Zenaida Gricelda Bueno Alonso
Expediente 204/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 1 actuación registrada, la última del 31 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 31/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Zenaida Gricelda Bueno Alonso
Actuaciones
- Principal
Por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad y los empleados administrativos y operativos de la misma, con sede en esta ciudad. Registro Fórmese el expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 204/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio de la demanda de amparo Precisado lo anterior, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario realizar el análisis que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, a fin de dilucidar si en aquélla existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, para efectos de la disposición normativa invocada, se considera insoslayable precisar lo que se debe entender por causa manifiesta e indudable de improcedencia. Del criterio jurisprudencial anterior, se puede advertir que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En la especie, el acto reclamado materia del presente sumario constitucional, esencialmente consiste en: "Reclamo en este juicio constitucional el cobro excesivo a quien corresponda de la CFE, de esta ciudad, para el efecto de que no se me cobre un precio exagerado de la energía eléctrica en el domicilio citado con antelación de la hoy quejosa (.)" En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio, se tiene por actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1°, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, en virtud de que el cobro excesivo de suministro de energía eléctrica del número de servicio 292000101665, no puede considerarse acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparable a ellos. En efecto, la parte quejosa reclama de la Comisión Federal de Electricidad y los empleados administrativos y operativos de la misma, con residencia en esta ciudad, el cobro de energía eléctrica del servicio, aspecto previsto en el contrato de suministro de energía eléctrica, por lo que, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es necesario transcribir los preceptos legales 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5°, fracción II, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)". En efecto, el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como una de las partes en el juicio de amparo a la autoridad responsable y que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. También el citado numeral dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, el artículo 1, fracción I, de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, el último párrafo de ese precepto establece que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la propia legislación. La intelección conjunta de los citados artículos 5, fracción II, y 1, fracción I y último párrafo, establecen que procede el juicio de amparo contra actos u omisiones de autoridades, así como de particulares, que contraríen derechos humanos. Cabe decir que para que se esté en presencia de un acto u omisión de una autoridad para los efectos de la mencionada legislación, debe analizarse: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. De las anteriores exigencias no se colma la enunciada en el inciso a) consistente en que entre el mencionado organismo descentralizado y el quejoso no existe una relación de supra a subordinación, sino de índole mercantil. Esto es, el acto reclamado es de naturaleza mercantil, ya que derivan del vínculo jurídico existente entre el contratista y la Comisión Federal de Electricidad, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de los tribunales del orden mercantil; de ahí que el cobro de suministro de energía eléctrica, la responsable no actuó, esto es, como autoridad en los términos previstos en el artículo 11 de la Ley de Amparo, sino como parte contratante. Para arribar a la conclusión de que los actos aquí reclamados al tratarse de actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad y los empleados administrativos y operativos de la misma, con residencia en esta ciudad, previstos en el contrato de suministro de energía eléctrica, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dilucida el tema puesto a consideración, y cuya ejecutoria en la parte conducente dispone lo siguiente: "(.) En el contexto apuntado, en tratándose de la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Esto es así, precisamente porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Razones por las que, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Cabe precisar que la posibilidad de que a solicitud de la suministradora, se deje de otorgar el servicio contratado por el incumplimiento del usuario de algún aspecto contenido en el contrato, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación como cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros, sin que el corte del suministro en tal supuesto pueda verse como un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el cobro del adeudo mediante mecanismos coercitivos, como sería el embargo de bienes, ya que para ello el suministrador tendrá que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Por tanto, en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, la Comisión Federal de Electricidad no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Lo hasta aquí expuesto, no desconoce ni constituye un pronunciamiento sobre el eventual combate de normas generales, o bien, de violaciones de derechos humanos; lo que casuísticamente habrá de analizar la autoridad jurisdiccional, y que no corresponde al tema de confronta en este asunto. Es así, en congruencia con la intención del Poder Reformador al transformar el régimen jurídico de Comisión Federal de Electricidad de una institución pública, al ser una empresa productiva del Estado con un régimen especial, alejándola en lo máximo posible del sector público y acercándola al sector privado, aunado a la pretensión de que llegado el momento genere productos o ganancias al Estado; ello no por el suministro básico, sino por otros servicios que preste, dado que este servicio es de interés público