULA, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA EN EL ESTADO Niega F.89 32 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE VESPERTINA DE LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS CHOLULA, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA EN EL ESTADO Niega F.91 33 DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, POR SÍ Y ATRAVÉS DE LOS ELEMENTOS A SU CARGO, TODOS ELLOS DEPENDIENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA Niega F.59 Las citadas autoridades responsables niegan la existencia del acto que se les reclama, sin que la parte quejosa hubiera aportado medio de prueba alguno que lograra desvirtuar tal negativa; razón por la cual, los actos reclamados resultan inexistentes. En narradas circunstancias, tomando en consideración que la parte quejosa omitió exhibir medios probatorios tendentes a desvirtuar las negativas propuestas; no obstante que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, correspondía a la carga de la prueba para acreditar la emisión y ejecución de los mandamientos reclamados. Apoya la anterior consideración la tesis VI.2.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que al rubro y texto dice: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean necesarias para apoyar dicho informe, en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. En razón de lo anterior, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio de amparo, respecto de los actos consistente en la orden de presentación librada en contra de , que se atribuye al Procurador General de Justicia en el Estado de Puebla, Fiscalía General Metropolitana dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Dirección de Agencias del Ministerio Público Metropolitana Norte por sí y a través de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Mesas de Trámite adscritas a la misma Dirección Dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Dirección de Agencias del Ministerio Público Metropolitana Sur, por sí y a través de las Mesas de Trámite Uno, Dos, Tres, Cuatro y Cinco, adscritas a la misma Dirección dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Sur dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Sur dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Oriente dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Oriente dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Centro dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Centro dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Sur dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Popular dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Popular dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Norte, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Norte dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Sexta Delegación La Margarita, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Sexta Delegación La Margarita, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Séptima Delegación Edificio Bicentenario, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Séptima Delegación Edificio Bicentenario, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación San Pedro Cholula, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Sur dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación San Pedro Cholula, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación San Andrés Cholula, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación San Andrés Cholula, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y su cumplimiento a cargo del Director de la Policía Ministerial en el Estado de Puebla, por sí y a través de los elementos a su cargo, todos ellos dependientes de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Puebla, ya que de las constancias de autos se advierte claramente que no existen dichos actos que reclama a las autoridades responsables indicadas, ello con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación de San Andrés Cholula, dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Puebla, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificado, tal y como se advierte del acuse de recibo que obra en autos (foja 35); por lo tanto, como se determinó en la audiencia constitucional, se presume cierto el acto que se le atribuye, en términos del artículo 117, párrafo tercero, segunda parte, de la Ley de Amparo. Es aplicable, por analogía la jurisprudencia número 1a./J. 8/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, página 26, del tomo IX, marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Este Juzgado no está en posibilidad de estudiar la inconstitucionalidad o constitucionalidad de los actos reclamados a la Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación de San Andrés Cholula, dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Puebla, tal y como se verá a continuación. En efecto, la quejosa reclamó de la autoridad antes citada, la falta de notificación de citatorio, orden de presentación y detención y su pretendida ejecución dictada en su contra; el que se presumió cierto, sin que la impetrante haya aportado pruebas tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto reclamado. De acuerdo con lo anterior, debe decirse que si bien se tuvo en el juicio de amparo en el que se actúa, como presuntivamente cierto el acto que el quejoso reclama, como ya se dijo, no se está en aptitud de examinar su constitucionalidad, toda vez que ante la omisión de la autoridad responsable ordenadora de informar respecto a la cita comparecencia y la ausencia de constancias que justifiquen la constitucionalidad de su acto, en términos del artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, correspondía al quejoso, hoy recurrente, la carga de la prueba de los hechos que determinen la inconstitucionalidad, toda vez que esté acto no es violatorio de derechos fundamentales por sí mismos. En consecuencia, si la quejosa omitió aportar prueba alguna que constituya un obstáculo que impide analizar su constitucionalidad, como ya se dijo, aun cuando el artículo 75 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable no obren en autos y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto, esta obligación solamente surge cuando se tiene por lo menos alguna prueba que permita advertir que determinada constancia o constancias sirvieron de base a la responsable para emitir dicho acto, luego, si en el particular, la responsable omitió rendir su informe justificado y por ende constancia alguna, es claro que correspondía al solicitante del amparo la carga procesal de la demostración de su inconstitucionalidad y al no haberlo hecho así, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe y texto literal es el siguiente: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra podrá por deberá, se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En mérito de lo anterior, y como no existe motivo para suplir la deficiencia de la queja, con arreglo al artículo 79 fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por , contra los actos que reclama a la Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación de San Andrés Cholula, dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Puebla. SEXTO. PUBLICIDAD. Si bien, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que causen ejecutoria y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, en los diversos numerales 6 y 7, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la referida legislación, se obtienen los términos en que procederá la consulta de los expedientes que tienen en resguardo tanto los órganos jurisdiccionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, de conformidad con el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares, considerada como confidencial la que, de acuerdo con los artículos 18 de la citada ley y 8 del referido reglamento, debe ser entendida como aquélla cuya difusión, comercialización o distribución requiere necesariamente consentimiento expreso de las personas titulares de la misma. En este contexto, al encontrarse obligado este órgano jurisdiccional a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no hayan hecho valer ese derecho, se ordena la publicación de esta resolución, con supresión de datos personales a que se refiere el artículo 3, fracción I, de la citada legislación. Sustenta lo considerado el criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal siguiente: DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquélla cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. SÉPTIMO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). En cumplimiento a los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74 y 77 de la Ley de Amparo en vigor, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo en que se actúa promovido por ********************, contra los actos que reclaman de las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, consistentes en la falta de notificación de citatorio, orden de presentación y detención librada en su contra, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a , respecto de los actos reclamados del Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación de San Andrés Cholula, dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Puebla, precisados en el considerando segundo de la presente ejecutoria, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. TERCERO. En términos del considerando sexto se realiza la publicación respectiva con supresión de datos personales. CUARTO. En cumplimiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Claudia Verónica Valdés Lozoya, Secretaria que autoriza y da fe.

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