Zenen Pineda Díaz

Expediente 1513/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1513/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
21/12/2021

Partes del expediente

  • Zenen Pineda Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, y como ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto a través del cual se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y el registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo y ya que, de conformidad con el diverso 3, penúltimo párrafo, de la misma legislación, el expediente electrónico coincide con el expediente, en su oportunidad, archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen.

  2. Principal

    ...PREVIO AVISO, DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE QUEJOSA, Y EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL, SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO O RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA: ...Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de cuenta, se acuerda: RADICACIÓN. Con la demanda promovida por Zenen Pineda Díaz, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el cuaderno respectivo, regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 1513/2021-V-A, y dese de alta el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de dos causales de improcedencia manifiestas e indudables; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En la especie, se individualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" La intelección conjunta de los preceptos invocados permite determinar que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos provenientes de autoridades formal y materialmente jurisdiccionales que se cometan fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, esa procedencia queda sujeta a las siguientes directrices: 1. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados 2. Si se trata de actos de ejecución de sentencia (siendo esta hipótesis la que interesa en el caso) sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en ese procedimiento. Pudiéndose reclamar hasta ese momento las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa; lo cual implica que no se puede entorpecer la ejecución de una sentencia que constituya cosa juzgada. Por tanto, es posible que las violaciones cometidas durante éste se puedan analizar cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción constitucional y por ello se dejó sin defensa al quejoso, se deberá reponer el procedimiento a partir de tal violación; pero, de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una resolución definitiva, lo cual equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento dilatorio de la administración de justicia. Tratándose del procedimiento de remate es necesario precisar que éste se traduce en una venta pública y se realiza en la fase de ejecución de la sentencia de un juicio, por orden y con la dirección del órgano jurisdiccional, que tiene como finalidad vender o adjudicar bienes propiedad de la parte condenada en el juicio, para poder cubrir el pago ordenado en la sentencia a favor de una de las partes, con el producto del remate. En general, dicho procedimiento comprende básicamente las tres etapas siguientes: (i) avalúo; (ii) subasta o remate, y (iii) entrega del precio, otorgamiento de escritura y pago al ejecutante, o bien, adjudicación directa del bien al ejecutante. Mediante este procedimiento, el titular del derecho real del bien sujeto a remate es sustituido respecto de la facultad de su disposición, y se transfiere al juez, el cual está autorizado por la ley para vender el bien como un medio ejecutivo de hacer cumplir una resolución judicial, y en su defecto para adjudicarlo en favor del rematante, en caso de que no concurran postores interesados. Ahora, en términos del numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate deben hacerse valer mediante la promoción del juicio de amparo, cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción constitucional y por ello se dejó sin defensa al quejoso, se deberá reponer el procedimiento a partir de tal violación; pero, de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de la cosa juzgada, lo cual equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento dilatorio de la administración de justicia. Luego, a fin de precisar el alcance de la hipótesis de procedencia en comento, es menester acudir a la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aras de claridad y certeza, estableció