Zintia del Rocío Rosado Lara
Expediente 934/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 934/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/06/2023
Partes del expediente
- Zintia del Rocío Rosado Lara
Actuaciones
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Vista con cumplimiento. La Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector. Fecha del cumplimiento por parte de la autoridad Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento10/05/2023.29/05/2023 En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación de la persona juzgadora de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. En el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la Secretaría para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Apercibida que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Ahora, para dar margen a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente acuerdo de manera personal a la parte quejosa, así como el oficio y anexo remitidos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y por lista a la parte tercera interesada ********************.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Se señala nueva fecha para la audiencia constitucional. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en la agenda de audiencias de este juzgado se señaló el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional dentro de los presentes autos; sin embargo, con fundamento en los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por causas de fuerza mayor, se declaró la suspensión de labores de ese día, en virtud la declaratoria de fase 3 del semáforo de alerta volcánica. Por lo anterior, a fin de no violar las reglas esenciales del procedimiento y no dejar en estado de indefensión a las partes, se deja sin efectos aquella fecha señalada para el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés y, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, se señala como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, las doce horas con cuarenta minutos del trece de junio de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa y electrónicamente a la tercera interesada.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de mayo de dos mil veintitrés. Se señala nueva fecha para la audiencia constitucional. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en la agenda de audiencias de este juzgado se señaló el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, con fundamento en los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por causas de fuerza mayor, se declaró la suspensión de labores de ese día, en virtud la declaratoria de fase 3 del semáforo de alerta volcánica. Por lo anterior, a fin de no violar las reglas esenciales del procedimiento y no dejar en estado de indefensión a las partes, se deja sin efectos aquella fecha señalada para el veintidós de mayo de dos mil veintitrés; y, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, se señala como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, las doce horas con treinta minutos del catorce de junio de dos mil veintitrés. ... Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercera interesada ********************
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Se declara legal incompetencia y se ordena remisión de demanda -electrónica-. Se decreta suspensión de plano solo por un acto. Vista la demanda de amparo que se promueve en nombre de ********************, y que firmada de forma electrónica por ********************; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 934/2023-I. En consecuencia, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo, se procede a proveer lo conducente. Legal incompetencia. La competencia constituye un presupuesto procesal de análisis previo a cualquier otra cuestión, pues ha sido propósito del legislador facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que el afectado disponga de mejores posibilidades de defensa, por ello estableció reglas de competencia, para que el particular esté en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva, aunado a que si un Juez de Distrito resuelve un juicio de amparo respecto del cual carece de competencia, tal circunstancia constituye una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento.****************************************Por tanto, se procede a examinar si en la especie se satisface el requisito relativo a la competencia de este juzgado.****************************************En el caso, este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo presentada por la parte quejosa.****************************************Para justificar lo anterior, en primer término, es menester traer a colación el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone:****************************************"Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.********************Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.********************Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."****************************************Del citado precepto legal se advierten tres hipótesis para fijar la competencia del Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: ****************************************a) Es competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; ****************************************b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito, o se haya empezado a ejecutar en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presente la demanda; y****************************************c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. ****************************************Precisado lo anterior, debe decirse que los actos reclamados encuadran en la hipótesis descrita en el inciso a), particularmente, en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya ejecutado el acto reclamado o se esté ejecutando.****************************************Para justificar tal aseveración se estima necesario traer a colación los antecedentes de los actos reclamados, que se desprenden de la demanda de amparo y son del tenor siguiente:****************************************1) En el punto 1, de su narración de antecedentes, la parte quejosa ********************, refirió:****************************************"La impetrante ******************** en mi calidad de PERSONA SERVIDORA PÚBLICA EMPLEADA de la EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO PETRÓLEOS MEXICANOS [.] me encuentro en el domicilio ubicado en ********************."