Zenia Fonseca Tejeda

Expediente 1043/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1043/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Zenia Fonseca Tejeda

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso b), del ordenamiento en cita, sería susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído; sin embargo, al haberse concedido la medida cautelar consistente en la suspensión de oficio y de plano en contra de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la quejosa y por lista a las demás partes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veintidós. DILIGENCIA. Intégrese la diligencia llevada a cabo por la actuaria Judicial de la adscripción, a través de la cual manifiesta que notificó personalmente a la quejosa directa ***; en el lugar en el que se encuentra detenida (Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Puebla), el acuerdo de veintinueve de septiembre pasado. Ahora, de la diligencia de mérito, se advierte que la funcionaria judicial requirió a ***en términos del citado acuerdo de veintinueve de septiembre del actual, a lo que la quejosa señaló: "NO ratifica la demanda de amparo promovida a su favor." Además, respecto a las condiciones físicas de la quejosa, la actuaria judicial señaló: "buenas, se encuentra consiente, tranquila, sin señales de golpes o algún maltrato." Se le cuestionó si ha sufrido alguno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional, a lo que respondió:"No, que en ningún momento ha sido víctima de ninguna clase de maltrato." Al preguntarle a la quejosa si se le ha permitido comunicarse con su defensor o abogado, familiares o personas de confianza, indicó:"Sí, que ha tenido comunicación con su familia vía telefónica" También, se le preguntó si sabe el motivo por el cual se encuentra detenida o alojada; señaló:"Sí." Por lo que toca a las condiciones del lugar en el que está presentada o alojada, la quejosa sí cuenta con una adecuada ventilación y medidas de higiene suficientes para su estancia en detención. De lo que toma conocimiento el suscrito juez de Distrito para los efectos legales a que haya lugar. II. NO PRESENTADA. En consecuencia, toda vez que la quejosa directa ***, no ratificó la demanda promovida en su favor, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó a la parte quejosa en dicho acuerdo, y con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables la presente determinación, en el entendido que quedan sin efectos las providencias tomadas en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese electrónicamente a la parte promovente; mediante oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por lista a las demás partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 16/2022. Que el Acuerdo General 16/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del nueve de agosto de dos mil veinte al dos de octubre de dos mil veintidós, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria; Que el presente asunto se trata de aquellos considerados "urgentes" por la legislación, ya que se reclaman -entre otros- actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Que la demanda de amparo -con la que se dio cuenta- fue recibida en esta fecha -electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, la misma cuenta con la evidencia criptográfica de la Firma Electrónica a que se refieren los artículos 2, fracción XVI, 6, 45, párrafo tercero y 52, párrafo tercero, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1043/2022, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. CUESTIONES PRELIMINARES. En ese tenor, de la demanda de cuenta se advierte que la promovente Devani Dannae Sánchez Mendoza, en favor de la quejosa directa: Zenia Fonseca Tejeda, de nacionalidad Cubana; reclama los actos siguientes: "PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, TORTURA, TRATOS CRUELES E INHUMANOS E INCOMUNICACIÓN, CONTRA LA DEPORTACIÓN Y/O EL RETORNO A CUBA." TRÁMITE. Con fundamento en lo que disponen los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 15, 20, 35, 37, 107 y 109 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, tramítese la demanda de amparo promovida por Devani Dannae Sánchez Mendoza, en favor de la quejosa directa: Zenia Fonseca Tejeda, de nacionalidad Cubana, contra los actos precisados en líneas precedentes, que atribuyen al: 1. Titular del Instituto Nacional de Migración con sede Puebla. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. Por lo que hace a los actos reclamados consistentes en tortura, tratos crueles e inhumanos y la incomunicación. En virtud que la promovente señala que presenta demanda de amparo a nombre de Zenia Fonseca Tejeda, quien se encuentra en las instalaciones que ocupa las oficinas de representación de la estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Puebla, y refiere que la quejosa directa se encuentra en estado de incomunicación, privada de su libertad y que ha sido víctima de tortura, tratos crueles e inhumanos; en consecuencia, se provee; Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, consistentes en la tortura, tratos crueles e inhumanos y la incomunicación, o cualquier acto de los previstos en el artículo 22, primer párrafo constitucional, para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos. En el entendido, que la autoridad responsable deberá permitir a la quejosa directa tener comunicación de inmediato con su abogado y/o familiares, quedando bajo su estricta responsabilidad implementar los horarios y condiciones de seguridad para tal fin. II. Suspensión de plano en caso que la detención o privación de la libertad tenga como fin, la deportación o expulsión decretados fuera de procedimiento. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que no se ejecute en contra de la quejosa directa Zenia Fonseca Tejeda, de nacionalidad Cubana, la deportación o expulsión del territorio nacional fuera de procedimiento judicial, o traslado a cualquier otra ubicación geográfica y/o recinto y/o albergue y/o Estación Migratoria y/o Estancia Provisional Migratoria, y permanezca en el lugar donde actualmente se encuentra, quien por ningún motivo podrán permanecer en la Estación Migratoria, como quedó establecido en el apartado anterior), a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Tal medida no surtirá efecto alguno, siempre que el traslado sea con la finalidad de salvaguardar la salud, la integridad, la seguridad o la vida de la quejosa, de la seguridad institucional, del personal o el resto de los migrantes alojados en la Estación Migratoria de la ciudad de Puebla, donde se encuentra actualmente la quejosa. De igual forma, en caso de que a la quejosa se le impute la comisión de algún delito, sea puesta a disposición de la autoridad que corresponda, lo que deberá ser informado inmediatamente por las autoridades responsables. Asimismo, la presente suspensión no surtirá sus efectos si los actos reclamados derivan de la orden emitida por autoridad judicial o administrativa competente dentro de un procedimiento. III. Detención y deportación emitidas en un procedimiento administrativo migratorio. Ahora bien, en el supuesto de que los ahora quejosa directa: Zenia Fonseca Tejeda, de nacionalidad Cubana, se encuentre sometida a un procedimiento administrativo para lograr su deportación a su lugar de origen, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para que la misma no sea deportada por cualquier autoridad migratoria, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 11 Constitucional y numerales 1 y 102 de la Ley de Migración, esta medida cautelar tiene el efecto que la autoridad migratoria que los tenga a su disposición la ponga en inmediata libertad, siempre y cuando la quejosa directa, realice lo siguiente: a) Otorgue una garantía suficiente a satisfacción y en los términos que precise la autoridad migratoria correspondiente, en este caso, ante la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Puebla, la cual podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. Establezca un domicilio o lugar en el que permanecerá, el cual deberá ser comunicado al Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla. No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad; y, Presentar ante la autoridad migratoria una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Lo que se deberá informar a este este juzgado justo después de que la autoridad migratoria competente decida dejarlos en libertad y se cumplan con las medidas impuestas. A su vez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Migración, dígase a las autoridades migratorias que cuando los quejosos comparezcan ante ellas para cumplir con las medidas de aseguramiento fijadas, deberán proporcionarles la siguiente información: Sus derechos y garantías de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano; b) El motivo del inicio del procedimiento administrativo; c) Los requisitos establecidos para su admisión en el país, sus derechos y obligaciones de acuerdo con lo establecido por la legislación aplicable; d) La notificación inmediata al consulado del país del cual manifiestan ser nacionales (Cuba), excepto en el caso de que el extranjero pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado; e) La posibilidad de regularizar su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración, y f) La posibilidad de constituir garantía en los términos del artículo 102 de esta Ley. Justificación de los efectos de la suspensión con efectos restitutorios. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015, determinó que conforme al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente a los quejosos en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. En efecto, consideró que al ampliarse los alcances de los efectos de la medida cautelar de suspensión en no sólo a mantener un estado de cosas, sino también al restablecimiento en el goce de los derechos, poco importaría si el acto reclamado ya se efectuó, mientras sea jurídica y materialmente posible mantener al quejoso en el goce de su derecho, durante la tramitación del juicio, una vez que hecha la ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social. Concluyendo que la medida suspensional también puede tener efectos de un amparo provisional. Ahora bien, en la suspensión del acto reclamado en la materia penal, el artículo 162 de la Ley de Amparo también lleva implícitos los efectos restitutorios a los que se hace mención, ya que indica que cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad -sin distinguir si fue emanado fuera o dentro de procedimiento penal-, la suspensión tendrá por efecto que dicho acto no se ejecute o cese inmediatamente, para lo cual el órgano de amparo podrá tomar las medidas que aseguren que los quejosos no evadan la acción de la justicia, entre ellas, la exhibición de una garantía, la obligación de presentarse ante la autoridad que lleva el proceso y ante quien concedió la suspensión cuantas veces sea exigido. De ahí que si la quejosa no cumple con la medida de aseguramiento que le fuera impuesta por la autoridad migratoria, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, la suspensión de plano únicamente tendrá el efecto de que sigan a disposición de las autoridades en el lugar donde se encuentren, para la continuación del procedimiento migratorio que se les instruye, y a la de este juzgado por cuanto hace a su libertad personal, sin que pueda ser deportada o expulsada del país, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Ahora bien, se estima que el último criterio reseñado aplica al caso, no obstante que se haya interpretado la "parte general" de la suspensión del acto reclamado, en la que se permite ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social, toda vez que sería incongruente que los derechos que la suspensión del acto, regulada en esa parte general, tengan mayor relevancia que la libertad, aunado a que los únicos requisitos para que se pueda conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios provisionales son que sea jurídica y materialmente posible. Excepción a los efectos de la suspensión concedida para ponerla en libertad. En caso de que se actualice el supuesto contenido en el artículo 144, fracción IV, de la Ley de Migración, es decir, en la tesis de que la quejosa directa esté sujeta a proceso penal o haya sido condenada por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o a las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública, con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo, la suspensión concedida únicamente tendrá el efecto de que una vez detenida por la autoridad migratoria y alojada en la estación correspondiente, continúe el procedimiento migratorio que se les instruye y la interesada quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, en el entendido de que la deportación o la expulsión no deberá ejecutarse, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Asimismo, la autoridad migratoria deberá informar de manera inmediata al agente del ministerio público que la quejosa se encuentra a su disposición, para que actúe conforme a lo previsto en el artículo 21 Constitucional. APERCIBIMIENTOS DE NO ACATAR LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a las autoridades responsables que, de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se hace del conocimiento de las indicadas autoridades responsables que la violación de este mandamiento constituye la comisión de un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. A efecto de que las autoridades responsables se encuentren en posibilidad de informar el acatamiento a la suspensión de plano decretada en este auto, se les hace saber que el licenciado Rafael Torres Campos, cuenta con teléfono móvil 2225216779 y correo electrónico rafael.torres.campos@correo.cjf.gob.mx, para recibir dicha información y podrá confirmar su recepción; haciéndole saber que el número telefónico oficial de este juzgado es 222 303 7200. VISTA MINISTERIAL POR POSIBLES ACTOS DE TORTURA. Ahora bien, de un estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa directa alega ser torturada dentro del lugar en el que se encuentra; por lo que, podría estarse en presencia de la comisión de un ilícito. Las anteriores manifestaciones a criterio del suscrito Juez de Distrito pueden constituir actos de tortura, por lo cual, dado que es obligación del Estado Mexicano proteger los Derechos Humanos de las personas, de acuerdo con el texto actual establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes, se deberá proceder a la investigación correspondiente. En efecto, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". Mientras que la referida Convención en su artículo 5, establece: "Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. (.)". De los ordinales transcritos y por lo que al tema se refiere, emerge el derecho fundamental del ser humano consistente en la protección de su integridad física, psíquica o moral, al considerar que nadie debe sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes ni tortura. En síntesis, la autoridad debe garantizar a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura, dentro del ámbito de su jurisdicción, el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente, procediendo debidamente y de inmediato a realizar una investigación acorde con los deseos de la presunta víctima de tortura, en cualquier momento en que lo alegue. Por tanto, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo, para que, de inmediato, inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, para lo cual, este juzgado le proporcionará los datos que obran en este expediente. Debiéndose garantizar la independencia del personal médico encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, de manera que pueda practicar libremente las evaluaciones necesarias, pues al no hacerlo así se trasgrede el contenido del artículo 1 de la Carta Magna. Es aplicable al respecto la tesis número P. XXI/2015 (10a.) del tenor siguiente: ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla. De igual forma, es aplicable la tesis P. XXII/2015 (10a.), que a la letra dice: ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito. RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Con fundamento en los artículos 21, último párrafo de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se faculta al actuario de la adscripción que corresponda, a fin de que previamente las formalidades de Ley, se avoque a la localización de la quejosa directa: Zenia Fonseca Tejeda, (de nacionalidad cubana), para lo cual deberá constituirse en las instalaciones del Polideportivo Morelos, o en la Estación Migratoria de Puebla, y una vez localizada, deberá cerciorarse de su integridad física, deberá asentar las condiciones físicas en que se encuéntrala quejosa, preguntarle si ha sufrido alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Hecho lo anterior, deberá requerir a la quejosa, para que manifiesten en ese acto o dentro del término de tres días, legalmente computado, si ratifica o no la demanda de garantías promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Además, signifíquese al actuario que deberá asentar las condiciones físicas en que se encuentra, preguntarle si se le ha permitido comunicarse con su abogado, familiares o personas de confianza, si saben el motivo por el cual se encuentran detenidos o alojados y si han sufrido uno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional. En el entendido de que si es informado que ha sido trasladada a un diverso lugar de alojamiento, sin previo acuerdo, deberá constituirse al nuevo lugar, para lo cual deberá indagar sobre su paradero. Además, el fedatario deberá asentar las condiciones del lugar en el que está presentada o alojada la quejosa, esto es, si cuenta con una adecuada ventilación y medidas de higiene suficientes para su estancia en detención. DOMICILIO. Téngase a la parte promovente señalando como medio para oír y recibir notificaciones electrónicas el Portal del Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas indicadas en la demanda de cuenta, ya que acreditaron ser licenciados en derecho. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Por otra parte, en virtud que la parte quejosa solicitó que las notificaciones de las resoluciones judiciales que deriven de este expediente, se le realicen de forma electrónica, así como la consulta del mismo vía electrónica; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del ya mencionado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que el usuario "LizbethVR", a nombre de Lizbeth Valdez Reyes, se encuentra vigente, se le concede el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y se ordena que las notificaciones de las resoluciones judiciales se realicen vía electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. DE LAS NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercero(s) interesado(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.s, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que si su denominación no es exactamente como se encuentre en su organigrama interno, ello no la exime de recibir el oficio que contenga el presente proveído, por la naturaleza de los actos reclamados. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. Notifíquese electrónicamente a la parte promovente; personalmente a la quejosa directa en el lugar en donde se encuentra detenida -en los términos indicados, así como al Oficial Judicial "a" adscrito a este juzgado, por cualquier medio de comunicación interna; y, por oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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