Zenaida Jimenez Serrano

Expediente 81/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
81/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
15/03/2019

Partes del expediente

  • Zenaida Jimenez Serrano

Actuaciones

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. FIRME SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido el auto de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el cuaderno principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese. Así lo acuerda y firma José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria, Celia Eulalia Guillén Guerrero, quien autoriza y da fe. MFIF La suscrita Secretaria Celia Eulalia Guillén Guerrero, hago constar, que en esta fecha, se realizó el registro ordenado en el auto que antecede en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de Juicios de Amparo. Conste. ___________________________________ Sello y firma del Analista Jurídico del SISE. La suscrita Secretaria Celia Eulalia Guillén Guerrero, hago constar, que en esta fecha, se realizó la captura ordenada en el auto que antecede, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Conste. ________________________________ Sello y firma Analista Jurídico del SISE. La suscrita Secretaria Celia Eulalia Guillén Guerrero, HAGO CONSTAR, que en esta fecha, la determinación judicial que antecede, se incorporó al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la vigente Ley de Amparo. Doy fe. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR LISTA Siendo las nueve horas del _________________ el (la) suscrito (a) Actuario (a), notifico por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, así como en el Portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el auto y/o resolución que antecede, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El (la) Actuario (a).

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede se desprende que mediante oficio SEADS/093/2019, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, fue designado como titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, al suscrito Juez José Rivas González; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja trescientos doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de dos mil diez, que, se intitula: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Asimismo, agréguese para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta, rendido por el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite constancias relativas a la respuesta emitida mediante oficio 121.14.19/13288, por parte de la autoridad responsable, a la solicitud planteada por la parte quejosa mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil diecisiete, así como de su notificación, misma que le fue practicada por conducto de su autorizada el día doce de febrero de dos mil diecinueve, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Así mismo, el precepto 77, fracción II, de la ley de la materia, establece: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De la interpretación relacionada de los artículos anteriormente transcritos, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó rastro alguno en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, en el caso el acto reclamado lo constituye: La omisión de dar respuesta en breve término, a la petición formulada por escrito presentado el trece de julio de dos mil diecisiete. Sin embargo, de las constancias que anexa el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, con residencia en esta ciudad, relativas a la respuesta emitida mediante oficio 121.14.19/13288, por parte de la autoridad responsable, a la solicitud planteada por la parte quejosa mediante escrito presentado el trece de julo de dos mil diecisiete, así como de su notificación, misma que le fue practicada por conducto de su autorizada el día doce de febrero de dos mil diecinueve; por lo cual, es evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la violación reclamada desapareció con la contestación por escrito de la petición que formuló, con lo cual la quejosa fue restituida en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica, pues las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por los razonamientos que la integran, la tesis emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página ciento ochenta y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, con el número de registro 250438, cuyo título y contenido dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL, TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna." De igual forma, se estima aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de 1999, registro 193758, con el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese tenor, se hace imposible la prosecución del presente juicio de amparo, ya que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse la citada causa de improcedencia; por lo cual, no hay necesidad de pronunciar la presente determinación hasta la audiencia constitucional, pues como ya se dijo, en el caso han cesado los efectos del acto reclamado; por lo cual, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, misma que se encuentra señalada para las once horas con treinta minutos del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma, José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria, Celia Eulalia Guillén Guerrero, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), Y 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, A LA PARTE QUEJOSA, DEL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, Y QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede se desprende que mediante oficio SEADS/093/2019, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, fue designado como titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, al suscrito Juez José Rivas González; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja trescientos doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de dos mil diez, que, se intitula: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Asimismo, agréguese para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta, rendido por el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite constancias relativas a la respuesta emitida mediante oficio 121.14.19/13288, por parte de la autoridad responsable, a la solicitud planteada por la parte quejosa mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil diecisiete, así como de su notificación, misma que le fue practicada por conducto de su autorizada el día doce de febrero de dos mil diecinueve, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Así mismo, el precepto 77, fracción II, de la ley de la materia, establece: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De la interpretación relacionada de los artículos anteriormente transcritos, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó rastro alguno en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, en el caso el acto reclamado lo constituye: La omisión de dar respuesta en breve término, a la petición formulada por escrito presentado el trece de julio de dos mil diecisiete. Sin embargo, de las constancias que anexa el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, con residencia en esta ciudad, relativas a la respuesta emitida mediante oficio 121.14.19/13288, por parte de la autoridad responsable, a la solicitud planteada por la parte quejosa mediante escrito presentado el trece de julo de dos mil diecisiete, así como de su notificación, misma que le fue practicada por conducto de su autorizada el día doce de febrero de dos mil diecinueve; por lo cual, es evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la violación reclamada desapareció con la contestación por escrito de la petición que formuló, con lo cual la quejosa fue restituida en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica, pues las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por los razonamientos que la integran, la tesis emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página ciento ochenta y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, con el número de registro 250438, cuyo título y contenido dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL, TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna." De igual forma, se estima aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de 1999, registro 193758, con el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese tenor, se hace imposible la prosecución del presente juicio de amparo, ya que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse la citada causa de improcedencia; por lo cual, no hay necesidad de pronunciar la presente determinación hasta la audiencia constitucional, pues como ya se dijo, en el caso han cesado los efectos del acto reclamado; por lo cual, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, misma que se encuentra señalada para las once horas con treinta minutos del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma, José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria, Celia Eulalia Guillén Guerrero, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    En treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la suscrita Secretaria da cuenta, con la demanda de amparo y anexo que formula ZENAIDA JIMÉNEZ SERRANO, y tres copias simples de la misma, registrada con el número de folio 901 del Libro de Correspondencia de este Órgano Jurisdiccional. Conste. MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. ADMISIÓN Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ZENAIDA JIMÉNEZ SERRANO, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por lo que con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en los artículos 1º, 35, 37, 112, 107 fracción IV, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo; se admite la demanda de amparo que formula la parte quejosa de mérito, contra actos del Titular del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California ISEP; en consecuencia, regístrese en el Libro Uno de Juzgado con el número 81-2019-6A. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, a quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la legislación federal en consulta, asiste el carácter de parte en el presente juicio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, el cual deberá rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS, apercibida que de no rendirlo o lo hace sin remitir, en su caso, las copias certificadas a que se refiere el párrafo cuarto, del artículo 117, de la citada ley, debidamente entreselladas, rubricadas y foliadas, se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien veces del valor diario de la unidad de medida y actualización equivalente a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en el entendido de que se han señalado las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a.-J. 176-2012 10a., de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables y las que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. REQUERIMIENTO SOBRE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Requiérase a las partes, para que de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este Juzgador, cuando cesen los efectos del acto reclamado o exista alguna causa de sobreseimiento, apercibidos, que de no hacerlos se les impondrá una multa de cien veces del valor diario de la unidad de medida y actualización equivalente a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100, moneda nacional), con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que sea necesario formar por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo, toda vez que no fue solicitado. MEDIOS DE PRUEBA Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que exhibieron en conjunto al escrito inicial de demanda de amparo, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del diverso arábigo 124 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roxana Alejandra Lujan Vera y Jeanette Mijangos Robles, asimismo, se autoriza únicamente para efecto de oír y recibir notificaciones a Moisés Frausto Huerta, toda vez que al realizar una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, no se encontró cédula registrada a su nombre. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1-2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo." ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE.

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