****************************************2) Inclusive, de los documentos que se anexaron a la demanda de amparo, se observa la digitalización de la credencial para votar del quejoso, de donde se advierte que señaló ante la autoridad electoral que su domicilio se encuentra en ********************.****************************************Ahora, como se precisó, la parte quejosa reclama i) la omisión de que le sea pagado en tiempo y forma salario a través de transferencia electrónica; ii) y, la omisión de proveerle servicio médico integral, específicamente en varios cuadros clínicos que no han sido atendidos ni provistos por las autoridades responsables.****************************************Así, a pesar de que se reclaman actos omisivos, de los cuales pudiera considerarse que carecen de ejecución, lo cierto es que sola naturaleza no es suficiente, sino que debe atenderse a las consecuencias que producen tales actos, lo que cobra especial relevancia en el presente caso, debido a que tales omisiones producen consecuencias de carácter positivo.****************************************Para determinar a quién compete conocer de la demanda de amparo, debe destacarse que la intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que se presupone es el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto controvertido, tratándose de la primera de las reglas competenciales señaladas líneas arriba, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad.****************************************Bajo ese panorama, la quejosa reclama la omisión de que le sea pagado en tiempo y forma su salario a través de transferencia electrónica; y, la omisión de proveerle servicio médico integral, específicamente en varios cuadros clínicos que no han sido atendidos ni provistos por las autoridades responsables; entonces resulta evidente que las consecuencias de tales omisiones necesariamente tendrán su materialización en la ciudad de ********************, Estado de ********************, que corresponde al lugar en el que se ubica el domicilio de la parte quejosa, donde pudiera tener su materialización la negativa u omisión de proveer servicio médico sobre varios cuadros clínicos que no le han sido atendidos.****************************************Resulta ilustrativa al caso, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 152/2009 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, tomo XXX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:****************************************"PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado."****************************************También resulta ilustrativa, por analizar un caso análogo, la jurisprudencia PC.XVI.A. J/23 A (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1397, libro 63, tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:****************************************"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE CONDENÓ AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A CUANTIFICAR LA PENSIÓN CON LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. La locución "ejecución material" es el común denominador de las tres hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito, la cual debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o por virtud de sus efectos y consecuencias. Así, de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del precepto invocado (cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda) y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para efecto de ubicarlo en los párrafos primero (es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado) o segundo (si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda). De acuerdo con lo anterior, la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción."****************************************Por todo lo anterior, se estima que es competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito en el Estado de ********************, en turno, en términos de los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. ****************************************En tales condiciones, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el juicio de amparo promovida por ******************** y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previa notificación a la parte quejosa, se ordena remitir el presente expediente electrónico al Juez de Distrito en el Estado de ********************, en turno, para los efectos legales conducentes.****************************************En esa medida, se solicita al Juzgado Federal que conozca del asunto, que acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia, conforme al artículo 47 de la Ley de Amparo.****************************************En la inteligencia que una vez que se conozca el órgano jurisdiccional que acepte la competencia declinada, se procederá a hacer disponible el expediente electrónico para su vinculación a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.****************************************Sin que por el momento haya lugar a formar el cuaderno de antecedentes, ya que de conformidad con el Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020 que regula el expediente electrónico, para establecer, entre otros aspectos, que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, únicamente existe obligación de integrar al expediente físico, los documentos recibidos de esa forma -previa digitalización-, por lo que únicamente se remitirán aquellas constancias que obran de forma física en el expediente, en tanto que la presente demanda se presentó de manera electrónica.****************************************Se decreta suspensión de plano.****************************************Por otra parte, toda vez que a consideración de este órgano jurisdiccional, el acto que reclama la quejosa consistente en la negativa u omisión de proveerle servicio médico integral, se trata de un acto que impacta directamente en el derecho a la salud y a la vida de la parte quejosa, por lo que se estima procedente proveer de oficio y de plano lo relativo a su suspensión, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo.****************************************Lo anterior, en la medida en que de las manifestaciones que se desprenden de la demanda, se advierte que no le han realizado estudios ni valoraciones suficientes y certeras, ni se le ha proporcionado un diagnóstico certero de los padecimientos que tiene, así como tampoco ha recibido los tratamientos, cirugías, rehabilitaciones ni medicamentos eficaces; limitando todo esto su derecho a la salud y poniendo en riesgo su vida.****************************************En ese sentido, el citado acto reclamado podría impactar en su derecho a la salud y, a la luz de los planteamientos del quejoso, en la medida en que se le ha omitido realizar un diagnóstico de los padecimientos que tiene para poder recibir tratamientos, cirugías, rehabilitaciones y medicamentos eficaces; de ahí que se realice un pronunciamiento respecto de la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo.****************************************Máxime que la suspensión de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia, de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio de la parte quejosa, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, lo que se pretende salvaguardar en atención a que corresponde al Estado la tutela absoluta de la citada prerrogativa, por ende, se insiste que previsiblemente existe un estado de vulnerabilidad de la quejosa, que pudiera afectar su salud.****************************************No se soslaya que los actos reclamados sean omisiones con efectos positivos, esto es, actos que la quejosa considera que las autoridades responsables que niegan realizar, o bien, no han realizado en los términos previamente establecidos, y que le deparan un perjuicio en su subsistencia, que se traduce en un daño a salud y potencialmente en su vida, actos negativos con efectos positivos, que sí son susceptibles de suspenderse con efectos restitutorios. ****************************************Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, diciembre de 2019, Tomo I, página 286, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente:****************************************"SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior."****************************************Asimismo, el derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que también comprende aspectos externos e internos, como el buen estado de salud mental y emocional del individuo, es decir, el derecho a la salud implica la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, por lo que los Estados tienen la obligación de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud para obtener ese bienestar.****************************************Además, la plena realización del derecho humano a la salud es uno de los requisitos fundamentales para que las personas puedan desarrollar otros derechos y libertades de fuente constitucional y convencional; de ahí que la prosecución de la justicia social, no puede ignorar el papel de la salud en la vida humana y en las oportunidades de las personas para alcanzar una vida sin enfermedades y sufrimientos que resulten evitables o tratables.****************************************Es importante destacar que las anteriores consideraciones encuentran sustento en lo expresado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 378/2014, en sesión del quince de octubre de dos mil catorce, en el que precisó el contenido y alcance del derecho humano a la salud, tal como se advierte del criterio siguiente:****************************************"SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado."****************************************Asimismo, la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver los amparos en revisión 237/2014, 1115/2017, 623/2017, 548/2018 y 547/2018, sostuvo que la protección de la salud constituye un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, en la medida en que se trata de una prerrogativa reconocida por el artículo 4º de la Ley Fundamental.****************************************Dicha porción normativa prevé que toda persona tiene el derecho a que se proteja su salud, incluso, ese derecho se proyecta en dos dimensiones, individual o personal, y una pública o social.****************************************En lo relativo a la protección al derecho a la salud en su faceta individual, se entiende como la obtención de un estado de bienestar general en favor del gobernado, ya sea físicamente, mental, emocional y socialmente; de ese modo, estos elementos dan lugar a la configuración del diverso derecho a la integridad físico-psicológica.****************************************Bajo ese tenor, el Estado tiene un interés de rango constitucional tendente a procurar el grado máximo posible de protección a la salud en favor de las personas, con la finalidad de salvaguardarles un adecuado estado de salud y bienestar, en el que confluyan todos los elementos que doten de plenitud física y mental al gobernado.****************************************Lo anterior se advierte de la jurisprudencia 1ª./J. 8/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 486, libro 63, febrero de 2019, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguiente:****************************************"DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras."****************************************Asimismo, la Suprema Corte ha establecido que el derecho a la salud comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes. ****************************************Dicho criterio fue plasmado en la tesis aislada P. XIX/2000 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, marzo de dos mil, tomo XI, página 112, cuyo rubro y texto señalan:****************************************"SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos."****************************************En ese contexto, una de las obligaciones que tiene el Estado en materia de salud, es lograr que todas las personas tengan acceso a las instituciones de salud, cuestión que implica que dichas personas sean atendidas oportunamente y que se les brinde el tratamiento o el medicamento necesario en todo momento, ello para garantizar la plena efectividad del derecho humano a la salud.****************************************Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las autoridades del Estado mexicano que tiene como obligación garantizar el derecho humano a la salud, también se encuentran constreñidas a brindar la asistencia médica y el tratamiento a sus pacientes, de manera oportuna, permanente y constante.