Zenaida López Malaga
Expediente 445/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 445/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Zenaida López Malaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Agréguese el escrito de la quejosa Zenaida López Málaga, en su atención, con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele la copia certificada que indica, la que será remitida al correo electrónico que en su momento proporcione. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
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En once de junio de dos mil veintiuno, el Secretario, certifica: que el término de diez días de que disponían las partes para recurrir la sentencia que sobreseyó el presente juicio transcurrió: A la parte quejosa, del catorce al veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, al haber sido notificado el doce del mismo mes. A la parte tercera interesada, del dieciocho al treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, al haber sido notificada el catorce del aludido mes. Asimismo, que en autos obra el original de un poder general para pleitos y cobranzas; que la parte quejosa adjuntó en su escrito inicial de demanda. Con lo anterior, se da cuenta al Juez y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste.Uruapan, Michoacán, once de junio de dos mil veintiuno. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee: 1. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no fue impugnada en legal término la sentencia que sobreseyó en el juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1 Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21del referido acuerdo. 3.1. De conformidad con el artículo 21 párrafo segundo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.2. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 3.3 Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 4. Devolución de documentos. Toda vez que resulta innecesaria la permanencia de los autos del juicio que la autoridad judicial responsable anexó a su informe justificado, devuélvase a su lugar de origen; se solicita acuse el recibo correspondiente. 4.1. Documento original. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que obra un poder general para pleitos y cobranzas, que la parte quejosa anexó a su demanda inicial; por tanto, requiérasele para que en el término de noventa días naturales, gestione su devolución, bajo el apercibimiento que de no recogerlo, éste será destruido junto con el presente expediente; lo anterior de conformidad con el capítulo quinto, artículo vigésimo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009. 4.1.1. Determinaciones específicas en relación con la devolución del documento. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que, a fin de llevar a cabo dicho acto procesal, con fundamento en el Acuerdo General 1/2021, que reforma su similar 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su artículo 3o, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, la persona que comparezca a la recepción del mencionado documento, deberá programar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", y generar el código "QR" a su nombre, debiendo confirmar dentro del término de tres días, computado legalmente, la autorización y "QR" brindados para tal efecto. Se precisa que la hora y fecha que se le programe, deberá presentar electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso, el mencionado código "QR", a fin de que pueda ingresar al edificio sede del Poder Judicial de la Federación, para la recepción del mencionado documento a devolver. Notifíquese, personalmente a la aparte quejosa; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; dando fe, bajo la misma forma de suscripción, el Secretario Ernesto Adame Ruíz.
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En once de mayo de dos mil veintiuno, el secretario da cuenta al Juez, con tres oficios, registrados bajo los números 6433, 6439 y 6440. Conste.Uruapan, Michoacán, once de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se agrega despacho. Visto lo de cuenta, téngase al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas Michoacán, remitiendo diligenciado, el despacho 163/2021 (número de orden 301/2020), del índice de este Juzgado. Dese de baja la comunicación oficial y hágase las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En atención a lo anterior, agréguese sin mayor trámite los diversos comunicados del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas Michoacán. Notifíquese, y publíquese en el Portal de Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; dando fe, bajo la misma forma de suscripción, el Secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Uruapan, Michoacán, a las diez horas con veinticinco minutos del siete de mayo de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la secretaria Nubia Miranda Ramírez, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 445/2020, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Acto continuo, la secretaria relaciona como principales constancias, la demanda de