Zeneido Felipe Morales Delgado
Expediente 330/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 330/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Zeneido Felipe Morales Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido el proveído dictado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la que, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables. Presidente de la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuarios adscritos. Actos reclamados. Presidente Ejecutor: Omisión de acordar escrito presentado diez de enero del dos mil veintidós, en el juicio laboral ----. Actuarios Adscritos: Omisión de señalar fecha para requerir de pago a la parte demandada en términos de ley. Información y documentales aportadas por las autoridades responsables. Ahora bien, de las constancias remitidas por las autoridades responsables adjuntas a sus informes justificados, que obran en el juicio de amparo en que se actúa, se aprecia que en proveído uno de febrero del años dos mil veintidós, la Junta Responsable acordó el escrito presentado por la quejosa señalando que no había lugar a acordar de manera favorable el escrito presentado por la quejosa, porque hasta en tanto los codemandados no se encontraran notificados del laudo por boletín laboral no era dable dictar auto ejecución. En otro aspecto, también se advierte que el uno de abril del presente año, la autoridad notificó por boletín a las demandadas el laudo dictado en favor de la parte quejosa. De todo lo anterior, se concluye que la autoridad ya acordó el escrito de la quejosa, y que si bien en este momento ya está en juicio de origen en condiciones de requerirse el cumplimiento del laudo, lo cierto es que corresponde a la quejosa impulsar su ejecución, atento a la Jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". Las constancias analizadas, merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copias certificadas, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Actualización de causales. En ese sentido, si la peticionaria de amparo reclamó la omisión de acordar la promoción presentada y de señalar fecha para requerimiento; se estima que ha quedado restituida en el goce del derecho fundamental que consideró violado en su demanda de amparo, como si la violación reclamada no hubiese surgido a la vida jurídica, con lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Asimismo, la anterior consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia de la misma época e instancia, con registro número 2a./J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye al rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Justificación. Lo anterior es así, pues mediante demanda de amparo presentada el cuatro de marzo del presente año y turnada a esta sede al día inmediato siguiente (ocho de marzo de dos mil veintidós), ----------, por conducto de su apoderado legal, señaló como actos reclamados la omisión de acordar promoción de diez de enero del dos mil veintidós, así como la omisión de señalar fecha para la ejecución del laudo, los cuales atribuyó a la Junta y actuario, respectivamente. Sin embargo, la Junta responsable en su informe justificado remitió copias certificadas del proveído de uno de febrero de dos mil veintidós que recayó a la promoción presentada el diez de enero del presente año. Y respecto del acto reclamado al Actuario, se estima que, ante la respuesta de Junta responsable, es obvio que el Actuario Adscrito, al día de la presentación de la demanda de amparo, estaba legalmente imposibilitado para señalar fecha para la ejecución del laudo dictado en favor de la quejosa, de ahí que se considere improcedente el juicio de amparo. La improcedencia que se comenta se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es precisamente el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo. Conclusión. En las condiciones anotadas con fundamento en los artículos 61, fracciones XXI y XXIII, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, por los motivos anteriormente mencionados. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que las causales de improcedencia invocadas, son notorias e indudables, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que, por una parte, no existían y, por otra, han cesado los efectos de los actos que señaló como reclamados. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia, como acontece en el caso. Además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, la cual establece literalmente lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se deja sin efectos audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veinte de abril de dos mil veintidós. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano, además por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA: ELVIRA ROJAS RIVERAS, APODERADA LEGAL DEL DIRECTO QUEJOSO ZENEIDO FELIPE MORALES DELGADO, el auto y/o resolución de DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables. Presidente de la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuarios adscritos. Actos reclamados. Presidente Ejecutor: Omisión de acordar escrito presentado diez de enero del dos mil veintidós, en el juicio laboral ----. Actuarios Adscritos: Omisión de señalar fecha para requerir de pago a la parte demandada en términos de ley. Información y documentales aportadas por las autoridades responsables. Ahora bien, de las constancias remitidas por las autoridades responsables adjuntas a sus informes justificados, que obran en el juicio de amparo en que se actúa, se aprecia que en proveído uno de febrero del años dos mil veintidós, la Junta Responsable acordó el escrito presentado por la quejosa señalando que no había lugar a acordar de manera favorable el escrito presentado por la quejosa, porque hasta en tanto los codemandados no se encontraran notificados del laudo por boletín laboral no era dable dictar auto ejecución. En otro aspecto, también se advierte que el uno de abril del presente año, la autoridad notificó por boletín a las demandadas el laudo dictado en favor de la parte quejosa. De todo lo anterior, se concluye que la autoridad ya acordó el escrito de la quejosa, y que si bien en este momento ya está en juicio de origen en condiciones de requerirse el cumplimiento del laudo, lo cierto es que corresponde a la quejosa impulsar su ejecución, atento a la Jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". Las constancias analizadas, merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copias certificadas, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Actualización de causales. En ese sentido, si la peticionaria de amparo reclamó la omisión de acordar la promoción presentada y de señalar fecha para requerimiento; se estima que ha quedado restituida en el goce del derecho fundamental que consideró violado en su demanda de amparo, como si la violación reclamada no hubiese surgido a la vida jurídica, con lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Asimismo, la anterior consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia de la misma época e instancia, con registro número 2a./J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye al rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Justificación. Lo anterior es así, pues mediante demanda de amparo presentada el cuatro de marzo del presente año y turnada a esta sede al día inmediato siguiente (ocho de marzo de dos mil veintidós), ----------, por conducto de su apoderado legal, señaló como actos reclamados la omisión de acordar promoción de diez de enero del dos mil veintidós, así como la omisión de señalar fecha para la ejecución del laudo, los cuales atribuyó a la Junta y actuario, respectivamente. Sin embargo, la Junta responsable en su informe justificado remitió copias certificadas del proveído de uno de febrero de dos mil veintidós que recayó a la promoción presentada el diez de enero del presente año. Y respecto del acto reclamado al Actuario, se estima que, ante la respuesta de Junta responsable, es obvio que el Actuario Adscrito, al día de la presentación de la demanda de amparo, estaba legalmente imposibilitado para señalar fecha para la ejecución del laudo dictado en favor de la quejosa, de ahí que se considere improcedente el juicio de amparo. La improcedencia que se comenta se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es precisamente el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo. Conclusión. En las condiciones anotadas con fundamento en los artículos 61, fracciones XXI y XXIII, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, por los motivos anteriormente mencionados. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que las causales de improcedencia invocadas, son notorias e indudables, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que, por una parte, no existían y, por otra, han cesado los efectos de los actos que señaló como reclamados. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia, como acontece en el caso. Además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, la cual establece literalmente lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se deja sin efectos audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veinte de abril de dos mil veintidós. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano, además por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de abril de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Vista a las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Domicilio y delegados. Además, con apoyo en el ordinal 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades responsables a los profesionistas que designan y, conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indican, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Notifíquese.
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