****************************************Así, en cuanto a lo relativo a la prestación de tratamiento, el Alto Tribunal ha precisado que su otorgamiento debe ser oportuno, máxime en los casos en que el éxito del tratamiento dependa necesariamente del oportuno suministro o toma de medicamentos.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1ª.XIII/2021 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, de rubro y texto siguiente:****************************************"DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA ASISTENCIA MÉDICA Y EL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES USUARIOS DE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE INTEGRE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DEBEN GARANTIZARSE DE FORMA OPORTUNA, PERMANENTE Y CONSTANTE.****************************************Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece.****************************************Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos, tomando particular importancia cuando se trata de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa, principalmente, del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos, es decir, en aquellos casos en los que la adherencia deficiente al tratamiento sea determinante para la progresión de la enfermedad.****************************************Justificación: Ello, pues la lucha contra las enfermedades, en términos amplios, representa la práctica de esfuerzos individuales y colectivos del Estado para facilitar la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia y servicios médicos, lo cual no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino también al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. Esto como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño."****************************************En el plano internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en diversas ocasiones en lo relativo al contenido del derecho a la salud y su interdependencia con el derecho a la vida.****************************************Al resolver el "Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador", en la sentencia del veintidós de noviembre de dos mil siete, determinó que el goce pleno del derecho humano a la vida constituye una condición necesaria para el ejercicio del resto de derechos, de manera que aquél está necesariamente vinculado con la atención de la salud humana.****************************************Así, el derecho a la salud se entiende como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, edificándose como un bien de carácter público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.****************************************Cabe mencionar, que ese pronunciamiento fue reiterado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el "Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala", en sentencia del veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, que en la parte conducente sostiene lo siguiente:****************************************"(.)****************************************B.3. El contenido del derecho a la salud****************************************103. En razón de lo anterior, la Corte advierte, en primer término, que la Declaración Americana reconoce en su Artículo XI que toda persona tiene el derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad. En el mismo sentido, el artículo 10 del Protocolo de San Salvador establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es un bien público. El mismo artículo establece que, entre las medidas para garantizar el derecho a la salud, los Estados deben impulsar la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole, y la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.****************************************104. En sentido similar a las obligaciones previstas por la Carta de la OEA, la Declaración Americana, y el Protocolo de San Salvador, en el ámbito universal el PIDESC entiende el derecho a la salud como el disfrute más alto de bienestar social, físico y mental, y reconoce la obligación estatal de adoptar medidas para [l]a prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas.********************105. Al respecto, esta Corte ya ha reconocido que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos humanos, y que todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, entendida la salud no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también como un estado completo de bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral. El Tribunal ha precisado que la obligación general de protección a la salud se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso de las personas a servicios esenciales de salud, garantizando una prestación médica de calidad y eficaz, así como de impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población.****************************************(.)"****************************************Caso concreto.****************************************De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado importe el peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, entre otros supuestos, se concederá de oficio y de plano la suspensión.****************************************En la especie, como se precisó en párrafos anteriores, de la lectura de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa alega -sustancialmente- que las autoridades responsables le han negado el acceso a los servicios de salud, al no proporcionarle un diagnóstico certero de los padecimientos que tiene ni los tratamientos, cirugías, rehabilitaciones ni medicamentos eficaces para tratarlos.****************************************Bajo ese panorama, atendiendo a la importancia del derecho en cuestión, y que la falta de atención médica oportuna y adecuada podría comprometer su dignidad y la vida de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se CONCEDE DE PLANO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, para el efecto de que las autoridades médicas correspondientes de la ********************, en específico la Subdirección de los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, realice lo siguiente:****************************************Informe en el plazo de veinticuatro horas, si se le han proporcionado tratamientos, cirugías, rehabilitaciones, así como medicamentos eficaces para tratar los padecimientos de la quejosa ********************.