por mandato de los artículos 27 y 28 constitucionales. En el contexto referido, esta superioridad concluye que con base en la normatividad vigente producto de la llamada reforma energética, Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado que en el ejercicio de las actividades comprendidas en el contrato que para el suministro celebra con el usuario, no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares ni realiza actos equiparables. Es así que lo comprendido en el contrato de suministro de energía eléctrica no actualiza los supuestos establecidos para estimar que se esté en presencia de actos equivalentes a los de una autoridad (determinados en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis **********), (28) ya que no los ejerce en forma unilateral y obligatoria como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación contractual. Que además se corrobora, en tanto no participa de las actividades reguladoras en materia energética, ni del control operativo del sistema eléctrico nacional, así como que la normatividad aplicable al suministrador de servicio básico se traduce en un control sobre ello para el cumplimiento de la prestación del servicio público, como cualquier otro suministrador, en su caso que celebre contrato con el Estado Mexicano para la compra y posterior venta de energía eléctrica. Lo cual explica que no se ubica en los supuestos del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica en el que se prevén los casos en que el distribuidor y transmisor, a petición de los suministradores, o bien, de la Cenace cortarán o suspenderán el fluido de energía, aspectos desarrollados en las disposiciones generales que emitió la CRE, habida cuenta que ello se dirige a regular la actividad de las relaciones entre las citadas áreas de distribución y transmisión, que por su carácter estratégico conserva el Estado; y, la petición que realice el suministrador al efecto obedece a su legítimo derecho de retención del servicio por incumplimiento a lo pactado en el contrato, por constituir previsiones contractuales. Sin embargo, no se debe descartar la eventualidad de que CFE lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Empero, ello debe ser dilucidado en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente atendiendo al criterio construido por esta superioridad; sobre lo cual podría mencionarse la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. De manera ejemplificativa, las que se citan enseguida: - Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). - Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). - Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. Afirmación que se sostiene al valorar la importancia del servicio eléctrico como íntimamente vinculado al derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4o. constitucional, así como el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que de conformidad con la Observación General número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se debe entender bajo el concepto de "vivienda adecuada" que significa "... disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable ..." Asimismo, sobre la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, se ha dicho que una vivienda adecuada debería tener acceso permanente a "recursos naturales y comunes", entre otros, "... el alumbrado, y almacenamiento de alimentos..." Vale la pena referir que las actividades del sistema eléctrico se sujetan a obligaciones del servicio público universal, entre ellas de ofrecer y prestar el suministro eléctrico a todo aquel que lo solicite, contribuir al fondo de servicio universal eléctrico;(29) cuya finalidad es financiar las acciones de electrificación en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, así como el suministro de lámparas eficientes y el suministro básico a usuarios finales en condiciones de marginación.(30) Dicho fondo se integra por el excedente de ingresos que resulte de la gestión en el mercado eléctrico mayorista, donativos de terceros e ingresos percibidos por el cobro de sanciones.(31) La distribución, transmisión y, por ende, el suministro de servicios básicos están obligados a instalar, conservar y mantener su infraestructura, así como garantizar el servicio a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas en los términos de ley, ejerciendo los recursos asignados por el fondo de servicio universal eléctrico en congruencia con los programas de ampliación y modernización de las redes generales de distribución autorizados por la Secretaría de Energía. En ese contexto, la secretaría establecerá políticas y estrategias para suministrar electricidad a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas al menor costo para el país; para lo cual las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Desarrollo Social evaluarán la conveniencia y, en su caso, instrumentarán programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, en zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de usuarios del suministro básico en condiciones económicas de vulnerabilidad. Finalmente, es dable referir que sobre el principio de impacto social y desarrollo sustentable, la ley prevé que los proyectos de infraestructura de los sectores público y privado en la industria eléctrica atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar. Con esa finalidad la secretaría deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda. (32)". De lo expuesto, en esencia, se obtiene que el Alto Tribunal del País, sostuvo que: la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado que en el ejercicio de las actividades comprendidas en el contrato que para el suministro celebra con el usuario, no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares ni realiza actos equiparables. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten; por lo que no actúa como autoridad para efectos de la procedencia del amparo indirecto, cuando le imputan el cobro, corte, suspensión o desconexión del servicio de energía eléctrica. Orienta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, que expone: Luego, si el acto aquí reclamado consiste en el cobro excesivo del suministro de energía eléctrica, número de servicio 292000101665, en el inmueble ubicado en ******. Es evidente que se trata de un acto derivado del acuerdo de voluntades de naturaleza comercial. Es así, porque la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de suministrador de la energía eléctrica, todos los actos que lleve a cabo en virtud del contrato que celebran con ella los particulares, son derivados de una relación de coordinación. Se insiste, los conflictos que surjan con motivo de ese contrato, como lo es el corroborar el consumo de energía eléctrica abastecido en un domicilio a través de la verificación del equipo de medición y análisis de facturación, que sirve de base para realizar los ajustes a la facturación, y con ello, se emite el recibo de cobro por el suministro de energía eléctrica; aun cuando son actos emitidos de manera unilateral por parte de la Comisión Federal de Electricidad, lo cierto es, que son derivados del contrato del suministro de energía eléctrica. Esto es, dichos actos no los ejerce de manera unilateral y obligatoria como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación comercial entre el beneficiario del servicio y la comisión como suministradora de la energía eléctrica. Por tanto, el cobro, (en el caso, derivado del "Ajuste a la facturación"), no le resulta el carácter de autoridad responsable a la Comisión Federal de Electricidad, para efectos del juicio de amparo. Además, el acto reclamado, no se advierte que se encuentre en los casos de excepción por violación a derechos humanos ante el cobro del suministro de energía eléctrica determinado por la Comisión Federal de Electricidad. Además, no se advierte que el cobro de suministro de energía eléctrica ponga en riesgo algún derecho humano como la vida, la salud o la integridad de las personas, pues al respecto nada dijo la quejosa en su demanda de amparo, ni ofreció prueba alguna para demostrar. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil". De ahí que, si el acto reclamado consiste en el cobro del suministro de energía eléctrica, derivado del número de servicio 292000101665, del periodo de catorce de junio al trece de agosto de dos mil veintiuno, es de concluirse que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, en virtud de que el acto reclamado no puede considerarse acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparables a ellos. En consecuencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ******. Domicilio Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ubicado en *****, de esta ciudad. Autorizado. Se autoriza en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. Para la celeridad del procedimiento, se habilitan desde ahora, los días y horas inhábiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, únicamente para practicar notificaciones. Exhortación a las partes Por otra parte, en términos de los artículos 5°, fracción I, y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente conforme a las circunstancias sanitarias adversas que imperan en el territorio nacional, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, proporcionen un número telefónico y/o de mensajería instantánea, así como un correo electrónico a través del cual, de ser necesario, se pueda entablar un contacto oportuno para las comunicaciones no procesales, en el entendido de que el mismo no hará las veces de notificación oficial, en términos de lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Amparo. En ese sentido, desde este momento se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos a este órgano de control de constitucionalidad para que, en caso de haber entablado alguna comunicación no procesal con alguna de las partes, registren dicho acontecimiento de manera oportuna, y formulen la razón correspondiente, misma que deberá obrar glosada en autos. Medidas de seguridad al momento de realizar la notificación del presente proveído. En términos del artículo 23, fracciones I, II y III, del referido Acuerdo General 21/2020, se precisa a los Actuarios Judiciales Adscritos que, las notificaciones que deban efectuarse de manera personal, habrán de realizarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del personal de este Juzgado de Distrito, así como de las personas justiciables. Asimismo, cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias. Se hace del conocimiento a los litigantes que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Así, pues el Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. Medidas sanitarias y consecuencias de su incumplimiento. En los inmuebles del Poder Judicial Federal se establecerán controles sanitarios para regular y, de ser necesario, restringir el acceso de quienes no cumplan con los lineamientos establecidos para tal efecto. En adición al control sanitario de ingreso, las personas que acudan a los inmuebles del Poder Judicial Federal deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada de conformidad con los mecanismos previstos en los artículos 3 o 6, las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Uso de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Aviso de transparencia. Finalmente, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Integración de expediente electrónico. Ahora, conforme con lo dispuesto en los artículos 3º de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, a los oficiales administrativos y demás personal de este Juzgado de Distrito que tenga intervención en la formación de este expediente, para formar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica, para previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar la presente determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; de igual forma, tampoco se digitalizarán las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional, las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este órgano de control constitucional, deba guardarse sigilo con relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como las constancias que por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar; las cuales quedan a disposición de las partes para su consulta, salvo aquéllas sobre las que resulte imposible su consulta en términos de la Ley de referencia. Notifíquese y personalmente a la quejosa.
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