amparo, informe justificado de la autoridad responsable y emplazamiento de la parte tercera interesada; asimismo, da cuenta al Juez, con dos oficios y un escrito, registrados bajo los números 6234, 6235 y 6299. Al respecto el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que anteceden. Agréguese a los autos el oficio del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, mediante el cual informa que el nueve de abril pasado, recibió la comunicación oficial enviada 163/2021 (número de orden 301/2021), del índice de este Juzgado, a efecto de que emplazara a juicio a los terceros interesados Romaldo y José Luis, ambos de apellidos Málaga Moreno. Sin embargo, de autos se advierte que por auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se le tuvo a dichos terceros interesados apersonándose al presente juicio; en consecuencia, requiérase al juez oficiante a efecto de que devuelva la mencionada comunicación oficial, en el estado procesal en que se encuentre. Apercibido, que de no hacerlo o de no informar el impedimento legal que tuviere para ello, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anteriormente acordado, incorpórese sin mayor trámite el oficio del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán. De igual manera, glósese el escrito de la autorizada legal de los terceros interesados, visto su contenido, se le tiene por hechas las manifestaciones que en vía de alegados expresa. El Juez declara abierto el período probatorio y la secretaria da cuenta con las documentales que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, las allegadas por los terceros interesados, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humana, ofrecidas por ambas partes; también con las que allegó la autoridad responsable; y sobre el particular el Juez determina: téngase por hecha la relación de las pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, con lo cual se cierra esta fase de la audiencia. Finalmente, el Juez abre el periodo de alegatos y la secretaria hace constar los formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita y por los terceros interesados; a lo que el Juez acuerda: téngase por formulados los alegatos de cuenta, que podrán ser tomados en consideración al dictar la sentencia, y se cierra esta fase. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, quedan los autos en estado de resolución. S E N T E N C I A Visto, para resolver el juicio de amparo 445/2020, promovido por Zenaida López Ortiz, por alegada violación de los artículos 14, 16 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán y otra autoridad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La parte quejosa reclama los actos de las autoridades que se precisan a continuación: Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán: todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario 300/2016, tramitado a bienes de Vicenta Gómez Rojas, incluyendo las sentencias interlocutorias, definitiva y etapa de ejecución; además, la entrega y adjudicación del caudal hereditario (predio rústico denominado "La Majahua", ubicado en el municipio de Aquila, Michoacán), toda vez que, manifiesta, es de su propiedad. Del Delegado del Registro Público de la Propiedad de Lázaro Cárdenas, Michoacán: los registros que haya realizado en esa dependencia respecto del inmueble que defiende en esta instancia constitucional, con motivo de la promoción del juicio sucesorio intestamentario 300/2016. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el acto reclamado es atribuible a dos autoridades con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuyo ejercicio es objeto de control por este juzgado federal. TERCERO. NORMA, ACTO U OMISIÓN CUYA EXISTENCIA QUEDÓ ACREDITADA. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, pues así lo reconoció al momento de rendir su informe justificado. El Delegado del Registro Público de la Propiedad, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue omiso en rendir su informe con justificación, no obstante estar debidamente notificado, por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos de ejecución que se les reclamaron; además, si la autoridad responsable ordenadora Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esa ciudad, reconoció la existencia de los actos, resulta incuestionable que a dicha autoridad le corresponde su ejecución mediante las anotaciones registrales correspondientes, toda vez que se reclaman en vía de consecuencia y no por vicios propios. Certeza que se corrobora con las documentales que al efecto remitió el juez responsable, las cuales poseen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia del Pleno del alto Tribunal Constitucional, cuyo rubro establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción Xll, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados no afectan el interés jurídico de la parte quejosa. Al respecto, conviene destacar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter el quejoso, quien aduce ser titular de un derecho; y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el concepto de "interés