****************************************Siempre que la quejosa se encuentre registrada como trabajadora activa, comunique a los hospitales, clínicas o consultorios, que dependan y formen parte de la estructura de dicha empresa productiva, y especialmente si existe alguna ubicada en el Estado de ********************, para que, ante la asistencia de la solicitante de amparo, se le proporcionen las consultas médicas correspondientes, y en su caso, se emita el diagnóstico relativo.****************************************En la inteligencia que de ser necesario, el personal profesional médico deberá ordenar la realización de estudios a fin de obtener el diagnóstico certero de los padecimientos que tiene la quejosa.****************************************Así, en el supuesto de que la falta de diagnóstico y otorgamiento de tratamientos, cirugías, rehabilitaciones y medicamentos resulten de la falta de presupuesto para su adquisición, la autoridad responsable deberá informar en el citado plazo, las acciones administrativas, presupuestarias y de cualquier otra índole, tendentes a brindar los tratamientos, cirugías, rehabilitaciones y para obtener a la brevedad los medicamentos respectivos.****************************************En la inteligencia que la presente suspensión, no implica que deba suministrarse un medicamento que no haya sido recetado a la paciente, ni que se realice alguna cirugía que no haya sido ordenada por los médicos tratantes.****************************************En el entendido de que tratándose de la medida suspensiva cualquier dependencia o autoridad -en el caso, clínica u hospital dependiente de la empresa productiva del estado señalada como responsable- están obligadas a acatar la medida cautelar otorgada en un juicio de amparo, de conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 70, del tomo XII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:****************************************"AUTOS DE SUSPENSIÓN. Cualquiera autoridad del país tiene obligación de acatar las órdenes de suspensión dictadas en los juicios de amparo."****************************************De ese modo, las autoridades responsables, en el plazo de veinticuatro horas, deberán informar a este juzgado federal el acatamiento de la citada medida cautelar, por lo que deberán remitir la información conducente, así como las constancias con las que acrediten sus manifestaciones, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del sistema de interconexión, o en su defecto, al correo electrónico 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx, siempre que el archivo que se envíe cuente con firma electrónica; o presentarlas por escrito; ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad responsable, de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que señala:****************************************"Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] ********************III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; [.]."****************************************Se notifica a la autoridades responsables foráneas vía exhorto****************************************Ahora, en virtud de que en el presente asunto se abordan temas relacionados con el derecho humano a la salud y, por ende, a la vida, impera la urgencia en su tramitación, lo que implica que este órgano jurisdiccional debe tomar las medidas que considere necesarias para estar en aptitud de determinar lo conducente a la suspensión de plano que se ha determinado en el presente caso.****************************************Y a fin de privilegiar la pronta impartición de justicia, gírese atento exhorto vía electrónica SISE al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique la suspensión de plano determinada en el presente proveído, a las siguientes autoridades responsables:****************************************Dirección General de Petróleos Mexicanos; y****************************************Subdirección de los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos****************************************Lo anterior, por ser las autoridades directamente vinculadas con el cumplimiento de la suspensión decretada.****************************************Por ello, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Juez Federal al que corresponda conocer de la presente comunicación oficial para que habilite días y horas inhábiles a los funcionarios judiciales de su adscripción, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas cumpliendo con ello el imperativo previsto en el diverso 17 constitucional, y tomando en consideración las manifestaciones vertidas en el presente proveído, referentes a la premura para llevar a cabo las referidas notificaciones. ****************************************Una vez hecho lo anterior, remita las constancias resultantes respectivas mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expediente y notificaciones electrónicas. Por otra parte, respecto a la solicitud de la parte quejosa referente a que se le permita el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le realicen por ese medio, se acuerda lo siguiente.****************************************Así, dado que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizaron los nombres de usuario ********************a nombre de ********************, y ********************a nombre de ******************** -autorizados del promovente-; con fundamento en lo establecido en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y según lo establecido en el numeral 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en el cual se establece el principio de impulso tecnológico, por el cual se debe privilegiar el desarrollo de las actividades jurisdiccionales a través de medios digitales, se les autoriza la consulta del expediente electrónico en línea y -----------------se ordena practicar a la parte quejosa las notificaciones que correspondan vía electrónica, por así solicitarlo expresamente.------------------------ Notifíquese de manera electrónica a la parte promovente y por exhorto a las autoridades responsables indicadas.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes
- Zaira Carina Valle Moreno1126/2023
- Zaira Rechy Martínez1200/2020
- Zarahí Pacheco Villagómez1318/2019
- Zaydee Guadalupe Pérez Reyes227/2018
- Zeferino Alfredo Pérez Zamora521/2019
- Zeferino Galindo Reyes906/2022
- Zoraida Jiménez de Ángel1155/2019
- Zuleika Rodríguez Meléndez1823/2019