que la última resolución del procedimiento de remate es, indistintamente, aquella que: a) En forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación; o bien, b) Ordena la entrega de bienes rematados. En efecto, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 74/2015, que dio origen al citado criterio jurisprudencial, la Primera Sala del Máximo Tribunal del Estado Mexicano concluyó que la conjunción copulativa "y" contenida en el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pudiera interpretarse en el sentido de que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, pero ello provocaría un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial y sostuvo que dicha disposición debe leerse no como una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate. El referido criterio jurisprudencial que es del tenor siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." En la diversa jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), la propia Primera Sala del máximo Tribunal de la República, estableció el criterio de que, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquélla que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. El referido criterio jurisprudencial de rubro: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. Por tanto, basta que se emita una sola de las resoluciones antes precisadas, para considerar actualizada lo que se considera como la última resolución en relación con el procedimiento de remate, y permitir así la procedencia del juicio de amparo biinstancial; sin embargo, de no reclamarse alguna de ellas, se tornaría improcedente. En el caso, Zenen Pineda Díaz reclama el auto dictado por el Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio ejecutivo mercantil 680/2018, en el que determinó no admitir a trámite el incidente de objeción de peritaje en materia de avalúo respecto del bien embargado, que es materia del procedimiento de remate, por ser notoriamente improcedente. Como se observa, en el juicio ejecutivo mercantil 680/2018, no se ha ordenado el otorgamiento de la escritura de adjudicación; o bien, la entrega del inmueble rematado, por lo que no se actualiza la hipótesis de procedencia prevista en por el precepto 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por tanto, es inconcuso que esa resolución no puede considerarse la última en el procedimiento de remate, en tanto que es evidente que tendrá que emitirse una resolución en la que el juzgador civil ordene poner los autos a disposición del Notario Público específico que haya sido elegido por la parte actora, a efecto de que tire la escritura de adjudicación correspondiente, la que deberá notificarse a la demandada, hoy quejosa, o bien, si la jueza ordena entregar la posesión del inmueble rematado y entonces contra cualquiera de esas resoluciones, cumpliendo con el principio de definitividad, en su caso, será procedente el juicio de amparo indirecto; razones por las que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia analizada. De considerar que el presente proceso constitucional es procedente contra el acto reclamado, podría traer como consecuencia otorgar a la parte quejosa dos oportunidades para promover juicio de amparo en el procedimiento de remate iniciado en el juicio de origen. En suma, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. DOMICILIO PROCESAL DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como tal, el ubicado en la casa marcada con el número 111 de la avenida Juan Escutia, colonia Morelos, en Pachuca de Soto, Hidalgo. AUTORIZADOS. Téngase a la quejosa designado como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a Horacio García Hernández. CORREO ELECTRÓNICO. También, se le tiene proporcionando a la parte quejosa la cuenta de correo electrónico lachosa@prodigy.net.mx, para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dicho medio no sustituye el lugar para recibir notificaciones, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, únicamente es el medio para tener comunicación no procesal. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y d) solicitud de copias. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. Conviene hacer la aclaración de que la expedición de las copias autorizadas depende de la disponibilidad del servicio de fotocopias, en los días y horarios en que se encuentre brindando atención, mismo que constituye un área independiente de este Juzgado de Distrito. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario.-. M-V

