Zenaida Valdez Ortega

Expediente 1359/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1359/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Zenaida Valdez Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; once de octubre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. ANOTACIONES Y ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1) El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido <desechamiento> (artículo 20, fracción II, del acuerdo en cita). 2) A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en lo establecido en el párrafo primero del artículo 20 del Acuerdo en comento, serán destruidos. Una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará físicamente al archivo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VII RATIFICA ESCRITO. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico la comparecencia firmada por ********************endosatario en procuración de la directa quejosa********************, mediante la cual ratifica como suya la firma estampada en el escrito presentado ante la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, el trece de septiembre del año en curso, en el que cumplimentó la prevención decretada en veintinueve de agosto de dos mil veintitrés; razón por la cual se tiene por ratificado el ocurso de mérito, por lo que se provee en los siguientes términos. Atento a ello, se tiene por cumplida en tiempo y forma la prevención de que fue objeto el ocursante. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la demanda y escrito aclaratorio, se obtiene que por esta vía el quejoso reclama esencialmente: * La resolución interlocutoria de tres de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ******************** del índice de la responsable, mediante la cual declaró improcedente el recurso de revocación planteado por la parte quejosa, contra el auto de veintiuno de junio del año en curso que desechó de plano el incidente de nulidad de actuaciones hecho valer contra la notificación del proveído de nueve de ese mismo mes y año, en el que se ordenó dar vista al aquí quejoso con el escrito de contestación de demanda de su contraparte. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando lo que realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. Previo a pronunciarse sobre su admisión, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Por tanto, después de analizar el citado acto reclamado, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De acuerdo con las porciones normativas transcritas, el juicio de amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, la resolución interlocutoria de tres de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ******************** del índice de la responsable, mediante la cual declaró improcedente el recurso de revocación planteado por la parte quejosa contra el auto de veintiuno de junio del año en curso que desechó de plano el incidente de nulidad de actuaciones hecho valer contra la notificación del proveído de nueve de ese mismo mes y año, en el que se ordenó dar vista al aquí quejoso con el escrito de contestación de demanda de su contraparte; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues solo trasciende en el interior o trámite del expediente génesis; de ahí que en contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte agraviada, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. Lo anterior, tal como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 37/2014, emitida por, publicada en la página 39, del Tomo I, del Libro 7, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de junio de dos mil catorce, Décima Época, con número de registro 2006589, cuya literalidad es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." También aplicable al caso, por analogía, el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, volumen número 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En esa tesitura, se insiste, tomando en consideración que la parte quejosa se duele esencialmente de la improcedencia del recurso de revocación interpuesto contra la determinación que desecha un incidente de nulidad de actuaciones, relacionado con la notificación realizada al ahora quejoso respecto al acuerdo en el que se ordena darle vista con la contestación de demanda formulada por su contraparte dentro del juicio natural, se advierte que se trata de una violación procesal, pues tal circunstancia podrá ser reparable en caso de obtener sentencia favorable al resolverse el juicio ********************, del índice estadístico del Juzgado Octavo Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, o en su defecto, el quejoso podrá combatirla en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la resolución que ponga fin al procedimiento de que se trata; ello conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo. Se invoca el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en la tesis XXI.1o.28 K, cuyo epígrafe y dictamen rezan: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS.". La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a la infracción de derechos sustantivos.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por ********************endosatario en procuración de la directa quejosa********************, contra actos del Juez Octavo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad, por notoriamente improcedente. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese vía electrónica al quejoso, en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintinueve de agosto del año en curso.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. PRETENDE CUMPLIMENTAR PREVENCIÓN. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el escrito signado aparentemente por ********************, quien se ostenta como endosatario en procuración de la directa quejosa********************mediante el cual pretende cumplimentar la prevención de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que la firma que calza el ocurso de cuenta difiere considerablemente con la estampada en el escrito inicial de demanda tal y como se advierte a continuación: Escrito inicial Escrito que se provee (...) SE REQUIERE COMPARECENCIA DEL QUEJOSO PARA RATIFICAR. Por tanto, deviene procedente requerir al promovente ********************, para que dentro del plazo de tres días computados posterior a la notificación del presente proveído, comparezca personalmente en el local de este juzgado federal con el objeto de ratificar la firma y contenido del ocurso en comento, con el apercibimiento que de ser omiso al requerimiento de mérito, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta. Por su aplicación al caso, sirve de apoyo la jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 385, tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, criterio que continúa vigente y es consultable bajo el registro 207437, del rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA VII (AVISO) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES QUE REFIERE LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México; veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por Iván Pérez Romero, quien dice ser endosatario en procuración de Zenaida Valdez Ortega, contra actos del Juez Octavo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese bajo el número 1359/2023-VII. PREVENCIÓN. Expuesto lo anterior, es pertinente indicar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. Por ende, acorde con lo previsto en el artículo 108, fracción I, en relación con el diverso 114, fracciones I, II y III, ambos de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir al promovente para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito realice lo siguiente: PRIMERO. Acredite con constancias fehacientes, la calidad con la que acredite su personalidad. Lo anterior es así, puesto que del ocurso de cuenta, únicamente refiere ser endosatario en procuración de Zenaida Valdez Ortega y cuya personalidad la tiene debidamente reconocida en autos, empero no anexa documento que acredite tal circunstancia. Por lo que es menester, traer a colación el numeral 11 de la Ley de Amparo que textualmente reza lo siguiente: Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. (.)" Atento a ello deberá anexar original o copia debidamente certificada del documento que soporte su carácter de endosatario en procuración SEGUNDO. Bajo protesta de decir verdad, manifieste contra qué actuación hizo valer el incidente de nulidad de actuaciones, porque al narrar los antecedentes del acto reclamado (puntos 3 y 4), se limita a manifestar que el ocho de junio del año en curso, su contraparte dio contestación a la demanda instaurada en su contra, ofertando pruebas y exponiendo excepciones y, mediante ocurso de veinte de junio de la misma anualidad, el ahora promovente planteó incidente de nulidad de actuaciones, mismo que no fue admitido, sin embargo, no precisa la actuación combatida ante la responsable. Importa destacar que el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por la parte quejosa, no así por el autorizado en términos amplios, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse. Tiene sustento a lo anterior, en lo que interesa, la jurisprudencia de la Novena Época número 2a./J. 88/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 348 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXIV, Julio de 2006 que reza lo siguiente "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." TERCERO. Hecho lo anterior, y toda vez que quien promueve aduce ser parte dentro del juicio de origen (parte actora), deberá exhibir copia simple de la resolución de tres de agosto de dos mil veintitrés que pretende reclamar o bien deberá transcribir la misma, toda vez que como se asevera, es parte en el juicio natural y tiene acceso al expediente. Lo anterior, a fin de que este juzgado cuente con mayores elementos para proveer sobre la tramitación de su demanda. En la inteligencia que deberá exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes respecto de su escrito aclaratorio, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la ley de la materia. APERCIBIMIENTO. En este contexto, se apercibe a la parte promovente que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley en cita, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO. Ahora bien, tomando en consideración que del escrito que se provee se desprende domicilio físico para oír y recibir notificaciones sito en calle Felipe Berriozábal 114, Interior 5, Colonia Valle Verde y Terminal, Código Postal 50140, perteneciente a la Ciudad de Toluca, empero el propio promovente solicita la tramitación vía internet del expediente electrónico, proporcionando el usuario "ivan801"; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, de la Código Federal de Procedimientos Civiles, se requiere al promovente para que en el término de tres días legalmente computados a partir de la notificación de este proveído, informe a este juzgado de Distrito cuál vía elige para efecto de notificaciones, esto es, si vía electrónica, o bien, el domicilio físico indicado. Ello, atendiendo a que no es factible que existan dos vías de notificación y por ende dos cómputos de la misma parte procesal. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, se le tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones el usuario electrónico, sin ulterior acuerdo. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis I.1o.P.35 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la página 2366, Décima Época, Tomo III, Septiembre de 2018, que establece: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. SI EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS SOLICITA QUE SE LE PRACTIQUEN VÍA ELECTRÓNICA, PERO DEL ESCRITO DE DEMANDA O DEL APERSONAMIENTO A JUICIO, SE ADVIERTE QUE SU AUTORIZANTE (QUEJOSO O TERCERO INTERESADO) INDICÓ UN DOMICILIO CONVENCIONAL PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIRLO PARA QUE PRECISE CUÁL ES LA VÍA QUE ELIGE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se autoriza al usuario "ivan801" el acceso al expediente electrónico; por lo que, se comisiona al analista jurídico de esta adscripción para la apertura de campos necesarios para tal fin. AUTORIZADOS. Atento a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Jesús Bastida Escobar, dado que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a las demás personas por no contar con dicho registro. NÚMEROS TELEFÓNICOS. Por lo que hace a los números telefónico proporcionados, no ha lugar a tenerlos como domicilio para oír y recibir notificaciones; toda vez que no se encuentran previstos en la ley de la materia. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre del año en curso, se exhorta a las partes, para que continúen la tramitación del asunto, a través del portal de "Juicio en línea", para tal efecto deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, para obtener su firma firel. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio físico.

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