Zeomara Herrera Gonzalez y Otros.

Expediente 258/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
258/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
16/06/2021

Partes del expediente

  • Zeomara Herrera Gonzalez y Otros.
  • Zeomara Herrera Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, visto su contenido, se provee: Recepción de ejecutoria. Se acusa recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, del Sexto Circuito, de: 1. los autos originales del juicio de amparo en que se actúa; y, 2. copia certificada del testimonio de la ejecutoria de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, pronunciada en el toca...; recibidos por este órgano federal el quince de junio del año en curso. Comuníquese a las partes la llegada de los autos originales del juicio en que se actúa y la resolución dictada por la superioridad, en los siguientes términos: "PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento en términos del considerando sexto de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida, en la materia del recurso competencia delegada de este tribunal colegiado. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo 258/2020 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla promovido por... contra los restantes actos y autoridades precisados en el resultando primero de este ejecutoria. Archivo de asunto Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido; toda vez que en el presente sumario constitucional se dictó sentencia definitiva. Valoración Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3°, fracción XVIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, que mediante sentencia de primera instancia de seis de octubre de dos mil veinte, se sobreseyó en el presente juicio biinstancial; en consecuencia, se considera que es susceptible de destrucción, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los citados numerales 12 y 14; en virtud que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo General. Además, se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado; esto es, no versó sobre delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, visto su contenido, se provee: EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO COMUNICA EL AUTO DE RADICACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN. Téngase a la superioridad informando que registró el citado recurso con el número 300/2020, y lo admitió.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por..., autorizado en términos amplios de la parte quejosa; en consecuencia, se provee: PARTE QUEJOSA PROMUEVE RECURSO DE REVISIÓN. Se tiene por interpuesto el medio de defensa promovido contra la sentencia dictada en autos, en términos del artículo 81 fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo. Distribúyanse entre las partes la copia del escrito de agravios en términos de los artículos 88 y 89 de la invocada Ley. Remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en Turno los autos originales del presente juicio de amparo, y el escrito original de agravios, una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído. Fórmese el expedientillo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 258/2020, promovido por..., por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido por razón de turno a este Juzgado de Distrito,..., por propio derecho, demandaron el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican: III.1. Del planteamiento de Inconstitucionalidad de Normas Generales Legales consistentes en los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda para el Estado de Puebla y el artículo 29, fracción 1, inciso a de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020, se señalan: a El Honorable Congreso del Estado de Puebla, a través de quien legalmente lo represente. b El Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, a través de quien legalmente lo represente. c El Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla, a través de quien legalmente lo represente. d El Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla, a través de quien legalmente lo represente. III.2.- Del planteamiento de Inconstitucionalidad de Normas Generales del Ejecutivo del Estado de Puebla consistente en el inminente Acuerdo y/o Programa General de Canje de Placas respecto los vehículos inscritos en el Registro Estatal Vehicular: e El Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, a través de quien legalmente lo represente. f El Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla, a través de quien legalmente lo represente. III.3.- De la ejecución de los actos reclamados señalados en los puntos III.1. y III.2., se señala: g La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, a través de quien legalmente la represente; IV., Acto Reclamado. Señalo como actos reclamados los siguientes: IV.1.- Del planteamiento de Inconstitucionalidad de Normas Generales Legales consistente en los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla y el artículo 29, fracción 1, inciso a de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020, se señalan: a Del Honorable Congreso del Estado de Puebla: El procedimiento legislativo de iniciativa, discusión y aprobación y expedición de la ley de Hacienda para el Estado de Puebla, en específico de los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 del citado ordenamiento legal; y el procedimiento legislativo de iniciativa, discusión y aprobación y expedición, de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020, de manera específica el Artículo 29, fracción 1, inciso a; b Del Gobernador Constitucional del Estado de Puebla: El procedimiento de sanción y promulgación de la Ley de Hacienda para el Estado de Puebla, en específico de los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 del citado ordenamiento legal, así como el procedimiento de sanción y promulgación de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020, de manera específica el artículo 29, fracción 1, inciso a; c Del Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla: El refrendo respectivo de la Ley de Hacienda para el Estado de Puebla en específico de los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 del citado ordenamiento legal, y, el refrendo de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020, de manera específica por cuanto hace al artículo 29, fracción 1, inciso a; d Del Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla: La publicación de la Ley de Hacienda para el Estado de Puebla en específico de los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89; y, la publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2020, de manera específica respecto del artículo 29, fracción 1, inciso a; IV.2.- Del planteamiento de Inconstitucionalidad de Normas Generales del Ejecutivo del Estado de Puebla, de manera específica el inminente Acuerdo y/o Programa General de Canje de Placas respecto los vehículos inscritos en el Registro Estatal Vehicular, se señalan: e Del Gobernador Constitucional del Estado de Puebla. Como acto futuro de realización inminente: La expedición del Acuerdo y/o Programa General de Canje de Placas respecto los vehículos inscritos en el Registro Estatal Vehicular... f Del Director del Periódico oficial del Estado de Puebla: Como Acto Futuro de Realización Inminente: La Publicación del Acuerdo y/o Programa General de Canje de Placas respecto los vehículos inscritos en el Registro Estatal Vehicular, que emitirá el Gobernador del Estado de Puebla, por mandato del Congreso del Estado de Puebla, -en el plazo máximo de 3 meses- establecido en el artículo 89 de la Ley de Hacienda para el Estado de Puebla en cita. lV.3. De la ejecución de los actos reclamados señalados en los puntos lll.1 y lll.2 se señala: g De la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, precisamente la ejecución de las normas generales que se impugnan precisadas en los puntos lll.1 y lll.2. del apartado de Actos Reclamados. fojas 3 y 4. SEGUNDO. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 11, 14, 16, 31, fracción lV y 133 Constitucionales. TERCERO. Por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo en sus términos y se registró como 258/2020; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención legal que le compete quien formuló pedimento; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado. CUARTO. Por auto de diez de agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se ordenó continuar con la tramitación del presente asunto, por lo que se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo lugar en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII Constitucionales, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se reclaman normas aplicables dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden a plenitud del estudio íntegro de la demanda y sus anexos, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, página 255, con el rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, del análisis integral de la demanda y de las constancias allegadas al presente juicio, se advierte que la quejosa reclama: 1. Del Congreso del Estado de Puebla: a El procedimiento legislativo de iniciativa, discusión, aprobación y expedición de la Ley de Hacienda para el Estado de Puebla, en específico los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89. b El procedimiento legislativo de iniciativa, discusión, aprobación y expedición de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020, en específico el artículo 29, fracción I, inciso a). 2. Del Gobernador Constitucional del Estado de Puebla. a El procedimiento legislativo de sanción y promulgación de la Ley de Hacienda para el Estado de Puebla, en específico los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89. b El procedimiento legislativo de sanción y promulgación de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020, en específico el artículo 29, fracción I, inciso a. c La expedición del Acuerdo y/o Programa General de Canje de Placas respecto de los vehículos inscritos en el Registro Estatal Vehicular 3.- Del Secretario de Gobernación del Estado de Puebla. a El refrendo del Decreto por el que se expide la Ley de Hacienda para el Estado de Puebla, en específico de los artículos 82, 83, fracción lV, 87 y 89 del citado ordenamiento legal; b El refrendo del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020 de manera específica el artículo 29, fracción l, inciso a. 4.- Del Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla: a La publicación del Decreto por el que se expide la Ley de Hacienda para el Estado de Puebla, específicamente los artículos 82, 83, fracción lV, 87 y 89 del citado ordenamiento legal. b La publicación del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020 de manera específica el artículo 29, fracción l, inciso a. 5.- De la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla. a La aplicación de los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda para el Estado de Puebla y diverso 29, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020. b La ejecución del Acuerdo y/o Programa General de Canje de Placas respecto de los vehículos inscritos en el Registro Estatal Vehicular. TERCERO. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, consistente en la aplicación y ejecución de las normas generales impugnadas, toda vez que al rendir su informe justificado, dicha autoridad negó el acto que se le atribuyó fojas 138 y 139, sin que la parte quejosa aportara medio de prueba que lograra desvirtuar tal negativa; razón por la cual, el acto que se reclama a la autoridad responsable resulta inexistente. Cabe destacar que la parte quejosa reclamó el Decreto por el que se expide la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el seis de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89, que prevén el canje y expedición de placas de circulación de los vehículos inscritos en el Registro Estatal Vehicular, previo pago de derechos, entre otros casos, cuando el Ejecutivo de la entidad establezca los Programas de Canje de Placas respectivo; así como el diverso Decreto por el que expide la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en específico, el numeral 29, fracción I, inciso a), que establece el monto que debe pagarse, entre otros, por el derecho del servicio relativo al canje de placas de circulación, con motivo de su sola entrada en vigor, es decir, como norma de naturaleza autoaplicativa. En tales condiciones, no es posible que exista ejecución por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, toda vez que la parte quejosa no impugnó las referidas disposiciones normativas con motivo de un acto concreto de aplicación, esto es, en su carácter de heteroaplicativas, sino por considerar que su sola entrada en vigor le causa perjuicio; por ende, el acto que se atribuyó a la referida autoridad es inexistente. Tampoco es cierto el acto reclamado al Gobernador del Estado de Puebla, consistente en la expedición del Acuerdo y/o Programa General de Canje de Placas de los vehículos inscritos en el Registro Estatal Vehicular del Estado de Puebla, toda vez que al rendir su informe de ley negó su existencia (fojas 124 a 136), sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtué dicha negativa, motivo por el que debe tener como inexistente el aludido acto reclamado. Por su parte, el Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla, no se pronunció sobre la existencia o inexistencia del acto reclamado consistente en la publicación de Acuerdo y/o Programa General de Canje de Placas de los vehículos inscritos en el Registro Estatal Vehicular del Estado de Puebla fojas 96 a 98; sin embargo, dicho acto debe tenerse como inexistente, dado que el Gobernador de la Citada Entidad federativa negó la expedición del aludido ordenamiento general por tanto, si no existe emisión de la norma reclamada, menos aún puede existir su publicación. Además, si bien en términos del artículo 89 de Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, el ejecutivo estatal tiene facultad para establecer los programas de canje de placas respecto de los vehículos inscritos en el registro estatal vehicular, a la fecha de presentación de la demanda y de la emisión de la presente sentencia, no se ha emitido el aludido ordenamiento legal según consta en autos; lo que se corrobora con el anexo del oficio con registro 8208 presentado el diecinueve de agosto de dos mil veinte foja 155, ante este órgano jurisdiccional en el que el representante del Gobernador del Estado de Puebla, señaló que no existe el acuerdo cuestionado. Asimismo, si bien la parte quejosa manifestó en su demanda bajo protesta de decir verdad, la existencia futura pero cierta del acto reclamado, tal aseveración no desvirtúa la negativa formulada por la autoridad responsable; menos aún, releva a la parte quejosa de probar la existencia del acto reclamado cuando éste es negado por la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 1002199, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 156, tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Octava Época, que dice: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. En ese orden el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: ... IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional... Luego, como lo prevé dicho numeral, se debe decretar el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia; por lo que, si en el presente juicio de amparo la parte quejosa omitió aportar pruebas que desvirtúen las negativas de los actos reclamados a las autoridades responsables Gobernador, Secretaría de Planeación y Finanzas y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Puebla, procede sobreseer el presente juicio constitucional respecto de los actos reclamados a dichas autoridades. CUARTO. Son ciertos los actos reclamados al Gobernador del Estado de Puebla, consistentes en la sanción y promulgación del Decreto por el que se expide la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el seis de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 -que prevén el canje y expedición de placas de circulación de los vehículos inscritos en el registro estatal vehicular, previo pago de derechos, entre otros casos, cuando el ejecutivo de la entidad establezca los programas de canje de placas respectivo-; así como del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en específico, el numeral 29, fracción I, inciso a, que establece el monto que debe pagarse, entre otros, por el derecho del servicio relativo al canje de placas de circulación, ambos con motivo de su sola entrada en vigor, dado que así lo manifestó al rendir su informe justificado fojas 124 a 136. El Congreso del Estado de Puebla, aceptó la existencia del acto reclamado, consistentes en la iniciativa, discusión, aprobación y expedición de los preceptos legales indicados en el párrafo que antecede fojas 161 a 174. Lo anterior además, en aplicación del principio jurídico según el cual el derecho no es materia de prueba, que se encuentra implícito en el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de garantías, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo; pues al tratarse de disposiciones de observancia general, que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, su existencia no es materia de prueba en el juicio. Al respecto, se cita la tesis jurisprudencial 2a./J. 65/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, del rubro y texto: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Por su parte, el Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado aceptaron los actos reclamados consistentes en el refrendo y publicación de las normas tildadas de inconstitucionales fojas 94 a 98. QUINTO. Ahora, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, se estudia de forma oficiosa y preferencial, si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. I. CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL, AMBOS DEL ESTADO DE PUEBLA. Al respecto, las autoridades responsables Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Puebla, refieren que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 108, fracción III de la Ley de Amparo, los cuales señalan lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ... Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: ... III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; De donde se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos, diversos a los contemplados en las demás fracciones que lo conforman, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución o de la propia Ley de Amparo; asimismo, que el refrendo y publicación del decreto promulgatorio de una ley, será reclamable en amparo únicamente cuando se le atribuya vicios propios. Luego, tomando en consideración que en el presente asunto se reclamaron entre otros, el refrendo y publicación del Decreto por el que se expide la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, así como el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal de 2020, actos que se atribuyen al Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Puebla, sin que se impugne por vicios propios, el juicio de amparo resulta improcedente respecto de dichos actos y por den debe sobreseerse en el juicio por dichos actos y autoridades. II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XII, DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. Por otra parte, la suscrita estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que las disposiciones normativas impugnadas son de naturaleza heteroaplicativa, no autoaplicativa -como lo reclaman los peticionarios- y, por ende, no les causan perjuicio alguno, dado que requieren de un acto concreto de aplicación para estimar que se transgredió su esfera de derechos. En efecto, este Juzgado de Distrito considera que respecto a los actos reclamados al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Puebla, consistentes, en el ámbito de su competencia, en la iniciativa, discusión, aprobación, expedición, sanción y promulgación del Decreto por el que se expide la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el seis de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89, que contemplan el canje y expedición de placas de circulación de los vehículos inscritos en el Registro Estatal Vehicular, previo pago de derechos, entre otros casos, cuando el ejecutivo de la entidad establezca los programas de canje de placas respectivo; así como del Decreto por el que expide la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en concreto, el numeral 29, fracción I, inciso a, que prevé el monto que debe pagarse, entre otros, por el derecho del servicio relativo al canje de placas de circulación, ambos con motivo de su sola entrada en vigor, el juicio de amparo es improcedente, toda vez que la sola entrada en vigor de las normas reclamadas no le depara perjuicio alguno a la parte quejosa y, por ende, no tiene interés jurídico para reclamarlas. En ese orden, los artículos 5o, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 5o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley... Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Conforme al artículo 5o, fracción I, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de derechos fundamentales, es necesario que los actos reclamados produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, ya sea de manera directa interés jurídico o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico interés legítimo; señalando además en el párrafo cuarto, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el impetrante deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Es decir, la legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el particular objetivo del medio de control, que bajo el marco constitucional y legal actual, consiste en la protección de los derechos humanos y garantías reconocidos por la Constitución y su consiguiente restitución. En esta medida, la legitimación debe atender a los principios que rigen al juicio de amparo, particularmente los de instancia de parte y agravio personal y directo. La importancia del principio de agravio personal y directo radica desde su propia concepción, al entenderse como el daño o perjuicio, una ofensa o violación a los derechos sustantivos fundamentales que la Constitución tutela. Por tal motivo, cuando no se actualiza esta circunstancia entonces la acción intentada se torna improcedente. Razones las anteriores que permiten sostener que la legitimación para instar la acción de amparo está reservada únicamente para quien resienta un agravio, con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos tutelados en la Constitución Federal, legitimándolo para solicitar la restitución en el goce del derecho violado. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico o legítimo, debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En consecuencia, la noción de perjuicio para efectos del juicio constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el Tribunal de Amparo demandando el cese de esa trasgresión y su consiguiente reparación. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 704, tomo XIV, julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama. En el caso particular, la parte quejosa aduce que con la sola emisión de las normas generales reclamadas existe una afectación a sus derechos subjetivos reconocidos por las leyes, toda vez que como propietarios o poseedores de vehículos automotores que están inscritos en el registro estatal vehicular de la entidad, se les impone la obligación de llevar a cabo un canje de placas; no obstante que con las que actualmente cuentan están vigentes, siendo que, en su oportunidad se pagó la contribución respectiva derechos y se llevó a cabo el procedimiento administrativo para su obtención. Por ello sostienen que las autoridades responsables transgreden en su perjuicio los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria, aunado a que restringen su derecho de libre tránsito y circulación. Esto es, la noción de afectación que hace valer la parte quejosa es la de un agravio personal y directo a una serie de derechos subjetivos, como destinataria directa de las normas reclamadas, y no una afectación indirecta generada por la especial situación de la parte quejosa frente al orden jurídico -interés legítimo-. Una vez precisado el tipo de interés que se requiere en el presente caso para instar la acción de amparo, resulta conveniente precisar que todos los gobernados cuentan con dos momentos fundamentales para impugnar las leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general: con motivo de su sola vigencia o contra el primer acto de aplicación. En efecto, uno de los rasgos que definen al juicio de amparo -que lo caracterizan como un medio de control constitucional- es su aptitud para proceder contra normas generales, incluso, cuando no exista un acto de aplicación concreto. Así, el denominado amparo contra leyes reconoce el derecho de las personas a oponerse a las mayorías legislativas cuando estimen que han sobrepasado los límites de lo decidible en una democracia constitucional como la nuestra. El fundamento de la división conceptual entre normas autoaplicativas y heteroaplicativas se encuentra en el requisito constitucional, contemplado en el artículo 107, fracción I, de que el amparo sólo procede a instancia de parte agraviada, pues, se requiere que el acto reclamado genere una afectación a un interés legítimo o un interés jurídico. Como el amparo también procede contra normas generales, los jueces de amparo requieren verificar este presupuesto de afectación cuando se impugnen éstas. Este requisito atiende a la naturaleza de las funciones del poder judicial, que permite preservar el principio de división de poderes, pues la reducción de los presupuestos procesales de impugnación de normas generales al grado de no exigir más que un interés simple podría generar el desbordamiento del papel a que están llamado a desempeñar los jueces y las juezas en una democracia representativa, como es aquella limitada a resolver casos o controversias mediante la aplicación del derecho y no analizar la bondad de las leyes en abstracto. Así, la procedencia del juicio constitucional contra leyes por simple oposición o disidencia ideológica, sin mediar la violación a un derecho de las personas, vaciaría el sistema de pesos y contrapesos contemplado por nuestra Constitución, de lo que se deriva el deber de los jueces y juezas de verificar cuidadosamente que la función de control constitucional que ejerzan sea activada sólo cuando se actualice el principio de agravio de parte El actual contenido del artículo 103, fracción I, Constitucional, establece que los tribunales de la Federación resolverán, entre otras cuestiones, las controversias que se susciten por normas generales que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, si las normas generales pueden combatirse en el juicio constitucional por vulnerar derechos humanos, la procedencia de la acción se condiciona a la existencia del principio de agravio. Por tanto, el juicio de amparo procede contra normas generales que se estimen violatorias de los derechos humanos y/o garantías constitucionales cuando exista un principio de afectación, para lo cual en la ley se contemplan dos momentos posibles: a por su sola entrada en vigor, y b cuando existe un acto de aplicación. Así, para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, la jurisprudencia de la Suprema Corte introdujo la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas, en función de las posibilidades de afectación de una norma general. En la actualidad -desde la novena época- el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de individualización incondicionada, con el cual se ha entendido, desde entonces, la noción de norma autoaplicativa, como aquella norma que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto, con lo que se superó la antigua idea de autoejecución, con la cual se explicaba esta categoría de normas. En este orden de ideas, el concepto de distinción se basa en la noción de contenido normativo condicionado; si se trata de un contenido normativo incondicionado, la norma es autoaplicativa. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. De lo anterior, se desprende que el criterio de clasificación de heteroaplicabilidad y autoaplicabilidad es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues, sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, legítimo o simple, el concepto de individualización incondicionada no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Así pues, tratándose de interés jurídico -que es el que se requiere en el presente juicio-, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurren en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando esos efectos trascienden en la afectación de un derecho subjetivo; es decir, cuando de forma personal y directa se creen, transformen o extingan situaciones concretas de derecho, en dos escenarios distintos: a esas normas establezcan obligaciones de hacer o no hacer directamente a los particulares, o b generen hipótesis normativas cuya actualización inmediata traigan aparejadas consecuencias jurídicas para ellos. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas. En ambos casos se entiende que la noción de afectación es un agravio personal y directo a un derecho subjetivo, por lo que cabría afirmar que la parte quejosa es destinataria directa de estas normas. Acotado lo anterior, como se señaló en la precisión del acto reclamado, la parte quejosa impugna la iniciativa, discusión, aprobación, expedición, sanción y promulgación del Decreto por el que se expide la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el seis de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 -que contemplan el canje y expedición de placas de circulación de los vehículos inscritos en el registro estatal vehicular, previo pago de derechos, entre otros casos, cuando el ejecutivo de la entidad establezca los programas de canje de placas respectivo-; así como del Decreto por el que expide la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en concreto, el numeral 29, fracción I, inciso a -que prevé el monto que debe pagarse, entre otros, por el derecho del servicio relativo al canje de placas de circulación-, ambos con motivo de su sola entrada en vigor. Ahora bien, para mejor comprensión del asunto, resulta oportuno citar el contenido de los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado el seis de diciembre de dos mil diecinueve; y 29, fracción I, inciso a, de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, que establecen lo siguiente: Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Artículo 82. Los propietarios, tenedores o usuarios de los vehículos inscritos en el Registro Estatal Vehicular deberán pagar dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio fiscal las contribuciones vehiculares que les corresponda de conformidad con las disposiciones fiscales, aplicando las cuotas, tasas y/o tarifas que establezca la Ley de Ingresos del Estado vigente en el ejercicio fiscal de que se trate. Artículo 83. Los propietarios, tenedores o usuario sic de los vehículos están obligados a presentar ante las autoridades competentes del Estado, los trámites o movimientos siguientes: ... IV. Canje de placas, ya sea por Programa General, por deterioro, robo o extravío, por cambio de modalidad del vehículo y/o por cambio de dígito; Artículo 87. En el trámite de inscripción de vehículos nuevos o usados, la autoridad competente expedirá a los contribuyentes previo pago de los derechos que correspondan, las placas de circulación, calcomanía de identificación vehicular y tarjeta de circulación. Se entenderá por placa de circulación, la forma oficial valorada consistente en el trozo de metal troquelado, con características y diseños particulares que sirve como distintivo de esta Entidad Federativa, cuya clasificación, características y especificaciones se sujetarán a la Norma Oficial Mexicana y demás disposiciones federales aplicables. Se considerará placa oficial, aquélla diseñada en los términos y condiciones a que se refiere el párrafo anterior y que se dé a conocer por el Gobernador del Estado a través del Periódico Oficial del Estado, la que estará vigente hasta en tanto se autorice otra que la sustituya. En los trámites y movimientos a que se refieren las fracciones III, IV y VI del artículo 83 de esta Ley, la autoridad competente expedirá una nueva tarjeta de circulación. Artículo 88. La autoridad competente tendrá la obligación de negar el otorgamiento o requerir la devolución de tarjeta, placas de circulación o cualquier otro documento que permita la circulación de los vehículos, en los casos en que no se acredite el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normatividad aplicable. Para efectos del requerimiento a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad fiscal competente, concederá un plazo de cinco días para la devolución de las formas valoradas o de los documentos que correspondan; apercibiéndolo de las sanciones y/o delitos en los que se incurra por omisión a dicho requerimiento. Artículo 89. El Gobernador del Estado establecerá los Programas de Canje de Placas respecto de los vehículos inscritos en el Registro Estatal Vehicular. Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020. Artículo 29. Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Planeación y Finanzas, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas y tarifas siguientes: APARTADO A DEL CONTROL VEHICULAR I. De las placas de circulación: a) Por la expedición, reposición o canje de placas de circulación, que incluye calcomanía de identificación vehicular:... No se otorgará tarjeta de circulación, placas o cualquier otro documento que permita la circulación vehicular, ni se aceptará el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos en los casos en que no se acredite ante la Secretaría de Planeación y Finanzas la legal estancia en el país de los vehículos en régimen de importación definitiva Del contenido de los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, se obtiene que los propietarios, tenedores o usuarios de los vehículos inscritos en el Registro Estatal Vehicular deberán pagar dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio fiscal las contribuciones vehiculares que les corresponda de conformidad con las disposiciones fiscales, aplicando las cuotas, tasas y/o tarifas que establezca la Ley de Ingresos del Estado vigente en el ejercicio fiscal de que se trate. Asimismo, que los propietarios, tenedores o usuarios de los vehículos están obligados a presentar ante las autoridades competentes del Estado, entre otros trámites, el relativo al canje de placas por programa general, para lo cual, al inscribir vehículos nuevos o usados, se expedirá a los contribuyentes, previo pago de los derechos que correspondan, las placas de circulación, calcomanía de identificación vehicular y tarjeta de circulación. De igual forma, que la autoridad competente tendrá la obligación de negar el otorgamiento o requerir la devolución de tarjeta, placas de circulación o cualquier otro documento que permita la circulación de los vehículos, en los casos en que no se acredite el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normatividad aplicable. Además, que el Gobernador del Estado establecerá los programas de canje de placas respecto de los vehículos inscritos en el registro estatal vehicular. Por su parte, el artículo 29, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, establece que por el derecho por el servicio prestado por la Secretaría de Planeación, en concreto, el correspondiente al canje de placas de circulación, que incluye calcomanía de identificación vehicular, se pagará de la siguiente manera:... En consecuencia, se concluye que las normas impugnadas artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla vigente y 29, fracción I, inciso a, de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veinte -que se reclaman como unidad normativa- son de naturaleza heteroaplicativa y, por ende, la sola entrada en vigor de las normas mencionadas, no afectan la esfera jurídica de la parte quejosa, ya que se requiere de una condición para que sus efectos puedan materializarse en su perjuicio, esto es, resulta indispensable un acto de aplicación en concreto. Se afirma lo anterior, porque la hipótesis normativa regulada en los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla y 29, fracción I, inciso a, de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, vigentes a partir del uno de enero de dos mil veinte, se actualiza únicamente con un acto de aplicación concreto, como sería la emisión del programa de canje de placas implementado por el Gobernador del Estado de Puebla, o que los quejosos formularon el pago correspondiente por dicho derecho atendiendo a las reglas que en este último ordenamiento se hubieran establecido. De tal forma que, para que los quejosos acreditaran su interés jurídico, resultaba necesario lo siguiente: a Que demostraran, en primer lugar, que eran propietarios, tenedores o usuarios de vehículos registrados en el Registro Vehicular del Estado de Puebla. b La existencia del programa de canje de placas que para tal efecto hubiera emitido el ejecutivo de la entidad; y/o que formularon un pago por concepto de derechos por el correspondiente canje de placas de circulación; situación que no aconteció en la especie, dado que, como se mencionó, la parte quejosa impugna las normas por su sola entrada en vigor, y tanto a la fecha de presentación de la demanda como de la celebración de la audiencia que precede esta sentencia, no quedó probada la existencia del programa de canje de placas que contemplan los numerales reclamados. Por tanto, no basta que los solicitantes de amparo acudan al juicio constitucional señalando que son propietarios de diversos vehículos automotores y, que por tal motivo, se encontraban obligados a llevar a cabo el canje de placas, previo pago de derechos. En efecto, a fin de que la parte quejosa demostrara el perjuicio ocasionado a su esfera jurídica de derechos por las normas impugnadas, debió de acreditar el acto de aplicación de éstas; sin embargo, no aportó algún medio de prueba idóneo y certero para acreditar ubicarse en el supuesto de la norma impugnada y, por ende, la afectación en su esfera jurídica o patrimonio, en otras palabras, su interés jurídico. Lo anterior, tomando en cuenta que los quejosos solo ofrecieron copias certificadas de diversas facturas expedidas a su nombre u endosadas a su favor; tarjetas de circulación emitidas a su nombre por la entonces Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, así como de las placas de circulación correspondientes a dichas tarjetas de circulación. Sin embargo, dichos documentos no demuestran que se hubiera generado un acto de aplicación de los cuerpos normativos impugnados, de los que se evidenciara que llevaron a cabo el canje de placas proveniente del programa de canje de placas que hubiera implementado el Gobernador del Estado de Puebla. Tiene aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 4/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro 194605, visible en la página 103, Tomo IX, febrero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Por ello, resulta claro que la parte quejosa fue omisa en allegar algún medio de prueba idóneo con el que acreditara que llevó a cabo el canje de placas a que se refieren los numerales tildados de inconstitucionales; ello es así, en virtud de que no basta acreditar que son propietarios de diversos vehículos para considerar que el establecimiento genérico para llevar a cabo el pago por canje de placas les irroga un perjuicio en su esfera de derechos. De ahí que, si en la especie, los quejosos no acreditaron en modo alguno haber erogado determinado numerario por el pago del derecho de canje de placas al haberse establecido dicho programa, es evidente que no queda probado que el contenido de dichas disposiciones normativas se haya materializado sobre la esfera de derechos de los peticionarios. Es decir, los quejosos fueron omisos en aportar pruebas fehacientes que demostraran que la autoridad les hubiera impuesto la obligación de pagar el derecho por el canje de placas proveniente de un programa en el que se hubiera establecido tal circunstancia; por tanto, las normas reclamadas no les causan perjuicio alguno por su sola emisión, pues, ello sucederá, hasta que se emita el aludido programa y/o se pague el derecho correspondiente por ese concepto. Por tanto, si la parte accionante de amparo prescindió exhibir los medios de prueba para demostrar el primer acto de aplicación en su esfera de derechos -dada la naturaleza heteroaplicativa de las normas impugnadas-, resulta evidente la falta de interés jurídico para reclamar en esta instancia el actuar de las autoridades responsables. Por ende, si el ejercicio de la acción constitucional se reserva sólo a quien como titular de un derecho legítimamente tutelado recibe un perjuicio por un acto de autoridad o por la ley y, en la especie, la parte quejosa no demostró la existencia de ese primer acto de aplicación; entonces, se debe concluir que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo no fue demostrado plenamente. En consecuencia, se concluye que la sola entrada en vigor de las disposiciones normativas reclamadas no afectan la esfera jurídica de la parte quejosa, ya que, se reitera, los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla y 29, fracción I, inciso a, de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, vigentes a partir del uno de enero de dos mil veinte, son disposiciones normativas de naturaleza heteroaplicativa, toda vez que es necesaria la realización de un acto para que dichos artículos adquieran individualización, esto es, la existencia de un acto concreto de aplicación para que se actualice un perjuicio; circunstancia que no quedó acreditada en este caso. Como una consideración adicional, conviene señalar que para reclamar normas de aplicación incondicionada no basta tener la seguridad de que su aplicación resulta inminente, pues con relación a la posibilidad de combatir en el amparo los actos de tal naturaleza, es inaplicable al juicio de amparo contra leyes, porque en este tipo de asuntos los actos no deben ser inminentes sino efectivos. Ello es así, porque cuando se promueve un juicio de amparo contra normas generales alegando que su sola expedición causa perjuicio al amparista, es requisito indispensable que la parte solicitante del amparo a más tardar en la audiencia constitucional, acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla cuando se reclama con motivo de su entrada en vigor o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos cuando se impugna con motivo del primer acto de aplicación; ya que no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de la hipótesis de la norma, puesto que aunque ello aconteciera, sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 77/97, con número de registro 196954, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 382, tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio. En las relatadas condiciones, al ser las normas impugnadas de naturaleza heteroaplicativa y no acreditarse respecto de ellas el acto concreto de aplicación que actualice un perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, es que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de las autoridades responsables y actos reclamados precisados, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Cabe precisar, que el sobreseimiento decretado en el presente juicio respecto de los actos reclamados materia del presente considerando, por no haberse acreditado el primer acto concreto de aplicación de la norma reclamada, de ninguna manera impide a la parte quejosa para en posterior oportunidad, acudir al juicio de amparo a efecto de impugnar los preceptos que tilda de inconstitucionales, pero esto, cuando en realidad se apliquen en su perjuicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio amparo por... y..., contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero en relación con el considerando segundo, en términos de los considerandos tercero y quinto, puntos I y II, de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,777 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano