Zendy Monserrath Correa Baca
Expediente 1313/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1313/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Zendy Monserrath Correa Baca
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Como de la constancia secretarial de cuenta, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como del estado de los autos se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de amparo promovida por ... Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en . Finalmente, hágase saber a las partes el cambio de titular de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.Así lo proveyó y firma, el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando en legal y debida forma con la licenciada Rosa María Cortés Guzmán, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, atento a la imposibilidad que tuvo al actuaria adscrita para notificar el proveído de veintinueve de noviembre del año en curso a la quejosa en cita; en consecuencia, se ordena efectuar la notificación de dicho proveído, así como las subsecuentes, por medio de lista, que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional, con apoyo en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA MEDIANTE LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ".Visto la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Ciudad Hidalgo, Michoacán, consistentes en: ".IV. ACTO O ACTOS RECLAMADOS: FUNDADOS EN EL NUMERAL 107 FRACCIÓN II III) DE LA LEY DE AMPARO: La inconstitucional omisión procesal, y de investigar, y como resultado el que no me sea reparado el daño, así como el daño que causa la autoridad hacia la suscrita por el no accionar, en el procedimiento penal, que se encuentra inactivo en la fiscalía mencionada.". Los preceptos legales 62 y 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano ponen de manifiesto, que las causas de improcedencia, se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo y autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso concreto, del análisis integral de la demanda de amparo se obtiene que el acto reclamado que se atribuye al agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Fiscalía de Ciudad Hidalgo, lo es la omisión de investigar dentro de la carpeta de investigación con número de identificación - lo que la inactividad o paralización de dicha indagatoria. Ahora bien, en la ejecutoria que recayó a la contradicción de tesis 233/2017, la Primera Sala del Máximo Tribunal estableció que derivado de un ejercicio de interpretación sistemático y extensivo de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido pueden controvertir ante el juez de control las omisiones en que incurra la autoridad ministerial en el desempeño de su labor investigadora de los delitos y, en general, de actuaciones que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese sentido, el numeral 258 citado, establece un medio de defensa innominado, cuyo propósito es que la autoridad judicial rectora (juez de Control) revise las determinaciones y omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una investigación; y al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. Tales criterios se encuentran contenidos en la jurisprudencia 28/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, de rubro y textos siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. . De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Asimismo, en la diversa jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, de rubro y textos siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." De ahí que, si previo a promover el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa no agotó el multicitado medio ordinario de defensa, se actualiza en forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, ante la inobservancia del principio de definitividad; preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley [.]". "Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: .VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. "(.)" Luego, si las omisiones o inactividad del Ministerio Público en la etapa de investigación, deben ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el juez de Control a través del recurso innominado al que se ha hecho referencia, por lo que si la parte quejosa promueve desde luego la acción constitucional, sin que primeramente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello genera la actualización de la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; ello, en virtud de que el juicio de amparo indirecto se promueve en relación a un acto contra el que procede un recurso mediante el cual aquel se puede modificar, revocar o nulificar, sin que para ello se exijan mayores requisitos que los contemplados en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión. En ese sentido, al actualizarse la referida causa de improcedencia y en virtud que sobre el tema planteado la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció, e incluso aprobó criterios con carácter de jurisprudencia que resuelven el fondo del asunto, los cuales resultan obligatorios en su observancia y aplicación conforme a lo previsto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero, de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. ". Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y, atento a la constancia secretarial de cuenta, por autorizados para ese efecto y para imponerse del contenido de autos a la persona que refiere, virtud a que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.; LO ANTERIOR POR ESTAR ASÍ ORDENADO EN PROVEÍDO DE CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Visto la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Ciudad Hidalgo, Michoacán, consistentes en: ".IV. ACTO O ACTOS RECLAMADOS: FUNDADOS EN EL NUMERAL 107 FRACCIÓN II III) DE LA LEY DE AMPARO: La inconstitucional omisión procesal, y de investigar, y como resultado el que no me sea reparado el daño, así como el daño que causa la autoridad hacia la suscrita por el no accionar, en el procedimiento penal, que se encuentra inactivo en la fiscalía mencionada.". Los preceptos legales 62 y 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano ponen de manifiesto, que las causas de improcedencia, se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo y autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso concreto, del análisis integral de la demanda de amparo se obtiene que el acto reclamado que se atribuye al agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Fiscalía de Ciudad Hidalgo, lo es la omisión de investigar dentro de la carpeta de investigación con número de identificación - lo que la inactividad o paralización de dicha indagatoria. Ahora bien, en la ejecutoria que recayó a la contradicción de tesis 233/2017, la Primera Sala del Máximo Tribunal estableció que derivado de un ejercicio de interpretación sistemático y extensivo de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido pueden controvertir ante el juez de control las omisiones en que incurra la autoridad ministerial en el desempeño de su labor investigadora de los delitos y, en general, de actuaciones que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese sentido, el numeral 258 citado, establece un medio de defensa innominado, cuyo propósito es que la autoridad judicial rectora (juez de Control) revise las determinaciones y omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una investigación; y al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. Tales criterios se encuentran contenidos en la jurisprudencia 28/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, de rubro y textos siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. . De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Asimismo, en la diversa jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, de rubro y textos siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." De ahí que, si previo a promover el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa no agotó el multicitado medio ordinario de defensa, se actualiza en forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, ante la inobservancia del principio de definitividad; preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley [.]". "Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: .VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. "(.)" Luego, si las omisiones o inactividad del Ministerio Público en la etapa de investigación, deben ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el juez de Control a través del recurso innominado al que se ha hecho referencia, por lo que si la parte quejosa promueve desde luego la acción constitucional, sin que primeramente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello genera la actualización de la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; ello, en virtud de que el juicio de amparo indirecto se promueve en relación a un acto contra el que procede un recurso mediante el cual aquel se puede modificar, revocar o nulificar, sin que para ello se exijan mayores requisitos que los contemplados en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión. En ese sentido, al actualizarse la referida causa de improcedencia y en virtud que sobre el tema planteado la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció, e incluso aprobó criterios con carácter de jurisprudencia que resuelven el fondo del asunto, los cuales resultan obligatorios en su observancia y aplicación conforme a lo previsto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero, de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. ". Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y, atento a la constancia secretarial de cuenta, por autorizados para ese efecto y para imponerse del contenido de autos a la persona que refiere, virtud a que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
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