Ziania Edith Barquera Miranda

Expediente 1574/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1574/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • Ziania Edith Barquera Miranda

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese la razón suscrita por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional en la que manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa de manera personal el proveído de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. En consecuencia, notifíquese por medio de la lista que se publica en los estrados de este órgano federal dicha determinación y, las subsecuentes que sean de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto, dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), o bien, dentro de su zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan); de conformidad con los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE: "...Vista la demanda promovida por..., regístrese bajo el número 1574/2019-V. ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la promovente señala como acto reclamado la decisión del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, de suspender el servicio de transporte a partir de enero de dos mil veinte, y las condiciones del nuevo modelo de éste, es decir, mediante cobro independiente a la colegiatura. DESECHAMIENTO Así, en la especie el suscrito advierte que el presente juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5º fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". De la interpretación sistemática de estos preceptos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos de alguna dependencia que no tenga el carácter de autoridad para efectos del amparo. El artículo 5º de la ley de la materia prevé que es autoridad para efectos del juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o en su caso omita un acto que de realizarse produciría estas situaciones. Bajo esta óptica, es dable sostener que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, no tiene el carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo. Bajo ese contexto, para efectos del caso concreto, resulta importante subrayar cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta, para saber cuándo los particulares tendrán el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, de conformidad la Ley de Amparo que rige al presente asunto, a saber: a. Que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir: 1. Dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u; 2. Omitan actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. b. Que las funciones de los particulares estén determinadas por una norma general. Así, al exigir la Ley de Amparo que el acto de autoridad de un particular debe ser equivalente a un acto de autoridad, se estima que el mismo tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de los gobernados. Ahora bien, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el Estado existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: las de supra a subordinación, las de supraordinación y las de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracteriza por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Pues bien, si las relaciones de coordinación se caracterizan porque los sujetos actúan en un plano de igualdad, entonces, en la suscripción del contrato de prestación de servicios educativos debe permear esa idea, para así justificar por qué se considera un acuerdo de voluntades en una relación de coordinación. En ese tenor, las determinaciones que una institución privada pueda imponer o realizar sólo trasciende a los derechos y obligaciones para con la institución educativa, pues la fuente de obligaciones está en la voluntad de las partes y el régimen estatutario y normativo de la sociedad. En ese contexto, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, no puede ser considerado como autoridad responsable en términos de la fracción II, segundo párrafo, del artículo 5o. de la Ley de Amparo vigente, ya que la decisión del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, de suspender el servicio de transporte a partir de enero de dos mil veinte, y las condiciones del nuevo modelo de éste, es decir, mediante cobro independiente a la colegiatura, es un acto referido sólo a los alumnos de dicha institución, emitidos de acuerdo al régimen estatutario y normativo de la escuela privada; es decir, no bajo una relación de supra a subordinación. Se considera lo anterior, toda vez que los actos reclamados fueron ejecutados por una persona moral privada, como lo es el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. Conforme a lo expuesto, se estima que la relación entre el instituto educativo y los alumnos; entre ellos, la quejosa, no es de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que, los sujetos actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, ya que se rigen conforme al contrato de prestación de servicios educativos, suscrito entre ambos, conforme al cual dicha institución, implementó una serie de requisitos relacionados con los servicios que prestan relativos a inscripción o reincripción, colegiaturas, cobros por exámenes extraordinarios, cursos de regularización, duplicados de certificados, constancias, credenciales, cursos complementarios fuera del horario normal de clases, prácticas deportivas especiales y otras actividades extracurriculares, transporte, etcétera, a los que voluntariamente se sometieron las partes. Ahora bien, el hecho de que ambas partes al contratar la prestación de servicios educativos fijaron, de común acuerdo, una retribución económica por dichos servicios, así como el sometimiento al régimen estatutario de la institución educativa, se encuentra apegado a la esencia de dicha figura. En las condiciones antes apuntadas, se estima que la decisión del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, de suspender el servicio de transporte a partir de enero de dos mil veinte, y las condiciones del nuevo modelo de éste, es decir, mediante cobro independiente a la colegiatura, no actúa unilateralmente creando, modificando o extinguiendo una situación jurídica que afecte a un particular, mediante el ejercicio de facultades de imperio, sino que dicho acto es emitido en el ámbito meramente privado de sus relaciones con los también particulares, a los que presta un servicio educativo y de prestación de servicios, conforme a lo pactado en el contrato respectivo que contiene la voluntad de las partes y de acuerdo al régimen estatutario y normativo de la escuela privada. Los actos que se reclaman de la institución educativa, tampoco pueden ser considerados como emitidos de acuerdo con las facultades que una norma general le otorgue, bajo una relación de supra a subordinación, ya que la fuente de esa determinación se encuentra precisamente en la voluntad de las partes y el régimen estatutario, normativo y de prestación de servicios de la institución con que se contrató el servicio educativo, existiendo entre las partes contratantes una relación de coordinación atento al sometimiento voluntario respecto de las condiciones en que la institución educativa presta el servicio. Así, aun cuando el instituto educativo particular realiza o ejerce una función o servicio público que en principio debería corresponderle al Estado, quien lo delegó constitucionalmente, ello es insuficiente para estimar que la aplicación de las normas aceptadas voluntariamente por las partes, puedan ser consideradas como emitidas con unilateralidad y obligatoriedad, pues se insiste, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados no es factible concluir que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, al emitirlo ejerció un poder público frente al alumno, sino que actuó conforme a su regulación y el acuerdo de voluntades aceptado por las partes. Por ende, es válido concluir que los actos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, consistente en la decisión de suspender el servicio de transporte a partir de enero de dos mil veinte, y las condiciones del nuevo modelo de éste, es decir, mediante cobro independiente a la colegiatura, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Pues dicha autoridad, no actúa en ejercicio de una potestad administrativa, que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente a los particulares, ni realiza actos equiparables a dicha relación, sino que sus actuaciones derivan de una relación contractual entre escuela-alumno; razón por la que no existe unilateralidad, ni imperio, que son la principal característica de los actos de particulares equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, motu proprio, en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación entre la institución educativa y el alumno, derivada de un contrato de prestación de servicios, en ejercicio legítimo del derecho que genera cualquier relación contractual. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, tomo I, pagina 647, de rubro y texto: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. .." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia aludida procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el diverso 113 del propio ordenamiento legal. Por lo que respecta a la tesis I.10°.A.12 K (10ª.) en que la quejosa sustenta la procedencia de su demanda, en principio es aislada y no es de observancia obligatoria para este juzgador de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo; asimismo, debido a la naturaleza de los actos reclamados no genera una afectación o violación a los derechos humanos de la impetrante del amparo que pudieran derivar en el orden penal o civil, ya que el actuar de la institución educativa no se refiere a cuestiones académicas que influyan en violación al derecho fundamental de educación, sino de coordinación entre la institución educativa y el alumno, derivada de un contrato de prestación de servicios, en ejercicio legítimo del derecho que genera la relación contractual, en este caso lo relativo a la prestación del servicio de trasporte y no así con el de educación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Asimismo, se tiene por autorizada a la persona que refiere, en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente..."

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano