Zenon Orlando Ramírez Elizalde
Expediente 435/2020 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 01/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Zenon Orlando Ramírez Elizalde
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente, se declara que la misma ha causado estado. Archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que este asunto no es de relevancia documental, se hace la declaratoria de que es susceptible de conservación de forma íntegra.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a catorce de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercero interesado, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto, como consta de la certificación que antecede. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de trece de mayo de dos mil veintiuno, este órgano colegiado dictó ejecutoria, en la que se concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "[.] a fin de que la responsable: 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. En su lugar, emita otra en la que: a) Prescinda de considerar que la firma que obra en el que denomina como "contrato de sucesión de derechos parcelarios" cuya denominación correcta es contrato de cesión de derechos parcelarios de catorce de octubre de mil novecientos noventa y siete, con el que el actor pretende justificar su acción restitutoria, no tiene esa connotación dadas sus características. b) Proceda a analizar los dictámenes rendidos por los expertices en grafoscopia de manera adminiculada con la totalidad del material probatorio, emprendiendo un nuevo análisis y valoración, al tenor del resultado de dichos dictámenes y de las consideraciones vertidas en esta ejecutoria. 3. Efectuado lo anterior, emita el fallo que en derecho proceda, de manera congruente, así como debidamente fundado y motivado." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dejo insubsistente la sentencia de cuatro de agosto de dos mil veinte, y el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dictó una nueva, en la que: a. Prescindió de considerar que la firma que obra en el contrato de cesión de derechos parcelarios (en su acepción correcta en acatamiento a la ejecutoria) de catorce de octubre de mil novecientos noventa y siete, con el que el actor pretende justificar su acción restitutoria, no tiene esa connotación dadas sus características. b. Asimismo, analizó y valoró los dictámenes rendidos por los expertices en grafoscopia de manera adminiculada con la totalidad del material probatorio, conforme a las consideraciones vertidas en la ejecutoria concesoria, siendo su resultado, el siguiente: "[.] Dado que los dictámenes de los peritos fueron discordantes en lo esencial de la prueba, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 152 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, este órgano jurisdiccional nombró perito en discordia en materia de grafoscopia [.]; quien en lo esencial expuso que existían similitudes en relación a la observación, descripción, momentos gráficos y grafocinética entre la firma dubitable e indubitable, por lo que no procedía de una falsificación.- En efecto es de otorgarle valor probatorio pues tal opinión está sustentada en estudios propios de su arte, donde utilizó la técnica (observación con lupas de documentos originales y fotografías que de manera lógica lo condujo a concluir que la referida firma es auténtica.- Se afirma lo anterior, pues el perito una vez que realizó la toma de imágenes ampliadas de la firma dubitable e indubitable resaltó de forma clara que las características y gestos gráficos de cada una de ellas, tal como se ilustra a continuación:- (Se reproducen imágenes).- Como se advierte de lo anterior, el profesionista utilizó la técnica acorde a la especialización, porque recurrió a las ampliaciones fotográficas, analizó de manera individual las características de orden general y gestos gráficos, para lo cual utilizó lupas sobre los documentos originales y las referidas fotografías.- Una vez realizado el análisis respectivo, arribó a la conclusión de que existían similitudes en relación con la observación, descripción, momentos gráficos y grafocinética entre la firma dubitable e indubitable, por lo que no procedía de una falsificación.- Luego, el referido dictamen merece otorgarle valor probatorio y suficiente para demostrar que la firma que obra en el contrato de cesión de derechos parcelarios de catorce de octubre de mil novecientos noventa y siete si corresponde a ECT, debido a que esta respaldado en estudios propios de su arte y la técnica utilizada genera convicción en compartir la conclusión a la que llegó el perito, de conformidad con el artículo 189 de la Ley Agraria, que dispone que las sentencias de los tribunales agrarios, se dictarán a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de pruebas, sino apreciando los hechos y documentos según los tribunales lo estimaren en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones.- Es de apoyo a las razones que se informan, la jurisprudencia aprobada por la Primera Sala del Alto Tribunal Constitucional. Cuyo rubro y contenido refiere:- DICTAMENES PERICIALES NO OBJETADOS. SU VALORACIÓN. (Se transcribe).- Medio de convicción, que se adminicula con la testimonial a cargo de EJM y FCG, desahogada en segmento de audiencia de ley de cuatro de julio de dos mil dieciocho [.].- Por otro lado, los dictámenes de los peritos [.] (perito de la parte actora) y [.] (perito de la parte demandada, es de restarles valor probatorio en términos del artículo 211 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles.- [.] los peritos se apoyaron en meras afirmaciones y apreciaciones sin plasmarlos debidamente en las fotografías tomadas a cada firma analizada, circunstancia que implica una deficiencia en el trabajo realizado, lo que conduce como consecuencia negarles valor probatorio.- En el anterior contexto, con el dictamen del perito tercero en discordia, adminiculado con la declaración de los testigos EJM y FCG, se tiene por acreditado que la firma que la firma que aparece en el contrato de cesión de derechos parcelarios de catorce de octubre de mil novecientos noventa y siete, si pertenece al puño de la entonces ejidataria ECT; esto es, otorgó su consentimiento en el referido contrato, relativo a la cesión e la parcela número 649, ubicada en el ejido ***, municipio de Españita estado de Tlaxcala.- En otras palabras, contrario a lo alegado por la demandada, se tiene por demostrado que es auténtica la firma que se le atribuye a ECT y que obra en el contrato de cesión de derechos parcelarios de catorce de octubre de mil novecientos noventa y siete; por lo que, existe consentimiento en tal acto de conformidad con lo previsto por los artículos 1794 y 1795 del Código Civil de aplicación supletoria a la Ley Agraria, en términos de su numeral 2º [.]." c. De manera congruente, fundada y motivada, dictó el fallo respectivo, en el que: - En el juicio principal determinó que el actor no acreditó sus pretensiones, declarando por ende, improcedente declarar la nulidad de juicio concluido por actos y documentos que contravienen las leyes agrarias, respecto al expediente 632/2016, del índice de ese tribunal, relativo al juicio sucesorio de derechos agrarios pertenecientes a la extinta ECT, únicamente de la parcela 649 Z-6 P-2/4 localizada en el ejido de ***, municipio de Españita; en consecuencia improcedentes las prestaciones accesorias a ésta, así como el reclamo de la condena de daños y perjuicios. - En la acción reconvencional determinó que la actora MMCC, acreditó parcialmente los extremos de sus pretensiones y que demandado ZORE, no acreditó sus excepciones y defensas; en consecuencia, determinó procedente declarar la nulidad relativa del contrato de cesión de derechos parcelarios de catorce de octubre de mil novecientos noventa y siete, celebrado entre ECT (cedente) y ZORE (cesionario), respecto a la parcela ***, amparada en aquel entonces con el certificado parcelario ***, localizada en el ejido de ***, municipio de Españita; estado de Tlaxcala, y derivado de ello, condenar a la parte actora MMCC, a devolver la cantidad de *** pesos -contraprestación acreditada y hecha por la cesión de derechos agrarios-, así como al pago de intereses al tipo legal generados por esa cantidad, a partir del veintinueve de enero de dos mil dieciocho hasta la fecha de su liquidación, a favor del demandado ZORE. Esto derivado de que, en el estudio de la acción reconvencional, el juzgador advirtió que no se notificó el derecho del tanto, previsto en el numeral 80, párrafo segundo de la Ley Agraria (vigente hasta el diecisiete de abril de dos mil dieciocho), previo a la celebración del contrato de cesión de derechos parcelarios de catorce de octubre de mil novecientos noventa y siete, decretando por ende, la nulidad relativa de dicho contrato, la que debía retrotraerse la situación jurídica al estado previo a la cesión, es decir, destruir los efectos jurídicos producidos por aquél. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, dio cumplimiento al fallo protector, pues, de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó la autoridad responsable precisados en párrafos anteriores, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
Se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria de amparo dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo.
- Juicio de Amparo Directo
se tiene por recibido Oficio T.U.A.33/828/2021 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala y anexo mediante el cual, acusa recibo del diverso 755/2021 del índice de este tribunal colegiado; asimismo, remite copia certificada del proveído de veintisiete de mayo del año en curso, del que se advierte que dejó insubsistente el acto reclamado y ordenó emitir una nueva sentencia. En tal condición, requiérase nuevamente a la autoridad responsable para que en el término de diez días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, dicte sentencia y remita constancia que así lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo.
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