Ziola Magaly Casillas Crespo

Expediente 893/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
893/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
05/07/2021

Partes del expediente

  • Ziola Magaly Casillas Crespo
  • Maria Isela Osorio Gorocica
  • ZIOLA MAGALY CASILLAS CRESPO y Otros.
  • Maria Teresa de la Concepcion Suaste Dominguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Agréguese a estos autos al escrito signado por Diego Adán Chan Viana, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, mediante el cual solicita acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo respecto del usuario "DCHANVIANA"; por tanto, en atención a lo instado, en el sentido de que se le otorgue el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio y presentar promociones vía internet en el presente asunto, proporcionando para ello el nombre de usuario que es: "DCHANVIANA", relativa al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, en relación con el artículo 3 de la ley de la materia, se autoriza al nombrado, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, presentar promociones vía internet y para consultar el mismo. Hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, el promovente solicita copias certificadas de la totalidad del presente expediente y en atención a su contenido, por el momento, no ha lugar a acceder favorablemente a su solicitud, en atención a las siguientes consideraciones. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 4/2020, en el que adoptó diversas medidas frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, entre ellas, la suspensión de funciones de los órganos jurisdiccionales a partir del dieciocho de marzo hasta el diecinueve de abril de dos mil veinte, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales. Medida que fue prorrogada por diversos Acuerdos Generales, siendo el último en este sentido el 18/2020, que reformó el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia, extendiendo la suspensión hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Ahora bien, mediante Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. Acuerdo respecto del cual, es un hecho notorio, que ha existido una amplia publicidad, en razón de que marca la conclusión del periodo de suspensión y establece las reglas bajo las cuales los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación operarán del tres de agosto al treinta y uno de octubre, ambos de dos mil veinte, garantizando la continuidad de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19; aunado a que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día treinta y uno de julio de dos mil veinte. Por tanto, en atención al esquema de trabajo que actualmente se implementa en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, no es factible por el momento acceder a la expedición de las copias de referencia, dado no es posible implementar la logística necesaria para la reproducción del expediente, máxime que actualmente este Juzgado Federal está laborando con plantilla muy reducida de personal. No obstante a lo anterior, hágase del conocimiento de la parte ocursante, que puede imponerse por vía electrónica de los presentes autos; asimismo, dígase que se encuentra en aptitud de solicitar una cita mediante la obtención del código QR para la consulta directa al expediente, en la cual podrá hacer uso de medios electrónicos de reproducción, como lo son una cámara o un escáner portátil, previa autorización que de la misma se realice. En el entendido de que, una vez que se levanten las medidas sanitarias, o bien, se modifique el esquema de trabajo derivados del Acuerdo General en comento, podrá reiterar su petición.

  2. Principal

    Por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, su oficio número 60/2021 P.2, de quince de febrero del año en curso, con el cual devuelve el expediente principal relativo; y remite el testimonio de la resolución dictada por ese Tribunal en el recurso de inconformidad 7/2020, interpuesto por Diego Adán Chan Viana, apoderado de la parte quejosa, contra del acuerdo de de veinte de enero de dos mil veinte, en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, dictado por este Juzgado, ejecutoria de la que aparece que la citada Superioridad en su único punto resolutivo declaró infundado el incidente de inconformidad interpuesta por el citado apoderado de los quejosos Zoila Magaly Casillas Crespo, María Teresa de la Concepción Suaste Domínguez, Priscila Tolosa Dzul, María Isela Osorio Gorocica y Javier Jesús Suaste Domínguez. Acúsese recibo vía interconexión. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro respectivo; glósese el expediente provisional formado con motivo del incidente de inconformidad en cita. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la caratular del presente expediente, el cual es depurable, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Finalmente, en cuanto al valor jurídico sí lo tiene el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de octubre de dos mil veinte. Agréguese a estos autos el escrito del quejoso , por medio del cual solicita copias certificadas de todas las constancias que obran en autos del juicio de amparo en que se actúa. Al respecto, por el momento, no ha lugar a acceder favorablemente a su solicitud, en atención a las siguientes consideraciones. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 4/2020, en el que adoptó diversas medidas frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, entre ellas, la suspensión de funciones de los órganos jurisdiccionales a partir del dieciocho de marzo hasta el diecinueve de abril de dos mil veinte, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales. Medida que fue prorrogada por diversos Acuerdos Generales, siendo el último en este sentido el 18/2020, que reformó e similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia, extendiendo la suspensión hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Ahora bien, mediante Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. Acuerdo respecto del cual, es un hecho notorio, que ha existido una amplia publicidad, en razón de que marca la conclusión del periodo de suspensión y establece las reglas bajo las cuales los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación operarán del tres de agosto al treinta y uno de octubre, ambos de dos mil veinte, garantizando la continuidad de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19; aunado a que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día treinta y uno de julio de dos mil veinte. Por tanto, en atención al esquema de trabajo que actualmente se implementa en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, no es factible por el momento acceder a la expedición de las copias de referencia, dado no es posible implementar la logística necesaria para la reproducción del expediente, máxime que actualmente este Juzgado Federal está laborando con plantilla muy reducida de personal. No obstante a lo anterior, se exhorta a la parte quejosa a que se imponga de los autos de forma electrónica, a fin de que pueda acceder al contenido íntegro de las constancias que conforman el presente expediente; o bien, solicitar una cita mediante la obtención del código QR para la consulta directa al expediente, en la cual podrá hacer uso de medios electrónicos de reproducción, como lo son una cámara o un scaner portátil. En el entendido de que, una vez que se levanten las medidas sanitarias; o bien, se modifique el esquema de trabajo derivados del Acuerdo General en comento, podrá reiterar su petición. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido por Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe

  4. Principal

    MESA V. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de ellos se advierte que obran en autos los oficios suscritos por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y el Actuario de su adscripción, ambos, del Estado de Yucatán con sede en esta ciudad, y anexos que acompañaron; con los que se pronunciaron acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; asimismo, mediante proveído de cuatro de diciembre del año en curso, se dio vista a las partes con los oficios y anexos señalados para que en el término de tres días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, prevención que fue desahogada por la parte quejosa, realizando diversas manifestaciones en relación a la vista que se le dio, por lo que este órgano judicial a continuación determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo el veinticuatro de septiembre del año en curso, se concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, por auto de once de octubre del año en curso, causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a las autoridades responsables su debido cumplimiento. De manera que las responsables de mérito, estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: " . Lo procedente es conceder a ZOILA MAGALY CASTILLAS CRESPO, MARÍA TERESA DE LA CONCEPCIÓN SUASTE DOMÍNGUEZ, PRISCILA TOLOSA DZUL, MARÍA ISELA OSORIO GOROCICA Y JAVIER JESÚS SUASTE DOMÍNGUEZ, el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicitaron, para el efecto de que el presidente responsable, de inmediato acuerde el escrito de los quejosos y el actuario con la misma prontitud notifique dicha respuesta." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la Junta responsable, por conducto de su Presidente, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria, pues remitió copia certificada del acuerdo de treinta de septiembre del año en curso, en el cual decretó auto de requerimiento de pago y/o embargo en el juicio laboral 20/2013; sin embargo, de las citadas constancias no se advierte que la Junta responsable, haya notificado el referido auto a la parte actora, aquí quejosa, con el tiempo suficiente para que si lo estimara, acudiera a esa diligencia; lo cual, también implica el cabal cumplimiento de la sentencia de amparo; por tanto este Juzgado Federal, considera que la sentencia dictada en el presente juicio NO SE TIENE POR CUMPLIDA; en virtud de que no se ha acatado debidamente la ejecutoria pronunciada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, de la revisión realizada a las constancias que integran este juicio de amparo se advierte, que la junta y el Actuario responsable han estado actuando con retraso y evasivas, incurriendo en conductas que en la ejecutoria de amparo se le señalaron e indicaron que subsanara, lo cual no ha realizado. Dilación que ha continuado hasta el día de hoy, dos meses después de que causó ejecutoria la citada resolución, lo cual indica que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y el Actuario de su adscripción no han sido diligentes en cuanto al cumplimiento de la sentencia declarada ejecutoriada, desacatando una sentencia emitida por este juzgado federal, a pesar de los requerimientos que se les han estado realizando. Siendo exactamente aplicable, la jurisprudencia con número de tesis 58/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso". Con base en lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo que a la letra dicen: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga". Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico". Requiérase por última vez a la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad y al Actuario de su adscripción, que en el improrrogable término de tres días hábiles, contados a partir del momento en que se les notifique el presente acuerdo, cumplan con la ejecutoria de amparo, esto es, señale fecha y hora para la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo en el juicio laboral 20/2013 y le notifiquen a la parte actora dicha diligencia con el tiempo suficiente para que sí lo estima procedente, acuda a la referida diligencia de requerimento de pago y embargo, remitiendo a este Juzgado las constancias con las que acrediten que se dio cumplimiento a la sentencia concesoria, a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de resolver sobre el citado cumplimiento de la ejecutoria dictada en los presentes autos o señalen el impedimento legal que tienen para ello. El término de tres días se establece con base en que las responsables han tenido el tiempo suficiente desde que se le requirió por primera vez, el cumplimiento de la sentencia de amparo (once de octubre del año en curso), para dar el debido cumplimiento; por lo tanto, otorgar más tiempo a la junta y al Actuario responsable, es seguir consintiendo una conducta cuya falta de interés en el cumplimiento de esta sentencia de amparo se hace patente. Es aplicable la tesis de jurisprudencia