jurídico" tiene un amplio abanico de pronunciamientos, por los cuales es posible entender que, detrás de él, hay referencia a la existencia de derechos objetivos que, conforme han sido reconocidos en el marco constitucional, otorgan a los individuos un interés jurídico de acuerdo a la posición particular que mantengan en relación con las normas del ordenamiento jurídico; cuestión que, atendiendo a la situación particular del quejoso, puede otorgar facultad para acudir al amparo. Por tanto, para verificar la procedencia del juicio resulta insuficiente advertir la presencia de un derecho subjetivo, ya que también es necesario constatar si existe algún derecho objetivo que otorgue interés para acudir a tal juicio; en ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto sobre el inmueble de su propiedad , porque la afectación a su esfera jurídica se produce al existir la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad o posesión e inviolabilidad del domicilio injustificadamente. Lo anterior, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble o poseedora y tener su domicilio en éste. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2002, sostuvo que del artículo 14 de la Constitución no se desprenden datos o elementos que sirvan para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo; esto es, si se trata de aquélla que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, además, concluyó que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común, esto es, la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas. Por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio de origen, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Por ende, para acreditar el interés jurídico es necesario que el solicitante del amparo demuestre los siguientes supuestos: La causa generadora de la posesión, contenida en un documento de fecha cierta; La detentación material del bien; y, La identidad entre el bien objeto del juicio de origen, y del que el quejoso asegura tener la posesión. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa acude al amparo indirecto en su calidad de tercero extraño a juicio, aduciendo que con la tramitación del juicio sucesorio intestamentario 300/2016, a bienes de Vicenta Gómez Rosas, ante el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas Michoacán, se le afecta porque se le pretende desposeer del predio rústico denominado "La Majahua", el cual, manifiesta, fue materia de una cesión de derechos que en su favor realizó Cayetana Málaga Gómez, ante la fe del Notario Pública 67, con sede en Jacona, Michoacán (como producto de una diversa sucesión denunciada ante el Juez Mixto Civil de Primera Instancia, con sede en Coahuayana de Hidalgo, Michoacán, bajo el registro 34/1999), y para acreditar su derecho de propiedad y posesión ofreció lo medios de convicción siguientes: Poder general para pleitos y cobranzas, con copia de la credencia de elector expedida en favor de la quejosa por el Instituto Nacional Electoral, otorgado por ésta en favor de Fabián Alfredo Juárez Ortiz, pasado ante la fe del Notario Público número 100, con ejercicio y residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Copia simple de la escritura privada número dos mil trescientos ochenta y cuatro, pasada ante la fe del Notario Público número 67, con ejercicio y residencia en Jacona, Michoacán. Documentales con valor probatorio en términos del artículo 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sin embargo, resultan ineficaces para acreditar el derecho que ostenta, como se evidenciará. En relación con la documental señalada en el apartado 1, únicamente se demuestra que la quejosa otorgó poder general para pleitos y cobranzas en favor de Fabián Alfredo Juárez Ortiz, pasado ante la fe del Notario Público número 100, con ejercicio y residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, para que promoviera en su nombre y representación el presente juicio constitucional. Por lo que ve al documento adjunto a dicho instrumento notarial, consistente en la copia de la credencial de elector, sólo se advierte que el Instituto Nacional Electoral emitió dicho documento de identidad para votar a favor de la quejosa, indicando como domicilio el ubicado en calle Majahua sin número, de la localidad de Majahua, de Aquila, Michoacán. Así, para efectos de obtener una credencial de elector, la persona interesada acude ante la entidad respectiva y proporciona ciertos datos, entre ellos, su dirección actual, sin que la institución exija acreditar fehacientemente los datos proporcionados, basándose exclusivamente en la manifestación del interesado. Sobre el tema, es aplicable la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria". De ahí, es dable sostener que el hecho de que en la credencial de elector aparezca un domicilio relacionado con la ubicación del predio que la quejosa defiende en este juicio de amparo, no significa que sea legítima poseedora de éste, ya que, como se dijo, la información proporcionada al órgano que emite dicha identificación se basa en la simple manifestación del solicitante, sin que se encuentre corroborada. Por otra parte, por lo que ve al documento identificado con el número 2, relativo a la copia simple de la escritura dos mil trescientos ochenta y cuatro, que contiene los antecedentes del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Vicenta Gómez Málaga, mediante la que se le cedieron los derechos hereditarios a Zenaida López Málaga, no es apto para acreditar el interés jurídico, al constituir copia simple. Corrobora lo anterior, lo expuesto en la Jurisprudencia siguiente: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas". Además, es importante precisar que de las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe con justificación, relativas al juicio sucesorio intestamentario 300/2016, a bienes de Vicenta Gómez Rosas, se advierte que la quejosa no ostenta la propiedad del bien objeto de reclamo en esta instancia constitucional, al tenor de los antecedentes siguientes: A). Juicio sucesorio intestamentario 34/1999, tramitado ante el Juez Mixto Civil de Primera Instancia, con sede en Coahuayana de Hidalgo, Michoacán (primer juicio sucesorio). El ocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Cayetana Málaga Gómez promovió juicio sucesorio intestamentario a bienes de Vicenta Gómez Rosas, ante el Juez Mixto Civil de Primera Instancia, con sede en Coahuayana de Hidalgo, Michoacán, bajo el registro 34/1999. En dicha sucesión, se le declaró como única y universal heredera, por lo que, el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y nuevo, Cayetana Málaga Gómez cedió los derechos hereditarios a Zenaida López Málaga (aquí quejosa), ante el Notario Público 67, con ejercicio y residencia en Jacona, Michoacán. B). Nulidad absoluta del juicio sucesorio intestamentario número 34/1999, a bienes de Vicenta Gómez Rosas, tramitado ante el Juez mixto de Primera Instancia en Coahuayana de Hidalgo, Michoacán y, en consecuencia, la cancelación de actos registrales. Mediante escrito de doce de diciembre de dos mil trece, Bertha Málaga Gómez, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, demandó en la vía ordinaria civil, a Cayetana Málaga Gómez, Zenaida López Málaga y del titular de la Notaría Pública 67, con sede en Jacona, Michoacán, entre otras cosas: La nulidad absoluta del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Vicenta Gómez Rosas, número 34/1999, tramitado ante el Juez Mixto de Primera Instancia en Coahuayana de Hidalgo, Michoacán y, en consecuencia, la cancelación de actos registrales. La cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, de la escritura pública 2384, levantada por el Notario Público 67, de Jacona, Michoacán, así como las cancelaciones en el Catastro de la cuenta predial deducida de dicha escritura y de la inscripción en el Departamento de Impuestos a la Propiedad Inmobiliaria. Lo anterior, porque Bertha Málaga Gómez, es hija legítima de la de cujus Vicenta Gómez Rosas, al igual que la demandada, Cayetana Málaga Gómez (esta última promovente del juicio sucesorio intestamentario 34/1999, quien, como se advierte de las constancias relativas, en dicho juicio, manifestó, bajo protesta de decir verdad, ser la única en tener interés en heredar los bienes, aun cuando tenía conocimiento de la existencia de la accionante, al ser su hermana y también hija de la intestada). El nueve de octubre de dos mil catorce, el Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Coahuayana, admitió a trámite la demanda y la registró con el juicio ordinario civil 127/2014; mediante escrito de diez de noviembre de dos mil catorce, la demandada Cayetana Málaga Gómez dio contestación a la demanda instaurada en su contra, mientras que el catorce de noviembre del mismo año, lo hizo la aquí quejosa Zenaida López Málaga. Tramitado por sus etapas el juicio, en sentencia del veintiocho de octubre de dos mil quince, el juez de la causa declaró procedente la acción de nulidad de actos y documentos y anuló el juicio sucesorio intestamentario 34/1999, a bienes de Vicenta Gómez Rosas, así como de la escritura pública 2384, pasada ante la fe del Notario Público 67 en el Estado de Michoacán, ordenó la cancelación de los registros relativos en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado y en la oficina de Catastro del Estado. Inconforme con la sentencia, la quejosa Zenaida López Málaga interpuso recurso de apelación, mismo que le correspondió conocer a la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, bajo el registro I-9/2016, el cual, el veintinueve de enero de dos mil dieciséis confirmó la resolución. En contra de dicha determinación, la demandada promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, quien, el trece de octubre de dos mil dieciséis, negó el amparo a Zenaida López Málaga. C). Tramitación del juicio sucesorio intestamentario 300/2016 (segundo juicio sucesorio). El veintiocho de marzo de dos mil quince, Bertha Málaga Gómez, promovió juicio sucesorio intestamentario a bienes de su madre Vicenta Gómez Rosas, del que conoció el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas Michoacán, quien lo registró con el