Zindy Giovanny Cárdenas Medina
Expediente 1139/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1139/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Zindy Giovanny Cárdenas Medina
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se sobresee fuera de audiencia la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguense los informes justificados y documentos anexos rendido por el Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad, Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad y Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad, en el que señalan son ciertos los actos reclamados; asimismo, remiten copia certificada del proveído de veinticinco de enero del año en curso dictado en autos del expediente 1-175/2020. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte, la documental que se remite con el oficio de cuenta, la cual por ser pública en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. Ahora, en el caso concreto la parte quejosa señala como actos reclamados: La omisión en señalar fecha para el desahogo de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones en el juicio expediente 1-175/2020. Las omisiones subsecuentes que se generen el juicio señalado; La omisión del Presidente de la Junta responsable de cuidar los términos en tal juicio laboral; y La omisión del Actuario de emplazar y notificar a las partes. Por su parte, la autoridad oficiante remitió copia certificada del acuerdo de veinticinco de enero de la presente anualidad, dictado en el juicio 1-175/2020, del cual se advierte se fijaron las nueve horas treinta minutos del ocho de marzo de dos mil veintiuno, para que verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por tanto, respecto del acto reclamado marcado con el inciso a), se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues cesaron los efectos del acto reclamado. . Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en relación a la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 61, fracción XXI, en concordancia con el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por lo que respecta a los diversos actos reclamados consistentes en las dilaciones subsecuentes atribuido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la omisión del Presidente de esa Junta de Cuidar los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, así como la omisión del Acuario de emplazar y notificar a las partes, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo. De la interpretación gramatical mediante argumentación en sentido contrario de ambos preceptos se puede advertir que cuando la sentencia concesoria de amparo no pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, a fin de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, entonces debe considerarse que el juicio de garantías es improcedente, pues el juicio de amparo debe tener siempre finalidad práctica y no ser medio para realizar actividad meramente especulativa. En ese contexto, las consideraciones antes apuntadas evidencian la actualización de imposibilidad material y jurídica de cristalizar los efectos restitutorios del juicio de amparo, toda vez que a la responsable no se le puede vincular de manera genérica a que prosiga con la substanciación de juicio laboral, según lo expuesto en línea precedentes; por tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia antes apuntada. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIlI y 77, fracción ll, de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento, procede a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por cuanto hace a los referidos actos reclamados. Sin que sea obstáculo para decretar el sobreseimiento, el que sea fuera de la audiencia constitucional, pues son claras y evidentes las actualizaciones de las causales de improcedencia que conducen al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar ésta, la conclusión sería la misma, por lo que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las nueve horas treinta minutos del veintidós de marzo del año en curso. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, dos de febrero de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos se advierte que está programada en este juicio la audiencia constitucional para este día. No obstante, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás documentos agregados a este expediente, se desprende que a la fecha, que está corriendo el término de quince días otorgado a las autoridades responsables para que estén en aptitud de rendir su informe con justificación. Por tanto, con sustento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las NUEVE HORAS TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO para su celebración. Se informa a las partes que cualquier oficio que daban enviar a este órgano judicial, podrá ser remitido al correo electrónico oficial de este juzgado, cuya dirección es: 2jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, y por el mismo medio se les acusará recibo -el mismo día si el correo se recibe de ocho treinta horas a trece treinta horas, o al día siguiente si es con posterioridad-. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. I. Quejoso. Zindy Giovanny Cárdenas Medina. II. Admisión y formación del expediente. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente; sin aperturar incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. IV. Audiencia constitucional. Se fijan las NUEVE HORAS VEINTE MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. V. Informes y constancias. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente en que reciba el oficio en que se les solicita, para lo cual, en su caso deberá remitir copia certificada completa y legible de las constancias del expediente fuente de los actos reclamados, incluidas las que no se hayan incorporado al expediente y estén a su disposición; apercibidas que de no rendir su informe justificado, con sustento en el segundo de los anteriores preceptos legales se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. También apercibidas que de no rendir el informe solicitado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para la solución de este juicio constitucional o las remita incompletas o ilegibles total o parcialmente, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización con fundamento en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo.
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