XIX.1o.P.T. J/3, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 2790, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO LES DA CUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO DE 3 DÍAS, A PESAR DE HABER SIDO NOTIFICADA DE LOS REQUERIMIENTOS RESPECTIVOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR SI LA COMPLEJIDAD O DIFICULTAD PARA REALIZARLO AMERITA LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO, O SI EL ASUNTO REVISTE URGENCIA Y NOTORIO PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE ORDENARLO INMEDIATAMENTE POR LOS MEDIOS OFICIALES DE QUE DISPONGA, DE LO CONTRARIO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER EL INCIDENTE CORRESPONDIENTE, LE DEVOLVERÁ LOS AUTOS PARA QUE LO HAGA. De la interpretación funcional de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, armonizada conforme al sistema al que pertenecen, se concluye que es obligación del Juez de Distrito, una vez que se han notificado los requerimientos a la autoridad responsable, requerirla para que cumpla con la ejecutoria protectora dentro del plazo de tres días; no obstante, si la responsable no lo hace a pesar de haber sido prevenida, dicho juzgador federal está obligado a analizar si la complejidad o dificultad para realizarlo amerita que se amplíe el plazo para que la autoridad responsable cumpla; o bien, si el caso reviste urgencia y notorio perjuicio al quejoso, debe ordenar el cumplimiento inmediato de la ejecutoria protectora por los medios oficiales de que disponga. Luego, si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo que se fije, el juzgador de amparo hará el pronunciamiento respectivo, imponiendo las multas procedentes y remitiendo los autos al Tribunal Colegiado de Circuito; sin embargo, si el Juez de Distrito no realiza el análisis relativo a la complejidad o urgencia del cumplimiento de sentencia, ese órgano colegiado, al resolver el incidente correspondiente, le devolverá los autos del juicio para que lo haga". En el entendido que de no realizar lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 238 y 259, del citado ordenamiento legal, se les impondrá a cada uno de ellos, esto es, a la Licenciada Sandra Edith Alonzo Mendoza y al Licenciado Alejandro González Medina, la primera como presidenta de la junta responsable y este último en su carácter de actuario, una multa mínima de cien días de unidades de medida y actualización, conforme al numeral 258 , en armonía con el diverso ordinal 238 , ambos del citado ordenamiento legal; y se remitirán los presentes autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para que inicie con el procedimiento establecido en el ordinal 193 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente dice: "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable (.) Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo. (.) El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos (.)" Sirve de orientación la jurisprudencia con número de tesis VI.2o.T. J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en la página 2579, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala lo siguiente: "APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO. El artículo 192 de la Ley de Amparo prevé el procedimiento para el cumplimiento de una ejecutoria en la que se otorga la protección de la Justicia Federal. Inicialmente, establece que una vez que la sentencia protectora haya adquirido firmeza, la autoridad federal la notificará a la autoridad responsable y le requerirá que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibiéndola que, de no hacerlo sin causa justificada, le impondrá a su titular una multa de cien a mil días de salario, de acuerdo con el artículo 258 de la ley de la materia, y remitirá el expediente a la superioridad (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación) para seguir el trámite de inejecución. Conforme a esta disposición, cuando la autoridad responsable es un órgano integrado por más de un titular, el apercibimiento de multa no debe hacerse a dicho órgano en abstracto, sino a cada una de las personas físicas que lo integran, especificando el nombre y apellidos de cada una de ellas, en el entendido de que, en términos de la última parte del primer párrafo del artículo 193 de la citada ley, los titulares a quienes se les imponga la multa seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo y las personas físicas que los sustituyan tendrán responsabilidad, si durante el ejercicio de sus funciones debe darse cumplimiento a la ejecutoria". Finalmente, hágaseles del conocimiento a las citadas autoridades responsables, que en caso que continúen actuando con retraso y evasivas respecto al cumplimiento de la sentencia declarada ejecutoriada, se procederá a la apertura del incidente de inejecución de sentencia que solicitó el autorizado de la parte quejosa en autos del juicio de amparo en que se actúa.

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