  3. Principal

    ...Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de cuenta, se acuerda: RADICACIÓN. Con la demanda promovida por Zenen Pineda Díaz, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el cuaderno respectivo, regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 1513/2021-V-A, y dese de alta el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de dos causales de improcedencia manifiestas e indudables; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En la especie, se individualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" La intelección conjunta de los preceptos invocados permite determinar que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos provenientes de autoridades formal y materialmente jurisdiccionales que se cometan fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, esa procedencia queda sujeta a las siguientes directrices: 1. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados 2. Si se trata de actos de ejecución de sentencia (siendo esta hipótesis la que interesa en el caso) sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en ese procedimiento. Pudiéndose reclamar hasta ese momento las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa; lo cual implica que no se puede entorpecer la ejecución de una sentencia que constituya cosa juzgada. Por tanto, es posible que las violaciones cometidas durante éste se puedan analizar cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción constitucional y por ello se dejó sin defensa al quejoso, se deberá reponer el procedimiento a partir de tal violación; pero, de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una resolución definitiva, lo cual equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento dilatorio de la administración de justicia. Tratándose del procedimiento de remate es necesario precisar que éste se traduce en una venta pública y se realiza en la fase de ejecución de la sentencia de un juicio, por orden y con la dirección del órgano jurisdiccional, que tiene como finalidad vender o adjudicar bienes propiedad de la parte condenada en el juicio, para poder cubrir el pago ordenado en la sentencia a favor de una de las partes, con el producto del remate. En general, dicho procedimiento comprende básicamente las tres etapas siguientes: (i) avalúo; (ii) subasta o remate, y (iii) entrega del precio, otorgamiento de escritura y pago al ejecutante, o bien, adjudicación directa del bien al ejecutante. Mediante este procedimiento, el titular del derecho real del bien sujeto a remate es sustituido respecto de la facultad de su disposición, y se transfiere al juez, el cual está autorizado por la ley para vender el bien como un medio ejecutivo de hacer cumplir una resolución judicial, y en su defecto para adjudicarlo en favor del rematante, en caso de que no concurran postores interesados. Ahora, en términos del numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate deben hacerse valer mediante la promoción del juicio de amparo, cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción constitucional y por ello se dejó sin defensa al quejoso, se deberá reponer el procedimiento a partir de tal violación; pero, de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de la cosa juzgada, lo cual equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento dilatorio de la administración de justicia. Luego, a fin de precisar el alcance de la hipótesis de procedencia en comento, es menester acudir a la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aras de claridad y certeza, estableció que la última resolución del procedimiento de remate es, indistintamente, aquella que: a) En forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación; o bien, b) Ordena la entrega de bienes rematados. En efecto, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 74/2015, que dio origen al citado criterio jurisprudencial, la Primera Sala del Máximo Tribunal del Estado Mexicano concluyó que la conjunción copulativa "y" contenida en el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pudiera interpretarse en el sentido de que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, pero ello provocaría un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial y sostuvo que dicha disposición debe leerse no como una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate. El referido criterio jurisprudencial que es del tenor siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." En la diversa jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), la propia Primera Sala del máximo Tribunal de la República, estableció el criterio de que, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquélla que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. El referido criterio jurisprudencial de rubro: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. Por tanto, basta que se emita una sola de las resoluciones antes precisadas, para considerar actualizada lo que se considera como la última resolución en relación con el procedimiento de remate, y permitir así la procedencia del juicio de amparo biinstancial; sin embargo, de no reclamarse alguna de ellas, se tornaría improcedente. En el caso, Zenen Pineda Díaz reclama el auto dictado por el Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio ejecutivo mercantil 680/2018, en el que determinó no admitir a trámite el incidente de objeción de peritaje en materia de avalúo respecto del bien embargado, que es materia del procedimiento de remate, por ser notoriamente improcedente. Como se observa, en el juicio ejecutivo mercantil 680/2018, no se ha ordenado el otorgamiento de la escritura de adjudicación; o bien, la entrega del inmueble rematado, por lo que no se actualiza la hipótesis de procedencia prevista en por el precepto 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por tanto, es inconcuso que esa resolución no puede considerarse la última en el procedimiento de remate, en tanto que es evidente que tendrá que emitirse una resolución en la que el juzgador civil ordene poner los autos a disposición del Notario Público específico que haya sido elegido por la parte actora, a efecto de que tire la escritura de adjudicación correspondiente, la que deberá notificarse a la demandada, hoy quejosa, o bien, si la jueza ordena entregar la posesión del inmueble rematado y entonces contra cualquiera de esas resoluciones, cumpliendo con el principio de definitividad, en su caso, será procedente el juicio de amparo indirecto; razones por las que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia analizada. De considerar que el presente proceso constitucional es procedente contra el acto reclamado, podría traer como consecuencia otorgar a la parte quejosa dos oportunidades para promover juicio de amparo en el procedimiento de remate iniciado en el juicio de origen. En suma, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. DOMICILIO PROCESAL DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como tal, el ubicado en la casa marcada con el número 111 de la avenida Juan Escutia, colonia Morelos, en Pachuca de Soto, Hidalgo. AUTORIZADOS. Téngase a la quejosa designado como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a Horacio García Hernández. CORREO ELECTRÓNICO. También, se le tiene proporcionando a la parte quejosa la cuenta de correo electrónico lachosa@prodigy.net.mx, para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dicho medio no sustituye el lugar para recibir notificaciones, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, únicamente es el medio para tener comunicación no procesal. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y d) solicitud de copias. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. Conviene hacer la aclaración de que la expedición de las copias autorizadas depende de la disponibilidad del servicio de fotocopias, en los días y horarios en que se encuentre brindando atención, mismo que constituye un área independiente de este Juzgado de Distrito. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario.-. M-V

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