número 300/2016. El treinta de agosto de dos mil dieciséis se resolvió la primera sección, en la que se declaró como única y universal heredera y como albacea definitiva a Bertha Málaga Gómez, cargo que desempeñó hasta el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, fecha en que se nombró a Romaldo Málaga Moreno como albacea definitiva. El veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, ante el juez responsable compareció Romaldo Málaga Moreno, en cuanto cesionario de dicha heredera, exhibiendo para tal efecto el documento en el que constaba la cesión realizada ante el Notario Público 186 en el Estado de Michoacán. El dos de mayo de dos mil diecisiete se aprobó el inventario y avaluó, respecto del predio rústico denominado "La Majahua". El quince de junio de dos mil diecisiete, Romaldo Málaga Moreno, promovió incidente de remoción de albacea en contra de Bertha Málaga Gómez, mismo que se resolvió el veintidós de agosto de ese año, declarando procedente dicha incidencia y nombrando albacea definitiva al citado incidentista. En audiencia de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete se aprobó la tercera sección, sobre la rendición de cuentas de la administración general del bien raíz que constituye la masa hereditaria. El ocho de noviembre del mismo año, se tuvo a Romaldo Málaga Moreno, separándose de la prosecución judicial para encomendar su seguimiento al Notario Público 21, con ejercicio y residencia en Lázaro Cárdenas, quien realizó la escritura en su favor, del único bien inmueble aprobado en la segunda sección, bajo el número de escritura pública 11,000, volumen 285. De todo lo anterior se puede constatar que el juicio sucesorio intestamentario 34/1999, fue objeto de nulidad absoluta, inicialmente, por sentencia en primera instancia de veintiocho de octubre de dos mil quince, confirmada en recurso de apelación por la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; y, finalmente, materia de análisis mediante juicio de amparo directo, en el que se negó la tutela constitucional. Por tanto, es evidente que la sucesión inicialmente planteada, al haberse declarado nula, junto con todas sus consecuencias jurídicas y registrales, eliminó cualquier acto o efecto jurídico que se hubiera generado con motivo de la promoción de dicho juicio sucesorio primigenio, con lo cual, se evidencia que la masa hereditaria materia de discusión (predio rústico denominado "La Majahua"), no pertenece a la quejosa Zenaida López Málaga, lo que confirma la ausencia del interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo. Además, no se advierte probanza alguna que revele que la posesión que defiende derive de diversa figura jurídica. Por lo que, para acreditar el derecho subjetivo que dice tener la quejosa respecto del bien inmueble referido, debió exhibir algún medio de convicción tendente a demostrar la causa generadora de la posesión o propiedad que aduce tener respecto del bien inmueble de mérito, máxime que de autos quedó evidenciado que con la anulación absoluta del juicio sucesorio intestamentario 34/1999, la quejosa dejó de tener el derecho relacionado con el bien inmueble referido, que dice adquirió como producto de esa misma sucesión.. Por tanto, con las documentales exhibidas, no puede tenerse por acreditado el interés jurídico para ocurrir a instar la acción constitucional, pues como se estableció, la simple detentación como habitante del inmueble no le genera la titularidad de la posesión. Consecuentemente, al quedar demostrado que se actualiza la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo establecido en el precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, el cual se hace extensivo respecto de los actos de ejecución por no reclamarse por vicios propios. Así pues, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues al actualizarse dicha causa de improcedencia y decretarse el sobreseimiento del juicio, impide estudiar las cuestiones de fondo planteadas. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Asimismo, al quedar demostrado que el juicio de derechos es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, se estima innecesario estudiar diversas causales; pues el que opere, o no, alguna diversa causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.54/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Finalmente, no pasan inadvertidos los alegatos formulados por la fiscal federal adscrita y los planteados por la parte tercera interesada; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto. Por lo antes expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Zenaida López Málaga, contra los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil y Delegado del Registro Público de la Propiedad, ambos con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, por las razones precisadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y publíquese también en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente, hoy en que se concluyó el fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe.
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